{"id":1785549,"date":"2023-12-03T22:37:52","date_gmt":"2023-12-03T22:37:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pressenza.com\/?p=1785549"},"modified":"2023-12-03T22:37:52","modified_gmt":"2023-12-03T22:37:52","slug":"a-proposito-de-la-declaratoria-de-inconstitucionalidad-por-parte-de-la-corte-suprema-de-justicia-de-panama-de-una-ley-contrato-minero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/2023\/12\/a-proposito-de-la-declaratoria-de-inconstitucionalidad-por-parte-de-la-corte-suprema-de-justicia-de-panama-de-una-ley-contrato-minero\/","title":{"rendered":"A prop\u00f3sito de la declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia de Panam\u00e1 de una ley-contrato minero"},"content":{"rendered":"<p>El pasado 27 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia de Panam\u00e1 declar\u00f3 inconstitucional la ley adoptada por el Poder Legislativo de Panam\u00e1 que aprobaba un contrato otorgando a una empresa minera canadiense derechos de exploraci\u00f3n y de explotaci\u00f3n del cobre en el territorio paname\u00f1o (v\u00e9ase <b><a href=\"https:\/\/www.bbc.com\/mundo\/articles\/cg6pgpewkyno\">nota<\/a><\/b> de la BBC y <b><a href=\"https:\/\/elpais.com\/america\/2023-11-28\/la-corte-suprema-declara-inconstitucional-el-contrato-minero-que-provoco-masivas-protestas-en-panama.html\">nota<\/a><\/b> de ElPais, Espa\u00f1a).<\/p>\n<p>El caso remonta a una concesi\u00f3n minera previa otorgada en 1997, y ya declarada inconstitucional por la misma justicia paname\u00f1a en una sentencia del 21 de diciembre del 2017: v\u00e9ase el\u00a0<a href=\"https:\/\/cdn.corprensa.com\/la-prensa\/uploads\/2023\/11\/06\/Respuesta%20del%20Procurador%20al%20MICI.pdf\"><b>texto<\/b><\/a> de opini\u00f3n de la Procuradur\u00eda de la Administraci\u00f3n de Panam\u00e1 de mayo del 2021, y el\u00a0\u00a0<b><a href=\"https:\/\/www.gacetaoficial.gob.pa\/pdfTemp\/29685_D\/GacetaNo_29685d_20221219.pdf\">texto<\/a><\/b> del decreto del 19 de diciembre del 2022 adoptado por las autoridades ambientales paname\u00f1as.<\/p>\n<p>Desde el 2014, un informe sobre el impacto negativo de las empresas mineras canadienses en Am\u00e9rica Latina espera que las autoridades canadienses tomen acciones tendientes a regular desde Canad\u00e1 sus actividades, en particular desde la perspectiva de los derechos humanos y de la protecci\u00f3n del ambiente (<b>Nota 1<\/b>).<\/p>\n<p><b><i>La sentencia del 27 de noviembre del 2023 en (muy) breve<\/i><\/b><\/p>\n<p>En una larga sentencia (v\u00e9ase <a href=\"https:\/\/cdn.corprensa.com\/la-prensa\/uploads\/2023\/11\/28\/fallo_27nov2023_corte_suprema.pdf\"><b>texto completo<\/b><\/a>), es por unanimidad que los nueve integrantes de la Corte Suprema de Justicia declararon inconstitucional la ley aprobada en octubre del 2023.<\/p>\n<p>Se indica por parte de los magistrados que el Estado paname\u00f1o tiene que establecer prioridades, que al parecer sus autoridades ignoran, al se\u00f1alar de manera enf\u00e1tica (p. 111):<\/p>\n<p>\u00ab<i>Por lo que, en esa l\u00ednea de pensamiento, mal podr\u00eda el Estado sobreponer los intereses econ\u00f3micos frente a la protecci\u00f3n de derechos humanos. En ese tenor, si bien la Rep\u00fablica de Panam\u00e1, se ha constituido en parte del Tratado de Libre Comercio y del Tratado Bilateral de Inversi\u00f3n con el Estado Canadiense, al generarse la colisi\u00f3n de derechos econ\u00f3micos frente a derechos que se vinculan a la protecci\u00f3n del derecho a la salud y a la vida, el Estado necesariamente deber\u00e1 priorizar \u00e9stos \u00faltimos<\/i>\u00ab.