El proceso de memoria, verdad y justicia por los cr\u00edmenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura c\u00edvico militar es una de las bases sobre las que se consolid\u00f3 el Estado democr\u00e1tico en nuestro pa\u00eds. Los juicios que se llevan adelante en todo el territorio son uno de sus componentes fundamentales, junto con la reconstrucci\u00f3n de la verdad, la promoci\u00f3n de la memoria, la b\u00fasqueda de los ni\u00f1os apropiados y las pol\u00edticas de reparaci\u00f3n a las v\u00edctimas.<\/p>\n
Desde la recuperaci\u00f3n de la democracia la sociedad argentina eligi\u00f3 y construy\u00f3 con esfuerzo el camino de la justicia. Hoy este camino es valorado en todo el mundo. La amenaza de que queden impunes violaciones masivas de los derechos humanos de las que hoy tenemos conocimiento -como las que cometi\u00f3 la dictadura brasile\u00f1a, las que ocurren en M\u00e9xico o las que llev\u00f3 adelante el gobierno de Estados Unidos- vuelve a mostrar que la justicia alcanzada en nuestro pa\u00eds es producto de ese esfuerzo, de la militancia social y de las decisiones pol\u00edticas y judiciales que se comprometieron con esa lucha. Este proceso no fue lineal, atraves\u00f3 distintas etapas y requiri\u00f3 de m\u00faltiples estrategias para construir su legitimidad.<\/p>\n
Durante 2014 y de manera creciente, se intent\u00f3 cuestionar esta legitimidad poniendo en duda que los juicios respeten el debido proceso y afirmando que el sistema penal brinda un trato discriminatorio a los acusados.<\/p>\n
En la Argentina, el proceso de juzgamiento de los cr\u00edmenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado se materializ\u00f3 con las reglas procesales ordinarias, sin tribunales ni leyes especiales. Entre 2006 y septiembre de 2014, hubo 503 personas condenadas con penas muy diversas y 42 absueltas. En las etapas previas a la elevaci\u00f3n a juicio, los jueces resolvieron la falta de m\u00e9rito de 112 imputados y sobreseyeron a 54 personas. Es decir que, en los casos finalizados el 30% de los imputados fue sobrese\u00eddo, absuelto o se le dict\u00f3 falta de m\u00e9rito, lo que muestra la plena vigencia del derecho de defensa.<\/p>\n
Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los indultos interrumpieron el proceso de justicia iniciado en 1985. Durante casi veinte a\u00f1os los responsables de los cr\u00edmenes de lesa humanidad gozaron de impunidad. Muchos de ellos estuvieron detenidos en condiciones de privilegio y en unidades militares y, con frecuencia, hubo violaciones a la prisi\u00f3n domiciliaria y decisiones judiciales que relajaron las condiciones de ese r\u00e9gimen. Frente a la impunidad, las v\u00edctimas y los organismos de derechos humanos reclamamos que el castigo por los cr\u00edmenes de lesa humanidad fuera efectivo y en c\u00e1rcel com\u00fan. La reapertura del proceso judicial en 2003 nos enfrent\u00f3 al hecho de que la mayor\u00eda de los imputados tienen ahora una edad avanzada y, en algunos casos, padecen de enfermedades. Muchos han muerto, ya condenados o bajo proceso. Pero lo mismo ocurre con las v\u00edctimas y sus familiares, por su avanzada edad no relacionada con la mec\u00e1nica procesal.<\/p>\n
Los privilegios hist\u00f3ricos que tuvieron los responsables de estos cr\u00edmenes, en ciertos casos todav\u00eda vigentes, no pueden justificar ning\u00fan castigo que habilite criterios inadecuados. Se deben garantizar condiciones dignas de detenci\u00f3n para todas las personas privadas de la libertad, sin distinci\u00f3n de ning\u00fan tipo. Es inadmisible que la preocupaci\u00f3n por las condiciones en las que est\u00e1n detenidos los procesados y condenados por los cr\u00edmenes de lesa humanidad conviva con la indiferencia hacia la violaci\u00f3n estructural de los derechos humanos en las c\u00e1rceles argentinas, que tiene como v\u00edctimas principales a los varones, j\u00f3venes y pobres, privados de su libertad y que tambi\u00e9n alcanza a los presos por otro tipo de delitos que enfermos o con edad avanzada no obtienen el arresto domiciliario.<\/p>\n
