{"id":185529,"date":"2015-05-17T03:13:47","date_gmt":"2015-05-17T02:13:47","guid":{"rendered":"http:\/\/www.pressenza.com\/?p=185529"},"modified":"2015-05-17T03:13:47","modified_gmt":"2015-05-17T02:13:47","slug":"pueblos-indigenas-en-salitre-cidh-solicita-medidas-cautelares-a-costa-rica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/2015\/05\/pueblos-indigenas-en-salitre-cidh-solicita-medidas-cautelares-a-costa-rica\/","title":{"rendered":"Pueblos ind\u00edgenas en Salitre: CIDH solicita medidas cautelares a Costa Rica"},"content":{"rendered":"

Nicolas Boeglin (*)<\/span><\/p>\n

El 30 de abril del 2015, la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos solicit\u00f3 a Costa Rica medidas cautelares en favor de las poblaciones ind\u00edgenas Teribe y Bibri ubicadas en Salitre. Una llamada de atenci\u00f3n que viene a recordar una deuda hist\u00f3rica del Estado costarricense con relaci\u00f3n a los derechos de las comunidades ind\u00edgenas y la desprotecci\u00f3n a la que son sometidos los ind\u00edgenas en sus propios territorios. <\/i><\/span><\/p>\n

\nEl pasado 30 de abril del 2015, la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) decidi\u00f3 solicitar a Costa Rica medidas cautelares en aras de proteger la vida y la integridad f\u00edsica de las poblaciones ind\u00edgenas Teribe y Bibri ubicadas en Salitre de Puntarenas. Se trata de un territorio ind\u00edgena en el que desde varios a\u00f1os las comunidades ind\u00edgenas intentan recuperar sus tierras, ocupadas por finqueros y empresarios. Pocos d\u00edas despu\u00e9s de celebrarse en toda Costa Rica el d\u00eda de la independencia, el 15 septiembre del 2012, uno de sus l\u00edderes, Sergio Rojas, fue objeto de un violento ataque con disparos del que sali\u00f3 ileso, causando un repudio generalizado por parte de distintas organizaciones sociales (ver <\/span>nota<\/b><\/span><\/a> de SERPAJ). A la fecha, este atentado no ha dado lugar a imputaci\u00f3n alguna por parte de las autoridades policiales y judiciales. En octubre del 2012, comunidades ind\u00edgenas se opusieron a la colocaci\u00f3n de una cerca por parte de no ind\u00edgenas, y fueron v\u00edctimas de actos de violencia: seg\u00fan testimonios recogidos por la prensa (ver <\/span>nota<\/b><\/span><\/a>): las autoridades policiales y judiciales no investigaron los hechos y a la fecha, se desconoce sanci\u00f3n alguna contra sus autores. <\/span><\/p>\n

El \u00a0<\/span>texto<\/b><\/span><\/a> de la decisi\u00f3n de la Comisi\u00f3n Interamericana del pasado 30 de abril no deja duda alguna sobre la situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n de estas comunidades ante los recurrentes atropellos y actos de intimidaci\u00f3n de todo tipo que han sufrido y el sentimiento de desprotecci\u00f3n de muchos de sus integrantes.<\/p>\n

