{"id":1691526,"date":"2022-11-05T12:49:01","date_gmt":"2022-11-05T12:49:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pressenza.com\/?p=1691526"},"modified":"2022-11-05T12:49:01","modified_gmt":"2022-11-05T12:49:01","slug":"espana-siete-mordazas-y-un-manto-de-impunidad-llevan-siete-anos-restringiendo-y-debilitando-el-derecho-a-la-protesta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/2022\/11\/espana-siete-mordazas-y-un-manto-de-impunidad-llevan-siete-anos-restringiendo-y-debilitando-el-derecho-a-la-protesta\/","title":{"rendered":"Espa\u00f1a: siete mordazas y un manto de impunidad llevan siete a\u00f1os restringiendo y debilitando el derecho a la protesta"},"content":{"rendered":"

Nueva investigaci\u00f3n de Amnist\u00eda Internacional cuando el debate sobre la Ley Mordaza est\u00e1 abierto en el Congreso<\/em><\/p>\n

La organizaci\u00f3n pide expresamente al Gobierno que garantice el derecho de manifestaci\u00f3n pac\u00edfica y a los Grupos Parlamentarios los cambios legislativos que lo faciliten modificando la Ley Mordaza y el C\u00f3digo Penal<\/em><\/p>\n

Amnist\u00eda Internacional presenta una visi\u00f3n completa de las diferentes mordazas y obst\u00e1culos que el derecho a la protesta pacifica enfrenta en Espa\u00f1a<\/a>, tras siete a\u00f1os de restricciones indebidas justo en el momento en el que hay abierto en el Congreso un debate sobre libertad de expresi\u00f3n, reuni\u00f3n y manifestaci\u00f3n, con la propuesta de modificaci\u00f3n de la Ley de Seguridad Ciudadana (LOSC).<\/p>\n

\u201cEsta nueva investigaci\u00f3n muestra la necesidad de cambiar el rumbo legislativo, policial y judicial para facilitar y garantizar, de acuerdo a los est\u00e1ndares internacionales, el derecho humano a la protesta en Espa\u00f1a\u201d, asegura Esteban Beltr\u00e1n, director de Amnist\u00eda Internacional en Espa\u00f1a.<\/p>\n

Al menos durante los \u00faltimos siete a\u00f1os, Amnist\u00eda Internacional y otras organizaciones han documentado un serio retroceso en el ejercicio del derecho a la protesta como consecuencia de varios factores: la reforma del C\u00f3digo Penal, la aprobaci\u00f3n de la Ley Org\u00e1nica de Seguridad Ciudadana (conocida como Ley Mordaza), el amplio margen de discrecionalidad y arbitrariedad otorgado a las fuerzas de seguridad en su actuaci\u00f3n durante las manifestaciones pac\u00edficas, la utilizaci\u00f3n abusiva de armas menos letales como pelotas de goma o como las balas de \u201cfoam\u201d, la frecuente interpretaci\u00f3n de los tribunales a favor de la versi\u00f3n policial, las contradenuncias de polic\u00edas contra manifestantes o periodistas que denuncian abusos, que incluye la alegaci\u00f3n de hechos no veraces en la propia denuncia policial, y la falta de mecanismos efectivos de rendici\u00f3n de cuentas de las fuerzas de seguridad.<\/p>\n

\u201cEsta combinaci\u00f3n de leyes y pr\u00e1cticas que no cumplen con los est\u00e1ndares internacionales de libertad de reuni\u00f3n pac\u00edfica o de expresi\u00f3n ha dado lugar a sanciones arbitrarias, a la criminalizaci\u00f3n de manifestantes pac\u00edficos y periodistas que estaban ejerciendo su trabajo, y de movimientos sociales, como la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca o Extinction Rebellion, as\u00ed como a un uso no proporcional de la fuerza contra manifestantes pac\u00edficos y un preocupante efecto desmovilizador de la protesta pac\u00edfica\u201d, seg\u00fan Beltr\u00e1n.<\/p>\n

