Por Walter Antill\u00f3n<\/p>\n
Como cabeza de la organizaci\u00f3n estatal para impartir la justicia en Costa Rica, desde hace varios decenios la Corte Suprema ha venido errando en los fines y en los medios, en una demostraci\u00f3n \u2018muy humana\u2019 de arrogancia, sometimiento e improvisaci\u00f3n.<\/p>\n
Hace mucho tiempo nuestro sistema judicial viene dando muestras inequ\u00edvocas de obsolescencia, pero el grueso de los miembros de la Corte finge no advertirlo, porque sabe que, t\u00e9cnicamente hablando, uno de los cambios requeridos es la desaparici\u00f3n de sus propias potestades de direcci\u00f3n y gobierno del sistema (con el prestigio, los lazos y los anejos privilegios); lo cual para ellos, simplemente, no es negociable.<\/p>\n
Costa Rica no est\u00e1 sola en esta deslucida situaci\u00f3n: la acompa\u00f1a todo el resto de Centro Am\u00e9rica y no pocos pa\u00edses del Sur en, los que hasta ahora el poder pol\u00edtico y econ\u00f3mico ha sido detentado por oligarqu\u00edas o tiranos que no quisieron ni querr\u00edan v\u00e9rselas alternando con \u00f3rganos judiciales independientes y garantistas que, irremediablemente, les pedir\u00edan cuentas de sus actos.<\/p>\n
A trav\u00e9s de sus \u00f3rganos especializados, como el Consejo y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y varias Relator\u00edas Especiales, la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas ha atesorado la mejor doctrina existente en materia de organizaci\u00f3n judicial. Y Costa Rica ha tenido el privilegio de que la ONU se haya interesado particularmente en los problemas de la justicia que el Pa\u00eds est\u00e1 enfrentando, y ha ofrecido su ayuda para superarlos con criterios modernos y bien probados. Pero la Corte Plena le ha cerrado la puerta, y con ello se ha cortado a s\u00ed misma la salida, con una muestra inconcebible de ceguera y absurda prepotencia.<\/p>\n
El problema para Costa Rica es que, a lo que parece, nuestra organizaci\u00f3n de justicia se est\u00e1 acercando al final del callej\u00f3n, donde empieza a aparecer la sumatoria de las consecuencias de las improvisaciones y los palos de ciego, los abusos de poder, las indebidas tolerancias, el crecimiento de las frondas burocr\u00e1ticas, la sumisi\u00f3n al poder pol\u00edtico, la mara\u00f1a de las comisiones sin estrategia; la formaci\u00f3n de bandos transversales con lazos politiqueros para ejercer el \u2018lobbismo\u2019 interno e interinstitucional: todo menos la simple y serena administraci\u00f3n de la justicia, independiente e imparcial. Veamos algunos hechos significativos en orden cronol\u00f3gico:<\/p>\n
A\u00f1o 2002, un hombre con influencias, Oscar Arias S\u00e1nchez, negocia con algunos magistrados de la Sala Constitucional una reforma de la Carta que le permitir\u00e1 aspirar a la reelecci\u00f3n presidencial. Esto (y otros hechos anteriores y posteriores) fue posible porque, como es vergonzosamente obvio, el sistema de nombramiento de magistrado coloca a \u00e9ste a merced de las c\u00fapulas pol\u00edticas.<\/p>\n
Aprobado en 2007 el TLC con Estados Unidos, y sometidas sus leyes complementarias a escrutinio constitucional durante los a\u00f1os siguientes, el Presidente Arias negocia con el Presidente de la Corte para colocar a un asesor suyo como magistrado suplente en la Sala Cuarta, a fin de asegurar con su presencia el rechazo mayoritario de los recursos planteados contra dichas leyes (las correspondientes resoluciones de la Sala ostentan los honorabil\u00edsimos votos salvados de Fernando Cruz y Gilbert Armijo).<\/p>\n
Durante la d\u00e9cada siguiente, profundizando la tendencia de las c\u00fapulas pol\u00edticas de subordinar la justicia a sus intereses, se suceden en la Asamblea Legislativa nombramientos y reelecciones de magistrados pol\u00edticamente comprometidos, como fueron los casos de Jes\u00fas Ram\u00edrez, Luis Fernando Salazar, Carlos Chinchilla, Celso Gamboa y otros.<\/p>\n
En fecha 24 de marzo de 2016 el Comit\u00e9 de Derechos Humanos de las Naciones Unidas llam\u00f3 la atenci\u00f3n a Costa Rica sobre el tema de independencia judicial interna por procesos disciplinarios seguidos en la Corte Suprema de Justicia a un juez por aplicar criterios de convencionalidad e inst\u00f3 a \u201casegurar y proteger la independencia e imparcialidad de los jueces y garantizar que la toma de decisiones judiciales est\u00e9 libre de todo tipo presiones e injerencias\u201d.<\/p>\n
