{"id":1736778,"date":"2023-05-03T02:17:58","date_gmt":"2023-05-03T01:17:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pressenza.com\/?p=1736778"},"modified":"2023-05-03T02:17:58","modified_gmt":"2023-05-03T01:17:58","slug":"el-cdh-frente-a-la-politica-antiterrorista","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/2023\/05\/el-cdh-frente-a-la-politica-antiterrorista\/","title":{"rendered":"El CDH frente a la pol\u00edtica antiterrorista"},"content":{"rendered":"<p><em>Sin pol\u00edtica social, la pol\u00edtica de seguridad es s\u00f3lo una declaratoria de guerra.<\/em><\/p>\n<p><em>El Comit\u00e9 Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH, frente a la resoluci\u00f3n del Consejo de Seguridad P\u00fablica y del Estado, del 27 de abril del 2023,<\/em><em>\u00a0sobre la declaratoria y recomendaciones al Presidente, referidas al enfrentamiento al terrorismo, expresa lo siguiente:<\/em><\/p>\n<p>La discusi\u00f3n sobre la definici\u00f3n, codificaci\u00f3n y uso coercitivo estatal para enfrentar al terrorismo tiene larga data. A nivel global cobra especial \u00e9nfasis a inicio de este siglo, con pr\u00e1cticas extremadamente adversas a las garant\u00edas a los derechos humanos, que agudizan y resultan inversamente proporcionales al efecto buscado.<\/p>\n<p>En el Ecuador el C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal incluye el delito de terrorismo y sabotaje como figura registrada desde el 2014, actualizado con las reformas recientemente aprobadas, que entrar\u00e1n en vigencia en pocos d\u00edas. El sistema de justicia de ese entonces us\u00f3 de forma discrecional esa figura legal para responder duramente el ejercicio leg\u00edtimo de la protesta por violaci\u00f3n de Derechos Humanos, ejercida por organizaciones sociales y activistas.<\/p>\n<p>El combate al terrorismo y la lucha contra el \u00abenemigo interno\u00bb es una pr\u00e1ctica gubernamental que termina en configurar el fen\u00f3meno de la criminalizaci\u00f3n de la protesta como pol\u00edtica gubernamental, que ha permitido la detenci\u00f3n sumar\u00eda y judicializaci\u00f3n de dirigentes sociales y activistas en el Ecuador, posteriormente amnistiados.<\/p>\n<p>Est\u00e1 en curso el debate reactivado sobre la pertinencia del uso de la calificaci\u00f3n de terroristas, anunciado por el Gobierno Nacional, para responder a las organizaciones criminales, a trav\u00e9s de la intervenci\u00f3n directa de las fuerzas armadas, por encima de decretos de excepci\u00f3n. En el Comit\u00e9 Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos expresamos varias consideraciones al respecto:<\/p>\n<p>&#8211; Las reformas recientes al COIP permiten la interpretaci\u00f3n extensiva de terrorismo a actos que pongan en peligro la seguridad de servicios b\u00e1sicos esenciales o ambiente, y, en el presente contexto y, como en el pasado, f\u00e1cilmente se usar\u00eda a conveniencia, manipulaci\u00f3n, e incluso intimidaci\u00f3n para quienes puedan ejercer defensa legal de todo acusado, sin que tengan ninguna relaci\u00f3n con grupos delictivos o \u00abterroristas\u00bb.<\/p>\n<p>&#8211; Existen bastantes evidencias que cuestionan el car\u00e1cter disuasivo de penas duras para detener la criminalidad. En Ecuador rige la pena de muerte de facto frente a la ausencia de garant\u00edas a la vida en el sistema carcelario. Adicionalmente, se debe considerar seriamente el acelerado debilitamiento del aparato judicial para garantizar el debido proceso, como piedra angular del juicio justo.<\/p>\n<p>&#8211; No hay duda de que, organizaciones criminales, en goce de privilegios dotados por la complicidad de las fuerzas de seguridad del Estados, controlan completamente las prisiones, incluso las llamadas de m\u00e1xima seguridad, y mantienen bajo secuestro a la poblaci\u00f3n carcelaria.