<\/span>Salitre ante el escrutinio internacional<\/b><\/span><\/p>\n

La inoperancia del Estado con relaci\u00f3n a las comunidades afectadas por la expansi\u00f3n pi\u00f1era en Costa Rica fue recientemente objeto de una audiencia ante la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en el mes de marzo del 2015 (ver nuestra modesta <\/span>nota<\/b><\/span><\/a> al respecto). La situaci\u00f3n en Salitre es ahora motivo de una solicitud de medidas cautelares de este mismo \u00f3rgano interamericano de supervisi\u00f3n en materia de derechos humanos, el cual en poco tiempo, est\u00e1 conociendo de \u00e1lgidos temas de la agenda nacional: en ambos casos, se trata de problem\u00e1ticas que datan de varios a\u00f1os y que las diversas entidades p\u00fablicas no han logrado resolver. Ambos casos se traducen en una vulneraci\u00f3n de los derechos humanos de las comunidades afectadas. En el caso de Salitre, los actos de violencia contra estas comunidades por parte de personas privadas armadas para que abandonen sus territorios han ido en aumento. En el 2014, una de las acciones m\u00e1s violentas contra mujeres ind\u00edgenas fue perpetrada el mismo d\u00eda en que la Selecci\u00f3n Nacional de Costa Rica jugaba en cuartos de final contra Pa\u00edses Bajos durante el pasado campeonato mundial de f\u00fatbol, el 5 de julio del 2014 (ver documental disponible <\/span>aqu\u00ed<\/b><\/span><\/a> que recoge varios testimonios de la v\u00edctimas de estos actos).\u00a0D\u00edas despu\u00e9s de las festividades del 25 de diciembre del 2014, la prensa report\u00f3, de igual manera, incendios de los ranchos de pobladores ind\u00edgenas, consumados por las llamas (ver <\/span>nota<\/b><\/span><\/a> de prensa) durante el mismo d\u00eda en que se celebra la Navidad.<\/p>\n

Pese al di\u00e1logo establecido por las autoridades de Costa Rica desde entonces para intentar resolver la situaci\u00f3n, las acciones contra los pobladores se han mantenido, y remitimos al lector a la larga serie de actos reportados a la Comisi\u00f3n, incluida en la secci\u00f3n \u201c<\/span>Resumen de los hechos<\/i><\/span>\u201d de su antes mencionada decisi\u00f3n del 30 de abril pasado. La Comisi\u00f3n solicit\u00f3 a Costa Rica informarle dentro de un plazo no menor a 15 d\u00edas a partir de la notificaci\u00f3n de su decisi\u00f3n sobre las distintas medidas tomadas por las autoridades en resguardo de estas poblaciones ind\u00edgenas. <\/span><\/p>\n

Las medidas cautelares constituyen, como bien se sabe, un mecanismo mediante el cual la Comisi\u00f3n, en casos de urgencia y gravedad, busca evitar que se le cause un da\u00f1o irreparable a personas o grupo de personas y no es la primera vez que Costa Rica recibe este tipo de petici\u00f3n por parte de la CIDH (<\/span>Nota 1<\/b><\/span>).\u00a0El Art\u00edculo 25, p\u00e1rrafo 1 del Reglamento de la Comisi\u00f3n Interamericana precisa que:\u201d <\/span>Art\u00edculo 25, 1. En caso de gravedad y urgencia y toda vez que resulte necesario de acuerdo a la informaci\u00f3n disponible, la Comisi\u00f3n podr\u00e1, a iniciativa propia o a petici\u00f3n de parte, solicitar al Estado de que se trate la adopci\u00f3n de medidas cautelares para evitar da\u00f1os irreparables a las personas<\/i><\/span>\u201d.<\/span> Estas medidas cautelares solicitadas a Costa Rica vienen a completar una larga serie de medidas ordenadas en a\u00f1os recientes por la CIDH en favor de comunidades ind\u00edgenas, tribales y campesinas en Am\u00e9rica Latina, ya sea para frenar proyectos que las afectan o para proteger a sus l\u00edderes de actos de intimidaci\u00f3n y amenazas de los que son muy a menudo v\u00edctimas (ver\u00a0<\/span>listado oficial<\/b><\/span><\/a>).
\n<\/span>
\nLas actuaciones del Poder Judicial en torno a la situaci\u00f3n en Salitre:<\/b><\/span><\/p>\n

