{"id":1528472,"date":"2022-02-25T19:35:04","date_gmt":"2022-02-25T19:35:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pressenza.com\/?p=1528472"},"modified":"2022-02-25T19:35:04","modified_gmt":"2022-02-25T19:35:04","slug":"atentado-contra-la-libertad-de-expresion-y-a-favor-de-la-corrupcion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/2022\/02\/atentado-contra-la-libertad-de-expresion-y-a-favor-de-la-corrupcion\/","title":{"rendered":"Atentado contra la libertad de expresi\u00f3n y a favor de la corrupcion"},"content":{"rendered":"

Fuente: Juan Carlos Ruiz Molleda* – Servindi.<\/p>\n

Los partidos Per\u00fa Libre, Fuerza Popular, Acci\u00f3n Popular, Avanza Pa\u00eds y Renovaci\u00f3n Popular se han unido para respaldar un dictamen de la Comisi\u00f3n de Justicia del Congreso de la Rep\u00fablica que busca obstruir la lucha contra la corrupci\u00f3n, restringiendo las condiciones para la colaboraci\u00f3n eficaz y restringiendo el ejercicio del periodismo de investigaci\u00f3n.<\/p>\n

En el siguiente art\u00edculo el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, del Instituto de Defensa Legal (IDL) expone cuatro de los principales cuestionamientos a este dictamen: es un acto de censura sobre el trabajo de los periodistas y viola el derecho de los periodistas a la reserva de su fuente.<\/p>\n

Adem\u00e1s, resulta incompatible con el principio constitucional de lucha contra la corrupci\u00f3n expresamente reconocido por el Tribunal Constitucional, e ignora la importancia del trabajo de la prensa en los Estado democr\u00e1ticos.
\nDictamen aprobado contra la colaboraci\u00f3n eficaz atenta contra la libertad de expresi\u00f3n y favorece la corrupci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

El Congreso acaba de aprobar un dictamen que pretende modificar las reglas sobre colaboraci\u00f3n eficaz<\/a>. El problema con esta propuesta es que afecta gravemente la libertad de expresi\u00f3n de los periodistas y viola principios constitucionales. Lo que hace este dictamen en su art\u00edculo 2, referido a la \u201crevelaci\u00f3n indebida de informaci\u00f3n reservada\u201d, es sancionar con prisi\u00f3n a los funcionarios p\u00fablicos \u2013procuradores, fiscales o jueces\u2013\u00a0que filtren el contenido de los colaboradores eficaces. Asimismo, sanciona a quienes lo publiquen, esto es, medios de comunicaci\u00f3n y periodistas.<\/p>\n

Son cuatro los principales cuestionamientos a este dictamen: 1) es un acto de censura sobre el trabajo de los periodistas, 2) viola el derecho de los periodistas a la reserva de su fuente, 3) resulta incompatible con el principio constitucional de lucha contra la corrupci\u00f3n expresamente reconocido por el Tribunal Constitucional, y 4) ignora la importancia del trabajo de la prensa en los Estado democr\u00e1ticos.<\/p>\n

    \n
  1. El dictamen aprobado viola la prohibici\u00f3n constitucional y convencional de censura previa<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

    El dictamen constituye un acto de censura de los periodistas en materia de lucha contra la corrupci\u00f3n. Es decir, les proh\u00edbe difundir cualquier informaci\u00f3n sobre la lucha contra la corrupci\u00f3n. En efecto, el art\u00edculo 2.4 de la Constituci\u00f3n<\/a> y el art\u00edculo 13 de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos<\/a> son muy claros cuando proh\u00edben la censura como regla general, la cual solo est\u00e1 permitida cuando estamos ante discursos de odio, violencia o que promueven la guerra y la violencia.<\/p>\n

    Si se revisa con detenimiento el art\u00edculo 2.4 de la Constituci\u00f3n, se advertir\u00e1 que esta precisa \u201csin previa autorizaci\u00f3n ni censura ni impedimento alguno\u201d, y el art\u00edculo 13.2 de la Convenci\u00f3n Americana prev\u00e9 que \u201cel ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores\u201d. En este caso estamos ante una censura indirecta a los periodistas de difundir informaci\u00f3n sobre la corrupci\u00f3n, por m\u00e1s que esta tenga un relevante inter\u00e9s p\u00fablico.<\/p>\n

      \n
    1. El dictamen aprobado viola el derecho a la reserva de sus fuentes de los periodistas<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