Siete mordazas consolidadas poco a poco durante siete a\u00f1os<\/strong><\/p>\n

1. La Ley de Seguridad Ciudadana, epicentro de las mordazas<\/u><\/p>\n

En 2015 el Parlamento reform\u00f3 la Ley Mordaza, aumentando el elenco de sanciones administrativas para quienes participaran en reuniones p\u00fablicas, muchas de ellas vagamente definidas y otras directamente en clara contraposici\u00f3n a est\u00e1ndares internacionales sobre libertad de reuni\u00f3n, informaci\u00f3n o expresi\u00f3n.<\/p>\n

La organizaci\u00f3n ha identificado, al menos, cuatro art\u00edculos que, aplicados estos a\u00f1os, han impactado decisivamente sobre el derecho a la protesta pac\u00edfica, debilit\u00e1ndolo en forma extrema. Son el 36.6 (resistencia, desobediencia y negativa a identificarse), 37.1 (manifestaciones espont\u00e1neas), 37.4 (faltas de respeto) y 36.23 (uso de im\u00e1genes de las fuerzas de seguridad). Desde 2015, las autoridades han propuesto 250.300 sanciones sobre estos mismos art\u00edculos,que suponen el 78% del total de sanciones en materia de seguridad ciudadana, que en gran medida han impactado negativamente en el ejercicio de derechos humanos de manifestantes, defensores y defensoras de los derechos humanos, y periodistas por conductas protegidas por los derechos a la libertad de expresi\u00f3n y de reuni\u00f3n pac\u00edfica, algo que Amnist\u00eda Internacional ha podido constatar en sucesivas investigaciones e informes.<\/p>\n

La organizaci\u00f3n muestra su preocupaci\u00f3n sobre el aumento en la aplicaci\u00f3n de las sanciones en relaci\u00f3n con las faltas de respeto a la autoridad. En 2021 se aplicaron 26.254 cuando la media, entre 2016 y 2021, fue de 20,713, es decir, se han producido, seg\u00fan los \u00faltimos datos facilitados por el Ministerio del Interior, un 27% m\u00e1s que la media.<\/p>\n

\u201cConceptos como: \u00abfalta de respeto a la autoridad\u00bb, \u00abrestablecimiento de seguridad ciudadana\u00bb, \u00abalteraci\u00f3n de seguridad ciudadana\u00bb o \u00abresistencia a la autoridad\u00bb son aplicados por las fuerzas de seguridad con un elevado margen de discrecionalidad que requerir\u00eda contar con adecuados mecanismos de control, supervisi\u00f3n y rendici\u00f3n de cuentas, pero no existen\u201d, confirma Beltr\u00e1n.<\/p>\n

2. La Reforma del C\u00f3digo Penal, un paso en la direcci\u00f3n equivocada<\/u><\/p>\n

Tambi\u00e9n en 2015 se llev\u00f3 a cabo una reforma del C\u00f3digo Penal que afect\u00f3, entre otros, a los delitos de des\u00f3rdenes p\u00fablicos y atentado contra la autoridad, por ejemplo, introduciendo penas m\u00e1s graves para los des\u00f3rdenes p\u00fablicos cuando se producen en el contexto de las manifestaciones.<\/p>\n

En aquel momento, Amnist\u00eda Internacional alert\u00f3 de que esta reforma del C\u00f3digo Penal podr\u00eda derivar en la sanci\u00f3n penal de la resistencia pac\u00edfica a la autoridad, como puede ser una sentada, o tambi\u00e9n la ocupaci\u00f3n de despachos, oficinas, establecimientos o locales, aunque est\u00e9n abiertos al p\u00fablico, si se perturba el funcionamiento normal de la actividad.<\/p>\n

La Fiscal\u00eda General del Estado explic\u00f3 en su \u00faltima memoria que los delitos de atentado y resistencia siguen manteni\u00e9ndose como principales responsables del n\u00famero total de delitos contra el orden p\u00fablico. En relaci\u00f3n con el delito de atentado contra la autoridad, la Fiscal\u00eda General del Estado afirma que se ha incrementado el n\u00famero de procedimientos, puesto que de los 15.992 procedimientos incoados en el a\u00f1o 2020 se pas\u00f3 a un total de 18.512 en el a\u00f1o 2021, lo que supone un incremento del 15,75%. Tambi\u00e9n ha afirmado que los delitos de des\u00f3rdenes p\u00fablicos han experimentado un ascenso de un 48% de 2020 a 2021. En el 2020 se dictaron un total de 10.617 sentencias por delitos contra el orden p\u00fablico, mientras que en el 2021 fueron 14.360, lo que supone un incremento del 35%.<\/p>\n