En el plano estrictamente interno, la inoperancia del Poder Judicial para investigar y sancionar los hechos de violencia contra las poblaciones ind\u00edgenas recuerda la impunidad que campea cuando de cr\u00edmenes y exacciones contra ecologistas se trata en Costa Rica (<\/span>Nota 2<\/b><\/span>). Esta inoperancia es altamente preocupante: el clima de impunidad favorece la violencia y la sensaci\u00f3n de desprotecci\u00f3n aumenta en las poblaciones ind\u00edgenas. No obstante, la p\u00e9rdida de credibilidad en las instancias judiciales por parte de las comunidades ind\u00edgenas de Salitre no pareciera desvelar a los operadores de justicias. Por su parte, la Sala Constitucional en\u00a0<\/span>octubre del 2014<\/span>\u00a0suspendi\u00f3 una orden de desalojo ordenada por el Poder Ejecutivo en la zona de Salitre como medida cautelar (ver\u00a0<\/span>nota<\/b><\/span><\/a>\u00a0de prensa). En <\/span>noviembre del 2014<\/span>, el antes mencionado l\u00edder ind\u00edgena, Sergio Rojas, fue aprehendido por una dependencia del Poder Judicial, el Ministerio P\u00fablico, por supuesto delito de fraude (ver\u00a0<\/span>nota<\/b><\/span><\/a>\u00a0de prensa). Las llamadas de Naciones Unidas a restablecer la calma en Salitre efectuadas en ese mismo mes no parecieron influir mayormente (ver <\/span>nota<\/b><\/span><\/a> de prensa). En\u00a0<\/span>abril del 2015<\/span>, varias organizaciones sociales solicitaron levantar las medidas de privaci\u00f3n de libertad ordenadas por el juez a cargo del caso de Sergio Rojas (ver\u00a0<\/span>nota<\/b><\/span><\/a>\u00a0de prensa), las cuales se mantuvieron intactas. El art\u00edculo 10 del <\/span>Convenio 169<\/b><\/span><\/a> de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo (OIT) seg\u00fan el cual \u201c<\/span>1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislaci\u00f3n general a miembros de dichos pueblos deber\u00e1n tenerse en cuenta sus caracter\u00edsticas econ\u00f3micas, sociales y culturales.2. Deber\u00e1 darse la preferencia a tipos de sanci\u00f3n distintos del encarcelamiento<\/i><\/span>\u201d pareciera, en este caso, ser ignorado por el sistema judicial costarricense.<\/span><\/p>\n

Es de se\u00f1alar que estas medidas cautelares solicitadas por la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos han dado lugar a algunas manifestaciones por parte de otras entidades internacionales. Leemos en un\u00a0<\/span>art\u00edculo<\/b><\/span><\/a> reciente que: \u00bb\u00a0<\/span>El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se\u00f1ala que las autoridades costarricenses deben proceder con la expropiaci\u00f3n, en todo el pa\u00eds, de quienes ocupen tierras ind\u00edgenas de modo ilegal. Seg\u00fan el PNUD, un 40% de esas tierras est\u00e1 en manos de individuos que no son ind\u00edgenas. \u201cNo se puede avanzar en materia de derechos humanos, si un derecho tan b\u00e1sico como la tenencia de las tierras no est\u00e1 garantizado. Esas tierras son exclusivas de los ind\u00edgenas\u201d, dijo Yoriko Yasukawa, coordinadora del PNUD en Costa Rica<\/i><\/span>\u00ab. Recordemos que durante su visita a Costa Rica el pasado 30 de julio del 2014, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, tuvo la oportunidad de escuchar a un nutrido grupo de l\u00edderes ind\u00edgenas provenientes de los territorios ind\u00edgenas de Costa Rica (ver <\/span>nota<\/b><\/span><\/a> de prensa).<\/span><\/p>\n

