{"id":154289,"date":"2014-12-23T17:54:23","date_gmt":"2014-12-23T17:54:23","guid":{"rendered":"http:\/\/www.pressenza.com\/?p=154289"},"modified":"2014-12-23T17:54:23","modified_gmt":"2014-12-23T17:54:23","slug":"el-debate-global-sobre-empresas-y-derechos-humanos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/2014\/12\/el-debate-global-sobre-empresas-y-derechos-humanos\/","title":{"rendered":"El debate global sobre Empresas y Derechos Humanos"},"content":{"rendered":"

Por Jos\u00e9 Aylwin*.-<\/strong><\/p>\n

Con la asistencia de m\u00e1s de dos mil personas, entre ellos delegados de Naciones Unidas, de los estados, de pueblos ind\u00edgenas y de la sociedad civil, as\u00ed como representantes de empresas, se realiz\u00f3 del 01 al 03 de diciembre en Ginebra el Tercer Foro Anual de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.<\/p>\n

El Foro -el m\u00e1s importante sobre esta tem\u00e1tica de creciente relevancia global- fue convocado por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, que tiene como uno de sus mandatos el promover los Principios Rectores de esta entidad en la materia. Tales principios, aprobados por el Consejo de Derechos Humanos el 2011, incluyen la obligaci\u00f3n de los estados de proteger de los abusos de derechos humanos cometidos por terceros, incluidas las empresas; la obligaci\u00f3n de las empresas de respetar los derechos humanos, de evitar vulnerar los derechos de las personas y de reparar las consecuencias negativas de sus actividades; y la necesidad de que los estados y empresas establezcan mecanismos efectivos de reparaci\u00f3n para las v\u00edctimas de abusos a sus derechos humanos por empresas.<\/p>\n

Una preocupaci\u00f3n manifestada por la mayor parte de las organizaciones de derechos humanos y de sociedad civil asistentes al evento, fue la\u00a0 de la continuidad de las pr\u00e1cticas violatorias de derechos humanos por parte de estas empresas a nivel global, y a la impunidad en que estas pr\u00e1cticas quedan. Es as\u00ed como en el marco de este evento el Observatorio para la Protecci\u00f3n de los Defensores de Derechos Humanos de <\/strong>la Organizaci\u00f3n Mundial Contra la Tortura (OMCT) y FIDH dieron a conocer su informe sobre la situaci\u00f3n de los defensores de derechos humanos en el mundo, afectadas generalmente por la actividad de empresas. En este informe se da cuenta de que entre el 2011 y 2014 se constataron 43 casos de asesinatos de defensores del derecho a la tierra y 123 de hostigamiento judicial, a manos de polic\u00edas, militares, agentes de seguridad de empresas privadas o incluso mercenarios, en muchas ocasiones acompa\u00f1ado por detenciones arbitrarias. Se trata de n\u00fameros que reflejan una parte \u00ednfima de una realidad que afecta a todas las regiones del mundo, en especial a Asia y Latinoam\u00e9rica. De acuerdo a este informe, un 95% de estas graves violaciones a los derechos humanos de defensores quedan impunes. Dicha situaci\u00f3n,\u00a0 es consecuencia de la ausencia a nivel estatal e internacional de normas de car\u00e1cter vinculante\u00a0 para hacer efectiva la responsabilidad de los estados y las empresas frente a dichas violaciones de derechos humanos.<\/p>\n

Es por ello que una de las discusiones m\u00e1s relevantes verificadas en el Foro de Ginebra fue la referida al proceso para la elaboraci\u00f3n de un tratado vinculante para regular la actividad de las empresas trasnacionales y su relaci\u00f3n con los derechos humanos, iniciativa que el Consejo de Derechos Humanos aprob\u00f3 en junio de 2014, a propuesta de los estados de Ecuador y de Sud\u00e1frica. Se trata de una iniciativa que ha concitado el respaldo de un n\u00famero creciente de estados y de organizaciones de derechos humanos y de sociedad civil.<\/p>\n

Por lo mismo es que una de las materias que se espera aborde dicho tratado vinculante sobre empresas trasnacionales y derechos humanos sea el de la responsabilidad extraterritorial de los estados frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas trasnacionales en ellos domiciliados pero con actividades fuera de los mismos, situaci\u00f3n cada vez m\u00e1s com\u00fan en el marco de una econom\u00eda globalizada. Esta iniciativa, frente a la cual muchos estados latinoamericanos, entre ellos Chile, se abstuvieron al momento de su votaci\u00f3n por el Consejo de Derechos Humanos, ha ganado cada vez m\u00e1s soporte internacional. Ello no solo de parte desde la sociedad civil, la que ha conformado una alianza global para su respaldo, sino tambi\u00e9n por parte de diversos estados del sur global, incluyendo Chile de acuerdo a la intervenci\u00f3n del Subsecretario de Relaciones Exteriores Edgardo Riveros en Ginebra, e incluso estados del norte, los que se abren a su consideraci\u00f3n.<\/p>\n

