{"id":1450842,"date":"2021-10-13T20:38:09","date_gmt":"2021-10-13T19:38:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pressenza.com\/?p=1450842"},"modified":"2021-10-13T20:38:09","modified_gmt":"2021-10-13T19:38:09","slug":"honduras-y-derechos-humanos-un-cinismo-estructural","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/2021\/10\/honduras-y-derechos-humanos-un-cinismo-estructural\/","title":{"rendered":"Honduras y derechos humanos, un cinismo estructural"},"content":{"rendered":"

Estigmatizaci\u00f3n, criminalizaci\u00f3n, judicializaci\u00f3n y asesinato de personas defensoras hacen de Honduras uno de los pa\u00edses m\u00e1s letales para quienes defienden tierra y bienes comunes.<\/p>\n

El pasado 5 de julio, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional declar\u00f3 culpable a\u00a0David Castillo, ex presidente de la empresa Desarrollos Energ\u00e9ticos SA (DESA), por ser coautor del asesinato de la dirigente ind\u00edgena y luchadora social,\u00a0Berta C\u00e1ceres.<\/p>\n

Castillo fue tambi\u00e9n oficial de la inteligencia militar hondure\u00f1a, graduado de la academia militar estadounidense de West Point.<\/p>\n

En aquel entonces, los jueces fijaron el 3 de agosto como fecha para la individualizaci\u00f3n de la pena. M\u00e1s de tres meses despu\u00e9s, el tribunal a\u00fan no ha dictado sentencia, generando una incertidumbre jur\u00eddica que preocupa profundamente tanto a las v\u00edctimas como al equipo legal que las representa.<\/p>\n

En una actividad realizada frente a la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa, el Consejo C\u00edvico de Organizaciones Populares e Ind\u00edgenas de Honduras (Copinh) alert\u00f3 sobre el incumplimiento de la Sala Primera, que ha dejado que expiraran los tiempos procesales establecidos para dictar sentencia.<\/p>\n

Tambi\u00e9n lament\u00f3 que la Sala de lo Penal\u00a0\u00a0a\u00fan no haya resuelto los recursos pendientes, para dejar firme la\u00a0sentencia dictada en 2019\u00a0e<\/a>n contra de siete autores materiales del asesinato de Berta C\u00e1ceres \u2013 entre ellos ex dirigentes y miembros de la seguridad de DESA, ex militares y militares activos \u2013 y que el ministerio p\u00fablico a\u00fan no haya presentado, ni procesado a los autores intelectuales del crimen.<\/p>\n

En este sentido, el Copinh en un comunicado<\/a> asegur\u00f3 que no se quedar\u00e1 callado y que disputar\u00e1 \u00abcada mil\u00edmetro de justicia que debamos arrebatar y exigir a la espuria institucionalidad hondure\u00f1a\u00bb, al tiempo que exigi\u00f3 una \u00abpronta y contundente sentencia\u00bb.<\/p>\n

El llamado del Copinh y de los familiares de la dirigente ind\u00edgena asesinada fue avalado por la Misi\u00f3n de Observaci\u00f3n Calificada en la Causa Berta C\u00e1ceres<\/a>. Sus integrantes deploraron la falta de iniciativa de las instituciones que deben garantizar justicia para perseguir y procesar a los actores claves de la estructura criminal que perpetr\u00f3 el crimen.<\/p>\n

A este respecto, la sentencia contra Castillo representa la continuidad del compromiso de seguir el proceso para lograr justicia integral para Berta C\u00e1ceres.<\/p>\n

\u00abEl fallo deber\u00eda impulsar una investigaci\u00f3n con debida diligencia de todos los autores de este crimen, para que sean debidamente llevados a la justicia. Esta inseguridad jur\u00eddica pone en riesgo el debido proceso y las garant\u00edas de las v\u00edctimas a la reparaci\u00f3n digna y a la no repetici\u00f3n, dej\u00e1ndolas en una situaci\u00f3n de vulnerabilidad y sin acceso a una justicia plena\u00bb, asegur\u00f3 la Misi\u00f3n.<\/p>\n

Libertad para Guapinol<\/strong><\/p>\n

M\u00e1s compleja a\u00fan es la situaci\u00f3n<\/a> de los ocho defensores del agua y la vida de Guapinol, que desde hace m\u00e1s de dos a\u00f1os guardan prisi\u00f3n preventiva, acusados de los delitos de incendio agravado y privaci\u00f3n injusta de la libertad.<\/p>\n

A pesar de varios intentos de sus defensores de obtener una revisi\u00f3n de medidas cautelares, los jueces han venido denegando sistem\u00e1ticamente esta posibilidad, y los ocho defensores siguen presos, siete en la localidad de Olanchito y uno en La Ceiba.<\/p>\n

En los a\u00f1os pasados, al menos 32 personas fueron requeridas fiscalmente por defender el territorio y los r\u00edos que bajan del Parque Nacional \u00abMonta\u00f1a de Botaderos\u00bb, cuya zona n\u00facleo est\u00e1 siendo amenazada por la empresa minera Inversiones Los Pinares (NE Holdings Inc y NE Holdings Subsidiary Inc), antes EMCO Mining Company.<\/p>\n

