En la Constituci\u00f3n de 1980, y tambi\u00e9n con los cambios que incorpor\u00f3 el presidente Lagos en 2005, el sector privado tiene un campo indiscriminado de acci\u00f3n para el ejercicio de cualquier tipo de actividad, que incluye tambi\u00e9n el \u00e1rea social. En cambio, las puertas del Estado se encuentran cerradas para impulsar iniciativas econ\u00f3micas, y al mismo tiempo la Carta Fundamental, al convertir a la educaci\u00f3n, salud y previsi\u00f3n en actividades mercantiles, desprotege a la mayor\u00eda de la sociedad, en especial a las familias que no cuentan con recursos para protegerse a s\u00ed mismas. El Estado se ha reducido, entonces, a un rol estrictamente subsidiario, anulando su car\u00e1cter solidario.<\/p>\n
Los redactores de la Constituci\u00f3n de 1980, inspirados en el individualismo de Hayek y Friedman, pero tambi\u00e9n aprovechando la fuerza de las armas de Pinochet, no tuvieron escr\u00fapulos en terminar con el rol activo que el Estado ha tenido a lo largo de la historia, en Chile y en el mundo entero. Porque el Estado fue el que en nuestro pa\u00eds\u00a0desarroll\u00f3 industrias, que el sector privado no ten\u00eda condiciones de impulsar: Chilectra, Endesa, ENAP y CAP, entre otras. De hecho, lo mismo ha sucedido en Estados Unidos, Europa y los pa\u00edses del Asia.<\/p>\n
En el \u00e1mbito productivo, constatamos hoy d\u00eda que, despu\u00e9s de la d\u00e9cada del 90, a\u00f1os de crecimiento vigoroso de la econom\u00eda chilena, la productividad se ha estancado, porque la estructura econ\u00f3mica concentrada en recursos naturales ha agotado su dinamismo.<\/p>\n
Por tanto, para recuperar la productividad y relanzar la econom\u00eda se precisa diversificarla, ir m\u00e1s all\u00e1 de la explotaci\u00f3n de recursos naturales. Y para ello el Estado subsidiario no sirve. Se requiere un sector p\u00fablico promotor de transformaciones, que invierta en ciencia y tecnolog\u00eda, que genere y\/o apoye nuevas industrias, con \u00e9nfasis en mayor valor agregado, y con una pol\u00edtica econ\u00f3mica orientadora de los mercados y no disciplinada por los mercados.<\/p>\n
Tambi\u00e9n, la capacidad regulatoria del Estado encuentra restricciones en la actual Constituci\u00f3n, con costos sociales ineludibles. En efecto, conductas empresariales monop\u00f3licas, colusiones de precios e incluso estafas directas (como en el caso de La Polar) han impedido al Estado regular estos actos delincuenciales. Los depredadores se sienten c\u00f3modos con los recursos judiciales de protecci\u00f3n y amparo y, cuando son sancionados, las condenas son irrisorias. Por tanto, para proteger a la sociedad de las agresiones empresariales es necesario instalar un Estado regulador efectivo y, por cierto, terminar con la ficci\u00f3n de la capacidad autorregulatoria del mercado.<\/p>\n
Sin duda, la mercantilizaci\u00f3n de los bienes p\u00fablicos constituye uno de los mayores cuestionamientos a la Constituci\u00f3n de 1980. Las protestas del 18-O lo pusieron de manifiesto. En efecto,\u00a0la carta constitucional se\u00f1ala que la salud y educaci\u00f3n son servicios de atenci\u00f3n p\u00fablicos o privados. A ello se agrega un sistema de previsi\u00f3n social, s\u00f3lo permitido al sistema privado de las AFP.<\/p>\n
As\u00ed las cosas, las familias del barrio alto, pagando isapres y colegios particulares, obtienen una elevada calidad en sus atenciones de salud y educaci\u00f3n, mientras que en Puente Alto la atenci\u00f3n en hospitales y escuelas p\u00fablicas es de calidad vergonzosa. Al mismo tiempo, la cantidad de dinero, aportado individualmente a las AFP, determina el monto de jubilaci\u00f3n obtenido en la vejez, con diferencias abismales entre gerentes y profesores jubilados.<\/p>\n
La pol\u00edtica de focalizaci\u00f3n, que durante 40 a\u00f1os ha acorralado a los pobres en su pobreza, levantando una muralla divisoria en la salud, educaci\u00f3n, vivienda y previsi\u00f3n, mostr\u00f3 su completo fracaso con la pandemia del Covid-19. Y, en medio de una crisis sanitaria in\u00e9dita, se confirm\u00f3 que la focalizaci\u00f3n ha resultado un fracaso, lo que oblig\u00f3 al Parlamento a universalizar la entrega de recursos para la protecci\u00f3n de toda la sociedad y debi\u00f3 hacerlo, aunque lamentablemente, con el retiro de los propios fondos de los afiliados a las AFP.<\/p>\n
La universalizaci\u00f3n de derechos es un reconocimiento a nuestra com\u00fan pertenencia a la sociedad y constituye la v\u00eda m\u00e1s eficaz para terminar con las exclusiones, que tensionan nuestro pa\u00eds. En consecuencia, renunciar a la focalizaci\u00f3n permitir\u00e1 asumir un claro compromiso con la declaraci\u00f3n de derechos humanos de las Naciones Unidas, que se\u00f1ala: \u201cToda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a \u00e9l y a su familia la salud y el bienestar, en especial la alimentaci\u00f3n, el vestido, la vivienda, la asistencia m\u00e9dica y los servicios sociales necesarios\u201d (Art. 25.1 de la Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos Humanos).<\/p>\n
La sociedad se cans\u00f3 de estas desigualdades y ahora entiende, perfectamente, que la Constituci\u00f3n pinochetista es la responsable del robo de sus derechos sociales. Es una Constituci\u00f3n tramposa, como ha dicho con lucidez Fernando Atria, y por ello hay que tirarla a la basura y redactar una completamente nueva. Y en eso estamos. En eso est\u00e1n los constituyentes, abriendo camino para que una nueva Constituci\u00f3n otorgue una justa direcci\u00f3n a la vida econ\u00f3mica y social de nuestro pa\u00eds.<\/p>\n
La Convenci\u00f3n Constitucional ha propuesto, con justicia, reemplazar el rol subsidiario que le otorga al Estado la Constituci\u00f3n de 1980. Sin embargo, se produjo en estos d\u00edas cierta controversia en la asamblea constitucional, lo que signific\u00f3 que la propuesta retornara a comisi\u00f3n para una discusi\u00f3n adicional. Tuvo el rechazo, como era de esperar, de los representantes de la derecha, pero sorprende que la tuviera tambi\u00e9n en la ex Lista del Pueblo y en los miembros de los esca\u00f1os reservados.<\/p>\n
Este es un asunto de la primera importancia, tanto para garantizar derechos sociales universales, como tambi\u00e9n para contar con un Estado activo en lo econ\u00f3mico y protector del medioambiente. Por ello esperamos que, superada la controversia, se formalice, sin vacilaciones, el reemplazo del Estado subsidiario y se incorpore el concepto de Estado Social de Derecho en la nueva Constituci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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