Esta incorporaci\u00f3n, en su momento, gener\u00f3 innumerables debates. Entre otros, preguntarse si el Estado deber\u00eda tener la prerrogativa de conceder estas personer\u00edas, si \u00e9stas no son \u201cformas occidentales\u201d que no contribuyen a respetar la identidad cultural, si a pesar que est\u00e1n pensadas como \u201cderechos\u201d no se convierten en una carga para las comunidades y mutan en una suerte de obligaci\u00f3n encubierta, que no redunda en un beneficio para quienes son los beneficiarios.<\/p>\n
Por otra parte,\u00a0la personer\u00eda jur\u00eddica tambi\u00e9n significa un reposicionamiento dentro de un Estado que siempre los ha excluido como pueblos ind\u00edgenas<\/strong>. En este marco, la instrumentaci\u00f3n de este derecho se volvi\u00f3 central. Principalmente en un pa\u00eds federal, en donde la descentralizaci\u00f3n del poder y las autonom\u00edas provinciales son un eje insoslayable de cualquier an\u00e1lisis alrededor de los pueblos ind\u00edgenas.<\/p>\n Lo que sucedi\u00f3 en la pr\u00e1ctica, con desorden y heterogeneidad, fue la creaci\u00f3n de registros en las provincias \u2014no en todas\u2014 que dejaban atr\u00e1s las formas cl\u00e1sicas de registro como asociaciones y que reconoc\u00edan la especificidad de las comunidades ind\u00edgenas como sujetos de orden p\u00fablico, adaptando su normativa a sus especificidades culturales. En algunos casos, como en Neuqu\u00e9n, la normativa local se apart\u00f3 de la nacional y gener\u00f3 su judicializaci\u00f3n y la intervenci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia, que termin\u00f3 dando la raz\u00f3n a las comunidades.<\/p>\n Liliana, de Abre Pampa, Jujuy. Plaza Lavalle, Buenos Aires, Tercer Mal\u00f3n de la Paz, 2023. Foto de Nicol\u00e1s Pousthosmis.<\/p><\/div>\n En estas l\u00edneas, s\u00f3lo quiero referirme a los antecedentes de una resoluci\u00f3n que se conoci\u00f3 en estos d\u00edas, y que tiene como corolario la\u00a0eliminaci\u00f3n del Registro Nacional de las Comunidades Ind\u00edgenas (Renaci)<\/strong>, registro que se cre\u00f3 en 1995 por medio de la resoluci\u00f3n 781, y que por medio de la resoluci\u00f3n 4811\/96 fij\u00f3 los criterios para autorizar su inscripci\u00f3n. La medida del actual Gobierno deroga la resoluci\u00f3n 4811\/96 que honraba los compromisos constitucionales.<\/p>\n Las inscripciones nacionales, inevitablemente, se superpusieron con las instancias provinciales creadas a tal efecto, generando muchas dificultades pr\u00e1cticas, gestando en ocasiones escenarios de un desorden administrativo con fuertes repercusiones en la vida cotidiana de las comunidades ind\u00edgenas.\u00a0La exigencia de la personer\u00eda jur\u00eddica para sustentar derechos, en desmedro de la preexistencia, fue una de las cr\u00edticas m\u00e1s recurrentes.<\/strong>\u00a0Sin embargo, las personer\u00edas tambi\u00e9n fueron utilizadas para posicionarse pol\u00edticamente en un escenario siempre desigual.<\/p>\n En el contexto de la defensa de los derechos ind\u00edgenas, se instal\u00f3 la denominaci\u00f3n del \u201cdoble comando\u201d para referirse a la concesi\u00f3n de la personer\u00eda jur\u00eddica nacional a una comunidad ind\u00edgena en cabeza de una autoridad y la personer\u00eda jur\u00eddica provincial a otra autoridad de la misma comunidad (ambas autoridades enfrentadas), interviniendo en disputas internas que se complicaban enormemente como consecuencia de esta doble personer\u00eda, al no existir claridad acerca de si una personer\u00eda se impon\u00eda sobre otra, o qu\u00e9 reglas deber\u00edan aplicarse frente a este tipo de contradicci\u00f3n (basta pensar en la comunidad Potae Napocna Navogoh en Formosa).<\/p>\n Como una nota adicional, se debe apuntar que existen provincias que hist\u00f3ricamente han relegado a las comunidades ind\u00edgenas, subordin\u00e1ndolas a pol\u00edticas espurias (otra vez, es el caso de la provincia de Formosa) y que, para esas comunidades, el \u00fanico camino posible de reconocimiento de sus derechos \u2014entre otros, el de la personer\u00eda jur\u00eddica\u2014 es el \u00e1mbito nacional.<\/p>\n Por ello, la existencia de un registro a nivel nacional abre la puerta a la efectivizaci\u00f3n de un derecho constitucional que, en ocasiones, se ve obstaculizado en las provincias en funci\u00f3n de otros intereses que se alcanzan a costa de los derechos ind\u00edgenas.