{"id":1834305,"date":"2024-03-24T12:50:16","date_gmt":"2024-03-24T12:50:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pressenza.com\/?p=1834305"},"modified":"2024-03-24T12:50:16","modified_gmt":"2024-03-24T12:50:16","slug":"ciadi-a-proposito-de-la-reciente-denuncia-por-parte-de-honduras-de-la-convencion-de-washington-de-1965","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/2024\/03\/ciadi-a-proposito-de-la-reciente-denuncia-por-parte-de-honduras-de-la-convencion-de-washington-de-1965\/","title":{"rendered":"CIADI: a prop\u00f3sito de la reciente denuncia por parte de Honduras de la Convenci\u00f3n de Washington de 1965"},"content":{"rendered":"

En d\u00edas recientes, el Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Estado e Inversionista Extranjero (CIADI, tambi\u00e9n conocido por sus siglas en ingl\u00e9s de ICSID o CIRDI en franc\u00e9s), inform\u00f3 que desde el 24 de febrero, Honduras ha procedido a notificar su intenci\u00f3n de retirarse de la Convenci\u00f3n de Washington que cre\u00f3 el CIADI de 1965: v\u00e9ase al respecto el\u00a0comunicado oficial<\/a><\/b> del CIADI.<\/p>\n

Esta denuncia surtir\u00e1 efectos plenos jur\u00eddicos 6 meses despu\u00e9s de notificada, a\u00a0 partir del 25 de agosto del 2024.<\/p>\n

 <\/p>\n

Breves aspectos preliminares<\/i><\/b><\/p>\n

Cabe recordar que Honduras hab\u00eda ratificado dicha convenci\u00f3n en 1989, precedida por El Salvador (1984) en Centroam\u00e9rica. Una ratificaci\u00f3n que fue seguida por la de Costa Rica (1993), Nicaragua (1995), Panam\u00e1 (1996) y Guatemala (2003): para una convenci\u00f3n adoptada en 1965 bajo los auspicios del Banco Mundial, el extremadamente lento proceso de ratificaci\u00f3n observado en Centroam\u00e9rica (y m\u00e1s generalmente, en Am\u00e9rica Latina) evidencia los temores fundados de muchos decisores pol\u00edticos.<\/p>\n

A modo preliminar, una peque\u00f1a observaci\u00f3n, en particular destinada a quienes no estan muy familiarizados con el derecho internacional p\u00fablico: se considera que un tratado mulitlateral es vigente para un Estado cuando ha sido ratificado por este Estado. Mientras que un tratado cuenta \u00fanicamente con la simple firma por parte de un Estado, no se considera vigente. Ratificado un tratado, un Estado puede en cualquier momento decidir que no desea m\u00e1s seguir sometido a las obligaciones jur\u00eddicas que contiene dicho tratado, procediendo a notificar su intenci\u00f3n de denunciarlo.<\/p>\n

La Convenci\u00f3n de Washington de 1965 (v\u00e9ase texto<\/a><\/b>\u00a0completo) contiene una disposici\u00f3n sobre la denuncia de la misma que se lee de la siguiente manera:<\/p>\n

\u00abArt\u00edculo 71<\/b>\u00a0<\/i><\/p>\n

Todo Estado Contratante podr\u00e1 denunciar este Convenio mediante notificaci\u00f3n escrita dirigida al depositario del mismo. La denuncia producir\u00e1 efecto seis meses despu\u00e9s del recibo de dicha notificaci\u00f3n\u00bb.<\/i><\/p>\n

 <\/p>\n

Las muestras de apoyo recibidas por Honduras<\/i><\/b><\/p>\n

La experiencia de otros Estados que han denunciado la Convenci\u00f3n de 1965 indica que es menester tambi\u00e9n proceder a la terminaci\u00f3n o renegociaci\u00f3n de cla\u00fasulas insertadas en otros instrumentos a los que Honduras es parte: ello con la finalidad de poder librarse en el futuro de demandas de inversionistas extranjeros. Se trata de una tarea que probablemente ya est\u00e9n planeando las autoridades hondure\u00f1as.<\/p>\n

Como bien se sabe, el mecanismo de arbitraje de inversi\u00f3n previsto en el CIADI permite demandas interpuestas por un inversionista extranjero contra un Estado. No admite que sean presentadas demandas en el sentido opuesto.<\/p>\n

Un selecto grupo de economistas celebraron la decisi\u00f3n de Honduras de denunciar la Convenci\u00f3n de Washington de 1965 que crea el CIADI (v\u00e9ase texto<\/a><\/b> de la declaraci\u00f3n conjunta). Esta misiva fue antecedida por una iniciativa conjunta de 33 senadores y congresistas norteamericanos (v\u00e9ase carta<\/a><\/b>) en mayo del 2023, denunciando el car\u00e1cter abusivo de una millonaria demanda interpuesta contra Honduras por la empresa Pr\u00f3spera Inc.<\/i>\u00a0(norteamericana), carta en la que se le\u00eda que:<\/p>\n

\u00abPr\u00f3spera has repeatedly threatened to initiate ISDS arbitration under CAFTA-DR to bully the Honduran government into allowing them to continue operating under the abolished ZEDE framework. In December 2022, the company announced that it filed a CAFTA-DR claim with the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), which will force the government of Honduras to potentially spend millions of dollars defending itself for responding to the will of its people and asserting its sovereignty over these special governance jurisdictions operating in its territory<\/i>\u00ab.<\/p>\n

..\/..<\/p>\n

\u00abThe U.S. government and Congress have already acknowledged, to some extent, the problems with the ISDS system. We worked on a bipartisan basis to significantly reduce ISDS liability in the renegotiated U.S.-Mexico-Canada Agreement (USMCA), though it left an unacceptable loophole for U.S. fossil fuel companies in Mexico.We request that you intervene\u2014through a statement of support, amicus brief, and any other means at your disposal\u2014in support of Honduras\u2019 defense in the Pr\u00f3spera ISDS case and to ensure that such egregious cases can no longer disrupt democratic policymaking by working to eliminate ISDS liability in preexisting agreements in our hemisphere<\/i>\u00ab.<\/p>\n