En esta zona nacen alrededor de 34 fuentes de agua que abastecen ciudades y comunidades. En especial los r\u00edos Guapinol y San Pedro son los que est\u00e1n sufriendo los principales impactos. Nunca las comunidades y poblaciones de la zona fueron consultadas antes de otorgar las concesiones a la compa\u00f1\u00eda minera.<\/p>\n

Las holdings que administran Inversiones Los Pinares son controladas por Lenir P\u00e9rez Sol\u00eds, ya involucrado en el pasado en otros conflictos mineros<\/a>, y Ana Facuss\u00e9 Madrid, hija del tristemente famoso terrateniente palmero Miguel Facuss\u00e9 Barjum. El nombre de Facuss\u00e9 ha sido relacionado en el pasado con el grave conflicto agrario del Bajo Agu\u00e1n<\/a>, donde decenas de campesinos organizados perdieron la vida, y con el despojo territorial en la pen\u00ednsula de Zacate Grande.<\/a><\/p>\n

Recientemente, el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas\u00a0\u00a0determin\u00f3 que los defensores de Guapinol \u00abse encuentran detenidos arbitrariamente\u00bb y recomend\u00f3 al Estado de Honduras\u00a0\u00a0\u00absu libertad sin dilaciones\u00bb. El Estado nunca respondi\u00f3 e hizo caso omiso de las recomendaciones.<\/p>\n

Para colmo, con la clara intenci\u00f3n de castigar a los defensores injustamente e ilegalmente encarcelados, el ministerio p\u00fablico solicit\u00f3 y obtuvo que se ampliara a un a\u00f1o m\u00e1s la prisi\u00f3n preventiva.<\/p>\n

\u00abEl Estado de Honduras vive en un cinismo estructural permanente: por un lado pregona la defensa de los derechos humanos y por el otro tiene una pr\u00e1ctica contraria a estos mismos derechos\u00bb, dijo Joaqu\u00edn Mej\u00eda, investigador del Equipo de Reflexi\u00f3n, Investigaci\u00f3n y Comunicaci\u00f3n (ERIC), durante el foro virtual \u2018Compromisos del Estado hondure\u00f1o ante los mecanismos de la ONU\u2019.<\/p>\n

\u00bfHonduras defiende derechos humanos?<\/strong><\/p>\n

Parad\u00f3jicamente, este a\u00f1o Honduras anunci\u00f3 su candidatura para integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el marco de la 76\u00aa Asamblea General. M\u00e1s de 50 organizaciones nacionales e internacionales escribieron a los Estados miembros<\/a> con derecho a voto, inst\u00e1ndolos a dejar la papeleta en blanco a la hora de votar por Honduras, ya que este pa\u00eds \u00abno tiene legitimidad para ocupar ese puesto\u00bb.<\/p>\n

Diferentes informes a nivel internacional, entre otros \u00ab\u00daltima l\u00ednea de defensa\u00bb<\/a> publicado recientemente por Global Witness, se\u00f1alan a Honduras como uno de los lugares m\u00e1s peligrosos del mundo para las personas defensoras de derechos humanos, especialmente para quienes defienden la tierra y los bienes comunes.<\/p>\n

El uso y abuso del sistema de justicia y la colusi\u00f3n del Estado con empresas extractivistas son dos de los elementos que caracterizan la violaci\u00f3n sistem\u00e1tica de derechos humanos en Honduras.<\/p>\n

\u00abEl Estado ha realizado reformas institucionales y normativas para imponer un modelo econ\u00f3mico que se centra en la explotaci\u00f3n inconsulta de los bienes comunes, lo cual genera numerosos conflictos con graves consecuencias para los derechos humanos. Frente a eso, el Estado se alinea de manera sistem\u00e1tica e incondicional con las empresas que est\u00e1n imponiendo este modelo. Los impactos son desastrosos y el caso de los defensores de Guapinol es un claro ejemplo de ello\u00bb, explic\u00f3 Mej\u00eda.<\/p>\n

Seg\u00fan Global Witness, en 2020 al menos 129 personas gar\u00edfunas e ind\u00edgenas sufrieron ataques por oponerse a proyectos extractivos y son 153 las y los defensores asesinados en la \u00faltima d\u00e9cada. Adem\u00e1s, el Centro de Informaci\u00f3n sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) se\u00f1ala a Honduras como el pa\u00eds con m\u00e1s acoso judicial en contra de personas defensoras de derechos humanos.<\/p>\n

\u00abHay un patr\u00f3n muy claro. En primer lugar se crea el enemigo en el imaginario colectivo, luego se estigmatizan, se amenazan, se hostigan a las personas defensoras y se implementa la represi\u00f3n policial, militar y de guardias de seguridad privados de las empresas. Finalmente viene el uso indebido del derecho penal para criminalizarlas y judicializarlas, aplic\u00e1ndoles de manera autom\u00e1tica la prisi\u00f3n preventiva. El \u00faltimo paso puede ser la eliminaci\u00f3n f\u00edsica, como ha pasado con Berta C\u00e1ceres, Margarita Murillo, Jeannette Kawas, los compa\u00f1eros gar\u00edfunas y tolupanes, y muchos otros\u00bb, asever\u00f3 el investigador del ERIC.<\/p>\n

