El d\u00eda de ayer (12 de marzo de 2024), la Comisi\u00f3n de Constituci\u00f3n y Reglamento del Congreso de la Rep\u00fablica decidi\u00f3 aprobar el proyecto de ley N\u00b0 6951\/2023-CR, que busca declarar la prescripci\u00f3n de los procesos relativos a delitos de lesa humanidad correspondientes a hechos anteriores a la vigencia del Estatuto de Roma y de la Convenci\u00f3n sobre la Imprescriptibilidad de los Cr\u00edmenes de Guerra y de los Cr\u00edmenes de Lesa Humanidad; disponiendo a su vez que \u201cnadie ser\u00e1 procesado, condenado, ni sancionado por delito de lesa humanidad o cr\u00edmenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 01 de julio 2002, bajo sanci\u00f3n de nulidad y responsabilidad funcional. Ning\u00fan hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o cr\u00edmenes de guerra.\u201d<\/p>\n
En principio, es pertinente aclarar que todas las investigaciones, procesos y sentencias de los casos que son parte del periodo de violencia 1980-2000, fueron tipificados de acuerdo al derecho penal interno peruano y no en estricto como delitos de lesa humanidad; sin perjuicio de ello, las violaciones de derechos humanos cometidas en dicho periodo han sido consideradas dentro de un contexto de lesa humanidad. Tanto las violaciones contra los derechos humanos como los delitos de lesa humanidad no prescriben.<\/p>\n
Sin embargo, este proyecto de ley colisiona con la obligaci\u00f3n estatal de investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidos en el Per\u00fa, al pretender beneficiar a los responsables de tales actos. Estas obligaciones no s\u00f3lo encuentran asidero claramente constitucional, sino tambi\u00e9n en el derecho internacional, que reconoce la existencia de un n\u00facleo de derechos inderogables. El Estado peruano no puede emitir normas que est\u00e9n en oposici\u00f3n a las obligaciones internacionales derivadas de los tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos debidamente ratificados.<\/p>\n
El Per\u00fa, al ratificar la Convenci\u00f3n sobre Imprescriptibilidad de Cr\u00edmenes de Guerra y de Lesa Humanidad, ha reconocido internacionalmente que los cr\u00edmenes regulados en la misma, independientemente de la fecha en que se hayan cometido, no prescriben en modo alguno porque precisamente es la finalidad y objetivo de dicha Convenci\u00f3n, y cualquier reserva que atente contra ello no puede ser aplicable.<\/p>\n
Asimismo, es importante resaltar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido varias sentencias en donde se reafirma esta obligaci\u00f3n. En la Sentencia del Caso Barrios Altos Vs. Per\u00fa, la Corte Interamericana se\u00f1al\u00f3 que \u201cson inadmisibles las disposiciones de amnist\u00eda, las disposiciones de prescripci\u00f3n y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos\u201d. El Estado no puede argumentar normas de derecho interno para eximirse de la obligaci\u00f3n de investigar y sancionar a los responsables.<\/p>\n
Los Estados tienen la obligaci\u00f3n de adoptar las medidas necesarias para no dejar en la impunidad los delitos de lesa humanidad. Por ello, se deben remover todos los obst\u00e1culos, de facto y de jure, que permitan la impunidad. La aprobaci\u00f3n del citado proyecto de ley no s\u00f3lo conllevar\u00eda el impedimento de nuevas investigaciones por hechos no sancionados, sino obstaculizar\u00eda procesos ya en curso, tanto de la d\u00e9cada de 1980: Huanta, Manta y Vilca, El Front\u00f3n, Chuschi, sino tambi\u00e9n de la d\u00e9cada de 1990: Caraque\u00f1o-Pativilca, La Cantuta, Ventocilla, Esterilizaciones Forzadas entre otros, en los que se investiga al destacamento Colina, al propio Alberto Fujimori e incluso al congresista Alejandro Aguinaga (quien firma el proyecto con claros intereses personal\u00edsimos). De igual manera, este proyecto de ley busca anular las sentencias condenatorias impuestas a aquellos que ya han sido encontrados culpables de estos hechos.<\/p>\n
Finalmente, es necesario recordar que, durante el gobierno de Alan Garc\u00eda P\u00e9rez, el 31 de agosto de 2010 se hab\u00eda aprobado el Decreto Legislativo N\u00b0 1097, buscando tambi\u00e9n exonerar a responsables de graves violaciones de derechos humanos de hechos cometidos antes del 2003. Sin embargo, esta pretensi\u00f3n fue declarada inconstitucional.<\/p>\n
En raz\u00f3n a ello, expresamos nuestro total rechazo al referido proyecto de ley. El proyecto no solo transgrede las obligaciones internacionales que el Per\u00fa est\u00e1 obligado a cumplir, sino perpet\u00faa la impunidad de los responsables por graves violaciones de derechos humanos. Hacemos un llamado a la comunidad internacional, principalmente a los Estados de la OEA, a condenar este grave retroceso para la justicia y la reparaci\u00f3n digna para las v\u00edctimas y sus familias.<\/p>\n
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