La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo espa\u00f1ol ha condenado a Espa\u00f1a por la devoluci\u00f3n de ocho menores migrantes no acompa\u00f1ados en agosto de 2021. Este hecho sucedi\u00f3 tras la crisis migratoria de mayo del mismo a\u00f1o, en la que aproximadamente 12.000 personas, incluyendo m\u00e1s de 1.500 menores, llegaron a nado a Ceuta. En la exposici\u00f3n de motivos los magistrados del alto tribunal espa\u00f1ol argumentan que \u201cesta situaci\u00f3n se prolong\u00f3 durante tres meses, en que no consta que las autoridades espa\u00f1olas, estatales o auton\u00f3micas, incoaran expedientes individualizados tendentes a determinar las circunstancias y necesidades de cada uno de los menores.<\/p>\n
En el mes de agosto, sin que se hubiera resuelto a\u00fan la crisis diplom\u00e1tica, funcionarios espa\u00f1oles se reunieron con funcionarios marroqu\u00edes en la zona fronteriza entre ambos pa\u00edses, donde convinieron el retorno de los menores a Marruecos, acudiendo como fundamento normativo al Acuerdo entre el Reino de Espa\u00f1a y el Reino de Marruecos sobre la cooperaci\u00f3n en materia de prevenci\u00f3n de la emigraci\u00f3n ilegal de menores no acompa\u00f1ados, su protecci\u00f3n y su vuelta concertada, de 6 de marzo de 2007. Este acuerdo internacional hab\u00eda sido publicado en el Bolet\u00edn Oficial del Estado en Espa\u00f1a el 22 de marzo de 2013. As\u00ed\u0301, los menores, o al menos una parte de ellos, fueron enviados de retorno a Marruecos en grupos de varias decenas de personas cada uno durante el mes de agosto. No consta que por parte de las autoridades espa\u00f1olas se realizara ning\u00fan otro tramite o diligencia, m\u00e1s all\u00e1\u0301 de tomar nota de los nombres de los menores retornados. Tampoco consta que las autoridades marroqu\u00edes o las familias de los menores hayan formulado ninguna queja, ni hayan denunciado vulneraciones de normas internacionales.<\/p>\n
El Tribunal Supremo confirma la sentencia previa del Tribunal de Justicia de Andaluc\u00eda, determinando que la acci\u00f3n espa\u00f1ola constituy\u00f3 una expulsi\u00f3n colectiva. El tribunal recuerda que la expulsi\u00f3n colectiva de migrantes e incluidos de los menores que viajan solos es considerada prohibida bajo la Convenci\u00f3n de Derechos Humanos y se ejecut\u00f3 sin seguir el procedimiento adecuado establecido en la ley de extranjer\u00eda.<\/p>\n
Los magistrados se\u00f1alan que no se llev\u00f3 a cabo un procedimiento administrativo individualizado para cada menor afectado, lo cual result\u00f3 en la vulneraci\u00f3n de sus derechos a la integridad f\u00edsica y moral, exponi\u00e9ndolos a un grave riesgo de sufrimiento f\u00edsico o ps\u00edquico.<\/p>\n
La sentencia enfatiza que el acuerdo de 2007 entre Espa\u00f1a y Marruecos no es aplicable en este caso, ya que no especifica procedimientos para la devoluci\u00f3n de menores. Tal procedimiento es esencial, especialmente cuando est\u00e1n en juego los derechos fundamentales de las personas. Adem\u00e1s, descarta la relevancia de que Marruecos no haya objetado la entrega de los menores, argumentando que esto no implica que Espa\u00f1a haya actuado en plena conformidad con su propia legalidad.<\/p>\n
El Abogado del Estado y el Letrado de la Ciudad Aut\u00f3noma de Ceuta en representaci\u00f3n de la entonces delegada del Gobierno en Ceuta Salvadora Mateos y de la consejera de Presidencia encargada del \u00e1rea de menores del ejecutivo auton\u00f3mico ceut\u00ed, Mar\u00eda Isabel Deu, en sus escritos de interposici\u00f3n de los recursos de casaci\u00f3n, hacen hincapi\u00e9\u0301 en el car\u00e1cter excepcionalmente grave de la avalancha humana que tuvo lugar en dicha ciudad los d\u00edas 17 y 18 de mayo de 2021, as\u00ed\u0301 como en la extraordinaria dificultad que su gesti\u00f3n supuso para las autoridades espa\u00f1olas: para el Estado, en cuanto competente en materia de relaciones internacionales, control fronterizo y salvaguardia del orden p\u00fablico; para la Ciudad Aut\u00f3noma de Ceuta, entre otras cosas, en cuanto responsable de la guarda de los menores. Siempre en este orden de consideraciones, insisten en que todo este episodio se desarroll\u00f3, de inicio a fin, durante una crisis diplom\u00e1tica, con llamada a consultas de la Embajadora de Marruecos en Espan\u0303a y, por ello, con la comunicaci\u00f3n a alto nivel entre ambos pa\u00edses interrumpida. Se\u00f1alan as\u00ed\u0301 que la conversaci\u00f3n de agosto, en que se convino el retorno de los menores con base en el Acuerdo de 6 de marzo de 2007, no estuvo a cargo de los servicios diplom\u00e1ticos, sino de funcionarios del Ministerio del Interior y de la Ciudad Aut\u00f3noma de Ceuta.<\/p>\n
Por su parte la fiscal\u00eda siempre sostuvo que por tratarse de un procedimiento especial de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, tanto por escrito como oralmente, que el acuerdo de 6 de marzo de 2007 es un acuerdo internacional administrativo que no regula ning\u00fan procedimiento para el retorno de los menores no acompa\u00f1ados; y, en conexi\u00f3n con ello, ha afirmado igualmente que no consta que las autoridades espa\u00f1olas realizaran, durante los tres meses que duro\u0301 la situaci\u00f3n, ning\u00fan tr\u00e1mite o diligencia m\u00e1s all\u00e1\u0301 de custodiar a los menores y enviarlos finalmente de retorno a Marruecos. Este modo de actuar determino\u0301, seg\u00fan la fiscal\u00eda, una puesta en peligro de la integridad f\u00edsica y moral de los menores, sin ajustarse al criterio orientador del \u201cinter\u00e9s superior del menor\u201d tal como ordena la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o, de la que tanto Espan\u0303a como Marruecos son signatarios.<\/p>\n
Fuentes jur\u00eddicas consultadas por este medio afirma que la sentencia no se pronuncia sobre hechos futuros y aclara aspectos controvertidos como si con el Acuerdo de 2007 firmado con Marruecos bastaba para poder devolver ni\u00f1os migrantes al pa\u00eds vecino, y s\u00ed adem\u00e1s de aplicar dicho tratado hab\u00eda que aplicar la ley de extranjer\u00eda. En cualquier modo lo que confirma es que si quiere devolver a un ni\u00f1o migrante que viaja solo a Marruecos, el retorno, para ser legal, debe cumplir con las garant\u00edas del articulo 35 de la Ley de Extranjer\u00eda y del articulo 191 del Reglamento de la Ley Org\u00e1nica 4\/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa\u00f1a y su integraci\u00f3n social, que recoge el procedimiento para poder repatriar menores extranjeros.<\/p>\n
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