Estado costarricense c\u00f3mplice y en grave deuda.<\/p>\n
En ocasi\u00f3n de la visita a Costa Rica de Francisco Cali Tzay, relator especial de la ONU sobre derechos de los pueblos ind\u00edgenas, varias organizaciones realizaron un foro donde se\u00f1alaron la grave situaci\u00f3n que viven los pueblos originarios en este pa\u00eds centroamericano.<\/p>\n
En un comunicado, representantes de pueblos ancestrales denunciaron que el a\u00f1o pasado al menos 14 l\u00edderes fueron amenazados de muerte. Tambi\u00e9n recordaron que a\u00fan persiste impunidad absoluta en los asesinatos de Sergio Rojas y Jerhy Rivera[1].<\/p>\n
Los dos activistas ind\u00edgenas fueron ultimados en marzo de 2019 y febrero de 2020, en medio del recrudecimiento de la violencia contra los pueblos Nas\u00f6-Br\u00f6r\u00e1n (T\u00e9rraba) y Bribri (Salitre), empe\u00f1ados en la recuperaci\u00f3n de sus territorios ancestrales.<\/p>\n
De acuerdo con las estad\u00edsticas de la organizaci\u00f3n ecologista Bloque Verde, durante las \u00faltimas tres d\u00e9cadas se han registrado al menos 25 atentados contra personas defensoras de la tierra y el ambiente, resultando 13 personas asesinadas.<\/p>\n
El informe de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) se\u00f1ala que el principal actor en agredir y atentar contra los derechos humanos de los pueblos originarios es la fuerza p\u00fablica.<\/p>\n
\u201cLa fuerza p\u00fablica act\u00faa de forma parcializada a favor de las personas no ind\u00edgenas que usurpan ilegalmente nuestros territorios ancestrales\u201d, se\u00f1ala el comunicado.<\/p>\n
Esta situaci\u00f3n no s\u00f3lo es violatoria del Convenio 169 de la OIT y de la Ley Ind\u00edgena, que establecen la inalienabilidad de estos territorios y el derecho absoluto de los pueblos originarios sobre ellos, sino que contribuye a la reiteraci\u00f3n de la violencia y la profundizaci\u00f3n de la impunidad.<\/p>\n
Estado c\u00f3mplice<\/strong><\/p>\n \u201cEl gobierno de (Carlos) Alvarado contin\u00faa con la herencia colonial, capitalista y patriarcal de los gobiernos anteriores. No s\u00f3lo no avanz\u00f3 en la expropiaci\u00f3n de los terrenos usurpados por personas no ind\u00edgenas, sino que reconoci\u00f3 que el Plan de Recuperaci\u00f3n de Territorios Ind\u00edgenas (RTI) est\u00e1 muy atrasado\u201d, advirtieron las organizaciones convocantes del foro.<\/p>\n Adem\u00e1s, durante el 2020 y 2021 se han dado cuatro resoluciones judiciales en las que se ordenaba el desalojo de familias ind\u00edgenas de las tierras recuperadas.<\/p>\n Estas situaciones aumentan la vulnerabilidad de los pueblos originarios costarricenses y exponen a sus miembros a la violencia incontrolada de los invasores y usurpadores.<\/p>\n