El acuerdo presidencial que blinda los proyectos y obras del gobierno federal fomenta la \u00abutilidad privada y despojo p\u00fablico\u00bb, as\u00ed como representa \u00abuna sentencia de muerte a las comunidades y territorios afectados\u00bb por los megaproyectos, aseguraron organizaciones ind\u00edgenas y campesinas, colectivos y activistas.<\/p>\n
Las organizaciones recordaron que el acuerdo, emitido el 22 de noviembre de 2021, contraviene varios art\u00edculos de la Constituci\u00f3n y viola una serie de leyes existentes, pues legitima cualquier proyecto del gobierno federal sin cumplir los requisitos que eval\u00faan su impacto en el medio ambiente, su legalidad en el \u00e1mbito de la propiedad y la no violaci\u00f3n de los derechos humanos y de los pueblos, como el derecho a la consulta previa, libre e informada.<\/p>\n
\u00abEsto intenta excluirlos de la esfera legal y refrenda nuevos despojos de nuestros derechos, tierras, aguas, bosques y territorios\u00bb, se\u00f1alaron las organizaciones, entre las que se encuentra la Red en Defensa del Ma\u00edz, el Grupo ETC y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolom\u00e9 de las Casas.<\/p>\n
\u00abMucho antes de 2018, nuestros pueblos ya estaban denunciando la devastaci\u00f3n generada por infinidad de megaproyectos que ahora ser\u00e1n considerados estrat\u00e9gicos y de seguridad nacional\u00bb, destacaron las organizaciones y colectivos, quienes a\u00f1adieron que las comunidades se han organizado para interponer 17 amparos con reclamos de fondo por el acuerdo, pero s\u00f3lo uno en Puebla ha procedido.<\/p>\n
En la mayor\u00eda de los dem\u00e1s amparos, explicaron, los tribunales han contestado a las comunidades ind\u00edgenas con \u00abdificultades innecesarias, demandando tr\u00e1mites complementarios absurdos y\/o declar\u00e1ndose incompetentes, lo cual en los hechos es una negaci\u00f3n al acceso a la justicia a los pueblos ind\u00edgenas\u00bb.<\/p>\n
Las organizaciones tambi\u00e9n denunciaron que aunque muchos medios masivos quieran presentar una imagen como si los empresarios y algunos partidos pol\u00edticos fueran cr\u00edticos al acuerdo, \u00aben realidad su principal preocupaci\u00f3n es que este decreto s\u00f3lo favorece a algunas empresas nacionales y trasnacionales que trabajan en los proyectos considerados prioritarios por el gobierno, cuando lo que quisieran es que la suspensi\u00f3n de derechos y obligaci\u00f3n de cumplir con las leyes ambientales y de consulta se aplicara a todas sus empresas y sus actividades\u00bb.<\/p>\n
Por ello, denunciaron la utilidad p\u00fablica al servicio de los intereses privados y exigieron la derogaci\u00f3n inmediata del acuerdo, as\u00ed como hicieron un llamado a las comunidades y colectivos a resistir a su imposici\u00f3n por todas las v\u00edas pac\u00edficas y de la ley.<\/p>\n
A continuaci\u00f3n el comunicado completo:<\/p>\n
NO AL GOBIERNO POR DECRETO<\/strong><\/p>\n
NO ES DESARROLLO, ES DESPOJO<\/p>\n
NO AL \u201cACUERDO\u201d PRESIDENCIAL DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2021<\/p>\n
Los y las abajo firmantes, comunidades, ejidos y organizaciones sociales de todo M\u00e9xico, reconocemos y denunciamos las consecuencias negativas e irreversibles sobre nuestros pueblos, territorios y la naturaleza con la que convivimos y cuidamos, que se derivan del Acuerdo presidencial emitido el 22 de noviembre de 2021, (DOF: 22\/11\/2021) por lo que\u2026<\/p>\n
EXIGIMOS SU DEROGACI\u00d3N INMEDIATA<\/p>\n
El decreto, mal llamado Acuerdo, tiene dos puntos centrales:<\/p>\n
