{"id":1702698,"date":"2022-12-29T01:53:21","date_gmt":"2022-12-29T01:53:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pressenza.com\/?p=1702698"},"modified":"2022-12-29T01:53:21","modified_gmt":"2022-12-29T01:53:21","slug":"argentina-el-poder-judicial-como-fuerza-de-choque","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/2022\/12\/argentina-el-poder-judicial-como-fuerza-de-choque\/","title":{"rendered":"Argentina: El poder judicial como fuerza de choque"},"content":{"rendered":"

El autor de este art\u00edculo analiza que la medida cautelar que dict\u00f3 la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n en relaci\u00f3n al conflicto por la coparticipaci\u00f3n no resuelve \u201cel fondo de la cuesti\u00f3n\u201d y viola la ley 26.854 que \u201cregula las Medidas Cautelares en las causas en las que es parte el Estado Nacional\u201d. Adem\u00e1s, adelant\u00f3 criterio lo cual \u201ces\u00a0 causal de recusaci\u00f3n, en cualquier fuero e instancia\u201d, afirma el abogado constitucionalista.<\/em><\/strong><\/p>\n

Por Miguel Julio Rodr\u00edguez Villafa\u00f1e*<\/strong><\/p>\n

Resulta una ruptura esencial del pacto social e institucional que nos une como argentinos, el hecho de comprobar, que el poder judicial es usado y \u00e9ste, en algunos casos, se presta, para operar como una fuerza de choque de un sector pol\u00edtico y no cumple su papel fundamental de garantizar el Estado de Derecho.<\/p>\n

En este contexto, resulta evidente que la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n (CSJN) demuestra que no tiene la autoridad jur\u00eddica, ni moral para ejercer la m\u00e1xima funci\u00f3n judicial del pa\u00eds y su accionar muchas veces, est\u00e1 al servicio de intereses sectoriales.<\/p>\n

As\u00ed, en el \u00faltimo fallo dictado por dicho tribunal, el 21\/12\/22, en la causa de la acci\u00f3n declarativa de inconstitucionalidad deducida por el Gobierno de la Ciudad de Aut\u00f3noma de Buenos Aires (CABA), en contra del Estado Nacional orden\u00f3 que, \u201cdurante la tramitaci\u00f3n del proceso el Estado Nacional entregue a la CABA, el 2,95%\u201d, de la masa de fondos que le corresponden a la Naci\u00f3n\u201d y que dichas transferencias se realicen \u201cen forma diaria y autom\u00e1tica por el Banco de la Naci\u00f3n Argentina y que el Estado Nacional, \u201cdurante la tramitaci\u00f3n del proceso, se abstenga de aplicar la ley 27.606\u201d, que regula un\u00a0 porcentaje menor en lo que le corresponde a la CABA.<\/p>\n

El fallo interlocutorio resulta arbitrario e inconstitucional por muchas razones. El mismo se inscribe entre las resoluciones dictadas por la CSJN, efectuando grandes cambios peligrosos en el escenario jur\u00eddico-institucional del pa\u00eds y con la casualidad \u2013no casual- que se han dictado en los \u00faltimos d\u00edas del a\u00f1o judicial, cuando cuesta encarar soluciones jur\u00eddicas y defenderse de ellas, por comenzar la feria judicial de enero.<\/p>\n

El 16\/12\/21, la Corte declar\u00f3 la inconstitucionalidad de la ley 26.080, que organizaba el Consejo de la Magistratura, organismo que selecciona los jueces. El fallo se dict\u00f3 seis a\u00f1os despu\u00e9s, desde que el tribunal tuvo para resolver la causa. Por dicha sentencia, ejerciendo facultades legislativas inconstitucionalmente, volvieron vigente la Ley 24.937 derogada por el Congreso y restablecieron un Consejo con 20 miembros, y cuya presidencia la ejerce el presidente de la Corte Horacio Rosatti, el que, de esa forma, asumi\u00f3 la suma del poder p\u00fablico judicial.<\/p>\n

Ahora, este a\u00f1o, luego de tener a consideraci\u00f3n por dos a\u00f1os la causa de la acci\u00f3n ejercida por la CABA, tom\u00f3 la resoluci\u00f3n referida a fines de diciembre y dict\u00f3 la medida cautelar, sin resolver el fondo de la cuesti\u00f3n.<\/p>\n