<\/p>\n<p>En esta misma sentencia,\u00a0 adem\u00e1s de los dos instrumentos internacionales econ\u00f3micos referidos por los magistrados en la cita anterior, se incluyen tambi\u00e9n\u00a0 otros tratados internacionales a los que Panam\u00e1 es Estado Parte en materia ambiental, en particular uno de ellos: el Acuerdo de Escaz\u00fa, adoptado en Costa Rica en marzo del 2018 y que a la fecha cuenta con 15 Estados Partes, entre los cuales no figura Costa Rica (<b>Nota 2<\/b>).<\/p>\n<p>M\u00e1s precisamente se lee que (p. 180):<\/p>\n<p>\u00ab<i>Lo anterior, debe verse en concordancia con lo dispuesto por el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Informaci\u00f3n, la Participaci\u00f3n P\u00fablica y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en Am\u00e9rica Latina y el Caribe (Acuerdo de Escaz\u00fa), aprobado por la Rep\u00fablica de Panam\u00e1, mediante Ley No 125 de 4 de febrero de 2020, y que dispone en su art\u00edculo s\u00e9ptimo la garant\u00eda de propiciar la participaci\u00f3n ciudadana en asuntos ambientales de entidad, como lo es por ejemplo, el proyecto de mineria que en esta ocasi\u00f3n fue elevado a Contrato Ley. Por ser signatarios del referido acuerdo, y en acatamiento del art\u00edculo 4, concordante con el articulo 17, ambos de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, el Estado adquiri\u00f3 obligaciones internacionales, de \u00edndole social y ambiental, con la finalidad de asegurar a la ciudadan\u00eda, la efectividad del derecho al acceso de la informaci\u00f3n, sobre aquellos asuntos que puedan afectar el libre disfrute de su derecho a un medio ambiente sano, como derechos fundamentales, y dada su incidencia en la dignidad de las personas<\/i>\u00ab.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n indican los magistrados paname\u00f1os (pp. 181-182) que:<\/p>\n<p>\u00ab<i>Es decir que, al tiempo en que se dieron las discusiones legislativas, que concluyeron con la aprobaci\u00f3n del Contrato Ley No406 de 20 de octubre de 2023, exist\u00edan pautas normativas, dentro de la legislaci\u00f3n paname\u00f1a, que\u00a0<\/i><i>contemplaban mecanismos efectivos para poner en conocimiento de los habitantes de las comunidades aleda\u00f1as; y de la poblaci\u00f3n en general, toda la informaci\u00f3n relacionada con las consecuencias y efectos de la actividad minera que se realiz\u00f3, que se encontraban realizando, y que se iba a realizar, en virtud del Contrato Ley. No obstante, lo verificable es que la concesi\u00f3n minera fue aprobada sobre la base de un informe de impacto ambiental; el cual, adem\u00e1s de no ser reciente, y por ende, no contener informaci\u00f3n actualizada sobre la situaci\u00f3n ecol\u00f3gica vigente al momento de su celebraci\u00f3n, omite cumplir la normativa reglamentaria emitida por el Estado, con el objetivo de brindar efectividad al derecho de acceso a la informaci\u00f3n, en materia de asuntos ambientales, suscrito a trav\u00e9s del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Informaci\u00f3n, la Participaci\u00f3n P\u00fablica y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en Am\u00e9rica Latina y el Caribe (Acuerdo de Escaz\u00fa)<\/i>\u00ab.