1. Declara de inter\u00e9s p\u00fablico y seguridad nacional la realizaci\u00f3n de proyectos y obras a cargo del Gobierno de M\u00e9xico asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidr\u00e1ulico, h\u00eddrico, medio ambiente, tur\u00edstico, salud, v\u00edas f\u00e9rreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energ\u00e9tico, puertos, aeropuertos y aquellos que, \u201cpor su objeto, caracter\u00edsticas, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren prioritarios o estrat\u00e9gicos para el desarrollo nacional\u201d.<\/p>\n
2. Establece adem\u00e1s que las diferentes instancias gubernamentales relacionadas, deben otorgar una autorizaci\u00f3n provisional en 5 d\u00edas luego de presentada la solicitud y que si \u00e9sta no se expide, se entender\u00e1 resuelta en sentido positivo. Dichas instancias tendr\u00e1n un a\u00f1o para tomar una resoluci\u00f3n definitiva.<\/p>\n
El decreto contraviene varios art\u00edculos de la Constituci\u00f3n y viola una serie de leyes existentes, como detalla Francisco L\u00f3pez B\u00e1rcenas (Gobernar por decreto, La Jornada, 27\/11\/21).<\/p>\n
Es la legitimizaci\u00f3n de cualquier proyecto del gobierno federal para ejecutarse sin cumplir los requisitos y los t\u00e9rminos de ley que eval\u00faan su impacto en el medio ambiente, su legalidad en el \u00e1mbito de la propiedad y la no violaci\u00f3n de los derechos humanos como el derecho a la consulta previa, libre e informada establecida en las leyes nacionales y tratados internacionales, esto intenta excluirlos de la esfera legal y refrenda nuevos despojos de nuestros derechos, tierras, aguas, bosques y territorios.<\/p>\n
Estas resoluciones llamadas provisorias por un a\u00f1o, intentan poner en situaci\u00f3n de acto consumado los megaproyectos del gobierno, impidiendo el amparo y protecci\u00f3n de la justicia a trav\u00e9s del juicio de garant\u00edas, ya que si no se impide su realizaci\u00f3n, generar\u00e1n impactos negativos irreversibles debido al tipo de obras de infraestructura, tala de bosques y selvas, contaminaci\u00f3n de agua, inundaciones, arrasamiento de tierras y poblados. El acuerdo es en realidad una sentencia de muerte a las comunidades y territorios afectados.<\/p>\n
Adicionalmente es una legalizaci\u00f3n de la represi\u00f3n y persecuci\u00f3n a quienes leg\u00edtimamente nos organizamos y defendemos nuestros territorios y vidas ante los impactos irreversibles de estos proyectos sobre los que ni siquiera habremos sido informados, consultados ni dado nuestro consentimiento. En el grav\u00edsimo contexto del avance de la militarizaci\u00f3n del pa\u00eds que promueve y favorece el gobierno, esto es una declaraci\u00f3n de impunidad ante la represi\u00f3n contra los pueblos ind\u00edgenas y campesinos, quienes hemos vivido y cuidado los territorios desde tiempos inmemoriales y mucho antes de la constituci\u00f3n del Estado Mexicano. Para muestra basta con leer lo que declar\u00f3 el director general del proyecto Interoce\u00e1nico del Istmo de Tehuantepec Rafael Mar\u00edn sobre el decreto-acuerdo: \u201c\u00e9ste no s\u00f3lo facilitar\u00e1 la reducci\u00f3n de los tr\u00e1mites y tiempos que impiden el avance de las obras, sino tambi\u00e9n garantizar\u00e1 la intervenci\u00f3n veloz de la autoridad para contener probables bloqueos; esto nos va a ayudar a hacer m\u00e1s \u00e1gil la tramitolog\u00eda y por el otro, pues el que se declaren instalaciones estrat\u00e9gicas los proyectos, tambi\u00e9n nos ayudan a que puedan intervenir inmediatamente las autoridades en caso de bloqueos y este tipo de cosas\u201d.<\/p>\n
