Juli\u00e1n Alcayaga O. – Economista y abogado.<\/p>\n
El Pleno de la Convenci\u00f3n Constitucional, con el voto y apoyo de los convencionales de derecha, la mayor parte de los convencionales del PS, del Frente Amplio e Independientes No Neutrales, ha rechazado el art\u00edculo que propon\u00eda la nacionalizaci\u00f3n de las empresas de la gran miner\u00eda del cobre y del litio. En esta Nueva Constituci\u00f3n no existe el concepto reservar al Estado, y nacionalizar o nacionalizaci\u00f3n. Lo que fue aprobado,\u00a0en lo que respecta a la miner\u00eda<\/span><\/strong>, es inclusive un retroceso a la Reforma Constitucional de la Ley 16.615 de 1967 del Presidente Frei Montalva, que agreg\u00f3 el siguiente inciso al N\u00b0 10 del art\u00edculo 10 de la Constituci\u00f3n de 1925, que dice:<\/span><\/p>\n \u201cCuando el inter\u00e9s de la comunidad nacional lo exijan, la ley podr\u00e1\u00a0reservar<\/span><\/strong>\u00a0al Estado el dominio exclusivo de recursos naturales, bienes de producci\u00f3n u otros, que declare de importancia preeminente para la vida econ\u00f3mica, social o cultural del pa\u00eds\u201d.<\/span><\/p>\n Al disponer que la ley podr\u00e1 reservar al Estado, est\u00e1 disponiendo algo similar a la nacionalizaci\u00f3n, porque si alg\u00fan bien se reserva al Estado, esto significa que los privados no tendr\u00e1n acceso a \u00e9l. Por ejemplo, ahora que cunden los apetitos de las transnacionales por explotar minerales en nuestros fondos marinos, se podr\u00eda reservar al Estado dicha explotaci\u00f3n, pero no se podr\u00e1 disponer con la Nueva Constituci\u00f3n, porque no contempla la reserva al Estado.<\/span><\/p>\n En 1971, con la Reforma Constitucional de la Nacionalizaci\u00f3n (Ley 17.450 Disposici\u00f3n XVI Transitoria), el Presidente Allende conserv\u00f3 la misma disposici\u00f3n del Presidente Frei Montalva, y solo agreg\u00f3 el concepto\u00a0\u201cnacionalizar o\u201d<\/span><\/strong>\u00a0antes de \u201creservar al Estado\u201d. Pero enseguida agreg\u00f3 un inciso que dispone: \u201cEl Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas\u201d, Y m\u00e1s adelante otro inciso que permit\u00eda nacionalizar las empresas de la gran miner\u00eda del cobre, y en la Disposici\u00f3n XVII Transitoria se dispuso directamente la Nacionalizaci\u00f3n de dichas empresas.<\/span><\/p>\n La Junta Militar, con el Acta Constitucional N\u00b0 3 (DL 1.552) del 11 de septiembre de 1976, derog\u00f3 completamente el N\u00b0 10 del art\u00edculo 10 de la Constituci\u00f3n de 1925, y desaparecieron entonces, todas las disposiciones que permit\u00edan reservar o nacionalizar recursos naturales o bienes de producci\u00f3n, pero dej\u00f3 vigente la Disposici\u00f3n XVII Transitoria que nacionaliz\u00f3 las empresas de la gran miner\u00eda. Adem\u00e1s, en 1975 la Junta Militar se opuso terminantemente al proyecto de privatizaci\u00f3n de la gran miner\u00eda propuesto por Fernando Leniz. y por el contrario, en virtud de su poder constituyente el 27\/02\/1976, dict\u00f3 el DL 1.167 que se titula: \u201cConsolida la Nacionalizaci\u00f3n de la Gran Miner\u00eda del Cobre\u201d, que prohibi\u00f3 constitucionalmente que se pudieran vender las concesiones mineras (yacimientos) de las empresas nacionalizadas, y el 28\/02\/1976 dict\u00f3 los DL 1.349 que crea Cochilco y el DL 1.350 que cre\u00f3 la \u201cEmpresa Nacional del Cobre de Chile\u201d, la actual Codelco, agrupando en ella las 5 empresas que hab\u00edan sido nacionalizadas por el Presidente Allende.<\/span><\/p>\n Pero en esos mismos a\u00f1os funcionaba la Comisi\u00f3n Constituyente que redact\u00f3 la actual Constituci\u00f3n, que hizo desaparecer completamente de las normas permanentes de la Constituci\u00f3n de 1980, toda referencia a la nacionalizaci\u00f3n o la reserva al Estado.