La fuerte cr\u00edtica a la acci\u00f3n interpuesta ante el CIADI por esta empresa norteamericana contra Honduras en febrero del 2023 (v\u00e9ase detalle<\/b><\/a> del procedimiento) por parte de senadores y legisladores norteamericanos, no es sino un eco (en nuestra opini\u00f3n, algo tard\u00edo) a\u00a0una posici\u00f3n cr\u00edtica y a advertencias que ya hab\u00edan hecho hace varios a\u00f1os otros economistas, ante los efectos dram\u00e1ticos del arbitraje de inversi\u00f3n para las econom\u00edas de los Estados de Am\u00e9rica Latina (Nota 1<\/b>).<\/p>\n

 <\/p>\n

La denuncia de un tratado en breve<\/i><\/b><\/p>\n

La denuncia de un tratado es la figura jur\u00eddica, consagrada en la Convenci\u00f3n de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969 (v\u00e9ase texto<\/a><\/b>), mediante la cual un Estado puede liberarse de obligaciones internacionales contenidas en un tratado internacional cuando considera que ya no resulta beneficioso seguir sometido al r\u00e9gimen que le impone (v\u00e9ase el Art\u00edculo 56 de la Convenci\u00f3n de 1969). El Art\u00edculo 56 no exige al Estado fundamentar las razones de su denuncia, trat\u00e1ndose de una decisi\u00f3n soberana que cada Estado puede tomar en el momento en el que lo estime oportuno.<\/p>\n

Hab\u00edamos tenido la oportunidad de analizar en su momento la denuncia de la Convenci\u00f3n de Washington de 1965 por parte de Venezuela en el 2012, antecedida por Ecuador (julio del 2009) y Bolivia (mayo del 2007): v\u00e9ase nuestra nota<\/a>\u00a0<\/b>publicada en Bretton Woods Project<\/i> titulada \u00abICSID and Latin America: Criticism, withdrawal and the search for alternatives<\/i>\u00ab.<\/p>\n

 <\/p>\n

La profunda desconfianza que genera el CIADI in crescendo<\/i><\/b><\/p>\n

En los \u00faltimos decenios, el CIADI ha despertado muchas reservas en diversos c\u00edrculos en Am\u00e9rica Latina pero tambi\u00e9n en otras latitudes, ante la falta de transparencia en sus procedimientos, el perfil de sus \u00e1rbitros (muchas veces poco familiarizados con \u00e1lgidos temas legales como la protecci\u00f3n del ambiente, el derecho al agua y los derechos de las poblaciones ind\u00edgenas, el derecho administrativo y constitucional), as\u00ed como los montos millonarios y a veces desproporcionales a los que se ha condenado a Estados en algunos casos, por demandas claramente abusivas de un inversionista extranjero (Nota 2<\/b>). No est\u00e1 de m\u00e1s indicar que cuando se cre\u00f3 el CIADI en 1965, la idea era permitir a un inversionista recuperar el monto de su inversi\u00f3n inicial objeto, por ejemplo, de un decreto de nacionalizaci\u00f3n, y no a\u00f1adir a este monto otro adicional correspondiente a las futuras ganancias proyectadas por el inversionista extranjero.<\/p>\n

A la Convenci\u00f3n de Washington que crea el CIADI como tal, hay que a\u00f1adir los m\u00e1s de 3200 TBIs (tratados bilaterales de protecci\u00f3n y promoci\u00f3n de inversiones suscritos entre dos Estados) adoptados de manera entusiasta en los a\u00f1os 1990-2000, y que permiten a un inversionista extranjero contar con una base legal para demandar a un Estado ante el CIADI o ante otra instancia; as\u00ed como la gran cantidad de TLCs (tratados de libre comercio) con cl\u00e1usulas muy similares a las de los TBI, sumamente favorables a un inversionista extranjero.<\/p>\n

A modo de ejemplo, entre muchos, en esta nota del 2013 se inform\u00f3 de la terminaci\u00f3n por parte de Sud\u00e1frica de su TBI con Espa\u00f1a (v\u00e9ase nota<\/a><\/b>) y en esta otra nota<\/a><\/b>\u00a0del 2014, la terminaci\u00f3n de varios TBIs por parte de Indonesia, en particular de su TBI con los Pa\u00edses Bajos: se trata de un Estado europeo que ha logrado insertar cl\u00e1usulas particularmente favorables al inversionista en los m\u00e1s de 100 TBIs que ha suscrito (v\u00e9ase listado<\/a><\/b>), y cuya legislaci\u00f3n permite el registro de sociedades con gran facilidad en Pa\u00edses Bajos.<\/p>\n

En el 2023, fue Albania la que amenaz\u00f3 con retirarse del CIADI a ra\u00edz de una decisi\u00f3n desfavorable (v\u00e9ase nota<\/a><\/b> de prensa).<\/p>\n

En el caso de Honduras, mantiene vigentes 8 de los 13 TBIs que ha suscrito (v\u00e9ase listado<\/b><\/a> oficial).<\/p>\n

Es de precisar que, a\u00a0ra\u00edz de un fuerte recorte en las subvenciones estatales para proyectos de producci\u00f3n de energ\u00eda e\u00f3lica y solar, Espa\u00f1a se ha visto inundada desde el 2013 de demandas por parte de inversionistas extranjeros europeos, que la colocan\u00a0 en la cima de los Estados con mayores demandas acumuladas en los \u00faltimos 10 a\u00f1os: de las 40 demandas que ha sufrido Espa\u00f1a desde el 2013, est\u00e1n pendientes de resolver 20 demandas.<\/p>\n