Son los mismos empresarios y partidos que han cuestionado este decreto por sus intereses comerciales y politiqueros que en gobiernos anteriores impusieron este mismo tipo de proyectos a nuestros pueblos, y contra quienes hemos protestado, denunciado y resistido igualmente desde hace muchas d\u00e9cadas, de lo cual hay numerosos testimonios e historia escrita. Entre \u00e9stas, las luchas y denuncias del Congreso Nacional Ind\u00edgena desde 1996 al presente en todo el pa\u00eds, los testimonios asentados en m\u00e1s de 40 pre-audiencias y audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos cap\u00edtulo M\u00e9xico entre 2011 y 2014, los testimonios de devastaci\u00f3n territorial y ambiental en verdaderas zonas de sacrificio en m\u00e1s de 10 regiones del pa\u00eds, tambi\u00e9n constatadas por caravanas y misiones de pueblos y organizaciones nacionales e internacionales en 2020-21.<\/p>\n
Mucho antes de 2018, nuestros pueblos ya estaban denunciando la devastaci\u00f3n generada por infinidad de megaproyectos que ahora ser\u00e1n considerados estrat\u00e9gicos y de seguridad nacional: megaproyectos carreteros, hidr\u00e1ulicos, energ\u00e9ticos, de infraestructura que invaden y despojan nuestros territorios, como el Proyecto Integral Morelos, el Corredor Trans\u00edstmico, y el mal llamado Tren Maya, contra el que muchas comunidades nos hemos amparado.<\/p>\n
Igual se pronunciaron las comunidades, movimientos y organizaciones en el Pronunciamiento del Encuentro Nacional de Luchas contra Gasoductos y Proyectos de Muerte, del 17 de enero de 2022, donde afirman los pueblos: \u201cel Decreto Presidencial del 22 de noviembre de 2021 representa una nueva embestida contra quienes defienden la vida porque, a pesar de que los megaproyectos se han impuesto sin el consentimiento de nuestros pueblos y a trav\u00e9s de la fuerza, hoy el despojo y la imposici\u00f3n se legalizan intentando anular la posibilidad de la acci\u00f3n organizativa y de la acci\u00f3n legal\u201d (https:\/\/www.centrodemedioslibres.org\/\u2026\/pronunciamiento\u2026\/<\/a>)<\/p>\n
Sabemos que la SCJN suspendi\u00f3 la aplicaci\u00f3n de este acuerdo en atenci\u00f3n a lo planteado por el INAI, pero solamente en sus aspectos relacionados al acceso a la informaci\u00f3n, mientras que las consecuencias del decreto son mucho m\u00e1s amplias.<\/p>\n
Comunidades y organizaciones del Congreso Nacional Ind\u00edgena han interpuesto 17 amparos con reclamos de fondo. Uno de \u00e9stos fue aceptado y el juzgado en Puebla ha concedido un recurso de suspensi\u00f3n de la aplicaci\u00f3n del acuerdo. (https:\/\/tinyurl.com\/465yt4ek<\/a>) En la mayor\u00eda de los dem\u00e1s amparos, los tribunales han contestado planteando a las comunidades ind\u00edgenas dificultades innecesarias, demandando tr\u00e1mites complementarios absurdos y\/o declar\u00e1ndose incompetentes, lo cual en los hechos es una negaci\u00f3n al acceso a la justicia a los pueblos ind\u00edgenas.<\/p>\n
Denunciamos tambi\u00e9n que aunque muchos medios masivos quieran presentar una imagen como si los empresarios y algunos partidos pol\u00edticos fueran cr\u00edticos al decreto, en realidad su principal preocupaci\u00f3n es que este decreto s\u00f3lo favorece a algunas empresas nacionales y trasnacionales que trabajan en los proyectos considerados prioritarios por el gobierno, cuando lo que quisieran es que la suspensi\u00f3n de derechos y obligaci\u00f3n de cumplir con las leyes ambientales y de consulta se aplicara a todas sus empresas y sus actividades.<\/p>\n