      El derecho a la reserva de la identidad de las fuentes es un derecho fundamental y convencional. Se desprenden del art\u00edculo 13 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y los art\u00edculos 2.4 y 2.8 de la Constituci\u00f3n. Materialmente este dictamen constituye una manifestaci\u00f3n de las libertades comunicativas, as\u00ed como del derecho al secreto profesional.<\/p>\n

      Asimismo, los periodistas gozan del derecho al secreto profesional. As\u00ed lo reconoce la Constituci\u00f3n en su art\u00edculo 2.18. De tal forma, como algunos otros profesionales (abogados, m\u00e9dicos, sacerdotes, entre otros) los periodistas tambi\u00e9n tienen la obligaci\u00f3n de guardar reserva de aquellas actuaciones que conozcan en el ejercicio de sus labores. Dada su naturaleza, este derecho opera como una garant\u00eda. As\u00ed lo ha reconocido el TC cuando precisa que el derecho a \u00abguardar el secreto profesional\u00bb supone una obligaci\u00f3n para el profesional (abogado, notario, m\u00e9dico, periodista, etc.) de mantener en reserva o confidencialidad las confesiones, hechos, situaciones o cualquier noticia de la que haya tomado conocimiento, o que se le haya confiado de modo directo en su condici\u00f3n de profesional o t\u00e9cnico en determinada arte o ciencia. (STC No 07811-2005-AA\/TC, f.j. 5)<\/p>\n

      Incluso, en el caso de los periodistas, el m\u00e1ximo int\u00e9rprete de la Constituci\u00f3n ha reconocido que el derecho al secreto profesional guarda estrecha relaci\u00f3n con las libertades comunicativas y que incluye la preservaci\u00f3n de su ejercicio libre de la profesi\u00f3n \u00abcon relaci\u00f3n a sus fuentes de informaci\u00f3n\u00bb, a fin de garantizar que no sean \u00abobjeto de ning\u00fan tipo de presi\u00f3n de parte [\u2026] de las autoridades y funcionarios\u00bb.(STC No 07811-2005-AA\/TC, f.j. 6).<\/p>\n

        \n
      1. El dictamen aprobado es incompatible con el principio de lucha contra la corrupci\u00f3n al restringir el plazo para acogerse a la colaboraci\u00f3n eficaz<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

        Este proyecto al limitar la colaboraci\u00f3n eficaz, y en concreto el plazo, resulta incompatible con el principio constitucional de lucha contra la corrupci\u00f3n que tiene pleno valor normativo. Este Tribunal ha reiterado en variada jurisprudencia que la lucha contra la corrupci\u00f3n es un principio constitucional que, como tal, debe orientar la actuaci\u00f3n del Estado. (STC No 00016-2009-AI, f.j. 4). El principio de lucha contra la corrupci\u00f3n no ha sido recogido en la Constituci\u00f3n de 1993 como un principio constitucional expreso. \u201cSe trata, pues, de un principio constitucional impl\u00edcito de igual fuerza normativa. De ah\u00ed que se afirme que el Estado, por mandato constitucional, tiene el deber de combatir toda forma de corrupci\u00f3n\u201d. (STC No 00016-2009-AI, f.j. 5).<\/p>\n

        Este Tribunal ha precisado que los actos de corrupci\u00f3n no solo resultan contrarios al orden jur\u00eddico penal, sino que se encuentran re\u00f1idos con los m\u00e1s elementales designios de la \u00e9tica y la moral y, tambi\u00e9n, con los valores constitucionales (Sentencia 00019-2005-PI\/TC, fundamento 47), sin mencionar que constituye un fen\u00f3meno social que se ha proyectado dentro y fuera de la administraci\u00f3n del propio Estado (Sentencias 00009-2007-PI\/TC y 00010-2007-PI\/TC, fundamentos 53 y 54).<\/p>\n

        Finalmente, el TC ha precisado que \u201c(\u2026) la lucha contra la corrupci\u00f3n es un mandato constitucional que se desprende de los art\u00edculos 39 y 41 de la Constituci\u00f3n. Admitir la insustentable distinci\u00f3n entre el \u00e1mbito legal y constitucional puede servir como excusa para, so pretexto de someterse a la ley, desvincularse de mandatos constitucionales, con la consecuente anarqu\u00eda del ordenamiento y el descr\u00e9dito institucional que ello supondr\u00eda. Esta distinci\u00f3n es tambi\u00e9n contraproducente en un contexto en el cual se debe reafirmar una actitud judicial decidida en la lucha contra la corrupci\u00f3n. Y es que un \u00f3rgano jurisdiccional no puede limitarse a ser un mero \u201caplicador\u201d de las leyes, sino que, a trav\u00e9s de la interpretaci\u00f3n y argumentaci\u00f3n jur\u00eddicas, debe tutelar los derechos fundamentales, pero sin descuidar la tutela de otros valores y principios que la Constituci\u00f3n consagra\u201d. (STC No 00006-2006-CC\/TC, f.j. 11).<\/p>\n