\nCosta Rica ante el CERD de Naciones Unidas<\/b><\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s del espacio brindado por las autoridades al Secretario General de Naciones Unidas para que se reuniera con l\u00edderes ind\u00edgenas durante su visita a Costa Rica, sus autoridades han externado a entes internacionales sus esfuerzos en materia de recuperaci\u00f3n de tierras en favor de las poblaciones ind\u00edgenas en diversos informes oficiales. Por ejemplo, los esfuerzos estatales en aras de resolver las demandas leg\u00edtimas de las poblaciones ind\u00edgenas ocupan gran parte del \u00faltimo informe oficial presentado por Costa Rica ante el Comit\u00e9 para la Eliminaci\u00f3n de Todas las Formas de Discriminaci\u00f3n Racial (CERD) de las Naciones Unidas, en cumplimiento de las obligaciones internacionales suscritas por Costa Rica en la Convenci\u00f3n que lleva el mismo nombre. El informe de Costa Rica (Documento CERD\/C\/CRI\/19-22 con fecha del 16 de abril del 2014 disponible <\/span>aqu\u00ed<\/b><\/span><\/a>) concluye con un \u00e9nfasis en el tema de la recuperaci\u00f3n de tierras (remitimos al lector a la lectura de los p\u00e1rrafos finales 289-300). A diferencia del mecanismo previsto ante el CERD (que se limita a hacer observaciones al informe presentado por el Estado y a cotejarlo con un eventual informe alternativo proviniendo de la sociedad civil que llegue a manos del CERD), el mecanismo previsto en el sistema interamericano de protecci\u00f3n de los derechos humanos permite a las comunidades presentar una denuncia contra el mismo Estado ante la Comisi\u00f3n Interamericana por violaci\u00f3n de los derechos consagrados en instrumentos internacionales.<\/span><\/p>\n

Las obligaciones internacionales de Costa Rica<\/b><\/span><\/p>\n

La problem\u00e1tica en Salitre ilustra, de igual manera que en el caso<\/span> <\/b>del proyecto hidroel\u00e9ctrico El Diquis (<\/span>Nota 2<\/b><\/span>), las serias deficiencias y lagunas del marco legal vigente en Costa Rica para resguardar y proteger adecuadamente los derechos de las poblaciones ind\u00edgenas y garantizarles un adecuado proceso de consulta. En el caso del P.H Diquis, cabe recordar el hecho (un tanto singular) cuando el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunci\u00f3 su retiro de los territorios ind\u00edgenas un d\u00eda antes de concluir su visita el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Ind\u00edgenas, James Anaya (ver <\/span>nota<\/a> <\/b><\/span>de prensa del 26\/04\/2011): el gesto fue mencionado por el Relator en su informe publicado un mes despu\u00e9s (ver texto de su <\/span>informe<\/b><\/span><\/a> del 30\/5\/2011) pero exigiendo compromisos adicionales (y a la fecha sin darse): \u201c<\/span>20. El retiro de las instalaciones y operaciones del ICE del territorio T\u00e9rraba, anunciado por el ICE durante la visita del Relator Especial, es un paso positivo para superar la evidente desconfianza generada por esa presencia. El Relator Especial considera que ser\u00eda aconsejable que el ICE a\u00f1ada a ese gesto un claro compromiso de no reintroducir sus operaciones en territorios ind\u00edgenas sin una consulta previa adecuada, as\u00ed como que sean reconocidas las deficiencias del ICE en su comportamiento con los pueblos ind\u00edgenas hasta el momento<\/i><\/span>\u201d. M\u00e1s all\u00e1 de las gesticulaciones de diversa \u00edndole por parte de un Estado durante la visita <\/span> in situ <\/i><\/span>de un experto de las Naciones Unidas, existe una serie de obligaciones internacionales en materia de consulta que derivan de varios instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica. El contenido de estas obligaciones internacionales y el alcance de estas se ha logrado precisar en varios fallos de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. A este respecto, la Dra. Karine Rinaldi (ver <\/span>art\u00edculo<\/b><\/span><\/a> del 1\/11\/2012 publicado en La Naci\u00f3n) ha se\u00f1alado la imperiosa necesidad de adecuar el accionar del Estado costarricense a los par\u00e1metros de la jurisprudencia interamericana en materia de consulta a los pueblos ind\u00edgenas en el caso del P.H. Diquis. Una obligaci\u00f3n internacional que a la fecha el Estado costarricense debe implementar, y que ha dado lugar a varias visitas a Costa Rica del Relator de las Naciones Unidas James Anaya entre el 2011 y el 2013. <\/span><\/p>\n