<\/span><\/p>\n Solamente en la Disposici\u00f3n Tercera Transitoria, aparece la palabra nacionalizadas, al dejar vigente en la Constituci\u00f3n de 1980 la Nacionalizaci\u00f3n de la Gran Miner\u00eda que dispone: \u201cLa gran miner\u00eda del cobre y las empresas consideradas como tal,\u00a0nacionalizadas<\/span><\/strong>\u00a0en virtud de lo prescrito en la disposici\u00f3n 17a. transitoria de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1925, continuar\u00e1n rigi\u00e9ndose por las normas constitucionales vigentes a la fecha de promulgaci\u00f3n de esta Constituci\u00f3n\u201d. Pero esta disposici\u00f3n transitoria, solo deja vigente lo que ya est\u00e1 nacionalizado desde 1971. En las normas permanentes de la Constituci\u00f3n de 1980,\u00a0no existen los conceptos nacionalizar o reservar al Estado<\/span><\/strong>.<\/span><\/p>\n Fue tan lejos el \u00e1nimo de borrar y ocultar el concepto\u00a0nacionalizaci\u00f3n<\/span><\/strong>, que incluso en la Ley 18.097 Org\u00e1nica Constitucional de Concesiones Mineras, elaborada bajo la conducci\u00f3n de Jos\u00e9 Pi\u00f1era, en el N\u00b0 3 del art. 11 dispone que el concesionario minero tiene derecho exclusivo: \u201c3.- a ser indemnizado, en caso de\u00a0expropiaci\u00f3n<\/span><\/strong>\u00a0de la concesi\u00f3n, por el da\u00f1o patrimonial que efectivamente se le haya causado, que consiste en el valor comercial de las facultades de iniciar y continuar la extracci\u00f3n y apropiaci\u00f3n de las sustancias que son objeto de la concesi\u00f3n\u2026 Los peritos, para los efectos de la determinaci\u00f3n del monto de la indemnizaci\u00f3n, establecer\u00e1n el valor comercial de la concesi\u00f3n, calculando, sobre la base de las reservas de sustancias concedidas que el\u00a0expropiado<\/span><\/strong>\u00a0demuestre, el valor presente de los flujos netos de caja de la concesi\u00f3n\u201d.<\/span><\/p>\n A ra\u00edz de este n\u00famero, el gran Radomiro Tomic elabor\u00f3 el concepto de concepci\u00f3n plena. Pero ahora, lo que deseo hacer resaltar, es el hecho que tampoco aqu\u00ed se utiliz\u00f3 el t\u00e9rmino\u00a0nacionalizaci\u00f3n, sino expropiaci\u00f3n<\/span><\/strong>, que en primer lugar, jur\u00eddicamente no es lo mismo, como lo han fundamentado n\u00fameros tratadistas del derecho y no solo de izquierda.<\/span><\/p>\n \u201cPor regla general, la nacionalizaci\u00f3n se refiere a empresas industriales, comerciales o de servicios o a toda una categor\u00eda de bienes\u2026 Ahora bien, la expropiaci\u00f3n, al contrario de la nacionalizaci\u00f3n, recae sobre bienes espec\u00edficos\u2026 La expropiaci\u00f3n supone, en la mayor\u00eda de los pa\u00edses (en el muestro s\u00f3lo en algunos casos), el pago previo de la indemnizaci\u00f3n; adem\u00e1s, siempre la indemnizaci\u00f3n debe ser completa, \u00edntegra, o sea, conmutativa, proporcional al valor de la cosa que se sustrae del patrimonio del particular. Por el contrario, la nacionalizaci\u00f3n trae como consecuencia el pago de una indemnizaci\u00f3n que no necesita ser previa ni equivalente al valor total o completo de las empresas o bienes afectados; basta que sea \u00abadecuada\u00bb a la circunstancias y, en consecuencia, su monto se regula atendiendo a diversos factores, como el excesivo lucro obtenido por el particular mientras explot\u00f3 el bien ahora nacionalizado, la capacidad de pago del Estado que expropia, etc.<\/span><\/p>\n Adem\u00e1s, nunca el Estado, hasta ahora ha expropiado una concesi\u00f3n minera, lo \u00fanico que se ha hecho, es nacionalizar, como lo hizo en 1971 nuestro Gran Presidente Salvador Allende.<\/span><\/p>\n Tanto quisieron ocultar el t\u00e9rmino nacionalizaci\u00f3n o nacionalizar en la Constituci\u00f3n de 1980, que sin embargo, de tanto esconderlo, dejaron abierta una puerta para que se pueda nacionalizar no tan solo la gran miner\u00eda, sino cualquier otro bien de producci\u00f3n, como lo vamos a explicar.