Por su parte, el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker T\u00fcrk, se pronunci\u00f3 y alert\u00f3 del retroceso en la esfera de las garant\u00edas fundamentales y estado de derecho en Per\u00fa.<\/p>\n
Ley con nombre propio. Con la promulgaci\u00f3n de esta ley quedan suspendidos el proceso judicial en curso al expresidente Alberto Fujimori, y las investigaciones de atropellos a los derechos humanos perpetrados entre 1990-2000, entre ellos los casos de esterilizaciones forzadas (que afectaron a 350 mil mujeres y 25 mil hombres), los casos Barrios Altos, La Cantuta, Chuschi, El Front\u00f3n, Universidad del Centro, Accomarca, entre otros. Adem\u00e1s se anular\u00e1n las sentencias ya dictadas a los casos sucedidos durante el gobierno de Alberto Fujimori.<\/p>\n
La noticia fue recibida con indignaci\u00f3n por las decenas de deudos de los casos emblem\u00e1ticos de violaciones a los derechos humanos como La Cantuta y Barrios Altos, adem\u00e1s del pronunciamiento de diversos organismos de derechos humanos y de la misma poblaci\u00f3n, que fue testigo de los innumerables delitos que afectaron a miles de peruanos.<\/p>\n
Esta ley afectar\u00eda a los deudos de las innumerables v\u00edctimas por los delitos cometidos, adem\u00e1s de colocar al pa\u00eds en situaci\u00f3n de incumplimiento de acuerdos internacionales de derechos humanos y, retroceder en el esfuerzo por la reparaci\u00f3n y reconciliaci\u00f3n del pa\u00eds; pero al parecer esto no ha sido tomado en cuenta por la presidenta Dina Boluarte,\u00a0 ni por el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana.<\/p>\n
Antes de la promulgaci\u00f3n, el cinco de agosto, la CIDH emiti\u00f3 un documento a la presidenta Boluarte y al Congreso record\u00e1ndole que el Per\u00fa es miembro de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos y que est\u00e1 obligado a cumplir con las decisiones de la Corte.<\/p>\n
Con esta ley el pa\u00eds contraviene el art\u00edculo 68 de la Convenci\u00f3n Americana<\/strong>, el cual establece la obligaci\u00f3n de los Estados Partes, como Per\u00fa, de cumplir con las decisiones del tribunal de buena fe. Esta obligaci\u00f3n es vinculante para todos los poderes, \u00f3rganos, instituciones y autoridades p\u00fablicas del pa\u00eds.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Legislaci\u00f3n ciega. Pese al pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la responsabilidad del Per\u00fa de cumplir acuerdos internacionales sobre delitos de lesa humanidad, el Ejecutivo no observ\u00f3 la Ley 6951 sobre la prescripci\u00f3n de delitos de…<\/p>\n","protected":false},"author":831,"featured_media":2541570,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11389,79,74,67],"tags":[17497,93535,108352,125063,123932],"class_list":["post-2541568","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-contenido-original","category-derechos-humanos","category-politica-es","category-sudamerica","tag-cidh","tag-congreso-de-la-republica","tag-dina-boluarte","tag-eduardo-salhuana","tag-ley-de-la-impunidad"],"yoast_head":"\n