En este momento, 454 de los 981 procesados por delitos de lesa humanidad est\u00e1n en libertad y 467 en prisi\u00f3n preventiva. Esta medida corresponde cuando hay peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigaci\u00f3n. En estos a\u00f1os hemos visto que muchos de estos acusados tienen capacidad para afectar los procedimientos y recursos econ\u00f3micos e institucionales para evadir la justicia. En la actualidad, hay 62 pr\u00f3fugos, dos de ellos ya condenados. Estos datos muestran que el uso de la prisi\u00f3n preventiva no se explica en estos casos por una actitud discriminatoria respecto a este grupo particular. Por el contrario, para el resto de la poblaci\u00f3n carcelaria aparece como un grave problema estructural del sistema penal argentino que el CELS se\u00f1ala con regularidad.<\/p>\n
Al mismo tiempo, el 34 % de los imputados se encuentra bajo el r\u00e9gimen de prisi\u00f3n domiciliaria. Es decir, que no hay una negativa sistem\u00e1tica a otorgar esta medida. Sin embargo, algunos de los detenidos en prisiones, por su avanzada edad y estado de salud, deber\u00edan cumplir la restricci\u00f3n a su libertad en sus domicilios, tal como lo establece la regla general amparada en razones humanitarias.<\/p>\n
Para que no se transforme en una nueva forma de impunidad, es fundamental que los poderes judicial y ejecutivo garanticen que el arresto domiciliario sea concedido por razones fundadas y que una vez otorgado su cumplimiento sea controlado de modo eficaz. En muchos casos los jueces han tomado decisiones discrecionales, por ejemplo la Sala III de la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n Penal ha concedido arrestos domiciliarios sin hacer una evaluaci\u00f3n estricta de la condici\u00f3n de cada imputado para establecer si hay un agravamiento concreto de sus condiciones de detenci\u00f3n. En muchos otros casos, la decisi\u00f3n del arresto domiciliario se tom\u00f3 en base a an\u00e1lisis m\u00e9dicos superficiales o no se dio seguimiento a la evoluci\u00f3n posterior del estado de salud de los detenidos. En particular, el Cuerpo M\u00e9dico Forense debe realizar peritajes m\u00e9dicos fehacientes sobre la salud de los detenidos que piden esperar el juicio o cumplir su condena fuera de la c\u00e1rcel. En muchas oportunidades los detenidos en sus domicilios violaron el arresto para realizar actividades diversas gracias a la falta de control o directamente a la connivencia. <\/p>\n
A lo largo de tres d\u00e9cadas, el proceso de memoria, verdad y justicia ha avanzado en la condena de las violaciones a los derechos humanos, la reconstrucci\u00f3n de la verdad hist\u00f3rica y la reparaci\u00f3n a las v\u00edctimas. A\u00fan hay cr\u00edmenes impunes, tramas de complicidad y participaci\u00f3n civil no abordadas por el poder judicial, personas secuestradas hace m\u00e1s de treinta a\u00f1os que desconocen su identidad, familias que exigen informaci\u00f3n para saber d\u00f3nde est\u00e1n los cuerpos de los desaparecidos. Por esto y ante la proximidad de las elecciones que dar\u00e1n lugar a un recambio de autoridades ejecutivas y representantes legislativos, es imprescindible que las fuerzas pol\u00edticas expresen con claridad sus posiciones respecto a la continuidad del proceso de verdad y justicia por los delitos cometidos en el marco del terrorismo de Estado.<\/p>\n
Fuente: Centro de Estudios Legales y Sociales
\nconsultas@cels.org.ar \/www.cels.org.ar<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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