          \n
        1. El dictamen aprobado desconoce importancia de libertades comunicativas en un Estado democr\u00e1tico<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

          Las libertades comunicativas se componen, b\u00e1sicamente, de la libertad de expresi\u00f3n e informaci\u00f3n. Ambas tienen una relaci\u00f3n estructural con la democracia (1), calificada por los organismos interamericanos como\u00a0estrecha<\/em>,\u00a0indisoluble<\/em>,\u00a0esencial<\/em>\u00a0y\u00a0fundamental<\/em>, que explica tanto la importancia de este derecho como los distintos alcances interpretativos que le han sido dados en la jurisprudencia. Para la CIDH, la relaci\u00f3n entre el derecho a la libertad de expresi\u00f3n y la democracia es tan estrecha que \u00abel objetivo mismo del art. 13 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos es el de fortalecer el funcionamiento de sistemas democr\u00e1ticos pluralistas y deliberativos mediante la protecci\u00f3n y el fomento de la libre circulaci\u00f3n de informaci\u00f3n, ideas y expresiones de toda \u00edndole\u00bb (2).<\/p>\n

          La libertad de expresi\u00f3n es una condici\u00f3n para la existencia y el funcionamiento de un sistema democr\u00e1tico, porque este no podr\u00eda consolidarse sin que las personas tengan la plena libertad de expresar sus propias ideas y opiniones, circular la informaci\u00f3n disponible, deliberar abierta y vigorosamente sobre los asuntos p\u00fablicos, ejercer control ciudadano sobre la gesti\u00f3n de lo p\u00fablico, impedir la instauraci\u00f3n del autoritarismo, denunciar la injusticia o la arbitrariedad, consolidar una opini\u00f3n p\u00fablica informada y activa, y permitir la realizaci\u00f3n y autodeterminaci\u00f3n personal y colectiva del sujeto pol\u00edtico (3).<\/p>\n

          De este rol democr\u00e1tico central se derivan a su turno consecuencias para el Estado, que debe garantizar la existencia de condiciones para que la libertad de expresi\u00f3n, en pleno ejercicio, pueda efectivamente cumplir su funci\u00f3n.<\/p>\n

          Conforme el art\u00edculo 13 de la CADH, uno de los componentes del derecho a la libertad de expresi\u00f3n es el derecho a difundir el pensamiento y las expresiones. Para que este derecho sea efectivamente ejercido, el Estado tiene el deber de abstenerse de establecer regulaciones o requisitos desproporcionados o innecesarios sobre el ejercicio de la difusi\u00f3n de informaciones, lo cual incluye a los periodistas y a los medios de comunicaci\u00f3n. Al decir de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte IDH, la expresi\u00f3n y la difusi\u00f3n de la misma son inseparables, por lo cual las limitaciones a los medios de comunicaci\u00f3n y dem\u00e1s canales e instrumentos de difusi\u00f3n constituyen limitaciones de la libertad de expresi\u00f3n (4).<\/p>\n

          Para la jurisprudencia del sistema interamericano, el periodismo es una de las principales manifestaciones del derecho a la libertad de expresi\u00f3n, y su ejercicio libre tiene una funci\u00f3n determinante para la consolidaci\u00f3n democr\u00e1tica. Al respecto la Relator\u00eda Especial de la OEA<\/a> ha se\u00f1alado:<\/p>\n

          las labores period\u00edsticas de prensa son elementos fundamentales para el funcionamiento de las democracias, ya que son los periodistas y los medios quienes mantienen informada a la sociedad sobre lo que ocurre y sus distintas interpretaciones, condici\u00f3n necesaria para que el debate p\u00fablico sea fuerte, informado y vigoroso\u00a0<\/em>(5).<\/p>\n