 <\/p>\n

La opci\u00f3n: \u00aba<\/i><\/b>\u00a0extrema prud\u00eancia brasileira<\/i><\/b>\u00ab<\/i><\/b><\/p>\n

Desde 1965, Brasil se ha mantenido sumamente distante con el CIADI. Como Estado, si bien ha suscrito numerosos TBIs de los a\u00f1os 90-2000 (v\u00e9ase listado<\/a><\/b> oficial), no ha ratificado uno solo. \u00danicamente tiene vigentes tratados bilaterales recientes, suscrito con Angola en el 2015 y otro con M\u00e9xico el mismo a\u00f1o.<\/p>\n

La gran reserva de Brasil con el arbitraje de inversi\u00f3n\u00a0 explica que tan siquiera haya firmado la Convenci\u00f3n de Washington de 1965. No siendo Estado Parte a ninguno de los TBIs de los a\u00f1os 90-2000, Brasil ha optado por negociar tratados bilaterales sobre inversi\u00f3n de nueva generaci\u00f3n, que se denominan oficialmente \u00abAcuerdo de Cooperaci\u00f3n y\u00a0 Facilitaci\u00f3n de Inversiones <\/i>(AFCI)\u00bb.<\/p>\n

En estos acuerdos de un nuevo tipo, la cl\u00e1usula sobre soluci\u00f3n de controversias no permite que el inversionista extranjero demande a uno de los dos Estados.<\/p>\n

La f\u00f3rmula escogida permite que, en caso de controversia con un inversionista extranjero, esta sea elevada a nivel inter-estatal: son entonces ambos Estados los que acuerdan llevar la controversia al conocimiento de un \u00f3rgano arbitral cl\u00e1sico (arbitraje inter-estatal). As\u00ed por ejemplo, el art\u00edculo 23 del tratado bilateral entre Colombia y Brasil del 2015 (v\u00e9ase texto<\/a><\/b>) constituye una ilustraci\u00f3n de esta hist\u00f3rica precauci\u00f3n tomada por las autoridades de Brasil y que aparece en tratados suscritos por Brasil con Colombia (a\u00fan no vigente), con Angola y M\u00e9xico (tratados vigentes).<\/p>\n

En este interesante art\u00edculo de corte acad\u00e9mico publicado en el 2020, cuya lectura se recomienda (Nota 3<\/b>), se lee en las conclusiones del autor que:<\/p>\n

\u00abPor ello, los Estados deben aprovechar el momento actual y, siguiendo el modelo brasile\u00f1o, negociar nuevos convenios que establezcan cl\u00e1usulas menos conflictivas y mejor definidas, que incorporen obligaciones para los inversores y que abandonen el modelo de soluci\u00f3n de controversias inversor-Estado que tantos quebraderos de cabeza ha generado. De lo contrario, los Estados que sigan comprometi\u00e9ndose ante nuevos TBI que incluyan las antiguas cl\u00e1usulas, cuyas consecuencias negativas son ya conocidas, estar\u00e1n tomando la decisi\u00f3n, voluntaria y consciente, de limitar en gran medida su capacidad de cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos<\/i>\u00bb (p\u00e1gina 105).<\/p>\n

 <\/p>\n

El arbitraje de inversiones, el ambiente y los derechos humanos: un reciente informe pasado desapercibido<\/i><\/b><\/p>\n

En un reciente comunicado de prensa desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas del mes de octubre del 2023 (v\u00e9ase texto<\/a><\/b>), se ley\u00f3 que:<\/p>\n

\u00abForeign investors use the dispute settlement process to seek exorbitant compensation from States that strengthen environmental protection, with the fossil fuel and mining industries already winning over $100 billion in awards,\u201d the expert said. \u201cSuch cases create regulatory chill.<\/i>\u201d<\/p>\n

Al tratarse de un comunicado de prensa difundido desde la sede en Europa de Naciones Unidas que fue muy pocamente referenciado en medios de prensa internacionales, nos permitimos reproducir otra cita del mismo, no sin recomendar su lectura completa:<\/p>\n

\u00abAs ISDS arbitration tribunals routinely prioritise foreign investment and corporate interests above environmental and human rights considerations, ISDS claims have devastating consequences for a wide range of human rights, exacerbating the disproportionate harms suffered by vulnerable and marginalised populations,\u201d the expert said<\/i>\u00ab.<\/p>\n

El informe integral del Relator de Naciones Unidas sobre\u00a0la cuesti\u00f3n de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible\u00a0est\u00e1 disponible en este enlace<\/a><\/b>. En idioma espa\u00f1ol, su informe A\/78\/168 del 13 de julio del 2023 titulado \u00abPagar a los contaminadores: las catastr\u00f3ficas consecuencias de la soluci\u00f3n de controversias entre inversionistas y Estados para la acci\u00f3n clim\u00e1tica y ambiental y los derechos humanos<\/i>\u00bb se puede consultar en este enlace<\/a><\/b>. Sospechamos que algunos de nuestros estimables lectores tomar\u00e1n conocimiento de su contenido al leernos, dada la escasa publicidad y difusi\u00f3n dada a este importante informe en algunos medios de prensa internacionales.<\/p>\n

En el 2017, tuvimos la oportunidad de indicar, en una entrevista publicada en el sitio especializado de CIARGlobal que:<\/p>\n

\u00abCosta Rica, al igual que muchos Estados, ha suscrito de forma muy entusiasta una gran cantidad de tratados comerciales y TBI que contienen cl\u00e1usulas muy favorables al inversionista extranjero.<\/i><\/p>\n

Pr\u00e1cticamente\u00a0cualquier medida tomada por las autoridades que frene un proyecto en el que hay inversionistas extranjeros puede dar lugar a una demanda: lo vimos con la demanda interpuesta ante el CIADI en 2013 contra Costa Rica a ra\u00edz de una reglamentaci\u00f3n para ordenar la distribuci\u00f3n del gas en Costa Rica, y dos demandas posteriores relacionadas a proyectos inmobiliarios en dos playas frenados por irrespetar la legislaci\u00f3n ambiental vigente. Con una decisi\u00f3n de justicia en Colombia que prohibe la miner\u00eda en la zona de los p\u00e1ramos, Colombia ahora enfrenta demandas millonarias que van en el mismo sentido<\/i>\u00bb (Nota 4<\/b>).<\/p>\n