<\/p>\n Marcha de pueblos originarios. Foto de Natalia Roca\/Minga.<\/p><\/div>\n M\u00e1s all\u00e1 del debate que se gener\u00f3 alrededor de la personer\u00eda jur\u00eddica, est\u00e1 claro que desde 1994 es un derecho constitucional de las comunidades ind\u00edgenas. Tambi\u00e9n ha quedado claro, despu\u00e9s de todas las discusiones que se suscitaron, que \u00e9sta es declarativa y no constitutiva. En otras palabras,\u00a0las comunidades ind\u00edgenas preexisten, y no dependen de un acto administrativo del Estado para existir.<\/strong>\u00a0Un aspecto que no es trivial, en la medida que hasta la fecha se desconocen derechos de las comunidades ind\u00edgenas por carecer de personer\u00eda.<\/p>\n Las personer\u00edas jur\u00eddicas impactan en la relaci\u00f3n del Estado con los pueblos ind\u00edgenas.<\/strong>\u00a0\u00c9stos son reconocidos como sujetos colectivos y pol\u00edticos y sus personer\u00edas jur\u00eddicas son de car\u00e1cter p\u00fablico, lo que determina la concepci\u00f3n del Estado sobre los pueblos ind\u00edgenas, y a la vez les reconoce identidad, derecho tambi\u00e9n reconocido por el inciso constitucional.<\/p>\n Ahora bien, en el ya tan mencionado art\u00edculo 75 inciso 17 de la Constituci\u00f3n se contempla que \u201clas provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones\u201d. De all\u00ed la creaci\u00f3n de registros provinciales y, tambi\u00e9n es en virtud de esta concurrencia, que la reciente resoluci\u00f3n, en sus considerandos, afirma: \u201cQue, la coexistencia de varios niveles de gobierno en un Estado federal exige necesariamente de la presencia de instrumentos que posibiliten y faciliten las relaciones intergubernamentales, en busca de la convergencia de voluntades que tiendan a la coordinaci\u00f3n de materia de registraci\u00f3n de comunidades ind\u00edgenas cuya titularidad pertenece en com\u00fan a ambos niveles (nacional y provincial)\u201d.<\/p>\n Sin discutir este aspecto, y respetando las autonom\u00edas provinciales, es deseable que se establezcan criterios uniformes, pero \u00e9stos deben adecuarse a los est\u00e1ndares definidos en los instrumentos jur\u00eddicos internacionales vigentes, y asimismo en lo determinado por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Nunca debe ser regresivo en derechos, y mucho menos dejar librado a una interpretaci\u00f3n imprecisa \u2014o a una decisi\u00f3n discrecional de las provincias\u2014 c\u00f3mo seguir gestionando la personer\u00eda jur\u00eddica, en el entendido que estamos haciendo referencia a una relaci\u00f3n siempre traum\u00e1tica \u2014que es imposible resta\u00f1ar con estas decisiones unilaterales\u2014 y a una cuesti\u00f3n identitaria siempre en disputa.<\/p>\n Y si a decisi\u00f3n unilateral nos referimos, esta resoluci\u00f3n que afecta inequ\u00edvocamente a las comunidades ind\u00edgenas, fue tomada sin respetar el derecho a la consulta. Dice el art\u00edculo 6 del Convenio 169 de la OIT que cualquier medida administrativa o legislativa que sea susceptible de afectar a los pueblos ind\u00edgenas debe ser consultada. Sin lugar a dudas, la disoluci\u00f3n del Registro Nacional de Comunidades Ind\u00edgenas lo es.<\/strong><\/p><\/blockquote>\n Esta vulneraci\u00f3n del derecho a la consulta demuestra hasta qu\u00e9 punto\u00a0el Estado nacional est\u00e1 dispuesto a ignorar los derechos ind\u00edgenas<\/strong>, con el argumento falaz de que, en definitiva, lo que se quiere alcanzar es el fortalecimiento del Estado Federal y \u201cque los organismos provinciales se encuentran en mejores condiciones para conocer las necesidades que tienen las comunidades ind\u00edgenas en el \u00e1mbito de sus jurisdicciones\u201d.<\/p>\n Esta decisi\u00f3n \u2014expresada por resoluci\u00f3n 53\/24 del presidente del INAI\u2014 no s\u00f3lo debilita un v\u00ednculo muy deteriorado, sino que sumerge en un conjunto de incertidumbres a las comunidades ind\u00edgenas. Incertidumbres que se suman a las que ya existen, por ejemplo, alrededor del ejercicio del derecho a la propiedad comunitaria y a una ley especial que nunca llega,\u00a0habilitando a que se persiga a las comunidades ind\u00edgenas por usurpadores,<\/strong>\u00a0algo que tiene lugar en la actualidad y que se repite con frecuencia.