Esta reforma tambi\u00e9n a\u00f1adi\u00f3 en uno de sus art\u00edculos un tipo agravado que sanciona con una pena mayor, de uno a seis a\u00f1os de prisi\u00f3n, los des\u00f3rdenes p\u00fablicos, cuando estos actos se lleven a cabo en una manifestaci\u00f3n o reuni\u00f3n numerosa, o con ocasi\u00f3n de alguna de ellas. El mero hecho de que el comportamiento se produzca en el contexto de reuniones o manifestaciones puede provocar una sanci\u00f3n, sin que en ning\u00fan caso se expliquen o aclaren cu\u00e1les son los riesgos o peligros, o el bien jur\u00eddico que se quiere proteger. Para la organizaci\u00f3n la mera asistencia a una reuni\u00f3n o manifestaci\u00f3n no deber\u00eda suponer un agravamiento de la pena, ya que se trata del ejercicio de derechos humanos.<\/p>\n

3<\/u>. Arbitrariedad policial a la hora de sancionar a manifestantes y\/o periodistas<\/u><\/p>\n

Ha aumentado el poder discrecional que la Ley Mordaza otorga a los cuerpos policiales para valorar qu\u00e9 conductas pueden considerarse como desobediencia, falta de respeto o resistencia a la autoridad sin establecer adecuados mecanismos de control y rendici\u00f3n de cuentas. Esta medida ha conducido a una mayor arbitrariedad policial e indefensi\u00f3n de la ciudadan\u00eda por la prevalencia de la posici\u00f3n de la administraci\u00f3n en el \u00e1mbito sancionador, facilitando de este modo actuaciones arbitrarias que vulneran el ejercicio a la libertad de expresi\u00f3n y reuni\u00f3n pac\u00edfica.<\/p>\n

4. Presunci\u00f3n de veracidad de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad<\/u><\/p>\n

Muchas de las personas entrevistadas por la organizaci\u00f3n aluden al concepto de \u201cpresunci\u00f3n de veracidad\u201d en relaci\u00f3n con los testimonios policiales, seg\u00fan el cual la palabra de un agente de polic\u00eda se toma a priori como verdad. La investigaci\u00f3n de Amnist\u00eda Internacional ha confirmado que los testimonios policiales se toman como verdad cuando son contrapuestosa declaraciones de manifestantes o periodistas, no s\u00f3lo en ausencia de otras pruebas, sino incluso cuando las pruebas los contradicen directamente. Es evidente que la aplicaci\u00f3n de la \u00abpresunci\u00f3n de veracidad\u00bb contraviene la obligaci\u00f3n de garantizar la investigaci\u00f3n imparcial de los delitos.<\/p>\n

5. Las contradenuncias frente a manifestantes o periodistas que denuncian actuaciones abusivas<\/u><\/p>\n

La organizaci\u00f3n constata su preocupaci\u00f3n en la investigaci\u00f3n por las contradenuncias que presentan los agentes frente a manifestantes o periodistas que denuncian actuaciones abusivas. No es algo nuevo. Este fen\u00f3meno fue trasladado por Amnist\u00eda Internacional al Comit\u00e9 contra la Tortura en un informe del a\u00f1o 2015, trat\u00e1ndose de una preocupaci\u00f3n formulada por la organizaci\u00f3n ya en el a\u00f1o 2007. Esta pr\u00e1ctica la han reconocido miembros de diversas fuerzas policiales entrevistados por Amnist\u00eda Internacional desde entonces, que admitieron la existencia del h\u00e1bito autom\u00e1tico de presentar tales cargos como t\u00e1ctica de defensa propia para protegerse contra las acusaciones de agresi\u00f3n o detenci\u00f3n ilegal. Esta situaci\u00f3n se mantiene hoy en d\u00eda y la sufren tanto manifestantes que denuncian abusos, como periodistas o ciudadanos y ciudadanas que intentan documentarlos.<\/p>\n