En ella, viol\u00f3 la ley 26.854 que regula las Medidas Cautelares en las causas en las que es parte el Estado Nacional. Esta norma determina que, el tribunal al ordenar una medida cautelar debe \u201cevitar perjuicios o grav\u00e1menes innecesarios al inter\u00e9s p\u00fablico, (art. 3 inc. 3) y establece que, \u201clos jueces no podr\u00e1n dictar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los bienes o recursos propios del Estado\u201d (art. 9). Adem\u00e1s, agrega la norma, que \u201clas medidas cautelares dictadas contra el Estado Nacional tendr\u00e1n eficacia pr\u00e1ctica una vez que el solicitante otorgue cauci\u00f3n real o personal por las costas y da\u00f1os y perjuicios que la medida pudiere ocasionar\u201d, (art. 10) y \u201cal otorgar una medida cautelar el juez deber\u00e1 fijar, bajo pena de nulidad, un l\u00edmite razonable para su vigencia, que no podr\u00e1 ser mayor a los seis meses\u201d, (art. 5).<\/p>\n

En el caso la CSJN no respet\u00f3 ninguno de los extremos referidos que manda la ley 26.854 e hizo afirmaciones sin sustento diciendo que la medida no afecta a las provincias porque la exigencia se dirige al dinero que recibe la naci\u00f3n y no a la coparticipaci\u00f3n con las provincias. Lo que no es cierto, ya que el dinero de la Naci\u00f3n se ejecuta conforme lo determina la ley de presupuesto y en ella hay partidas destinadas a obras o emprendimientos que la Naci\u00f3n lleva adelante en las provincias, que se ver\u00edan afectadas si se quitara parte del dinero para dichos fines.<\/p>\n

El tribunal, de pronto, en diciembre, dicta la medida, despu\u00e9s de dos a\u00f1os, sin que se resuelva el tema de fondo y evidentemente causa un perjuicio innecesario al inter\u00e9s p\u00fablico y obliga a distraer de su destino recursos propios del Estado. Tambi\u00e9n, consider\u00f3 urgente dictar una medida cautelar, sin embargo, la demora en resolver correspond\u00eda a la Corte y en su decisorio afect\u00f3 el cumplimiento de la ley de presupuesto y la ley 27.606, que manda pagar a la CABA, una proporci\u00f3n menor a la que se ordena. Tampoco qued\u00f3 en claro la urgencia y no se exigi\u00f3 contracautela, ni se estableci\u00f3 tiempo de duraci\u00f3n de la medida, accionar este, que la ley determina obligatorio, bajo pena de nulidad de la medida.<\/p>\n

A lo que se suma el hecho que la Corte adelant\u00f3 criterio en su medida cautelar y ello es causal de recusaci\u00f3n, en cualquier fuero e instancia.<\/p>\n

La CSJN, en la causa \u201cLlerena\u201d, sentencia del 17\/05\/2005, ha dicho que, \u201clas cuestiones de recusaci\u00f3n se vinculan con la mejor administraci\u00f3n de justicia, cuyo ejercicio imparcial es uno de los elementos de la defensa en juicio. Para garantizar la imparcialidad del juez, es preciso que \u00e9ste no tenga en la causa ni siquiera un inter\u00e9s p\u00fablico o institucional\u201d. Extremos los mencionados que se dan en el caso y justifican a\u00fan m\u00e1s la recusaci\u00f3n peticionada<\/p>\n

Por lo antes desarrollado, es que cabe el apartamiento de los miembros de la Corte. Para decidir dicha recusaci\u00f3n y la acci\u00f3n revocatoria \u201cin extremis\u201d deducida por el Estado Nacional, se debe designar un tribunal con conjueces, integrado por los presidentes de las C\u00e1maras Federales del pa\u00eds, seleccionados por sorteo.<\/p>\n

Atento a lo referido, resulta insultante a la realidad institucional que el Jefe de Gobierno de la CABA, sin estar firme el fallo de la CSJN pretenda la inmediata ejecuci\u00f3n y sostenga que lo resuelto es un triunfo del federalismo. Mientras que, por el otro lado el partido de Horacio Rodr\u00edguez Larreta, lleva adelante acciones penales, en contra del presidente, funcionarios y 19 gobernadores que se opusieron a la medida de la CSJN. En este \u00faltimo aspecto, resulta contradictorio, que se diga que se defiende el federalismo y por otro lado se busca que se condene penalmente a m\u00e1s de las tres cuarta partes de los gobernadores del pa\u00eds, porque consideraron inadecuada la decisi\u00f3n de la CSJN.<\/p>\n

Hay que tener firmeza jur\u00eddica y pol\u00edtica en el tema y no ofrecer cumplimientos que impliquen convalidar el indebido accionar jur\u00eddico de la Corte. Tampoco cabe el pago con bonos. Ning\u00fan funcionario est\u00e1 obligado a cumplir un fallo ilegal y menos en contra de otras obligaciones legales fundamentales. Las amenazas penales implican una extorsi\u00f3n al accionar estatal debido y la utilizaci\u00f3n del poder judicial como una inaceptable fuerza de choque pol\u00edtico desde la oposici\u00f3n.<\/p>\n

 <\/p>\n

*Abogado constitucionalista cordob\u00e9s y Periodista columnista de opini\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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