Pese a que esta semana la ONU confirm\u00f3 violaciones a los derechos humanos en las protestas en Per\u00fa, entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, y recomend\u00f3 \u201cdetener las interminables crisis pol\u00edticas y sociales\u201d en el pa\u00eds, el Congreso de la Rep\u00fablica plante\u00f3 la remoci\u00f3n de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), lo que ha sido alertado como un \u201cgolpe de Estado parlamentario\u201d por la expresidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma.<\/p>\n
La expresidenta del TC, Marianella Ledesma declar\u00f3 a RPP noticias sobre el informe final de la Comisi\u00f3n de Justicia del Congreso de la Rep\u00fablica que recomienda la remoci\u00f3n de los siete magistrados integrantes de la JNJ.<\/p>\n
Es un \u201cejercicio abusivo del derecho\u201d debido a que, si bien la medida se enmarca en el art\u00edculo 157 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, esta requiere \u201ccausa grave\u201d para que se ejerza. No obstante, hasta el momento no se ha definido qu\u00e9 es \u201ccausa grave\u201d y se pretende calificar tres supuestos actos como causa grave \u201cque ni siquiera est\u00e1n tipificados en la ley\u201d.<\/p>\n
\u201cTiene que haber un reparto y equilibrio en el ejercicio de esas competencias que da la Constituci\u00f3n (\u2026) La alteraci\u00f3n en el reparto del ejercicio de esas competencias generan golpes de Estado desde el Congreso hacia otras entidades como la JNJ\u201d se\u00f1al\u00f3 Ledesma.<\/p>\n
Las faltas \u201cgraves\u201d que se\u00f1ala el Congreso son: (1) pronunciarse sobre el proceso de destituci\u00f3n de una ex fiscal, (2) permitir la permanencia de una magistrada en la JNJ que supera el l\u00edmite de 75 a\u00f1os y, (3) la no presentaci\u00f3n de un informe anual ante el Pleno.<\/p>\n
Cada uno de estos casos no se configuraba como \u201cfalta grave\u201d en el informe que inicialmente present\u00f3 la comisi\u00f3n el 18 de octubre, pero fue modificado sobre la noche para incorporar las faltas mencionadas.<\/p>\n
La pol\u00e9mica decisi\u00f3n del Congreso de la Rep\u00fablica ha sido rechazada por organizaciones de la sociedad civil organizada como la Coordinadora Nacional de Derechos humanos (CNDDHH), Pro\u00e9tica, entre otras. Y la Junta Nacional de Justicia, anunci\u00f3 que acudir\u00e1 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defenderse.<\/p>\n
A nivel internacional, \u00a0tambi\u00e9n manifestaron su rechazo a la decisi\u00f3n el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Fundaci\u00f3n para el Debido Proceso (DPLF) y la Relatora ONU para la independencia de jueces y fiscales, Margaret Satterthwaite, quien expres\u00f3 su preocupaci\u00f3n debido a que considera que la Junta Nacional de Justicia es un organismo clave para garantizar la independencia judicial.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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