Amnist\u00eda Internacional (AI) present\u00f3 en conferencia de prensa un contundente informe sobre la crisis pol\u00edtica que vivi\u00f3 el Per\u00fa entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 y concluy\u00f3 que hubo ejecuciones extrajudiciales y uso ileg\u00edtimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad del pa\u00eds.<\/p>\n
El movimiento integrado por 10 millones de activistas de derechos humanos realiz\u00f3 una investigaci\u00f3n en Lima, y en el interior del pa\u00eds, en departamentos como Ayacucho, Puno (Juliaca), Apur\u00edmac (Andahuaylas y Chincheros) donde hubo mayor n\u00famero de protestas sociales y muertes. El informe presenta cinco conclusiones sobre la crisis que enlut\u00f3 a m\u00e1s de 60 familias peruanas.<\/p>\n
Primero, concluye que la Polic\u00eda Nacional del Per\u00fa (PNP) y el Ej\u00e9rcito Peruano (EP) utilizaron la fuerza letal (balas) y armas prohibidas para tareas de control del orden p\u00fablico (perdigones) de manera ileg\u00edtima; incluso en las circunstancias en que grupos m\u00e1s peque\u00f1os de manifestantes utilizaron piedras, explosivos o armas artesanales.<\/p>\n
Segundo, a pesar de que la primera v\u00edctima mortal se registr\u00f3 el 11 de diciembre y de que se produjeron varias muertes en los d\u00edas siguientes, las fuerzas policiales y militares no cambiaron la t\u00e1ctica ni la estrategia empleadas en respuesta a las protestas sociales en las semanas siguientes, pese a que la Defensor\u00eda del Pueblo y organismos internacionales de derechos humanos pidieron a las autoridades que pusieran fin al uso excesivo de la fuerza.<\/p>\n
Adem\u00e1s, el informe concluye que la actual legislaci\u00f3n nacional peruana facilita la impunidad en el seno de las fuerzas policiales de Per\u00fa con relaci\u00f3n en el uso excesivo de la fuerza, con recientes modificaciones legales y leyes publicadas que no cumplen las normas internacionales y que permiten que los polic\u00edas que pudieran ser responsables de graves violaciones de los derechos humanos evadan la justicia.<\/p>\n
Tercero, el uso de la fuerza letal se emple\u00f3 de manera exclusiva en las regiones situadas fuera de Lima, la capital del pa\u00eds, y las muertes registradas durante las protestas sugieren un marcado sesgo racista por parte de las autoridades peruanas, dirigi\u00e9ndose contra poblaciones hist\u00f3ricamente discriminadas.<\/p>\n
Cuarto, aunque la mayor\u00eda de las protestas en todo el pa\u00eds se llevaron a cabo de forma pac\u00edfica, las m\u00e1s altas autoridades del poder ejecutivo peruano, incluidos la presidenta de la Rep\u00fablica y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), estigmatizaron de forma intencionada a las personas manifestantes como violentas y radicales, y p\u00fablicamente no exigieron la rendici\u00f3n de cuentas a la polic\u00eda y al Ej\u00e9rcito.<\/p>\n
Quinto, el Ministerio P\u00fablico de Per\u00fa, en general, no ha llevado a cabo investigaciones penales de manera pronta, exhaustiva e imparcial; y una serie de medidas institucionales adoptadas por la Fiscal de la Naci\u00f3n entre diciembre y marzo han socavado a\u00fan m\u00e1s los procesos en curso.<\/p>\n
Amnist\u00eda Internacional concluye el informe instando a las autoridades peruanas a \u201ctomar de forma urgente medidas para terminar con la arraigada impunidad dentro de la Polic\u00eda Nacional y el Ej\u00e9rcito Peruano, pues permite un uso ileg\u00edtimo de la fuerza que responde a un sesgo racista contra las poblaciones ind\u00edgenas y campesinas\u201d.<\/p>\n
Foto: Amnist\u00eda Internacional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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