          La CIDH ha concedido un estatus particularmente protegido a los medios de comunicaci\u00f3n y los periodistas que reportan dichos temas. As\u00ed se\u00f1alo:<\/p>\n

          la jurisprudencia interamericana ha resaltado la importancia del rol de los medios de comunicaci\u00f3n en la informaci\u00f3n amplia sobre asuntos de inter\u00e9s p\u00fablico que afectan a la sociedad; ha explicado en este sentido que la libertad de expresi\u00f3n otorga, tanto a los directivos de los medios de comunicaci\u00f3n como a los periodistas que laboran en ellos, el derecho de investigar y difundir por esa v\u00eda hechos de inter\u00e9s p\u00fablico; y ha explicado que el procesamiento de personas, incluidos periodistas y comunicadores sociales, por el mero hecho de investigar, escribir y publicar informaci\u00f3n de inter\u00e9s p\u00fablico, viola la libertad de expresi\u00f3n al desestimular el debate p\u00fablico sobre asuntos de inter\u00e9s para la sociedad y generar un efecto de autocensura<\/em>\u00a0(6)<\/p>\n

          En el caso de autos, es claro que la investigaci\u00f3n period\u00edstica que viene realizando IDL-Reporteros tiene dicho enfoque, dada su alta relevancia para la discusi\u00f3n p\u00fablica sobre actos de corrupci\u00f3n en el sistema de justicia y que evidencian su necesaria reforma. Por tanto, nos encontramos ante una labor period\u00edstica de especial relevancia y protegida de manera especial por nuestro ordenamiento constitucional.<\/p>\n

          Notas:<\/strong><\/p>\n

          (1)\u00a0<\/strong>Corte IDH, Opini\u00f3n Consultiva OC-5\/85. La colegiaci\u00f3n obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29 Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos). 13 de noviembre de 1985, serie A n\u00fam. 5, p\u00e1rr. 70; CIDH, Relator\u00eda Especial para la Libertad de Expresi\u00f3n. Marco Jur\u00eddico Interamericano sobre el derecho a la Libertad de Expresi\u00f3n. OEA\/Ser.L\/V\/II CIDH\/RELE\/INF.2\/09, 30 diciembre 2009, p\u00e1rr. 7; Corte IDH, caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006, serie C n\u00fam. 151, p\u00e1rr. 85; Corte IDH, caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004, serie C n\u00fam. 107.<\/p>\n

          (2) Corte IDH, Opini\u00f3n Consultiva OC-5\/85. La colegiaci\u00f3n obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29 Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos). 13 de noviembre de 1985, serie A n\u00fam. 5, p\u00e1rr. 70; Corte IDH, caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006, serie C n\u00fam. 151, p\u00e1rr. 85; Corte IDH, caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004, serie C n\u00fam. 107, p\u00e1rr. 116; Corte IDH, Caso Ricardo Canese vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004, serie C n\u00fam. 111, p\u00e1rr. 86.<\/p>\n

          (3) Corte IDH, Opini\u00f3n Consultiva OC-5\/85. La colegiaci\u00f3n obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29 Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos). 13 de noviembre de 1985, serie A n\u00fam. 5, p\u00e1rr. 70; Corte IDH, caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C n\u00fam. 151, p\u00e1rr. 85; Corte IDH, caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004, serie C n\u00fam. 107, p\u00e1rr. 116; Corte IDH, caso Ricardo Canese vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004, serie C n\u00fam. 111, p\u00e1rr. 86.<\/p>\n

          (4) Corte IDH, La colegiaci\u00f3n obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29 Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos). Opini\u00f3n Consultiva OC-5\/85 del 13 de noviembre de 1985, serie A n\u00fam. 5, p\u00e1rr. 36.<\/p>\n

          (5) CIDH, Relator\u00eda Especial para la Libertad de Expresi\u00f3n. Marco jur\u00eddico interamericano sobre la liberta de expresi\u00f3n. OEA\/Ser.L\/V\/II CIDH\/RELE\/INF.2\/09, 30 diciembre 2009, p\u00e1rr. 165.<\/p>\n

          (6) CIDH, Relator\u00eda Especial para la Libertad de Expresi\u00f3n. Marco jur\u00eddico interamericano sobre la liberta de expresi\u00f3n. OEA\/Ser.L\/V\/II CIDH\/RELE\/INF.2\/09, 30 diciembre 2009, p\u00e1rr. 38.<\/p>\n

          —
          \n*Juan Carlos Ruiz Molleda es abogado de la PUCP, con especializaci\u00f3n en derecho constitucional y Coordinador del \u00c1rea de Litigio Constitucional del Instituto de Defensa Legal (IDL) y especialista en derechos de los pueblos ind\u00edgenas.<\/p>\n

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          Fuente: Juan Carlos Ruiz Molleda* – Servindi. 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