En Chile hay un alto nivel de emprendedores sociales (fundaciones, corporaciones y otras ONGs) al igual que emprendedores de negocios (PYME\u2019s). Cada uno de estos sectores cuenta con aproximadamente 235.000 instituciones. Todos enfrentan grandes obst\u00e1culos y problemas, y pocos sobreviven a los dos primeros a\u00f1os de vida.<\/p>\n
Las y los emprendedores sociales comienzan con la ilusi\u00f3n de obtener financiamiento de quienes comparten sus sue\u00f1os y sus causas, pero se enfrentan con la cruda realidad que la mayor parte de los recursos que se movilizan en el tercer sector responden a intereses particulares y no a motivaci\u00f3n filantr\u00f3pica entendida como la tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del inter\u00e9s propio.<\/p>\n
Existe muy poca informaci\u00f3n disponible sobre las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) en general y mucho menos en particular. La ley 20.500, Sobre Asociaciones y Participaci\u00f3n Ciudadana en la Gesti\u00f3n P\u00fablica, establece los lineamientos generales del sector y el rol del Estado, pero no contempla mecanismos de fiscalizaci\u00f3n y los requerimientos de informaci\u00f3n p\u00fablica se limita a establecer la necesidad que publiquen anualmente sus balances en sus p\u00e1ginas web.<\/p>\n
El \u201ccaso convenios\u201d ha puesto en el ojo del hurac\u00e1n a las fundaciones y la discusi\u00f3n se ha dirigido a la dimensi\u00f3n pol\u00edtica del esc\u00e1ndalo y no se ha profundizado en que las causas estructurales de nuestra institucionalidad hicieron posible que estas situaciones ocurrieran.<\/p>\n
Hay mucho que hacer. El Presidente Boric ha creado la Comisi\u00f3n Ministerial para la Regulaci\u00f3n de la Relaci\u00f3n entre las Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro (IPSFL). El objetivo es \u00abestablecer un nuevo trato con las instituciones privadas sin fines de lucro\u00bb, en que primen los principios de transparencia, efectividad, eficiencia, rendici\u00f3n de cuentas de los convenios de colaboraci\u00f3n que surgen entre estas entidades y el Ejecutivo.<\/p>\n
Lo primero, es necesario crear una superintendencia para fiscalizar, supervigilar, controlar e impartir instrucciones a todas las organizaci\u00f3n sin fines de lucro que accedan a beneficios tributarios, reciban fondos p\u00fablicos o financiamiento de empresas que hayan recibido incentivos tributarios. Segundo, y m\u00e1s importante, que en su calidad de instituciones coadyuvantes del Estado que de manera directa o indirecta operan con fondos p\u00fablicos, les sea aplicable la Ley N\u00b020.285 de Transparencia que establece normas sobre el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica y promueve la transparencia en la gesti\u00f3n de los \u00f3rganos de la Administraci\u00f3n del Estado.<\/p>\n
Decenas de miles de organizaciones sin fines de lucro cumplen d\u00eda a d\u00eda un rol insustituible como apoyo al Estado y tambi\u00e9n en innovaci\u00f3n social, cultura, ciencias, deportes, democracia, ciudadan\u00eda, medio ambiente, derechos humanos, educaci\u00f3n, etc… Por ello debemos protegerlas con una buena institucionalidad, fuerte fiscalizaci\u00f3n y transparencia para as\u00ed tener un tercer sector robusto, eficiente, centrado en el bien com\u00fan y libre de corrupci\u00f3n.<\/p>\n
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