Otro tema relevante abordado en Ginebra fue el de los planes nacionales de empresas y derechos humanos que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la materia ha venido promoviendo desde el 2012. Se trata de planes para coordinar la acci\u00f3n pol\u00edtica y legislativa de los estados a fin de asegurar que la actividad econ\u00f3mica y de las empresas no resulte en la violaci\u00f3n de derechos humanos, y que por ahora solo algunos estados europeos, como Reino Unido, Pa\u00edses Bajos, Italia y Dinamarca han elaborado. En contraste con ello, en Am\u00e9rica Latina solo Colombia ha avanzado en el desarrollo de este plan, mientras que Chile no muestra, m\u00e1s all\u00e1 de los anuncios, avances en esta materia, menos a\u00fan en abrir un debate amplio, con participaci\u00f3n de organismos de sociedad civil y de pueblos ind\u00edgenas, para su elaboraci\u00f3n.<\/p>\n

La situaci\u00f3n de los derechos de los pueblos ind\u00edgenas, cuyas tierras y territorios se ven afectados por la actividad de empresas, muchas de ellas extractivas de recursos naturales, fue \u00a0tambi\u00e9n una tem\u00e1tica central de este evento. Ello no es casual sino que resulta de una pr\u00e1ctica empresarial casi generalizada, en particular en los estados del sur global, que ha resultado en graves violaciones a derechos colectivos de estos pueblos, como el derecho a la consulta y al consentimiento previo, a la tierra, el territorio y los recursos naturales, la libre determinaci\u00f3n y a la autonom\u00eda, y el derecho a definir prioridades en materia de desarrollo, todos ellos reconocidos por el derecho internacional que les es aplicable, en particular el Convenio 169 de la OIT y la Declaraci\u00f3n de la ONU sobre derechos de pueblos ind\u00edgenas. Se trata de una realidad constatada por el propio Grupo de Trabajo de Naciones Unidas el que en su informe de 2013 se\u00f1alara: \u201c[\u2026] los pueblos ind\u00edgenas figuran entre los grupos m\u00e1s gravemente afectados por las actividades de los sectores extractivo, agroindustrial y energ\u00e9tico. Los impactos adversos denunciados van desde efectos sobre el derecho de los pueblos ind\u00edgenas a mantener el modo de vida tradicional que han elegido [\u2026], hasta el desplazamiento mediante reasentamiento forzoso o econ\u00f3mico y los graves atropellos conexos de los derechos civiles y pol\u00edticos, incluidos los efectos sobre los defensores de los derechos humanos[\u2026], y los derechos a la vida y a la integridad f\u00edsica\u201d.<\/p>\n

Am\u00e9rica Latina, como sabemos, no es una excepci\u00f3n a esta realidad, ya que las estrategias de \u201cdesarrollo\u201d impulsadas por los estados se siguen cimentando en la explotaci\u00f3n indiscriminada de los recursos naturales de los pueblos ind\u00edgenas, explotaci\u00f3n que se contrapone a sus culturas y planes de vida, y que por lo mismo genera conflictos que terminan por ser criminalizados. Tal como la CEPAL se\u00f1alara en septiembre pasado\u00a0 en su informe a la Conferencia Mundial de la ONU sobre\u00a0 pueblos Ind\u00edgenas \u201c[l]a expansi\u00f3n de las actividades primario-exportadoras en la regi\u00f3n ha implicado graves impactos ambientales, reclasificaci\u00f3n espacial y afectaci\u00f3n de derechos, intereses, territorios y recursos de pueblos ind\u00edgenas. Las disputas relacionadas con el control de los territorios y los recursos naturales se prestan f\u00e1cilmente al conflicto violento, aunque estos pueden verse agravados en contextos de exclusi\u00f3n pol\u00edtica, discriminaci\u00f3n social y marginalizaci\u00f3n econ\u00f3mica\u201d.<\/p>\n

Por ello no resulta casual que los representantes de pueblos ind\u00edgenas de los cinco continentes reunidos en Ginebra en forma previa al Foro subrayaran la necesidad de que los estados garanticen la vida de los pueblos ind\u00edgenas y los protejan frente a las amenazas de la actividad empresarial; respeten y protejan sus propias actividades econ\u00f3micas dentro de sus territorios, sin criminalizaci\u00f3n; y que no restrinjan el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos ind\u00edgenas frente a la actividad empresarial. Igualmente instaron al Grupo de Trabajo de la ONU sobre la materia a profundizar en el an\u00e1lisis del cumplimiento de la \u201cdebida diligencia\u201d que las empresas deben tener para asegurar el respeto por sus derechos. Finalmente reclamaron la necesidad de que los estados garanticen el acceso a la justicia para v\u00edctimas de violaciones de derechos humanos, y consideren en los planes de acci\u00f3n nacionales en derechos humanos la aplicaci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n extraterritorial cuando las v\u00edctimas no encuentren justicia en sus propios pa\u00edses.<\/p>\n