Tanto el caso de Salitre como el del P.H. Diquis y el de muchos otros casos de comunidades ind\u00edgenas de Costa Rica cuyos derechos son vulnerados podr\u00edan en alg\u00fan momento tocar la puerta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia en materia de derechos de poblaciones ind\u00edgenas ha sido saludada internacionalmente. Leemos en las conclusiones de una reciente publicaci\u00f3n especializada sobre la materia (texto disponible <\/span>aqu\u00ed<\/b><\/span><\/a>) que: \u201c<\/span>La flexibilidad y apertura por parte de la Corte para desarrollar una interlocuci\u00f3n v\u00e1lida con los sistemas consuetudinarios ha permitido posicionar al Sistema Interamericano como uno de los sistemas pioneros y que mayores desarrollos ha alcanzado en este tipo de problem\u00e1ticas; no en vano la Corte Penal Internacional y el Sistema Africano de Derechos Humanos han tornado su inter\u00e9s hacia las sentencias que produce este Tribunal, a manera de gu\u00eda en cuanto buenas pr\u00e1cticas y desaf\u00edos que se esperan en casos de violaciones colectivas y con componentes \u00e9tnicos de gran complejidad<\/i><\/span>\u201d. <\/span><\/p>\n

Conclusi\u00f3n: <\/b><\/span><\/p>\n

En su informe del 2006 ante el mismo CERD, (Documento CERD\/C\/CRI\/18 del 30 de agosto de 2006, disponible <\/span>aqu\u00ed<\/b><\/span><\/a>), Costa Rica respondi\u00f3 a una de las preocupaciones externadas por el CERD refiri\u00e9ndose a un proyecto de ley sobre derechos de los pueblos ind\u00edgenas, en los siguientes t\u00e9rminos: \u201c<\/span>Reiteramos que este proyecto, resultado de una iniciativa que tuvo cuatro etapas, con amplias consultas tanto entre los pueblos ind\u00edgenas como en la Sala Constitucional y con dictamen positivo en su momento de la Comisi\u00f3n Legislativa, recoge el establecimiento de un marco para el desarrollo aut\u00f3nomo de las ocho etnias ind\u00edgenas costarricenses<\/i><\/span>\u201d (p\u00e1rrafo 34). En sus recomendaciones del 2007 al informe presentado (ver <\/span>texto<\/b><\/span><\/a> de dichas observaciones), el CERD recordaba la solicitud hecha desde el 2002 a Costa Rica y \u201c<\/span>exhorta \/ba\/ una vez m\u00e1s al Estado Parte a que elimine cuanto antes los obst\u00e1culos legislativos que impiden la aprobaci\u00f3n del proyecto de Ley de desarrollo aut\u00f3nomo de los pueblos ind\u00edgenas<\/i><\/span>\u201d (punto 9). Pese a la exhortaci\u00f3n a Costa Rica del 2002 reiterada en el 2007 por parte de los miembros del CERD, el Proyecto de Ley de Desarrollo Aut\u00f3nomo de los Pueblos Ind\u00edgenas (Expediente no. 14352) se mantiene como proyecto en los archivos de la Asamblea Legislativa, y muchas de las poblaciones ind\u00edgenas costarricenses, en situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Nota 1<\/b><\/span>: En a\u00f1os anteriores, Costa Rica hab\u00eda tambi\u00e9n recibido de parte de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos una solicitud para proteger la vida y la integridad f\u00edsica de un reconocido l\u00edder comunal, Aquiles Rivera, en su lucha contra la expansi\u00f3n pi\u00f1era en la zona sur: se lee en este <\/span>art\u00edculo<\/b><\/span><\/a> titulado \u201c<\/span>Costa Rica: La expansi\u00f3n del monocultivo de pi\u00f1a en detrimento de los derechos humanos<\/i><\/span>\u201d que \u201c<\/span>El 11 de mayo de 2009 Aquiles sufri\u00f3 un robo en su oficina en el cual le sustrajeron la computadora y el fax, \u00fanicas herramientas con las que contaba para trabajar. Unos d\u00edas despu\u00e9s de este hecho, en la noche, fue amenazado de muerte cerca de su casa en Buenos Aires de Puntarenas. Unos meses despu\u00e9s tambi\u00e9n su hijo, menor de edad, fue amenazado de muerte. Lo que se est\u00e1 buscando por medio de la Comisi\u00f3n es la protecci\u00f3n para Aquiles y su hijo, adem\u00e1s de que se le ordene al Estado de Costa Rica que investigue los hechos y se pueda comprobar la relaci\u00f3n que existe entre el trabajo de Aquiles, el robo de su oficina y las amenazas de muerte<\/i><\/span>\u201d.<\/span><\/p>\n