En setiembre del mismo a\u00f1o la Asamblea Legislativa cocina el nombramiento de Luis Porfirio S\u00e1nchez Rodr\u00edguez como magistrado de la Sala Segunda: pero la cosa estuvo consumada a trechos, con f\u00f3rceps, en condiciones equ\u00edvocas, quedando derrotadas dos candidatas especialistas con mucho mayor experiencia y preparaci\u00f3n. Fue un nombramiento parte de una serie de nombramientos pol\u00edticamente arreglados que tuvieron lugar en esos a\u00f1os, con el designio tramposo de domar a la Corte, \u2018para tranquilidad de todos\u2019. (Estaban recientes las condenas de los expresidentes)<\/p>\n
El esc\u00e1ndalo del Cementazo, en su vertiente judicial, destapado en 2017, provoca la defenestraci\u00f3n de tres magistrados de la Sala Penal (entre ellos, el Presidente de la Corte), y del Fiscal General, y una sanci\u00f3n para el veterano magistrado Ram\u00edrez: todos ellos atrapados en componendas con diputados, empresarios y personajes pol\u00edticos. Este episodio mancha la hasta entonces impoluta imagen de la justicia costarricense; y desencadena la preocupaci\u00f3n de los \u00f3rganos especializados de Naciones Unidas: como se ver\u00e1, las deficiencias judiciales de nuestro Pa\u00eds concentrar\u00e1n su atenci\u00f3n en los a\u00f1os siguientes. Pero en la Corte Plena el asunto no pasa a m\u00e1s: todos miran para otro lado y el resto de los \u2018lobbistas\u2019 encaja el golpe y contin\u00faa sus actividades.<\/p>\n
En 2018 arranca la presidencia de Carlos Alvarado con la Ley de Fortalecimiento Fiscal, aprobada gracias al oportuno blindaje de la Sala Cuarta, y a pesar de una prolongada huelga general del funcionariado p\u00fablico. Es un nuevo cap\u00edtulo del asedio neoliberal a nuestro Estado Social de Derecho.<\/p>\n
Entretanto, la Relator\u00eda Especial de la ONU sobre independencia judicial, pasado un tiempo prudencial sin iniciativas de cambio de parte de la Corte, dirige \u201cal Gobierno de Costa Rica\u201d la nota OL-CRI 3\/19 del 12 de julio de 2019, en la que lo insta a \u201cadoptar y aplicar las medidas necesarias para garantizar que el proceso de selecci\u00f3n y nombramiento de las altas magistraturas est\u00e9 basado exclusivamente en criterios objetivos y transparentes y que tengan por objetivo asegurar la integridad, idoneidad y la formaci\u00f3n o calificaci\u00f3n id\u00f3nea de las personas seleccionadas. Dicho proceso ha de adecuarse a los est\u00e1ndares y principios internacionales de la independencia judicial.\u201d Para el gobierno de Alvarado y su mayor\u00eda parlamentaria la crisis judicial era \u2018miel sobre hojuelas\u2019, porque favorec\u00eda su estrategia neoliberal; de modo que la instancia del Relator Especial queda en el vac\u00edo.<\/p>\n
Con el control legislativo, la pasividad del Poder Judicial y la ayuda de la prensa, Alvarado consigue, entre otros golpes, debilitar las pensiones judiciales y las instituciones de la huelga y el sindicato, imponer la Regla Fiscal y tramitar una nueva Ley Marco de Empleo P\u00fablico.<\/p>\n
Entre tanto, a fin de reforzar futuras gestiones, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con fecha 23 de julio de 2020, inst\u00f3 \u201ca todos los Gobiernos a cooperar con el Relator Especial y a prestarle asistencia en el desempe\u00f1o de su cometido, a facilitarle toda la informaci\u00f3n necesaria que solicite, a responder sin dilaciones indebidas a las comunicaciones que les haga llegar, y a considerar la posibilidad de acceder a sus solicitudes para visitar sus pa\u00edses y de poner en pr\u00e1ctica sus recomendaciones\u201d.<\/p>\n
Pocos meses despu\u00e9s, en la misma l\u00ednea, la citada Relator\u00eda Especial, mediante la nota OL CRI 3\/2020 de 27 de octubre de 2020, aborda de nuevo el problema judicial de Costa Rica, para recomendar: \u201c2. Que se impulsen los esfuerzos necesarios para cesar las amenazas a la independencia judicial causadas por intromisi\u00f3n en la autogesti\u00f3n del poder judicial, la regresividad de derechos sociales y econ\u00f3micos y que se adopten las medidas de derecho interno que sean necesarias para dejar sin efecto, y haciendo cesar, los actos causantes de las violaciones a la independencia judicial aqu\u00ed establecidas. 3. Exhortar al Estado de Costa Rica a adecuar su legislaci\u00f3n a los principios y garant\u00edas de la independencia judicial consagrados internacionalmente y resolver lo antes posible las acciones constitucionales que ponen en entredicho ciertas leyes\u201d.<\/p>\n