<\/p>\n<p>&#8211; La verdadera pol\u00edtica de desmonte del crimen organizado debe iniciarse retomando el control de las prisiones e implementando un real proceso de rehabilitaci\u00f3n social que justifique la existencia de las c\u00e1rceles. Actualmente, desde el interior de c\u00e1rceles se organiza la criminalidad que afecta a comunidades y territorios.<\/p>\n<p>Frente a la criminalidad, el Gobierno Nacional ha evidenciado total incapacidad, manejo err\u00e1tico y ha usado recetas in\u00fatiles para responder a la creciente angustia que sentimos. Basta preguntar qu\u00e9 resultados reales tiene la recurrencia de decretos de Estados de Excepci\u00f3n, toques de queda, uso de armas y ahora la figura de \u00abcombate al terrorismo\u00bb, cuyo fracaso ha quedado en evidencia en pa\u00edses como Colombia, desangrado por pol\u00edticas similares aplicadas durante varias d\u00e9cadas.<\/p>\n<p>La respuesta requerida por organismos de Derechos Humanos, otros sectores de la sociedad civil y academia para detener la expansi\u00f3n de la criminalidad debe considerar que la miseria galopante que afecta a nuestra sociedad es el caldo de cultivo que nutre la delincuencia com\u00fan, la delincuencia organizada y las formas m\u00e1s crueles de violencia criminal contra los ciudadanos comunes, y es obligaci\u00f3n del gobierno proponer pol\u00edticas sostenidas de Seguridad Ciudadana Integral, por lo que\u00a0<strong>exigimos al gobierno, por en\u00e9sima vez, que se defina cu\u00e1l es la pol\u00edtica social que aplicar\u00e1 para prevenir y combatir la ra\u00edz de la criminalidad, sin las cuales las estrategias militaristas ser\u00e1n solo una declaratoria de guerra destinada a un nuevo fracaso<\/strong>.<\/p>\n<p>El CDH considera que no solamente es importante el fortalecimiento de las instituciones responsables directas del orden p\u00fablico y la seguridad, como la Polic\u00eda Nacional, Fiscal\u00eda, Funci\u00f3n Judicial y el sistema de rehabilitaci\u00f3n penitenciaria, a las que se suman ahora las Fuerzas Armadas, sino, sobre todo, tener en cuenta que la ra\u00edces de la inseguridad ciudadana y la violencia criminal, est\u00e1n en el deterioro acelerado de la situaci\u00f3n econ\u00f3mica, el crecimiento de la pobreza y la desigualdad social, la falta de oportunidades de empleo, que agudizan en conjunto la conflictividad social, que explota violentamente a trav\u00e9s del crimen.<\/p>\n<p>Pretender que la violencia criminal se la combate exclusivamente con mayor n\u00famero de armas, municiones, polic\u00edas y militares en las calles, es no entender las causas complejas y multifactoriales de esta situaci\u00f3n, por lo que el CDH reitera un llamado urgente al gobierno nacional a desarrollar de manera simult\u00e1nea tres ejes de una pol\u00edtica de seguridad ciudadana integral: 1) fortalecimiento operativo y de inteligencia de las fuerzas del orden, con \u00e9nfasis en la detecci\u00f3n y desmantelamiento de las redes del narcotr\u00e1fico, que fortalecen y expanden las redes delictivas; 2) enfrentar una de las causas principales de la violencia delictiva com\u00fan, mediante pol\u00edticas sociales que fortalezcan el desarrollo humano, expresado en el mejoramiento de las condiciones de vida y empleo de los ciudadanos, sobre todo en los barrios populares; 3) Desarrollo de la seguridad barrial, enfocada en la recuperaci\u00f3n de los espacios p\u00fablicos y en la organizaci\u00f3n de la comunidad en los barrios, que requiere una corresponsabilidad de los gobiernos locales.<\/p>\n<p>Guayaquil, 29 de abril del 2023<\/p>\n<p>El Directorio del CDH<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sin pol\u00edtica social, la pol\u00edtica de seguridad es s\u00f3lo una declaratoria de guerra. 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