Desde la perspectiva de los derechos humanos y\u00a0las actividades de las empresas mineras de Canad\u00e1 en Am\u00e9rica Latina, empresas que podemos calificar de\u00a0\u00abclientes muy frecuentes<\/i>\u00bb del CIADI, un informe presentado en el 2014 a la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (v\u00e9ase\u00a0texto<\/b><\/a>) espera todav\u00eda que sus recomendaciones finales (p\u00e1ginas 30-31) encuentren alg\u00fan eco en Canad\u00e1.<\/p>\n

Siempre desde la perspectiva de los derechos humanos, y en esta caso, el derecho a la salud, no est\u00e1 de m\u00e1s referir al laudo arbitral de un tribunal del CIADI de julio del 2016 (v\u00e9ase texto<\/a><\/b>) en el que Uruguay fue objeto de una demanda presentada por una transnacional del tabaco en el 2010 por adoptar una legislaci\u00f3n en aras de proteger a los uruguayos del\u00a0 fumado del tabaco (regulaci\u00f3n adoptada en el 2008): dos \u00e1rbitros – de tres – decidieron despu\u00e9s de seis largos a\u00f1os de procedimiento desestimar finalmente dicha demanda (v\u00e9ase detalle<\/a><\/b> del procedimiento), en un laudo en el que el env\u00edo de una \u00abamicus curiae<\/i>\u00bb desde la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud (OMS) y desde la Organizaci\u00f3n Panamericana de la Salud (OPS) surti\u00f3 efecto (Nota 5<\/b>).<\/p>\n

 <\/p>\n

El regreso intempestivo de Ecuador al CIADI en el 2021<\/i><\/b><\/p>\n

Con\u00a0relaci\u00f3n\u00a0a Ecuador, como indicado anteriormente, denunci\u00f3 la Convenci\u00f3n de Washington en julio del 2009 despu\u00e9s de Bolivia (mayo del 2007). No obstante, las actuales autoridades ecuatorianas, electas en febrero del 2021, decidieron volver precipitadamente a firmar y a depositar el instrumento de ratificaci\u00f3n de la Convenci\u00f3n de 1965.<\/p>\n

La precipitaci\u00f3n es notoria: la toma de posesi\u00f3n de las nuevas autoridades se efectu\u00f3 el 26 de mayo del 2021 y fue seguida de la firma de la Convenci\u00f3n de 1965, el 21 de junio, y el dep\u00f3sito del instrumento de ratificaci\u00f3n fue realizado el 4 de agosto del 2021 (v\u00e9ase\u00a0estado oficial<\/b><\/a>\u00a0de\u00a0la\u00a0firma y ratificaci\u00f3n). N\u00f3tese que la Corte Constitucional decidi\u00f3, en un dictamen del 30 de junio del 2021 (v\u00e9ase\u00a0texto<\/b><\/a>), que la aprobaci\u00f3n legislativa no era necesaria en el caso de este convenio.<\/p>\n

Se trata\u00a0de\u00a0la ratificaci\u00f3n m\u00e1s expedita de esta Convenci\u00f3n por parte de nuevas autoridades electas\u00a0de un Estado jam\u00e1s registrada en la historia del CIADI.\u00a0Como es previsible, a finales de diciembre del 2021, se ley\u00f3 en Chile que una corporaci\u00f3n minera chilena inici\u00f3 los tr\u00e1mites ante el CIADI para demandar a Ecuador, utilizando para ello como base de competencia el tratado bilateral de inversiones (TBI) vigente entre Chile y Ecuador (v\u00e9ase\u00a0nota de prensa<\/b><\/a>\u00a0de\u00a0La Tercera<\/em>\u00a0del 24\/12\/2021). Esta demanda se registr\u00f3 oficialmente en el CIADI el 26 de enero del 2022 (v\u00e9ase\u00a0enlace oficial<\/b><\/a>\u00a0del CIADI).\u00a0Se trata posiblemente\u00a0de la\u00a0demanda m\u00e1s inmediata despu\u00e9s de la ratificaci\u00f3n por parte de un Estado de la Convenci\u00f3n de 1965 jam\u00e1s\u00a0registrada\u00a0y que explica, en gran parte, la extra\u00f1a premura antes se\u00f1alada de las actuales autoridades de Ecuador.<\/p>\n

Encontramos una interesante referencia a la decisi\u00f3n de Honduras y al referendum previsto este pr\u00f3ximo 21 de abril en Ecuador en este reciente art\u00edculo<\/a><\/b> publicado en La Jornada (M\u00e9xico) por parte de un especialista en la materia y titulado \u00abM\u00e9xico: \u00bfseguir a Honduras o a Ecuador?<\/i>\u00ab: se trata de una interrogante que, creemos, se puede plantear en otras latitudes del continente americano.<\/p>\n

A la fecha, de los 30 TBIs suscritos por Ecuador en el pasado (v\u00e9ase listado<\/a><\/b>oficial), ninguno de ellos est\u00e1 vigente.<\/p>\n

 <\/p>\n

El caso bastante peculiar de Colombia<\/i><\/b><\/p>\n

Colombia constituye un caso bastante ins\u00f3lito: se trata de un Estado que hoy es uno de los Estados del continente con la mayor cantidad de demandas en su contra pendientes de resoluci\u00f3n en el CIADI (14 en total).<\/p>\n

A diferencia de los dem\u00e1s Estados de Am\u00e9rica Latina, Colombia hab\u00eda logrado hasta el a\u00f1o 2016 resguardarse de demandas, manteniendo para ello una legislaci\u00f3n muy restrictiva con relaci\u00f3n a la posibilidad, para un inversionista extranjero, de recurrir al arbitraje internacional.<\/p>\n

