Comunicado del CELS – Centro de Estudios Legales y Sociales – Argentina.<\/p>\n
Hoy a la madrugada la Infanter\u00eda de la Polic\u00eda de la provincia de Buenos Aires desaloj\u00f3 con violencia un predio en la localidad de Abasto, La Plata, por orden del juez Pablo Raele del Juzgado de Garant\u00edas N\u00ba 3, confirmada por la Sala 4 de la C\u00e1mara Penal platense.<\/p>\n
Estas tierras estaban ocupadas por un gran n\u00famero de familias, en conflicto con los propietarios del predio. Hasta ayer hab\u00eda canales de di\u00e1logo y negociaci\u00f3n pol\u00edtica facilitados por una medida cautelar del juez Contencioso Administrativo Luis Arias y por la intervenci\u00f3n del vicegobernador de la provincia, Gabriel Mariotto. Esta v\u00eda desemboc\u00f3 en la presentaci\u00f3n, hace dos d\u00edas, de un proyecto de ley provincial para dar una soluci\u00f3n habitacional a las familias involucradas.<\/p>\n
Sin embargo, el juez y la fiscal insistieron con la ejecuci\u00f3n del desalojo y hoy entre las 3 y las 3 y media de la ma\u00f1ana y sin previo aviso, el Cuerpo de Infanter\u00eda ingres\u00f3 con violencia al predio. Los testimonios indican que esta fuerza dispar\u00f3 de manera indiscriminada balas de goma y golpe\u00f3 a las personas que estaban en el terreno. Trece personas fueron detenidas, muchas de ellas lesionadas por los golpes. Este operativo se realiz\u00f3 durante la noche, sin ambulancias y sin la presencia de otras agencias estatales que pudieran asistir a las familias.<\/p>\n
El Comit\u00e9 de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en la Observaci\u00f3n General N\u00b0 7 establece que los desalojos son incompatibles con el Pacto de Derechos Econ\u00f3micos Sociales y Culturales. Si, como \u00faltimo recurso, hubiera que realizarlos deben respetar garant\u00edas procesales m\u00ednimas: consultar a las personas afectadas; un plazo suficiente y razonable de notificaci\u00f3n con antelaci\u00f3n a la fecha prevista para el desalojo; presencia de funcionarios del gobierno o sus representantes en el desalojo; ofrecer asistencia jur\u00eddica, entre otras. En relaci\u00f3n a la actuaci\u00f3n de los funcionarios policiales a cargo del desalojo, el Comit\u00e9 ha dicho que estos deben estar correctamente identificados y que los procedimientos no pueden llevarse a cabo cuando \u00abhaga muy mal tiempo o de noche, salvo que las personas afectadas den su consentimiento\u00bb. Esta Observaci\u00f3n General forma parte del ordenamiento jur\u00eddico argentino y por lo tanto el Estado provincial, a trav\u00e9s de sus tres poderes, debe adoptar medidas espec\u00edficas que aseguren el cumplimiento de estas condiciones m\u00ednimas tanto en las decisiones judiciales como en los c\u00f3digos de procedimiento penal y civil y en la actuaci\u00f3n policial.<\/p>\n
La ocupaci\u00f3n de las tierras y el posterior desalojo son una expresi\u00f3n m\u00e1s de una de las principales problem\u00e1ticas de la Argentina: el acceso a la tierra, tanto urbana como rural. En este caso, se ponen en evidencia las tensiones y contradicciones que se producen en las periferias urbanas de la gran mayor\u00eda de las ciudades. Nuestro pa\u00eds atraviesa un crecimiento urbano acelerado y el constante aumento de los precios del suelo, motorizado por un fuerte dinamismo del mercado inmobiliario. En este contexto, terrenos perif\u00e9ricos, abandonados desde hace a\u00f1os por sus propietarios, comienzan a valorizarse y, por lo tanto, a ser objeto de conflicto, con implicancias negativas directas sobre el acceso a la tierra de los sectores populares. <\/p>\n
Las pr\u00e1cticas policiales violentas como las que hoy tuvieron lugar son un obst\u00e1culo para la vigencia de otras pol\u00edticas p\u00fablicas inclusivas. En este caso, el desalojo de Abasto, sin tener en cuenta un proceso de negociaci\u00f3n ya abierto, es a\u00fan m\u00e1s grave si consideramos que la provincia cuenta, desde noviembre de 2012, con la Ley de Acceso Justo al H\u00e1bitat, que incluye un cap\u00edtulo espec\u00edfico destinado a facilitar los procesos de regularizaci\u00f3n dominial. Los poderes del Estado provincial deben retomar el canal pol\u00edtico de di\u00e1logo para resolver la situaci\u00f3n habitacional de las familias afectadas y apoyar la sanci\u00f3n de la ley que pueda aportar una soluci\u00f3n de fondo al conflicto, en el marco del respeto de los est\u00e1ndares vigentes de protecci\u00f3n de derechos humanos. Al mismo tiempo el Poder Ejecutivo y el Judicial de la provincia deben garantizar que se investigue la actuaci\u00f3n policial violenta y que los ocupantes del predio no sean criminalizados.<\/p>\n
Fuente: Comunicado del CELS – Centro de Estudios Legales y Sociales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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