<\/span><\/p>\n El art\u00edculo 32 de la actual Constituci\u00f3n establece las\u00a0atribuciones especiales del Presidente de la Rep\u00fablica<\/span><\/strong>, entre las que se encuentra la potestad reglamentaria, que en el N\u00b0 6 de este art\u00edculo dispone:<\/span><\/p>\n \u201c6\u00ba.- Ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal<\/span><\/strong>, sin perjuicio de la facultad de dictar los dem\u00e1s reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecuci\u00f3n de las leyes;\u201d<\/span><\/p>\n Esto quiere decir, que en todo aquello que la misma Constituci\u00f3n no ordena hacerlo por ley, el Presidente de la Rep\u00fablica lo puede disponer por decreto supremo, en virtud de su potestad reglamentaria extendida o aut\u00f3noma.<\/span><\/p>\n Ahora, las materias que se deben hacer\u00a0obligatoriamente por ley<\/span><\/strong>, lo dispone la propia Constituci\u00f3n, en particular en el art\u00edculo 63, que enumera las materias que deben ser materia de ley, entre ellas:<\/span><\/p>\n 1) Las que en virtud de la Constituci\u00f3n deben ser objeto de leyes org\u00e1nicas constitucionales; En total son 20 las materias que la Constituci\u00f3n mandata que obligatoriamente se tienen que hacer mediante una ley,\u00a0y en ninguna de estas 20 materias, se dice que la nacionalizaci\u00f3n o la reserva al Estado se deban hacer por ley.<\/span><\/strong>\u00a0En consecuencia, al quedar fuera del dominio legal, el Presidente de la Rep\u00fablica, puede reservar al Estado o nacionalizar en virtud de la potestad reglamentaria extendida que le otorga el art. 32 de la actual Constituci\u00f3n. Por tanto, desde Pinochet a Boric, todos los Presidentes de la Rep\u00fablica, en tanto Jefes de Estado, han tenido la facultad para reservar al Estado o nacionalizar la gran miner\u00eda, o cualquier otro bien p\u00fablico o de producci\u00f3n, o disponer cualquier otro asunto que no sea materia de ley, por simple decreto supremo,\u00a0en aplicaci\u00f3n de su potestad reglamentaria extendida o aut\u00f3noma<\/span><\/strong>\u00a0que existe solo en la Constituci\u00f3n de 1980, potestad aut\u00f3noma que ha sido fundamentada por varios tratadistas de Derecho Constitucional, entre ellos J.L. Cea Ega\u00f1a o Kamel Cazor Aliste.<\/span><\/p>\n \u201cEn s\u00edntesis, el examen de la historia fidedigna, permite aseverar que el Poder Constituyente de1980: Ampli\u00f3 la potestad reglamentaria del Presidente de la rep\u00fablica mediante la incorporaci\u00f3n a nuestro ordenamiento fundamental de la denominada potestad reglamentaria aut\u00f3noma, independiente o extendida, esto es, que no es completa, desarrolla o ejecuta ninguna ley previa, sino que surge al margen de toda ley de habilitaci\u00f3n y que se sostiene en si misma, porque se ejerce en cualquier materia que no sea propia del dominio legal\u201d.<\/span><\/p>\n \u201cDel mismo modo, la potestad reglamentaria aut\u00f3noma o extendida, al encontrar su fundamento directamente de la Carta Fundamental, al igual que la ley, es de primer grado. Destacando adem\u00e1s que esta potestad aut\u00f3noma es gen\u00e9rica, o sea, puede recaer en cualquier materia que no sea propia del dominio legal\u201d.<\/span><\/p>\n Esta nueva potestad reglamentaria aut\u00f3noma no exist\u00eda en las Constituciones de 1833 y 1925, que solo contemplaban la potestad reglamentaria del Presidente para dictar\u00a0los reglamentos de ejecuci\u00f3n de las leyes<\/span><\/strong>, y nada m\u00e1s fuera de eso. Por ejemplo, la Constituci\u00f3n de 1833 en su art. 82 dispon\u00eda que el Presidente puede: \u201c2.