6. Libertad de informaci\u00f3n restringida<\/u><\/p>\n

Amnist\u00eda Internacional ha documentado c\u00f3mo las fuerzas de seguridad han interferido de forma indebida en el ejercicio del derecho a la libertad de informaci\u00f3n amenazando a periodistas o personas que grababan im\u00e1genes durante las manifestaciones con requisar sus equipos de grabaci\u00f3n y con aplicar la Ley Mordaza que ampara esta actuaci\u00f3n por parte de la polic\u00eda. Adem\u00e1s se han tomado datos de la persona que ha grabado en previsi\u00f3n de que pudieran difundir p\u00fablicamente esas im\u00e1genes, o finalmente han sido sancionadas por otros art\u00edculos de la ley.<\/p>\n

7. Uso excesivo de la fuerza mediante la utilizaci\u00f3n de pelotas de goma o balas de \u201cfoam\u201d<\/u><\/p>\n

Amnist\u00eda Internacional ha documentado c\u00f3mo el empleo de las pelotas de goma actualmente por la Polic\u00eda Nacional y la Guardia Civil y de o balas de \u201cfoam\u201d por las distintas polic\u00edas auton\u00f3micas ha causado lesiones graves e incluso la muerte a manifestantes.<\/p>\n

La organizaci\u00f3n considera que las pelotas de goma deben estar prohibidas, por ser intr\u00ednsecamente imprecisas, y por el elevado riesgo de causar lesiones graves que su uso conlleva. En cuanto a las proyectiles de \u2018foam\u2019, los est\u00e1ndares internacionales establecen que su empleo debe reservarse exclusivamente contra personas que act\u00faan de forma violenta y suponen un riesgo inminente para la vida o integridad f\u00edsica de los agentes de polic\u00eda o terceras personas. Amnist\u00eda Internacional ha documentado c\u00f3mo los proyectiles de \u2018foam\u2019 han causado lesiones graves, incluso provocando la p\u00e9rdida de un ojo a dos personas y han sido empleados para dispersar multitudes, algo prohibido por los est\u00e1ndares internacionales. Por ello, la organizaci\u00f3n considera que debe suspenderse su uso para evaluarlo, as\u00ed como sus protocolos y especificaciones t\u00e9cnicas, a fin de detectar posibles deficiencias y valorar si puede ser usado conforme a los est\u00e1ndares internacionales de derechos humanos.<\/p>\n

Un manto de impunidad: no hay rendici\u00f3n de cuentas por los abusos cometidos<\/strong><\/p>\n

La falta de garant\u00edas y mecanismos de control y rendici\u00f3n de cuentas ampl\u00eda las posibilidades de comportamientos arbitrarios y abusivos de miembros de las fuerzas de seguridad, cuya impunidad puede salir reforzada por la prevalencia de la posici\u00f3n de la administraci\u00f3n frente a los ciudadanos en los procesos judiciales abiertos.<\/p>\n

M\u00e1s a\u00fan cuando las facultades otorgadas por la Ley Mordaza a las fuerzas y cuerpos de seguridad suponen amplios poderes en materia de prevenci\u00f3n e indagaci\u00f3n, as\u00ed como una elevada discrecionalidad a la hora de aplicar e interpretar disposiciones que dejan un amplio margen de apreciaci\u00f3n, y que pueden ser tambi\u00e9n aplicadas de manera que sancionen comportamientos protegidos por las normas internacionales de derechos humanos, o que interfieran, de manera desproporcionada y arbitraria, en el derecho a la intimidad, a la libertad o a la libre circulaci\u00f3n.<\/p>\n

Principales recomendaciones <\/strong>de Amnist\u00eda Internacional<\/strong><\/p>\n

Son necesarios cambios legislativos tanto en la Ley Mordaza como en el C\u00f3digo Penal<\/u><\/p>\n

