{"id":1788820,"date":"2023-12-19T13:27:18","date_gmt":"2023-12-19T13:27:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pressenza.com\/?p=1788820"},"modified":"2023-12-19T13:27:18","modified_gmt":"2023-12-19T13:27:18","slug":"argentina-regulacion-inconstitucional-para-impedir-la-protesta-social","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/2023\/12\/argentina-regulacion-inconstitucional-para-impedir-la-protesta-social\/","title":{"rendered":"Argentina: Regulaci\u00f3n inconstitucional para impedir la protesta social"},"content":{"rendered":"

por Miguel Julio Rodr\u00edguez Villafa\u00f1e<\/strong><\/p>\n

La Ministra de Seguridad de la Naci\u00f3n Patricia Bullrich, el 14\/12\/23, inconstitucionalmente, dict\u00f3 la Resoluci\u00f3n 943, decidida por su sola voluntad, por la que regula un Protocolo de Actuaci\u00f3n de las Fuerzas Federales y de Seguridad del Estado ante manifestaciones p\u00fablicas. En ella asumi\u00f3 facultades legislativas que no las tiene, ni el Poder Ejecutivo en ejercicio del dictado de decretos de necesidad y urgencia, en materia penal (art. 99, inc. 3 de la Const. Nac.). Se dispone graves sanciones de naturaleza penal que pueden ir desde la p\u00e9rdida de la personer\u00eda de las instituciones actuantes como sindicatos y organizaciones de la sociedad civil como la sanci\u00f3n de pretender cobrarles los costos vinculados con el operativo de seguridad. Adem\u00e1s, el protocolo viola los art\u00edculos 14 y 28 de la Const. Nac., porque el derecho a la libertad de expresi\u00f3n s\u00f3lo lo puede regular el Poder Legislativo.<\/p>\n

Tambi\u00e9n se amenaza con la quita de las ayudas sociales y con el control extorsivo de los organismos de defensa de menores, por el solo hecho de que sus padres hayan ido con beb\u00e9s o ni\u00f1os a una manifestaci\u00f3n pac\u00edfica. En este \u00faltimo aspecto,se da la violaci\u00f3n discriminatoria al derecho de la libertad de expresi\u00f3n, de padres que no tuvieran con qui\u00e9n dejar sus hijos para reclamar por sus derechos.<\/p>\n

Adem\u00e1s, el Protocolo determina, que \u201cdeber\u00e1n ser identificados los autores, c\u00f3mplices e instigadores, mediante filmaciones y otros medios digitales o manuales, con registro prioritario de los datos de sus l\u00edderes y organizaci\u00f3n con la cual se vinculan \u2026\u201d, (art. 6). Y agrega, \u201clos datos de los autores, c\u00f3mplices, instigadores y organizadores que hubieren podido ser registrados por las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales \u00ad\u2013ya se trate de organizaciones formales o informales, con o sin personer\u00eda jur\u00eddica, gremios o partidos pol\u00edticos\u2013 ser\u00e1n remitidos al Ministerio de Seguridad para su comunicaci\u00f3n a la autoridad de aplicaci\u00f3n correspondiente, a los efectos de la adopci\u00f3n de las medidas administrativas que corresponda\u201d, (art. 8). Estas disposiciones violan la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional que determina, que s\u00f3lo \u201cel Presidente de la Naci\u00f3n fijar\u00e1 los lineamientos estrat\u00e9gicos y objetivos generales de la pol\u00edtica de Inteligencia nacional\u201d (art. 12) y dispone que: \u201cNing\u00fan organismo de inteligencia podr\u00e1:\u2026 Obtener informaci\u00f3n, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opini\u00f3n pol\u00edtica, o de adhesi\u00f3n o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, as\u00ed como por la actividad l\u00edcita que desarrollen en cualquier esfera de acci\u00f3n\u201d, (art. 4, inc. 2).<\/p>\n

El protocolo realiza descripciones ambiguas y vagas, sostiene que se castigar\u00e1n, por ejemplo, a los instigadores. \u00bfCu\u00e1l es el alcance y la interpretaci\u00f3n? \u00bfA qui\u00e9nes hablen de la justicia de los reclamos sociales, se los podr\u00e1n considerar como instigadores de un supuesto delito, con consecuencias personales o institucionales?<\/p>\n

A su vez, el protocolo dispone que toda manifestaci\u00f3n puede ser tipificada por la polic\u00eda, como delito flagrante, reprimido por el art. 194 del C\u00f3digo Penal de la Naci\u00f3n Argentina y en funci\u00f3n de ello actuar. S\u00f3lo comunic\u00e1ndole luego al juez o al fiscal competente. O sea, la direcci\u00f3n y alcance del procedimiento lo fija la polic\u00eda, por sobre los fiscales y los jueces, que se encontrar\u00e1n ante hechos consumados. Adem\u00e1s, ahora no se proh\u00edbe el accionar con armas letales.<\/p>\n