- Expedir los decretos, reglamentos e instrucciones que cree conveniente para la ejecuci\u00f3n de las leyes\u201d, la de 1925, en el art. 72 dispon\u00eda que el Presidente tiene atribuciones especiales, entre ellas; \u201c2\u00aa Dictar los reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecuci\u00f3n de las leyes;\u201d.<\/span><\/p>\n La potestad reglamentaria extendida o aut\u00f3noma, no es una innovaci\u00f3n original de la Constituci\u00f3n de 1980, ya que hab\u00eda creado algo similar el Presidente De Gaulle en la Constituci\u00f3n Francesa de 1958 y la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola de 1978. Es posible las Constituciones francesa y espa\u00f1ola hayan inspirados a los constituyentes de 1980, pero creo que la raz\u00f3n principal, se esa nueva potestad del Presidente se encuentra en la posibilidad que ganara el Si en el plebiscito de 1988, y que el General Pinochet tuviera que gobernar hasta 1997, pero con una C\u00e1mara de Diputados que ser\u00eda mayoritariamente de oposici\u00f3n, que podr\u00eda frenar las leyes que presentara el ejecutivo. La potestad reglamentaria aut\u00f3noma, le permitir\u00eda a Pinochet \u201clegislar\u201d en todas aquellas materias que la misma Constituci\u00f3n no reservaba expl\u00edcitamente a la ley.<\/span><\/p>\n Mientras Pinochet fue Presidente no tuvo necesidad de recurrir a la potestad reglamentaria aut\u00f3noma, porque el Congreso Nacional era la Junta de Gobierno, que aprobaba cualquiera ley que enviara el Ejecutivo.<\/span><\/p>\n \u00bfEntonces por qu\u00e9 los presidentes que hemos tenido no han procedido a nacionalizar alguna empresa de cualquiera actividad, siendo que la nacionalizaci\u00f3n no est\u00e1 en las materias que obligatoriamente se deban hacer por ley? Porque el gran obst\u00e1culo para nacionalizar no es la la Constituci\u00f3n de 1980, sino el Presidente, y nunca hemos elegido un Presidente que tenga la voluntad, el coraje y la inteligencia del Presidente Allende.<\/span><\/p>\n En conclusi\u00f3n, la Nueva Constituci\u00f3n que se est\u00e1 elaborando no permite nacionalizar, y por otra parte, esta Nueva Constituci\u00f3n podr\u00eda quedar vigente durante 50 a\u00f1os, al cabo de los cuales ya no quedar\u00e1 cobre ni litio. Por ello,\u00a0a los que somos partidarios de la imprescindible necesidad de Nacionalizar la gran miner\u00eda, solo nos queda la posibilidad que no se apruebe la Nueva Constituci\u00f3n<\/span><\/strong>, pero, nos queda la gran tarea de elegir dentro de 3 o 7 a\u00f1os, un Presidente de la Rep\u00fablica, que tenga como medida principal de su programa,\u00a0la nacionalizaci\u00f3n por decreto supremo la gran miner\u00eda del cobre, del litio y del oro<\/span><\/strong>, en virtud de la potestad reglamentaria aut\u00f3noma o extendida del N\u00b0 6 del art\u00edculo 32 de la Constituci\u00f3n de 1980.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Juli\u00e1n Alcayaga O. – Economista y abogado. El Pleno de la Convenci\u00f3n Constitucional, con el voto y apoyo de los convencionales de derecha, la mayor parte de los convencionales del PS, del Frente Amplio e Independientes No Neutrales, ha rechazado…<\/p>\n","protected":false},"author":43,"featured_media":1594385,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11389,161,74,67],"tags":[29,381],"class_list":["post-1594334","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-contenido-original","category-opiniones","category-politica-es","category-sudamerica","tag-chile","tag-recursos-naturales"],"yoast_head":"\n
\n2) Las que la Constituci\u00f3n exija que sean reguladas por una ley;<\/span><\/strong>
\n3) Las que son objeto de codificaci\u00f3n, sea civil, comercial, procesal, penal u otra;
\n4) Las materias b\u00e1sicas relativas al r\u00e9gimen jur\u00eddico laboral, sindical, previsional y de seguridad social.<\/span><\/p>\n