De la mano de algunos chilenos probos, el periodismo digno ha puesto en evidencia los millonarios traspasos de caudales p\u00fablicos a un conjunto de fundaciones y corporaciones privadas de algunos operadores pol\u00edticos que, a pretexto de realizar tareas de bien p\u00fablico, les permitan financiase y recaudar dinero para sus afanes electorales. De norte a sur del pa\u00eds se descubren millonarias operaciones en tal sentido que nada explican que no sean los propios organismos del Estado los que asuman tales tareas. O bien, ese valioso conjunto de organizaciones, sin fines de lucro, que tienen ganada la confianza p\u00fablica por su desempe\u00f1o en la atenci\u00f3n de la pobreza, la ni\u00f1ez desvalida o las demandas habitacionales de aquellos cientos de miles de chilenos que viven en la indigencia.<\/p>\n
En menos de un a\u00f1o han surgido entidades cuya principal motivaci\u00f3n para acceder a estos suculentos recursos es la relaci\u00f3n partidaria y filial con quienes en la administraci\u00f3n del Estado tienen licencia para asignar recursos fiscales desde las gobernaciones regionales y las secretar\u00edas ministeriales, como desde los centenares municipios del pa\u00eds y otras reparticiones p\u00fablicas.<\/p>\n
Reci\u00e9n empiezan a descubrirse operaciones dolosas que pudieran ser esclarecidas por las fiscal\u00edas y el Ministerio P\u00fablico, la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica y el Consejo de Defensa del Estado. Ejecuciones que resultan evidentemente tramposas ante la opini\u00f3n p\u00fablica, aunque a la postre todas estas irregularidades pudieran resultar blindadas por las propias leyes chilenas ineptas para hacer frente la corrupci\u00f3n pol\u00edtica.<\/p>\n
Sin remontarse demasiado al pasado, el pa\u00eds todav\u00eda recuerda aquellos graves actos de corrupci\u00f3n, como los del MOP Gate (en el gobierno de Ricardo Lagos), los del Caso Caval (durante Michelle Bachetet), y todo lo que signific\u00f3 el financiamiento ilegal de la pol\u00edtica que involucraron al banco Penta y a Soquimich, bajo la gesti\u00f3n de Sebasti\u00e1n Pi\u00f1era. Bulladas denuncias medi\u00e1ticas ante los tribunales que, pese al esc\u00e1ndalo alcanzado inicialmente, se fueron esfumando y permanecen en la m\u00e1s completa impunidad.<\/p>\n
Ello se explica en las propias leyes de probidad dictadas en los \u00faltimos a\u00f1os y en cada una de las cuales existen las trampas correspondientes para que la clase pol\u00edtica siga indemne y pueda seguir cometiendo desfalcos, cohechos y enriquecimiento il\u00edcito. Entre ellas, desde luego, la decisi\u00f3n de acotar los per\u00edodos parlamentarios a fin de impedir que la perpetuidad en \u00e9sta y otras funciones p\u00fablicas puedan favorecer la corrupci\u00f3n de sus titulares. Una norma totalmente in\u00fatil desde el momento que nada impide que un parlamentario pueda continuar en la otra c\u00e1mara legislativa despu\u00e9s de ocho a\u00f1os, acceder a un ministerio o, por \u00faltimo, rematar su \u201cservicio a la Patria\u201d en alguna legaci\u00f3n diplom\u00e1tica.<\/p>\n
En este momento las denuncias se amontonan y el malestar ciudadano es considerable. Desde la propia clase pol\u00edtica se suceden voces para reclamar el esclarecimiento de estas operaciones, restituirle al fisco lo sustra\u00eddo y condenar a sus culpables. Sin embargo, bien sabemos algunos que toda esta vor\u00e1gine tender\u00e1 a disiparse en el futuro pr\u00f3ximo. Ya sea porque una nueva pandemia, terremoto u otro evento imponga la calma y, as\u00ed como la administraci\u00f3n de Pi\u00f1era libr\u00f3 de ser derrocada por el Estallido Social, el actual gobierno pueda salvarse tambi\u00e9n como el de su antecesor.<\/p>\n
Lo que s\u00ed es seguro es el costo pol\u00edtico que afectar\u00e1 al gobierno de Boric, pero en ello tampoco tenemos normas que permitan la remoci\u00f3n de las autoridades cuando los niveles de adhesi\u00f3n aparecen tan disminuidos como ocurre actualmente. Cuando apenas un 25 por ciento de la poblaci\u00f3n sigue manteniendo alguna confianza en el actual Mandatario y los sondeos indican que apenas el dos por ciento de los ciudadanos conf\u00eda en los partidos pol\u00edticos, as\u00ed como un disminuido cuatro en el Parlamento.<\/p>\n
Digamos, de paso, que los sondeos aludidos cuentan con el reconocimiento transversal de los actores p\u00fablicos. Por lo dem\u00e1s, el descr\u00e9dito respecto de las autoridades ya se comprob\u00f3 en el \u00faltimo plebiscito constitucional, y mucho se teme que el actual proceso constituyente otra vez pueda ser repudiado por los electores en diciembre pr\u00f3ximo. Por cierto, no en raz\u00f3n del texto que se le proponga finalmente al pueblo, sino como una forma de expresar el repudio popular generalizado a quienes ofician y medran como sus representantes.<\/p>\n
Lo m\u00e1s bochornoso de todo es que las primeras denuncias de corrupci\u00f3n afectan a Revoluci\u00f3n Democr\u00e1tica, el principal partido oficialista, desde cuyas filas algunos de sus j\u00f3venes y arrogantes dirigentes aseguraron tener una escala de valores superior a la de quienes gobernaron en estos \u00faltimos treinta a\u00f1os. Jact\u00e1ndose ante el pa\u00eds de una \u201csuperioridad moral\u201d que ahora se estrella ferozmente con la realidad y ha provocado un desencanto general en quienes pensaron que la nueva generaci\u00f3n de gobernantes efectivamente vendr\u00eda a corregir las malas pr\u00e1cticas de sus antecesores.<\/p>\n
Cuando las investigaciones reci\u00e9n empiezan, desde la Moneda se consiente en pedirle la renuncia a una subsecretaria y remover algunos funcionarios menores, los que r\u00e1pidamente, adem\u00e1s, son expulsados del partido comprometido en los primeros actos de hurto y nepotismo. Hay en ello, sin duda, una intenci\u00f3n de demostrar la probidad de los ministros y altos funcionarios de gobierno, sobre todo cuando declaran que nada sab\u00edan de la existencia de estas operaciones, algo que, evidentemente, es muy dif\u00edcil de aceptar. Cuando ha quedado de manifiesto que estas denuncias alcanzaron los gabinetes de los secretarios de la Vivienda y Desarrollo Social, por lo menos quince d\u00edas antes de que estallaran por la prensa. Es posible que ante estos nuevos esc\u00e1ndalos tales autoridades prefieran ganarse el t\u00edtulo de \u201cboquiabiertos\u201d antes que el de \u00edmprobos. Por lo que siguen aferrados a sus cargos, a pesar del amplio repudio popular.<\/p>\n
Todo lo anterior ha alimentado la ira general, lo que nos lleva a asegurar que nuestra institucionalidad pasa por su peor per\u00edodo de fragilidad. Lo que, sumado a los problemas econ\u00f3micos, los conflictos sociales y los problemas de seguridad, adem\u00e1s del crecimiento de la derecha extrema y las molestias castrenses, nos pueden poner de nuevo frente al precipicio institucional. A 50 a\u00f1os de aquel 11 de septiembre de l973.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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