<\/p>\n<p>Como se puede observar la celeridad con la que se tramit\u00f3 la aprobaci\u00f3n de esta ley ignor\u00f3 por completo uno de los principios m\u00e1s b\u00e1sicos del derecho ambiental contempor\u00e1neo recogido en la misma legislaci\u00f3n ambiental paname\u00f1a: el principio de participaci\u00f3n ciudadana en materia ambiental.<\/p>\n<p><i><b>Empresas mineras y autoridades pol\u00edticas: una extra\u00f1a sensaci\u00f3n de \u00abd\u00e9j<\/b><\/i><i><b>\u00e0<\/b><\/i><b><i>\u00a0\u00a0vu\u00bb<\/i><\/b><\/p>\n<p>Con esta sentencia, se pone fin a m\u00e1s de un mes de protestas y de manifestaciones de diversos sectores de la sociedad paname\u00f1a, que salieron de sus casas a las calles a protestar por la forma tan peculiar con la que se tramit\u00f3 esta pol\u00e9mica ley: se trata de una aprobaci\u00f3n \u00ab<i>express<\/i>\u00bb acaecida el viernes 20 de octubre del 2023 y cuyos autores posiblemente pretend\u00edan que pasara casi desapercibida (v\u00e9ase <a href=\"https:\/\/semanariouniversidad.com\/mundo\/congreso-panameno-aprueba-contrato-con-mina-canadiense-en-medio-de-protestas\/\"><b>nota<\/b><\/a> del <i>Semanario Universidad<\/i> del mismo 20 de octubre, precisando que la votaci\u00f3n fue de 44 a favor, 5 en contra y 2 abstenciones).<\/p>\n<p>Al tr\u00e1mite exp\u00e9dito antes mencionado, hay que a\u00f1adir la profunda indignaci\u00f3n\u00a0 de la poblaci\u00f3n paname\u00f1a ante la actitud (no menos peculiar) de las m\u00e1ximas autoridades paname\u00f1as al defender contra viento y marea este proyecto minero: una extra\u00f1a sensaci\u00f3n de un\u00edsono empresa-autoridades que nos permitimos calificar de \u00ab<i>desvergonzada simbiosis<\/i>\u00bb con relaci\u00f3n a un cuestionado proyecto minero de una empresa minera canadiense en Costa Rica (<b>Nota 3<\/b>).<\/p>\n<p>En el texto de la antes mencionada sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Panam\u00e1, se evidencia la profunda molestia de sus magistrados con la manera con la cual se negoci\u00f3 este contrato minero, al leerse en particular que (p. 171):<\/p>\n<p>\u00ab<i>Constituye una afrenta a la separaci\u00f3n de poderes que, ante una declaratoria de inconstitucionalidad de esta M\u00e1xima Corporaci\u00f3n de Justicia, se haya negociado un contrato de concesi\u00f3n incurriendo en los mismos yerros; y llama la atenci\u00f3n el hecho que en el nuevo contrato convertido en Ley No 406 de 20 de octubre de 2023, incluso se mencione el contrato anterior, como si la Sentencia de Inconstitucionalidad no hubiese sido dictada<\/i>\u00ab.<\/p>\n<p>Y es que la tramitaci\u00f3n \u00ab<i>express<\/i>\u00bb de una ley observada en Panam\u00e1 recuerda otra tramitaci\u00f3n \u00ab<i>acelerada<\/i>\u00bb en los a\u00f1os 2007-2008 del proyecto minero ubicado en Las Crucitas, en la Zona Norte de Costa Rica: como se recordar\u00e1, este proyecto minero fue declarado\u00a0 \u00ab<i>de conveniencia nacional<\/i>\u00bb de manera inconsulta y sorpresiva por parte del Poder Ejecutivo costarricense un viernes 17 de octubre del 2008 y &#8230; fue declarado totalmente\u00a0 ilegal por parte de la justicia costarricense