Comunidades de las Salinas Grandes de Jujuy y Salta redactaron un programa para que el Estado y los particulares sepan de qu\u00e9 manera deben respetar los derechos ind\u00edgenas. En la regi\u00f3n hay conflictos con empresas mineras por la extracci\u00f3n de litio.<\/p>\n
En un hecho sin precedentes para Argentina, y en consonancia con normas internacionales y leyes nacionales, comunidades ind\u00edgenas de las Salinas Grandes de Jujuy y Salta redactaron su \u201ccarta magna\u201d, un detallado programa con validez jur\u00eddica que determina c\u00f3mo debe actuar el Estado y los particulares para respetar los territorios ind\u00edgenas y no violar sus derechos. \u201cEl procedimiento escrito es de obligatorio cumplimiento ante todo intento de realizar cualquier acto que pueda afectar a las comunidades, porque as\u00ed est\u00e1 reconocido por todo el ordenamiento jur\u00eddico vigente\u201d, explica el documento, escrito por las propias bases ind\u00edgenas. Las comunidades de la regi\u00f3n viven desde hace siglos de la producci\u00f3n de sal y, en los \u00faltimos a\u00f1os, enfrentan conflictos con empresas mineras que intentar extraer litio.<\/p>\n
La lucha de la Mesa de Pueblos Originarios de la Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc (33 comunidades de Jujuy y Salta, pueblos kolla y atacama) lleg\u00f3 en 2012 hasta la Corte Suprema de Justicia. Las comunidades exig\u00edan un derecho b\u00e1sico: que las empresas mineras y las provincias cumplan la ley y consulten a las comunidades ind\u00edgenas por acciones en las salinas. Pero durante la audiencia p\u00fablica, los jueces Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda preguntaban y repreguntaban en qu\u00e9 consist\u00eda el derecho de consulta y consentimiento ind\u00edgena.<\/p>\n
La Corte Suprema rechaz\u00f3 el pedido de los pueblos ind\u00edgenas y nunca se expidi\u00f3 sobre el derecho a consulta (la causa tramita ahora en la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos). Lo que m\u00e1s preocup\u00f3 a los voceros ind\u00edgenas y abogados fue c\u00f3mo el m\u00e1ximo tribunal del pa\u00eds desconoc\u00eda las leyes nacionales y se neg\u00f3 a aplicar los derechos de los pueblos originarios.<\/p>\n
\u201cEl primer lugar adonde vamos llevar nuestra carta magna es a la Corte Suprema\u201d, afirm\u00f3 Clemente Flores, uno de los voceros de las comunidades kollas. Se refiere al recientemente aprobado protocolo Kachi Yupi (\u201chuellas de la sal\u201d, en idioma quechua) definido formalmente como el \u201cprocedimiento de consulta y consentimiento previo, libre e informado\u201d para las comunidades ind\u00edgenas de las Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc.<\/p>\n
Es un documento de 53 carillas que fue debatido y consensuados por las comunidades durante dos a\u00f1os de trabajo desde las bases. A fines de agosto, la asamblea general aprob\u00f3 el protocolo. Tiene sustento legal en la Constituci\u00f3n Nacional, el Convenio 169 de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo (Ley Nacional 24.071) y la Declaraci\u00f3n de los Derechos de los Pueblos Ind\u00edgenas de las Naciones Unidas (ONU).<\/p>\n
\u201cNing\u00fan juez ni pol\u00edtico podr\u00e1 decir que no sabe c\u00f3mo implementar nuestros derechos vigentes. Se\u00f1ores, esta es nuestra ley, ajustada al derecho vigente y van a tener que respetarla\u201d, advirti\u00f3 Flores. El proceso de consulta es de car\u00e1cter vinculante y de cumplimiento obligatorio para el Estado y los articulares.<\/p>\n
Ejemplos de motivos para aplicar el protocolo de consulta: proyectos que afecten los territorios, recursos naturales, espacio a\u00e9reo, subsuelo, actividades extractivas o de investigaci\u00f3n; decisiones referidas a salud, trabajo, educaci\u00f3n, turismo, declaratorias de Patrimonio de la Humanidad, cultura, pol\u00edticas p\u00fablicas y emprendimientos productivos, entre otros.<\/p>\n
Para dar inicio al proceso de consulta se debe convocar por escrito a las comunidades. El Estado debe solicitar autorizaci\u00f3n para participar de una asamblea y presentar el proyecto a ejecutar o medida espec\u00edfica. El proceso implica una sucesi\u00f3n de etapas: informativas, presentaci\u00f3n de informes, deliberaci\u00f3n, definici\u00f3n de posturas, decisi\u00f3n, seguimiento y control. Puede durar a\u00f1os y aclara que reuniones de car\u00e1cter informativo (como suelen acostumbrar las empresas en la actualidad) no cumple con las exigencias m\u00ednimas del proceso de consulta.<\/p>\n
Tambi\u00e9n explica que las decisiones comunitarias deber\u00e1n ser tomadas por consenso. La informaci\u00f3n que se brinde a las comunidades debe ser detallada, presentada de forma p\u00fablica y previa al avance de cualquier actividad. Se debe brindar en distintos formatos (videos, escritos y fotos). Siempre se deben considerar los aspectos sociales, ambientales, econ\u00f3micos, culturales y espirituales.<\/p>\n
Estipula que el Estado deber\u00e1 designar personas particulares como responsables de la entrega de informaci\u00f3n \u201cpara que la comunidad no tenga que deambular solicitando documentaci\u00f3n\u201d. En muchos casos se trabaja con informaci\u00f3n t\u00e9cnica, por lo cual el protocolo estipula que las comunidades deber\u00e1n contar con profesionales, t\u00e9cnicos o id\u00f3neos de confianza, elegidos por las asambleas comunitarias. La informaci\u00f3n que presenten el Estado o los privados debe ser brindada a toda la comunidad y \u201cno reunirse con personas o familias por separado\u201d.<\/p>\n
Un punto imprescindible destaca que si durante el proceso de consulta se advirtiese que de la actividad en cuesti\u00f3n podr\u00edan surgir da\u00f1os ambientales, culturales, sociales o espirituales: \u201cEl proyecto no podr\u00e1 avanzar ni a\u00fan con el consentimiento de la comunidad\u201d. Precisa la posible ruptura de los salares, contaminaci\u00f3n del agua o p\u00e9rdida de los glaciares.<\/p>\n
El protocolo advierte que la \u00fanica instituci\u00f3n representativa para decidir es la asamblea comunitaria. Los responsables de aplicar el procedimiento son \u201clos funcionarios p\u00fablicos e instituciones de car\u00e1cter internacional, nacional, provincial o municipal\u201d y los funcionarios y magistrados del Poder Judicial. Y el Estado debe garantizar los recursos necesarios para la consulta a los efectos de asegurar la participaci\u00f3n de toda la comunidad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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