Por su parte la Relatora Especial de la ONU sobre derechos de pueblos ind\u00edgenas, Victoria Tauli Corpuz, intervino en el Foro para llamar la atenci\u00f3n sobre la gravedad y magnitud de las violaciones de derechos humanos de pueblos ind\u00edgenas cometidas por empresas, se\u00f1alando que el abordaje de esta realidad ser\u00e1 uno de los principales focos de su mandato. La Relatora Especial ahondo en la relaci\u00f3n que existe entre los tratados y los acuerdos multilaterales y bilaterales sobre inversi\u00f3n y comercio y los derechos de pueblos ind\u00edgenas, se\u00f1alando que muchas veces estos repercuten directamente sobre sus tierras, sus recursos, formas de vida y conocimientos. Por lo mismo, plante\u00f3 que esta ser\u00e1 una materia de preocupaci\u00f3n fundamental de su Relator\u00eda especial.<\/p>\n

La afectaci\u00f3n de los derechos del pueblo mapuche por la actividad empresarial tambi\u00e9n fue denunciada en este evento. Por un lado los lonkos Juan Pichun y Ciriaco Millacheo, junto a representantes de la Federaci\u00f3n Internacional de Derechos Humanos (FIDH), dieron cuenta de la inexistencia en Chile de mecanismos efectivos de remediaci\u00f3n y reparaci\u00f3n, como lo disponen los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos frente a las violaciones a los derechos sobre sus tierras y territorios de ocupaci\u00f3n tradicional por parte de las empresas forestales. Tambi\u00e9n dieron cuenta de los procesos de criminalizaci\u00f3n de la protesta social de sus comunidades, mediante la aplicaci\u00f3n de legislaci\u00f3n antiterrorista, lo que les llev\u00f3, junto a otros defensores de derechos mapuche, a plantear sus causas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, encontrando all\u00ed la justicia que no encontraron en el estado chileno.<\/p>\n

Por otro lado, el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Ind\u00edgenas de Neuqu\u00e9n, y el Observatorio Ciudadano de Chile, dieron a conocer a diferentes personeros de Naciones Unidas preocupados de esta materia, como el integrante del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, Pavel Sulyandziga, \u00a0y la Relatora Especial Victoria Tauli Corpus, la situaci\u00f3n de vulneraci\u00f3n de \u00a0derechos que hoy vive el pueblo mapuche como consecuencia de numerosas actividades extractivas y productivas, en particular la explotaci\u00f3n de petr\u00f3leo por v\u00edas convencionales y mediante el fracking que afecta a las comunidades de la provincia de Neuqu\u00e9n, Argentina; y los proyectos forestales, hidroel\u00e9ctricos y pisciculturas que se han instalado o que se propone instalar en el territorio mapuche en las regiones de la Araucan\u00eda y Los R\u00edos en Chile. Se trata de proyectos que se emplazan en sus tierras de ocupaci\u00f3n tradicional, que son impuestos\u00a0 sin procesos de consulta adecuados, sin que las empresas hayan \u00a0tenido la debida diligencia en el respeto de los derechos humanos, y sin que existan mecanismos adecuados para lograr la reparaci\u00f3n de los da\u00f1os causados.\u00a0 Cabe se\u00f1alar que estas actividades se desarrollan en estados que han ratificado el Convenio 169 de la OIT, cuyos derechos no han sido implementados mediante la adecuaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n interna, ni tampoco mediante pol\u00edticas p\u00fablicas referidas a los pueblos ind\u00edgenas. Por lo mismo, solicitaron una investigaci\u00f3n sobre esta cr\u00edtica realidad de derechos humanos.<\/p>\n

El Foro de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos deja en evidencia el incumplimiento por parte de los estados y las empresas \u00a0de la regi\u00f3n, Chile incluido, de los Principios Rectores de Naciones Unidas antes referidos. Tambi\u00e9n hace urgente la necesidad de que los estados adopten medidas no solo pol\u00edticas, sino tambi\u00e9n legislativas para asegurar la coherencia de su actuaci\u00f3n en la materia, para permitir hacer efectiva la responsabilidad de las empresas por la violaci\u00f3n de derechos humanos, as\u00ed como la responsabilidad extraterritorial que en ocasiones corresponde a los estados donde estas se domicilian. El Foro \u00a0dej\u00f3 al descubierto, adem\u00e1s, que la responsabilidad social empresarial, m\u00e1s all\u00e1 de la ret\u00f3rica, no ha logrado cambiar el comportamiento \u00a0de las empresas y su afectaci\u00f3n grave a derechos individuales y colectivos, como se denunci\u00f3 en el caso del pueblo mapuche en Chile y Argentina. Ello da \u00a0cuenta de la urgente necesidad de avanzar hacia\u00a0 la elaboraci\u00f3n de normas internacionales vinculantes, como las propuestas por Ecuador y Sud\u00e1frica, que permitan hacer efectiva la responsabilidad de los estados, as\u00ed como tambi\u00e9n de las empresas, frente a las violaciones de derechos humanos que les son imputables.<\/p>\n

 <\/p>\n

* Co Director, Observatorio Ciudadano<\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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