Durante la presentaci\u00f3n del Protocolo, Bullrich sostuvo, que \u00ablas cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple\u00bb. Resulta que conforme a la norma que regula el Servicio Penitenciario Ley 20.416, esta fuerza no podr\u00e1 actuar como lo dispone el protocolo, ya que la ley establece, que solo \u201cEl Servicio Penitenciario Federal es una fuerza de seguridad de la Naci\u00f3n destinada a la custodia y guarda de los procesados, y a la ejecuci\u00f3n de las sanciones penales privativas de libertad\u201d, (art. 1).<\/p>\n

El derecho de petici\u00f3n a las autoridades propio del derecho a la libertad de expresi\u00f3n, implica el derecho de reuni\u00f3n, a la movilizaci\u00f3n y a la protesta social y como tal, no deben ser criminalizadas o censuradas como tales. En Argentina, son derechos b\u00e1sicos y que nacen, adem\u00e1s, de la soberan\u00eda del pueblo, (arts. 14, 32 y 33 Const. Nac.).<\/p>\n

A lo que hay que agregar, lo que contemplan varios tratados internacionales incorporados con jerarqu\u00eda constitucional (art. 75, inc.22 Const. Nac.), como la Declaraci\u00f3n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su art\u00edculo XXIV; el art. 21 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Pol\u00edticos y el art\u00edculo 15, de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jos\u00e9). Este \u00faltimo dispone, que: \u201cel derecho de reunirse y manifestar pac\u00edficamente, implica que las autoridades estatales deben abstenerse de impedir el ejercicio de este derecho, as\u00ed como tambi\u00e9n deben prever medidas para evitar que terceros lo impidan. Esto significa que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para que las manifestaciones puedan llevarse a cabo de manera eficaz y pac\u00edfica, incluyendo medidas como la desviaci\u00f3n del tr\u00e1fico y la protecci\u00f3n policial de las manifestaciones y concentraciones, cuando sea necesario\u201d.<\/p>\n

La Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que interpreta el Pacto antes referido, ha sostenido, que \u201cel estado debe abstenerse de aplicar figuras penales que tengan por objeto restringir el ejercicio del derecho de manifestaci\u00f3n pac\u00edfica\u201d.<\/p>\n

Las manifestaciones p\u00fablicas implican una desesperada necesidad de ganar visibilidad en la problem\u00e1tica que se expresa.<\/p>\n

La Comisi\u00f3n IDH ha enfatizado, que \u201cel ejercicio efectivo de la democracia requiere como presupuesto, el ejercicio pleno de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. As\u00ed, la criminalizaci\u00f3n de la leg\u00edtima movilizaci\u00f3n y protesta social, sea a trav\u00e9s de represi\u00f3n directa a los manifestantes, o a trav\u00e9s de la iniciaci\u00f3n de procesos judiciales, es incompatible con una sociedad democr\u00e1tica donde las personas tienen el derecho de manifestar su opini\u00f3n\u201d.<\/p>\n

En el fondo, la criminalizaci\u00f3n de la protesta busca generar miedo para disuadir las peticiones; debilitar de esa manera la resistencia y obligar a los y las reclamantes a dedicar gran parte de su tiempo y dinero, a defenderse judicialmente por las investigaciones o los procesos criminales que les abren.<\/p>\n

Lo antes dicho es inaceptable en el marco de la legalidad referida en el tema. Adem\u00e1s, la Comisi\u00f3n IDH ha entendido que\u201a \u201cla participaci\u00f3n de las sociedades a trav\u00e9s de la manifestaci\u00f3n p\u00fablica, como ejercicio de la libertad de expresi\u00f3n y de la libertad de reuni\u00f3n, reviste un `inter\u00e9s social imperativo\u00b4, lo que deja al Estado un marco a\u00fan m\u00e1s ce\u00f1ido para justificar una limitaci\u00f3n de este derecho\u201d.<\/p>\n

A su vez, en una sociedad democr\u00e1tica el espacio urbano es un espacio de participaci\u00f3n y no debe tom\u00e1rselo como que es s\u00f3lo un \u00e1mbito de circulaci\u00f3n.<\/p>\n

Entonces, con el marco legal referido, \u00bfC\u00f3mo queda la afirmaci\u00f3n de la Ministra que dijo que, \u201cla ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple\u201d cuando, evidentemente, el protocolo no cumple con la ley?<\/p>\n

 <\/p>\n

(*) Miguel Julio Rodr\u00edguez Villafa\u00f1e es Abogado constitucionalista cordob\u00e9s y Periodista columnista de opini\u00f3n<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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