en noviembre del 2010. Remitimos a nuestros estimables lectores a la\u00a0<b><a href=\"https:\/\/es.wikisource.org\/wiki\/Sentencia_del_caso_por_la_mina_Crucitas\">sentencia completa<\/a><\/b> del Tribunal Contencioso Administrativo del 24 de noviembre del 2010, en la que se lee (punto XL) que:<\/p>\n<p>\u00ab<i>En relaci\u00f3n con este punto, es necesario indicar que en el presente caso ocurre algo excepcional y es que las distintas ilegalidades detectadas y las nulidades declaradas, son todas coincidentes en el sentido de que tend\u00edan a la aprobaci\u00f3n del proyecto minero Crucitas y varias de ellas se dictaron estando vigente un decreto ejecutivo de moratoria de la miner\u00eda met\u00e1lica de oro a cielo abierto, todo lo cual hace viable pensar como posible una eventual concurrencia u orquestaci\u00f3n de voluntades para llevar adelante, de cualquier manera, este proyecto minero<\/i>\u00ab.<\/p>\n<p>Esta primera decisi\u00f3n fue luego ratificada en todos sus extremos por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica el 30 de noviembre del 2011,\u00a0al rechazarse la bater\u00eda de argumentos presentados por la empresa minera canadiense (v\u00e9ase\u00a0\u00a0<a tabindex=\"0\" href=\"https:\/\/nexuspj.poder-judicial.go.cr\/document\/sen-1-0034-529626\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-tabindex=\"45\"><b>texto completo<\/b><\/a>\u00a0de la sentencia 1469-2011 de la Sala Primera, cuya lectura resulta de gran inter\u00e9s). Es de notar que la inversi\u00f3n de la carga de la prueba en materia ambiental alegada por la recurrente en su apelaci\u00f3n y rechazada por la Sala Primera (p\u00e1rrafos XIX y XX de la sentencia de la Sala Primera) denota el desconocimiento de este principio \u2013 algo b\u00e1sico \u2013 y su realidad jur\u00eddica en Costa Rica; un desconocimiento que se extendi\u00f3 a algunos integrantes de la Sala Constitucional, cuando estos analizaron en el 2020 el alcance de las disposiciones del Acuerdo de Escaz\u00fa, en particular una magistrada que integr\u00f3 la Sala Constitucional costarricense hasta el 2021.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><i>A modo de conclusi\u00f3n<\/i><\/b><\/p>\n<p>Con esta decisi\u00f3n de sus magistrados, Panam\u00e1 ofrece a Am\u00e9rica Latina y al mundo en general, una nueva y ejemplar lucha, emprendida por diversos sectores sociales, indignados por el trato tan peculiar otorgado por sus m\u00e1ximas autoridades pol\u00edticas a una empresa extranjera. Pese al car\u00e1cter pac\u00edfico de las protestas sociales, fueron cuatro las personas que perdieron la vida durante las diversas manifestaciones callejeras (v\u00e9ase <a href=\"https:\/\/www.laestrella.com.pa\/nacional\/231108\/cuatro-fallecidos-han-dejado-protestas\"><b>nota<\/b><\/a> de La Estrella del 8\/11\/2023).