Cabe mencionar que\u00a0una nota preparada por la Embajada de Estados Unidos en Bogot\u00e1 de mayo del 2011 destinada a las empresas norteamericanas interesadas en invertir en Colombia,\u00a0reconoc\u00eda la dificultad que presentaba para el inversionista extranjero la legislaci\u00f3n colombiana (al restringir la posibilidad de acudir a un arbitraje internacional), pero informaba que la suscripci\u00f3n de tratados de libre comercio (FTA en ingl\u00e9s) y tratados bilaterales de inversi\u00f3n (BIT) por parte de Colombia podr\u00eda cambiar paulatinamente la situaci\u00f3n.\u00a0En la nota antes referida se lee textualmente que: \u201cSince Colombia has become party to FTAs and multilateral and bilateral investment treaties, the number of international investment arbitration cases between investors and State entities will increase. These arbitration processes may help to change Colombian case law because FTAs, BITs and multilateral investment treaties empower arbitration tribunals to decide cases related to breach of treaty standards of investment protection<\/em>\u201d. En art\u00edculos especializados publicados en Estados Unidos, autores endosaron las cr\u00edticas hechas por algunos c\u00edrculos econ\u00f3micos ante la imposibilidad de demandar internacionalmente a Colombia (Nota 6<\/b>).<\/p>\n

A le fecha, de los m\u00e1s de 20 TBIs firmados (v\u00e9ase listado<\/a><\/b> oficial),\u00a0 Colombia tiene vigentes tan solo 8 de ellos.<\/p>\n

 <\/p>\n

Costa Rica y el CIADI<\/i><\/b><\/p>\n

El caso de Costa Rica tambi\u00e9n merece menci\u00f3n: en efecto Costa Rica fue objeto del primer laudo arbitral contra un Estado de Am\u00e9rica Latina (v\u00e9ase laudo<\/a><\/b> del CIADI en el caso de la Hacienda Santa Elena de febrero del 2000): este laudo conden\u00f3 a Costa Rica\u00a0 a pagar una indemnizaci\u00f3n de 16 millones de US$ a dos norteamericanos propietarios de un terreno obtenido en los a\u00f1os 70 por la m\u00f3dica suma de 395.000 d\u00f3lares.<\/p>\n

Actualmente, en Costa Rica persiste una gran incertidumbre: se trata de la solicitud de anulaci\u00f3n parcial del laudo arbitral del CIADI del 4 de junio del 2021- v\u00e9ase texto en espa\u00f1ol<\/a><\/b> y en ingl\u00e9s<\/a>\u00a0–<\/b>\u00a0presentada por la empresa minera canadiense Infinito Gold contra Costa Rica. Esta larga batalla legal fue llevada inicialmente a cabo con \u00e9xito por un peque\u00f1o grupo de valientes abogados y ecologistas costarricenses en el 2011 contra su propio Estado (y en particular contra las ocurrencias de sus m\u00e1ximas autoridades).\u00a0Remitimos a nuestros estimables lectores a la\u00a0sentencia completa<\/a>\u00a0del Tribunal Contencioso Administrativo del 24 de noviembre del 2010, en la que se lee (punto XL) que:<\/p>\n

\u201cEn relaci\u00f3n con este punto, es necesario indicar que en el presente caso ocurre algo excepcional y es que las distintas ilegalidades detectadas y las nulidades declaradas, son todas coincidentes en el sentido de que tend\u00edan a la aprobaci\u00f3n del proyecto minero Crucitas y varias de ellas se dictaron estando vigente un decreto ejecutivo de moratoria de la miner\u00eda met\u00e1lica de oro a cielo abierto, todo lo cual hace viable pensar como posible una eventual concurrencia u orquestaci\u00f3n de voluntades para llevar adelante, de cualquier manera, este proyecto minero<\/i>\u201c.<\/p>\n

Esta primera decisi\u00f3n fue luego ratificada en todos sus extremos por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica el 30 de noviembre del 2011,\u00a0al rechazarse la bater\u00eda de argumentos presentados por la empresa minera canadiense (v\u00e9ase\u00a0\u00a0texto completo<\/a>\u00a0de la sentencia 1469-2011 de la Sala Primera, cuya lectura resulta de gran inter\u00e9s).<\/p>\n

Es de notar que la inversi\u00f3n de la carga de la prueba en materia ambiental alegada por la recurrente en su apelaci\u00f3n y rechazada por la Sala Primera (p\u00e1rrafos XIX y XX de la sentencia de la Sala Primera) denota el profundo desconocimiento de este principio, algo b\u00e1sico, y su realidad jur\u00eddica en Costa Rica; un desconocimiento que, al parecer, adem\u00e1s de los abogados de la empresa minera canadiense en el 2011, se extend\u00eda hasta hace muy pocos a\u00f1os a algunos integrantes de la Sala Constitucional, cuando analizaron en el 2020 el alcance de las disposiciones del Acuerdo de Escaz\u00fa (Nota 7<\/b>).<\/p>\n

Posteriormente, el Estado costarricense fue demandado ante el CIADI por la empresa minera canadiense en el 2014. La lectura integral del laudo arbitral – en parte favorable a Costa Rica – de junio del 2021 resulta de gran inter\u00e9s (Nota 8<\/b>). Dicho laudo fue objeto de una solicitud parcial de anulaci\u00f3n por parte de la empresa Infinito Gold, etapa procesal a\u00fan pendiente de resoluci\u00f3n. Al darse a conocer este laudo arbitral en junio del 2021, varios nombres de juristas costarricenses apareciendo como testigos puestos por la empresa canadiense llamaron la atenci\u00f3n. En esta interesante nota <\/a><\/b>del Semanario Universidad, al tiempo que la palabra \u00abestupidez<\/i>\u00bb se destaca por su uso (pocamente observado en las columnas noticiosas del Semanario Universidad y de la prensa costarricense en general) en boca de un jurista, uno de los abogados ecologistas indica que:<\/p>\n