Con respecto a Ley Mordaza, es necesario modificar la sanci\u00f3n por la convocatoria de manifestaciones sin notificaci\u00f3n previa, definir de forma precisa c\u00f3mo se sanciona la resistencia, desobediencia o la negativa a identificarse, respetando estrictamente el principio de legalidad, y ajust\u00e1ndose a criterios de necesidad y proporcionalidad y eliminar la sanci\u00f3n de la difusi\u00f3n de im\u00e1genes de las fuerzas de seguridad, por ser una limitaci\u00f3n innecesaria y constituir un riesgo para el derecho a la libertad de informaci\u00f3n.<\/p>\n

En relaci\u00f3n al C\u00f3digo Penal, debe modificarse el art\u00edculo que define lo que se considera atentado contra la autoridad, atendiendo al principio de proporcionalidad, y diferenciar claramente los actos de resistencia pasiva y los actos de intimidaci\u00f3n grave y agresi\u00f3n, as\u00ed como su diferente reproche penal. Tambi\u00e9n debe eliminarse el tipo agravado de des\u00f3rdenes p\u00fablicos que sanciona el supuesto de que \u201clos hechos se lleven a cabo en una manifestaci\u00f3n o reuni\u00f3n numerosa, o en ocasi\u00f3n de alguna de ellas\u201d.<\/p>\n

Debe garantizarse el ejercicio del derecho a la manifestaci\u00f3n pac\u00edfica<\/u><\/p>\n

Para ello, las restricciones a los actos de desobediencia civil deben evaluarse con arreglo al derecho y las normas internacionales y deben tomarse las medidas necesarias para garantizar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden considerar los elementos particulares de un acto de desobediencia civil, incluidos su intenci\u00f3n y su impacto general, con el fin de garantizar que no se imponen restricciones indebidas al derecho a la libertad de conciencia, expresi\u00f3n y reuni\u00f3n pac\u00edfica.<\/p>\n

Igualmente, no debe hacerse uso de proyectiles de impacto cin\u00e9tico, como las pelotas de goma, intr\u00ednsecamente imprecisas y con elevado riesgo de causar lesiones graves y carecer de las caracter\u00edsticas para poder emplearse de forma acorde a los est\u00e1ndares internacionales. En el caso de las Comunidades Aut\u00f3nomas que emplean balas de \u2018foam\u2019 la organizaci\u00f3n considera que debe suspenderse su uso para evaluarlo, as\u00ed como sus protocolos y especificaciones t\u00e9cnicas, a fin de detectar posibles deficiencias y tomar todas las medidas necesarias para asegurar un uso conforme a los est\u00e1ndares internacionales de derechos humanos.<\/p>\n

La<\/u> rendici\u00f3n de cuentas por actuaciones policiales <\/u>es b\u00e1sica para garantizar <\/u>los derechos de las personas<\/u><\/p>\n

Por ello, los y las agentes de polic\u00eda deben portar su n\u00famero de identificaci\u00f3n de forma completamente visible, para que puedan ser identificados con claridad en todo momento.<\/p>\n

Tambi\u00e9n tiene que establecerse un mecanismo independiente de supervisi\u00f3n de la actividad policial, con capacidad para atender quejas individuales, investigar de oficio, y analizar y evaluar legislaci\u00f3n, reglamentos y procedimientos operativos de las actuaciones policiales.<\/p>\n

Adem\u00e1s, se debe proteger a quienes vigilan y denuncian los abusos y violaciones de derechos cometidos por otras personas y por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el contexto de las reuniones pac\u00edficas, incluidos los miembros de la prensa, los profesionales del derecho y los defensores y defensoras de los derechos humanos, y transmitir a los agentes que participen en el manejo de reuniones un estricto mensaje de que no se tolerar\u00e1n el uso ileg\u00edtimo de la fuerza contra observadores y miembros de la prensa ni la obstrucci\u00f3n de esa vigilancia y denuncia.<\/p>\n

Por \u00faltimo, es necesaria una auditor\u00eda externa del funcionamiento de los mecanismos de investigaci\u00f3n internos, para garantizar que las investigaciones sobre denuncias de violaciones graves de derechos humanos se llevan a cabo de conformidad con las normas internacionales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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