<\/p>\n<p>Esta decisi\u00f3n de la justicia paname\u00f1a tambi\u00e9n confirma la independencia del Poder Judicial paname\u00f1o, la cual en otras latitudes del continente suele verse seriamente puesta en tela de duda cuando se trata de megaproyectos de cierta envergadura que involucran a inversionistas extranjeros: en Costa Rica, al verdadero \u00ab<i>contubernio<\/i>\u00bb empresa-autoridades denunciado durante una audiencia en el 2009 en la Sala Constitucional con relaci\u00f3n al proyecto minero de Infinito Gold (v\u00e9ase el titular de este\u00a0<a href=\"https:\/\/historico.semanariouniversidad.com\/pais\/critican-contubernio-de-gobierno-y-empresa-para-defender-mina-en-crucitas\/\"><b>art\u00edculo<\/b><\/a> del Semanario Universidad del 18 de noviembre del 2009), se a\u00f1adieron otras extra\u00f1as actitudes de sus magistrados constitucionales, rese\u00f1adas en el documental \u00ab<i>El Oro de los Tontos<\/i>\u00bb (v\u00e9ase <a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=gKVS1wvvEU8\"><b>enlace<\/b><\/a>), y que nos permitimos mencionar en\u00a0noviembre del 2011 en un art\u00edculo titulado \u00ab<i>De cruces, cruzadas y Crucitas<\/i>\u00bb (v\u00e9ase\u00a0<a href=\"http:\/\/www.nacion.com\/opinion\/foros\/de-cruces-cruzadas-y-crucitas\/7H3HEPDSJRG6JGNXRXJXEDL2EE\/story\/\">texto<\/a>\u00a0publicado en<i> La Naci\u00f3n<\/i>).<\/p>\n<p>En el caso espec\u00edfico de Centroam\u00e9rica, la actitud de las autoridades pol\u00edticas paname\u00f1as recuerda lo observado en muchos esc\u00e1ndalos ambientales originados en contratos con empresas mineras canadienses.<\/p>\n<p>Como parte\u00a0 de la estrategia de la empresa canadiense (que recuerda la de otra empresa canadiense en el a\u00f1o 2010 en Costa Rica), esta anunci\u00f3, unos d\u00edas antes de darse a conocer la decisi\u00f3n de la justicia paname\u00f1a, su intenci\u00f3n de demandar a Panam\u00e1 ante el Centro Internacional de Arreglos de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado (m\u00e1s conocido como CIADI en espa\u00f1ol, ICSID en ingl\u00e9s): v\u00e9ase al respecto <a href=\"https:\/\/mici.gob.pa\/2023\/11\/26\/comunicado-9\/\"><b>texto <\/b><\/a>de comunicado oficial de las autoridades de comercio de Panam\u00e1 con fecha del 26 de noviembre.<\/p>\n<p>&#8211; Notas &#8211;<\/p>\n<p><b>Nota 1<\/b>: V\u00e9ase al respecto el informe titulado \u00bb\u00a0<i>El impacto de la miner\u00eda canadiense en Am\u00e9rica Latina y la responsabilidad de Canad\u00e1 &#8211; Informe presentado a la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos<\/i>\u00ab, Grupo de Trabajo sobre Miner\u00eda y Derechos Humanos en Am\u00e9rica Latina, 2014. Texto completo disponible <b><a href=\"https:\/\/dplf.org\/sites\/default\/files\/informe_canada_completo.pdf\">aqu\u00ed<\/a><\/b>.<\/p>\n<p><b>Nota 2<\/b>: El estado de firmas y ratificaciones del Acuerdo de Escaz\u00fa se encuentra disponible en este <b><a href=\"https:\/\/treaties.un.org\/Pages\/ViewDetails.aspx?src=IND&amp;mtdsg_no=XXVII-18&amp;chapter=27&amp;clang=_en\">enlace oficial<\/a><\/b> de Naciones Unidas. Con relaci\u00f3n a la persistente ausencia de Costa Rica, v\u00e9ase <b>BOEGLIN N.<\/b>, \u00ab<i>Costa Rica y el Acuerdo de Escaz\u00fa: historia de una persistente ausencia<\/i>\u00ab, Revista de Ciencias Ambientales, Universidad Nacional (UNA), Vol. 58 (2024). Texto disponible <a href=\"https:\/\/www.revistas.una.ac.cr\/index.php\/ambientales\/article\/view\/19423\"><b>aqu\u00ed<\/b><\/a>. Cabe recordar que desde 1998, el continente europeo cuenta con un instrumento regional muy similar al Acuerdo de Escaz\u00fa, la Convenci\u00f3n de Aarhus, adoptada en 1998 (v\u00e9ase <b><a href=\"https:\/\/treaties.un.org\/Pages\/ViewDetails.aspx?src=IND&amp;mtdsg_no=XXVII-13&amp;chapter=27\">estado oficial<\/a><\/b> de firmas y ratificaciones).