Acogi\u00e9ndose a una \u2018invitaci\u00f3n abierta\u2019 de la Canciller\u00eda costarricense (Oficio DGPE-838-2019 de 29 de agosto de 2019), la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos anunci\u00f3 la intervenci\u00f3n del Relator Especial Diego Garc\u00eda Say\u00e1n en la sesi\u00f3n de Corte Plena del 24 de mayo de 2021, la cual fue agendada por la Secretar\u00eda de la Corte para las 9 am.; pero inesperadamente varios magistrados cuestionaron la intervenci\u00f3n y finalmente votaron rechaz\u00e1ndola por mayor\u00eda. \u00bfC\u00f3mo pudo pasar esto? Ese grupo mayoritario, con lujo de cinismo y desverg\u00fcenza, cometi\u00f3 la atrocidad de rechazar la intervenci\u00f3n del Relator Especial que hab\u00eda sido gestionada por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, pisoteando con ello reglas elementales de la. Comitas Gentium y coloc\u00e1ndose al margen de la legalidad internacional, a la altura de un Daniel Ortega. Y lo hizo porque sab\u00eda que cualquier propuesta racional para modernizar la organizaci\u00f3n de la justicia, amenaza inexorablemente el poder al que dicho grupo se halla aferrado con u\u00f1as y dientes.<\/p>\n
Aqu\u00ed necesito volver atr\u00e1s: la reforma de la Ley Org\u00e1nica del Poder Judicial de 1997 cre\u00f3 los \u2018letrados\u2019 (abogados asistentes) de los magistrados (art\u00edculo 50) y autoriz\u00f3 a la Corte Plena (art\u00edculo 66) a formar comisiones permanentes, especiales y temporales; y estas novedosas disposiciones generaron cambios cualitativos insospechados en el paradigma y en el funcionamiento de la Corte misma, y de las Salas que la integran.<\/p>\n
Por el III Informe del Estado de la Justicia, correspondiente al a\u00f1o 2018, nos enteramos de que ya entonces las magistradas y los magistrados, junto con gran cantidad de otros funcionarios judiciales y extrajudiciales, y de ciudadanos particulares, presid\u00edan o formaban parte de 134 comisiones dedicadas a una gran variedad de prop\u00f3sitos.<\/p>\n
A la fecha de hoy, gran n\u00famero de magistrados ha delegado en sus letrados el estudio de las causas y la redacci\u00f3n de las sentencias, actos que la Constituci\u00f3n y las Leyes les asignaron a ellos como su exclusiva funci\u00f3n; y lo hacen para dedicar sus energ\u00edas a la gesti\u00f3n de asuntos administrativos, parcial o totalmente ajenos a la misma. Y fue precisamente en vista de esas labores gerenciales que los magistrados decidieron, desde el a\u00f1o 2008, incrementar sus ya altos salarios.<\/p>\n
En esas circunstancias, era f\u00e1cil suponer una tendencia difusa a la preterici\u00f3n de las funciones judiciales. De modo que, cuando en enero de 2024 la jueza Silvia Elena Arce Meneses demostr\u00f3 que los magistrados de la Sala II, empezando por su Presidente Porfirio S\u00e1nchez, arrastraban una mora de a\u00f1os en la soluci\u00f3n de numerosos asuntos de su competencia (aunque cada uno de ellos dispusiera de cuatro letrados a su servicio), lo que hizo fue revelar el cambio perpetrado de paradigma: al margen de la Constituci\u00f3n, un sector de los magistrados de la Corte (que excede los de la Sala II) ha perdido el rumbo, pero se niega a admitirlo: se niega a admitir su extrav\u00edo. Y al igual que lo ocurrido con la visita del Relator Especial, contra toda raz\u00f3n, incluso contra el parecer de la Direcci\u00f3n Jur\u00eddica, contra jurisprudencia inequ\u00edvoca de la Sala Constitucional, (Sesi\u00f3n 08-2024 de 26 de febrero de 2024), once magistrados se encierran en su negativa, y decretan que la promovente no est\u00e1 legitimada para pedir que se ventile la llaga.<\/p>\n
Ahora tenemos que el mismo magistrado de marras, Porfirio S\u00e1nchez Rodr\u00edguez, sin intentar explicar su inexcusable atraso como juez, viene a pedir a la Asamblea Legislativa que el pr\u00f3ximo 28 de agosto en curso lo reelija en su cargo por otros ocho a\u00f1os; y con esta noticia nos percatamos de que, de alguna manera, despu\u00e9s de todo lo narrado, con este \u00faltimo caso se est\u00e1 cerrando una especie de c\u00edrculo infame, porque es evidente que la candidatura del magistrado S\u00e1nchez fue decidida pol\u00edticamente con anterioridad a la votaci\u00f3n, y que, por encima de eso, \u00e9l no se ha molestado siquiera en cumplir sus aut\u00e9nticas obligaciones. Generalmente no resultaba f\u00e1cil no reelegir a un magistrado, pero las cosas pueden presentarse diferentes ahora que el voto es p\u00fablico y motivado. Son muchas y muy serias las inconsistencias del candidato Porfirio, las denuncias de su inconducta, acumuladas desde tiempos anteriores a su designaci\u00f3n: en conjunto nos indican que \u00e9sta fue un desacierto, obra de la politiquer\u00eda. Esto\u2026 \u00bfqui\u00e9n querr\u00e1 refutarlo en el Plenario?<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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