\u00abPara m\u00ed lo grave, dijo Gamboa, \u201ces que una magistrada que tiene un juramento de respetar las leyes y defender al pa\u00eds, una vez que sale de su cargo, salga a defender a una empresa extranjera para que nos condenen por $400 millones<\/i>\u201d.<\/p>\n

El largo procedimiento seguido ante el CIADI entre el 2014 hasta la fecha (marzo del 2024) se encuentra disponible en este enlace<\/a><\/b> oficial del CIADI: en \u00e9l se indica que la empresa deposit\u00f3 sus alegatos en febrero del 2024, sin mayor informaci\u00f3n que la \u00fanica fecha. La falta de informaci\u00f3n y de acceso a los alegatos de Costa Rica y de la empresa minera canadiense\u00a0 en nada debe sorprender a nuestros estimables lectores: ambos explican las fuertes cr\u00edticas recibidas por el CIADI por su falta de transparencia en diversas latitudes.<\/p>\n

Remitimos a nuestros lectores a nuestra \u00faltima\u00a0nota<\/a><\/b>\u00a0con respecto a esta verdadera saga legal (editada en enero del 2022), tambi\u00e9n publicada<\/a><\/b> en el portal de la Universidad de Costa Rica (UCR). En esta nota<\/a><\/b> de julio del 2022 del Semanario Universidad sobre algunas declaraciones hechas por el actual Presidente de Costa Rica, se indic\u00f3 por parte de otro de los abogados ecologistas que:<\/p>\n

\u00abQue el presidente venga con ese discurso, pareciera que m\u00e1s bien es el vocero de la empresa y no el presidente de Costa Rica\u201d.<\/i><\/p>\n

Como bien se sabe – pero se difunde muy poco en Costa Rica-, las autoridades de Costa Rica firmaron la Convenci\u00f3n de Washington de 1965 , el instrumento que crea el CIADI\u00a0 tan solo en 1981. Firmada en 1981, Costa Rica opt\u00f3 por ratificar esta convenci\u00f3n 12 a\u00f1os despu\u00e9s, en 1993, a ra\u00edz de fuertes presiones norteamericanas para que as\u00ed lo hiciera. En una tesis presentada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) en el a\u00f1o 2014 (v\u00e9ase texto completo<\/a><\/b>) se puede leer al respecto que:<\/p>\n

\u00abDicha ratificaci\u00f3n tard\u00eda coincidi\u00f3 con parte de la presi\u00f3n econ\u00f3mica ejercida por el Banco Mundial, influenciado por los Estados Unidos sobre el pa\u00eds. En 1990, se solicit\u00f3 el retiro de todas las preferencias comerciales que significaban un perjuicio econ\u00f3mico al pa\u00eds a gran escala, y de igual manera se realizaron intentos por privar un potencial financiamiento de alrededor de 175 millones de d\u00f3lares, debido a la invocaci\u00f3n de una disposici\u00f3n norteamericana denominada \u201cHelms Ammendment\u201d que establece que no podr\u00e1 otorgarse ayuda financiera a trav\u00e9s de instituciones norteamericanas, o instituciones internacionales que requieran de la aprobaci\u00f3n de dicho pa\u00eds para otorgar pr\u00e9stamos a aquellos pa\u00edses que perjudiquen los intereses de una persona f\u00edsica o jur\u00eddica norteamericana, de manera que se le haya expropiado propiedad \/…\/ Las formas de presi\u00f3n antes citadas coinciden con el largo tiempo que transcurri\u00f3 antes de que Costa Rica accediera a firmar el convenio de arras, sometiendo su primer caso Santa Elena en la sede del CIADI tal y como se ver\u00e1 en el pr\u00f3ximo apartado.\u00bb <\/i>(pp. 100-101).<\/p>\n

En el a\u00f1o 2013, tuvimos la ocasi\u00f3n de externar algunas reflexiones sobre la apertura entusiasta de Costa Rica a la globalizaci\u00f3n, y lanzar algunas preguntas. Nos permitimos reproducir nuevamente lo indicado en este art\u00edculo<\/a><\/b>\u00a0(publicado en el Semanario Universidad en mayo del 2013):<\/p>\n

\u00abEl pa\u00eds ha seguido apostando por una apertura comercial sin ning\u00fan tipo de salvaguardas para protegerse\u201d, afirma Boeglin. En su opini\u00f3n, la larga lista de casos en el CIADI (ver nota aparte) da cuenta de ello.<\/i><\/p>\n

\u201cEn los a\u00f1os 90-2000, Argentina apost\u00f3 por una apertura total de su econom\u00eda al comercio mundial, suscribi\u00f3 m\u00e1s de 50 Tratados Bilaterales de Inversiones (TIB) mientras el gobierno concesionaba empresas emblem\u00e1ticas y privatizaba activos estatales; diez a\u00f1os despu\u00e9s, Argentina est\u00e1 siendo demandada ante el CIADI por distintos concesionarios privados en m\u00e1s de 20 casos por una suma total de m\u00e1s de 20 mil millones de d\u00f3lares, llegando incluso a tener m\u00e1s de 45 casos pendientes\u201d, afirm\u00f3 el catedr\u00e1tico.<\/i><\/p>\n

\u201cLa pregunta que uno se puede hacer es: \u00bfQu\u00e9 podr\u00eda explicar una diferencia de actitud de los concesionarios privados hacia Costa Rica que no hayan tenido hacia Argentina? \u00bfQu\u00e9 est\u00e1 haciendo Comex para evitar que Costa Rica se vea inmersa en una situaci\u00f3n similar a la de Argentina? \u00bfQu\u00e9 tipo de salvaguardas est\u00e1n insertando los equipos negociadores de Comex en un tratado como el tratado de Asociaci\u00f3n con la Uni\u00f3n Europea actualmente en discusi\u00f3n en la Asamblea Legislativa para evitar que concesionarios europeos demanden a Costa Rica ante el CIADI ?<\/i>\u00a0\u00bb<\/p>\n