Nota 2<\/b><\/span>: La impunidad de los cr\u00edmenes contra ecologistas en Costa Rica es una reivindicaci\u00f3n del movimiento ecologista de Costa Rica desde muchos a\u00f1os. Fue se\u00f1alada por John Knox, Experto independiente de las Naciones Unidas sobre la cuesti\u00f3n de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente, durante su visita a Costa Rica en el transcurso del a\u00f1o 2013. Remitimos al lector a una breve nota. <\/span>BOEGLIN N<\/b><\/span>., \u201c<\/span>Informe sobre<\/i><\/span> Ambiente y Derechos Humanos en Costa Rica<\/i><\/span>\u201d, 14\/05\/2014 publicada en Tribuglobal y disponible <\/span>aqu\u00ed<\/b><\/span><\/a>. <\/span><\/p>\n

Nota 3<\/b><\/span>: Con relaci\u00f3n a la discusi\u00f3n en torno al Proyecto Hidroel\u00e9ctrico El Diquis, remitimos al lector al pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCR de septiembre del 2012 (disponible <\/span>aqu\u00ed<\/b><\/span><\/a>) que recomendaba: \u201c<\/span>Solicitar al Poder Ejecutivo la derogatoria del Decreto Ejecutivo N. 34312-MP-MINAE, el cual Declara de Conveniencia Nacional e Inter\u00e9s P\u00fablico los estudios y las obras del Proyecto Hidroel\u00e9ctrico El Diqu\u00eds y sus obras de transmisi\u00f3n, en adelante el Proyecto, las que ser\u00e1n construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad, del 6 de febrero de 2008, publicado en La Gaceta, en el tanto este no tiene como sustento los estudios ambientales y los soportes t\u00e9cnicos necesarios para su legalidad<\/i><\/span>\u201d (punto 16, p\u00e1gina 25). Con relaci\u00f3n a las poblaciones ind\u00edgenas afectadas por este megaproyecto, la Cl\u00ednica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas (<\/span>Estados Unidos<\/span>) elabor\u00f3 un detallado informe titulado \u00ab<\/span>Nadando a Contracorriente: El Pueblo Teribe y el Proyecto Hidroelectrico El Diquis en Costa Rica<\/i><\/span>\u00bb\u00a0(informe de julio del 2010, versi\u00f3n\u00a0<\/span>en ingl\u00e9s\u00a0<\/b><\/span><\/a>y\u00a0<\/span>en espa\u00f1ol<\/b><\/span><\/a>) as\u00ed como la Universidad de Dundee (<\/span>Reino Unido<\/span>) (ver\u00a0<\/span>informe de junio del 2011<\/b><\/span><\/a>): ambos informes \u00a0anticipan un probable impacto a las comunidades ind\u00edgenas de la zona sur y la vulneraci\u00f3n de sus derechos.<\/span><\/p>\n

(*) Profesor de Derecho Internacional P\u00fablico, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Nicolas Boeglin (*) El 30 de abril del 2015, la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos solicit\u00f3 a Costa Rica medidas cautelares en favor de las poblaciones ind\u00edgenas Teribe y Bibri ubicadas en Salitre. 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