<\/p>\n Bloqueo de ruta en Andalgal\u00e1 contra la megaminer\u00eda. Foto de Natalia Roca\/Minga.<\/p><\/div>\n En este estado de cosas, esta resoluci\u00f3n est\u00e1 \u201cinvitando\u201d a las provincias y a la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires a celebrar acuerdos para homogeneizar criterios para la inscripci\u00f3n, as\u00ed como para las transferencias de las personer\u00edas registradas en la jurisdicci\u00f3n nacional. Aceptar esta invitaci\u00f3n es una facultad de las provincias, no una obligaci\u00f3n, por lo cual esto puede dar lugar a escenarios muy dis\u00edmiles.<\/p>\n Provincias que ya han celebrado acuerdos interjurisdiccionales y otras que no, provincias que carecen de registros, provincias que pueden no querer hacerse cargo de las personer\u00edas registradas en su momento en el ya disuelto Renaci, y as\u00ed, pueden pensarse otras situaciones que profundizan la desigualdad, y que provocan\u00a0mayores angustias a comunidades que son hoy el foco de persecuciones<\/strong>.<\/p>\n Tambi\u00e9n vale la pena mencionar que estos acuerdos no se encuentran exentos de dificultades, que intentan plasmar miradas pol\u00edticas e ideol\u00f3gicas divergentes frente a los pueblos ind\u00edgenas.<\/p>\n Es cierto que las consecuencias negativas de lo que en su momento se denomin\u00f3 \u201cel doble comando\u201d requer\u00eda de una reorganizaci\u00f3n de los mecanismos de otorgamiento de las personer\u00edas. Asimismo, es relevante la determinaci\u00f3n de criterios uniformes para otorgarlas (siempre consistentes con lo que dispone la normativa internacional), y as\u00ed evitar el solapamiento de personer\u00edas.<\/p>\n Sin embargo,\u00a0es incuestionable que la eliminaci\u00f3n del Registro no es el camino<\/strong>. Que los criterios que deben seguirse son los que ya est\u00e1n establecidos normativa y jurisprudencialmente, y que, si de lo que se trata es de fortalecer el Estado Federal y las autonom\u00edas provinciales, en primer lugar se debe consultar a las comunidades ind\u00edgenas \u2014los afectados\u2014. En segundo lugar, se debe planificar con la suficiente antelaci\u00f3n y con el consenso de las provincias. En tercer lugar, se debe garantizar que en todas las provincias del pa\u00eds existan registros que cumplan con el derecho constitucional reconocido a las comunidades ind\u00edgenas, registros que deben respetar los criterios antes mencionados.<\/p>\n En definitiva, las personer\u00edas jur\u00eddicas siempre han sido discutidas, denostadas o valoradas, pero han marcado la relaci\u00f3n con el Estado en las \u00faltimas d\u00e9cadas. Toda ley es perfectible, y toda instrumentaci\u00f3n puede ser mejorada. Pero no debe perderse de vista que\u00a0el derecho a la consulta\u00a0<\/strong>\u2014<\/strong>como un derecho pol\u00edtico y como una participaci\u00f3n calificada de los pueblos ind\u00edgenas<\/strong>\u2014<\/strong>\u00a0debe ser respetado<\/strong>. Y que cualquier medida como \u00e9sta deber\u00eda ser consultada, decidida sin improvisaciones, y tomando todos los recaudos para garantizar el goce del derecho.<\/p>\n Nada de esto parece estar pasando en las decisiones que toma la actual gesti\u00f3n de Gobierno.\u00a0El Estado nacional ha decidido profundizar la invisibilizaci\u00f3n de los pueblos ind\u00edgenas.<\/strong>\u00a0A trav\u00e9s de la eliminaci\u00f3n del Registro Nacional de Comunidades Ind\u00edgenas se intenta negar las comunidades, sin entender de que existen, m\u00e1s all\u00e1 de cualquier acto administrativo. Sin embargo, los que tambi\u00e9n existen son sus derechos, y el Estado parece haberse desatendido de sus obligaciones fundamentales. Tendremos que record\u00e1rselas una y otra vez.<\/p>\n \u00b9 Abogada y Doctora en Derecho. Docente de posgrado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Argentina). Es integrante de la Asociaci\u00f3n de Abogadxs de Derecho Ind\u00edgena (AADI) y miembro de la Comisi\u00f3n Directiva del Centro de Pol\u00edticas P\u00fablicas para el Socialismo (CEPPAS).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El Gobierno elimin\u00f3 el Registro Nacional de Comunidades Ind\u00edgenas, una figura legal establecida por tratados internacionales de derechos humanos. De esta forma, busca invisibilizar a los pueblos originarios. 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