A la fecha, Costa Rica ha suscrito m\u00e1s de 20 TBIs, la mayor\u00eda estando vigentes (v\u00e9ase listado oficial<\/a><\/b>).<\/p>\n

 <\/p>\n

A modo de conclusi\u00f3n: Am\u00e9rica Latina ante el CIADI en n\u00fameros<\/i><\/b><\/p>\n

Al momento de redactar estas l\u00edneas (24 de marzo del 2024), en Am\u00e9rica Latina se registran con mayor cantidad de demandas pendientes de resolver ante el CIADI, M\u00e9xico (22 demandas pendientes de resolver), Per\u00fa (21 casos pendientes), Venezuela (17), Colombia (14 casos pendientes).<\/p>\n

Siguen luego Honduras (10), Argentina y Panam\u00e1 (7), Costa Rica (3) y Chile y Rep\u00fablica Dominicana (2), al tiempo que Ecuador, El Salvador y Nicaragua solamente registran una demanda y Bolivia, Paraguay y Uruguay ninguna demanda pendiente de resolver.<\/p>\n

Al nunca haber ratificado la Convenci\u00f3n de Washington de 1965, ninguna acci\u00f3n se registra ante el CIADI con relaci\u00f3n a dos Estados de Am\u00e9rica Latina que reciben flujos de inversi\u00f3n extranjera sin necesidad de someterse al arbitraje de inversi\u00f3n previsto por el CIADI: Brasil<\/b>, Cuba<\/b>.<\/p>\n

Cabe se\u00f1alar que a la fecha Rep\u00fablica Dominicana<\/b> no ha ratificado la Convenci\u00f3n de 1965: tratados de libre comercio que ha ratificado han permitido demandas en su contra ante el CIADI. Al igual que Paraguay<\/b>, demandado tres veces en el pasado por medio de dos TBIs vigentes con Estados europeos y un TBI vigente con Per\u00fa.<\/p>\n

Resulta adem\u00e1s oportuno indicar que M\u00e9xico<\/b>, Estado que hab\u00eda mantenido una distancia prudente con el CIADI, tan solo ratific\u00f3 este instrumento international en julio del 2018 (v\u00e9ase comunicado oficial<\/a><\/b> del CIADI), al tiempo que Canad\u00e1<\/b> lo hizo tan solo en diciembre del 2006 (v\u00e9ase comunicado<\/a><\/b>).<\/p>\n

Para quienes afirman de manera bastante convencida y certera que, en Am\u00e9rica Latina, retirarse del CIADI ahuyentar\u00e1 la inversi\u00f3n extranjera, adem\u00e1s de recordarles el caso de Brasil<\/b>, (primer receptor en Am\u00e9rica Latina de inversi\u00f3n extranjera), no est\u00e1 de m\u00e1s citarles tambi\u00e9n el caso de la India, <\/b>Estado cuyas autoridades tampoco han aceptado someterse al mecanismo de arbitraje de inversi\u00f3n previsto en el CIADI (v\u00e9ase art\u00edculo <\/a><\/b>al respecto). En el continente africano, el mayor receptor de inversi\u00f3n extranjera tampoco est\u00e1 sometido al arbitraje de inversi\u00f3n del CIADI:\u00a0Sud\u00e1frica.\u00a0<\/b><\/p>\n

Con lo cual, a diferencia de la certeza que (en apariencia) posee la afirmaci\u00f3n anteriormente se\u00f1alada, podemos sostener que existen pol\u00edticas de atracci\u00f3n de inversi\u00f3n extranjera exitosas que varios Estados receptores de grandes flujos de inversi\u00f3n extranjera han sabido elaborar, manteniendo una distancia prudente con el mecanismo establecido por el CIADI.<\/p>\n

 <\/p>\n

– – Notas – –<\/b><\/p>\n

Nota 1<\/b>:\u00a0Sobre los efectos negativos para la econom\u00eda de los Estados de Am\u00e9rica Latina del sistema instituido por el CIADI en 1965 y consolidado con la red de TBI adoptados de manera entusiasta – y en nuestra modesta opini\u00f3n algo ingenua – en los a\u00f1os 90-2000, remitimos al muy completo art\u00edculo de\u00a0ZABALO P.<\/strong>, \u201cAm\u00e9rica Latina ante las demandas inveror-Estado<\/i>\u201d, Revista de Econom\u00eda Mundial, N\u00fam. 31 (Mayo-Agosto, 2012), pp. 261-296. Texto disponible\u00a0aqu\u00ed<\/strong><\/a>.<\/p>\n

Nota 2<\/b>: Sobre las diversas estrategias de los Estados de la regi\u00f3n latinoamericana para limitar el alcance de ciertos tratados con cl\u00e1usulas sumamente favorables para el inversionista extranjero, v\u00e9ase el an\u00e1lisis detallado de la profesora Katia Fach Gomez:\u00a0FACH GOMEZ K<\/b>., \u201cProponiendo un dec\u00e1logo conciliador para Latinoam\u00e9rica y Ciadi<\/em>\u201d,\u00a0Revista Facultad de Derecho y Ciencias Pol\u00edticas<\/em>\u00a0(Medell\u00edn, Colombia), Vol. 40 (Dic. 2010), No. 113, pp. 439-454, art\u00edculo disponible\u00a0aqu\u00ed<\/b><\/a>. En a\u00f1os recientes,\u00a0Australia<\/b>\u00a0procedi\u00f3 a revisar una gran cantidad de sus tratados bilateral de inversi\u00f3n m\u00e1s conocidos como TBI o BIT por sus siglas en ingl\u00e9s: v\u00e9ase\u00a0la\u00a0referencia\u00a0<\/b><\/a>a art\u00edculo al respecto; as\u00ed como\u00a0Sud\u00e1frica\u00a0<\/b>(v\u00e9ase\u00a0el\u00a0art\u00edculo<\/b><\/a>),\u00a0o bien un Estado como\u00a0Indonesia<\/b>\u00a0(v\u00e9ase\u00a0el\u00a0art\u00edculo<\/b><\/a>). Estos y muchos otros ejemplos evidencian el profundo desencanto provocado en numerosos Estados por las derivas del arbitraje de inversi\u00f3n.\u00a0Sobre la revisi\u00f3n operada por Indonesia de m\u00e1s de 50 TBIs suscritos, v\u00e9ase en particular este estudio muy detallado de\u00a0HAMZAH, LAMPUNG University, \u00ab<\/b>Bilateral Investment Treaties (BITS) in Indonesia: a paradigm, shift, issued and challenges<\/em>\u00ab,\u00a0Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues<\/em>,\u00a0Volume 21, Issue 1, 2018. Texto completo disponible\u00a0aqu\u00ed<\/a><\/b>.<\/p>\n

