Por: LaMula.pe<\/p>\n
Se ve\u00eda venir.\u00a0Exintegrantes del Grupo Colina, el escuadr\u00f3n de la muerte responsable de m\u00faltiples violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Alberto Fujimori<\/strong>, han presentado solicitudes al Poder Judicial para beneficiarse de la reciente ley sobre delitos de lesa humanidad promulgada por el Congreso de la Rep\u00fablica, inform\u00f3 La Encerrona. Entre los solicitantes se encuentran Nelson Carbajal, Carlos Pichilingue y Julio Chuqui Aguirre, todos ellos involucrados en los atroces casos de las matanzas de La Cantuta y Pativilca.<\/p>\n La ley en cuesti\u00f3n, promulgada en medio del rechazo de expertos legales, organizaciones de la sociedad civil y del Ministerio P\u00fablico,\u00a0establece la prescripci\u00f3n de delitos de lesa humanidad y cr\u00edmenes de guerra, lo que permitir\u00eda a los condenados por estos delitos, previamente imprescriptibles,\u00a0quedar en libertad tras el cumplimiento de un determinado per\u00edodo de tiempo.\u00a0<\/strong>Esta normativa ha sido ampliamente criticada por defensores de derechos humanos y familiares de las v\u00edctimas, quienes la consideran un intento de otorgar impunidad a los responsables de graves violaciones de derechos humanos.<\/p>\n El Grupo Colina y los casos La Cantuta y Pativilca<\/strong><\/p>\n El Grupo Colina fue un escuadr\u00f3n paramilitar creado por el Servicio de Inteligencia del Ej\u00e9rcito (SIE) durante el r\u00e9gimen de Fujimori, con el objetivo de ejecutar extrajudicialmente a presuntos simpatizantes de grupos subversivos, eliminar a enemigos pol\u00edticos del gobierno o incluso asesinar a pedido de personajes influyentes cercanos a la dictadura. Su accionar estuvo marcado por una serie de cr\u00edmenes atroces que incluyeron torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.<\/p>\n Uno de los casos m\u00e1s emblem\u00e1ticos de estos cr\u00edmenes es la\u00a0masacre de La Cantuta, ocurrida en julio de 1992<\/strong>, cuando nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educaci\u00f3n Enrique Guzm\u00e1n y Valle fueron secuestrados, torturados y ejecutados por miembros del Grupo Colina, quienes luego incineraron sus cuerpos en un intento de ocultar el crimen. Este caso fue documentado en el informe final de la Comisi\u00f3n de la Verdad y Reconciliaci\u00f3n (CVR), que concluy\u00f3 que se trat\u00f3 de un delito de lesa humanidad .<\/p>\n Otro caso relacionado es el de\u00a0Pativilca, ocurrido en 1992, en el que seis campesinos fueron asesinados por el mismo grupo paramilitar.\u00a0<\/strong>Este crimen tambi\u00e9n fue considerado un delito de lesa humanidad y forma parte del proceso de extradici\u00f3n de Alberto Fujimori desde Chile en 2007, donde se incluy\u00f3 espec\u00edficamente por su gravedad.<\/p>\n En julio pasado, el presidente del\u00a0Poder Judicial, Javier Ar\u00e9valo, record\u00f3 que la aplicaci\u00f3n de esta ley\u00a0depender\u00e1 de las decisiones de los jueces peruanos<\/strong>, quienes deber\u00e1n evaluar caso por caso la pertinencia de aplicar esta normativa en situaciones que involucran cr\u00edmenes tan graves como los de lesa humanidad.<\/p>\n Mientras el Poder Judicial eval\u00faa las solicitudes de los exmiembros del Grupo Colina, la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos contin\u00faan moviliz\u00e1ndose para evitar que esta ley se convierta en un instrumento de impunidad para quienes cometieron cr\u00edmenes de lesa humanidad en el Per\u00fa.<\/p>\n