<\/p>\n<p><b>Nota 3<\/b>: V\u00e9ase<b> BOEGLIN N.<\/b>, \u00ab<i>Infinito Gold contra Costa Rica: el reciente laudo arbitral del CIADI sobre el proyecto minero ubicado en Las Crucitas\u00bb<\/i>, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edici\u00f3n del 15\/06\/2021. Texto disponible <b><a href=\"https:\/\/www.ucr.ac.cr\/noticias\/2021\/6\/15\/voz-experta-infinito-gold-contra-costa-rica.html\">aqu\u00ed<\/a><\/b>. El nivel de ocurrencia al que se lleg\u00f3 en el Poder Ejecutivo costarricense del per\u00edodo 2006-2010 qued\u00f3 plasmado en el <a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=gKVS1wvvEU8\"><b>documental<\/b><\/a> \u00ab<i>El Oro de los Tontos\u00bb<\/i>, producido por un talentoso equipo de la Universidad de Costa Rica (UCR), as\u00ed como en este <a href=\"https:\/\/www.ambientico.una.ac.cr\/wp-content\/uploads\/tainacan-items\/31476\/32981\/185.pdf\"><b>n\u00famero<\/b><\/a> de la Revista Ambientico de Febrero del 2009 (Universidad Nacional), titulado \u00ab<i>\u00bfMiner\u00eda de oro a cielo abierto &#8230; en Crucitas?\u00bb<\/i>. No est\u00e1 de m\u00e1s remitir al informe realizado por una Comisi\u00f3n Interdisciplinaria del Consejo Universitario de la UCR (v\u00e9ase <b><a href=\"https:\/\/agrandado.files.wordpress.com\/2010\/06\/informefinaldecrucitas-11.pdf\">texto completo<\/a><\/b>) advirtiendo de las serias debilidades de los estudios \u00ab<i>t\u00e9cnicos<\/i>\u00bb presentados por la empresa Infinito Gold y aprobados con gran ligereza por las autoridades costarricenses. La firme posici\u00f3n de la UCR dio pie para un intento de descalificaci\u00f3n del contenido de este informe por parte de la empresa canadiense: v\u00e9ase <b><a href=\"https:\/\/www.cu.ucr.ac.cr\/pronunciamientos\/2009\/pronun57.pdf\">pronunciamiento<\/a><\/b> del Consejo Universitario del 10 de junio del 2009 refutando la campa\u00f1a de desprestigio en su contra llevada a cabo por la empresa canadiense. Finalmente, la ligereza con la que cinco de los siete jueces constitucionales examinaron el caso dio pie para una valiente denuncia de un funcionario del SENARA: v\u00e9ase <b><a href=\"https:\/\/historico.semanariouniversidad.com\/page\/1072\/?q=como-fazer-convites-gratis-GRAFICA-DOS-CONVITES-como-imprimir-convites-de-casamento&amp;n=22514&amp;p=Cultura&amp;jw\">art\u00edculo<\/a><\/b> del <i>Semanario Universidad<\/i>titulado \u00ab<i>Piden a Sala IV rectificar fallo sobre miner\u00eda en Crucitas<\/i>\u00bb del 12 de mayo del 2010. Sobre la cuestionable (y cuestionada) decisi\u00f3n del juez constitucional de abril del 2010, se recomienda la lectura del voto particular del magistrado Fernando Cruz y el voto salvado del magistrado Gilbert Armijo ubicados al final del <b><a href=\"https:\/\/nexuspj.poder-judicial.go.cr\/document\/sen-1-0007-478016\">voto 06922 &#8211; 2010<\/a><\/b> de la Sala Constitucional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El pasado 27 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia de Panam\u00e1 declar\u00f3 inconstitucional la ley adoptada por el Poder Legislativo de Panam\u00e1 que aprobaba un contrato otorgando a una empresa minera canadiense derechos de exploraci\u00f3n y de explotaci\u00f3n 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