Nota 3<\/b>: V\u00e9ase DE ERICE ARANDA L.S.<\/b>, \u00abTratados bilaterales de inversi\u00f3n y derechos humanos: tres posiciones desde Am\u00e9rica Latina<\/i>\u00ab, Anales de la Facultad de Derecho, Vol. 1, N\u00famero 37 (2020), Universidad de La Laguna, p\u00e1ginas 85-105. Texto disponible aqu\u00ed<\/a><\/b>.<\/p>\n

Nota 4<\/b>: V\u00e9ase al respecto nuestra entrevista publicada en\u00a0BOEGLIN N.<\/b>, \u00abUna demanda ante CIADI supone al Estado un gasto de 8 millones de US$<\/i>\u00ab, CIARGlobal, edici\u00f3n del 10 de octubre del 2017. Texto completo disponible aqu\u00ed<\/a><\/b>.<\/p>\n

Nota 5<\/b>: V\u00e9ase BOEGLIN N.<\/b>, \u00abCIADI: decisi\u00f3n a favor de Uruguay en demanda interpuesta por la Philip Morris<\/i>\u00ab, DerechoalDia, edici\u00f3n del 19 de julio del 2016. Texto disponible aqu\u00ed<\/a>.<\/b><\/p>\n

Nota 6<\/b>: Sobre las dificultades encontradas para las empresas norteamericanas en aquella \u00e9poca en Colombia, v\u00e9ase\u00a0STRONG S.I.<\/b>,\u00a0\u00abInternational arbitration and the Republic of Colombia: commercial, comparative and constitutional concerns from A U.S. perspective<\/em>\u00ab,\u00a0Vol. 22,\u00a0Duke Journal of Comparative and International Law<\/em>\u00a0(2011), pp. 47-107: texto integral disponible\u00a0aqu\u00ed.<\/b><\/a><\/p>\n

Nota 7<\/b>:\u00a0V\u00e9ase al respecto nuestra breve nota\u00a0BOEGLIN N.<\/b>, \u201cLa entrada en vigencia del Acuerdo de Escaz\u00fa: una celebraci\u00f3n en Am\u00e9rica Latina y un profundo sinsabor en Costa Rica<\/i>\u201d, publicada en\u00a0DerechoalDia<\/em>, edici\u00f3n del 4 de mayo del 2021, disponible\u00a0\u00a0aqu\u00ed<\/b><\/a>. Un interesante foro realizado por el Posgrado en Derecho de la UCR y la Asociaci\u00f3n Americana de Juristas (AAJ) el 4 de junio del 2021 sobre el tipo de razonamiento escuchado por parte de la Sala Constitucional de Costa Rica\u00a0en\u00a0relaci\u00f3n\u00a0con el\u00a0Acuerdo de Escaz\u00fa, est\u00e1 disponible en este\u00a0enlace<\/b><\/a>\u00a0(video y audio). Ante la falta de voluntad pol\u00edtica para aprobar el Acuerdo de Escaz\u00fa en Costa Rica, fue la misma Universidad de Costa Rica (UCR) la que elabor\u00f3 dos cortos videos, que, en lo personal se recomiendan:\u00a0El Acuerdo de Escaz\u00fa y los defensores del ambiente<\/em>, disponible en YouTube\u00a0aqu\u00ed<\/b><\/a>\u00a0y otro video titulado\u00a0Uccaep\u00a0y el Acuerdo de Escaz\u00fa<\/em>, disponible\u00a0aqu\u00ed<\/b><\/a>.<\/p>\n

Nota 8<\/b>: Remitimos a nuestros estimables lectores a nuestro breve an\u00e1lisis al respecto:\u00a0BOEGLIN N.<\/b>, \u00abInfinito Gold\u00a0vs.Costa Rica: el reciente laudo arbitral del\u00a0Ciadi\u00a0sobre el proyecto minero ubicado en Las Crucitas<\/i>\u00ab, secci\u00f3n\u00a0Voz Experta<\/em>, portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edici\u00f3n del 15\/06\/2021, disponible\u00a0aqu\u00ed<\/b><\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

En d\u00edas recientes, el Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Estado e Inversionista Extranjero (CIADI, tambi\u00e9n conocido por sus siglas en ingl\u00e9s de ICSID o CIRDI en franc\u00e9s), inform\u00f3 que desde el 24 de febrero, Honduras ha procedido a…<\/p>\n","protected":false},"author":1329,"featured_media":1834306,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69,161,74],"tags":[91719],"class_list":["post-1834305","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-america-central","category-opiniones","category-politica-es","tag-ciadi-es"],"yoast_head":"\nCIADI: a prop\u00f3sito de la reciente denuncia por parte de Honduras de la Convenci\u00f3n de Washington de 1965<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"En d\u00edas recientes, el Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Estado e Inversionista Extranjero (CIADI, 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