En Honduras, entonces, hay un sistema judicial selectivo que act\u00faa de manera tard\u00eda y sin ofrecer respuestas efectivas cuando se trata de violaci\u00f3n de derechos humanos, y que se vuelve sorprendentemente r\u00e1pido y eficaz cuando se trata de favorecer los intereses de actores vinculados con el poder pol\u00edtico, econ\u00f3mico y empresarial, criminalizando a las personas que defienden los territorios.<\/p>\n

Criminalizaci\u00f3n de la protesta<\/strong><\/p>\n

Gilda Rivera, directora del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) y miembro de la Coalici\u00f3n contra la Impunidad en Honduras, record\u00f3 que en el pa\u00eds se siguen aprobando concesiones extractivas sin cumplir con una serie de requisitos, entre otros, la consulta previa, libre e informada a las comunidades que se ver\u00e1n afectadas por estos proyectos.<\/p>\n

El pasado 7 de octubre, el Congreso Nacional aprob\u00f3, de manera expedita, unas reformas al c\u00f3digo penal, que fueron fuertemente cuestionadas tanto por las fuerzas parlamentarias opositoras como por amplios sectores de la sociedad hondure\u00f1a.<\/p>\n

Entre otras modificaciones que van a dificultar a\u00fan m\u00e1s la lucha contra la corrupci\u00f3n y la impunidad, la bancada oficialista y sus aliados endurecieron las penas y ampliaron la tipificaci\u00f3n del delito de usurpaci\u00f3n. La figura penal de la usurpaci\u00f3n ha sido usada sistem\u00e1ticamente por los gobiernos y dem\u00e1s instituciones continuadoras del golpe (2009) para criminalizar y judicializar la protesta social y territorial.<\/p>\n

\u00abEs una clara demostraci\u00f3n de la instrumentalizaci\u00f3n del derecho penal para atacar a las personas defensoras. El territorio nacional est\u00e1 cruzado por conflictos, en los cuales la poblaci\u00f3n y las comunidades est\u00e1n siendo criminalizadas, estigmatizadas, descalificadas y reprimidas en total impunidad\u00bb, asegur\u00f3 Rivera durante el foro virtual.<\/p>\n

Seg\u00fan la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, desde el asesinato de Berta C\u00e1ceres (2016) hasta la fecha, al menos 8 defensoras han sido asesinadas, ha habido 35 intentos de asesinato, 2267 agresiones, 92 casos de criminalizaci\u00f3n y judicializaci\u00f3n, 29 detenciones ilegales y arbitrarias. El 48% de todos estos ataques se ha perpetrado en contra de defensoras de la tierra y los territorios y son 159 las agresiones a manos de entidades estatales y guardias de seguridad privados.<\/p>\n

Tambi\u00e9n la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras manifest\u00f3 fuerte preocupaci\u00f3n por las reformas aprobadas que, entre otros, \u00abmodifican el tipo penal del delito de usurpaci\u00f3n, agravando su pena, extendi\u00e9ndolo a espacios p\u00fablicos y facilitando los desalojos, abriendo as\u00ed la posibilidad de aplicar las nuevas disposiciones no s\u00f3lo a las organizaciones campesinas, sino tambi\u00e9n a personas en ejercicio de sus derechos a la reuni\u00f3n, la expresi\u00f3n y la manifestaci\u00f3n pac\u00edfica\u00bb.<\/p>\n

\u00abEl extractivismo afecta directamente a las personas. Como Copinh rechazamos estas reformas al c\u00f3digo penal porque apuntan a profundizar a\u00fan m\u00e1s la criminalizaci\u00f3n, la violencia y la represi\u00f3n de quienes defienden los territorios\u00bb, se\u00f1al\u00f3 Laura Z\u00faniga C\u00e1ceres, miembro del Copinh e hija de Berta C\u00e1ceres.<\/p>\n

Se\u00f1ales de esperanza <\/strong><\/p>\n

En medio de tantas problem\u00e1ticas, no cesa la lucha en defensa de los derechos humanos y de las personas criminalizadas.<\/p>\n

El pasado 17 de septiembre, despu\u00e9s de una larga lucha y 19 meses de prisi\u00f3n preventiva en una c\u00e1rcel de m\u00e1xima seguridad, fueron absueltos de todos los delitos que se les imputaban los presos pol\u00edticos Edwin Espinal y Ra\u00fal \u00c1lvarez. Tres meses antes, el otro preso pol\u00edtico Rommel Herrera Portillo, fue liberado despu\u00e9s de m\u00e1s de dos a\u00f1os de injusta reclusi\u00f3n. Asimismo, a los dirigentes y defensores ind\u00edgenas V\u00edctor V\u00e1squez y Jos\u00e9 Santos Vigil les acaban de conceder medidas alternativas a la prisi\u00f3n para que puedan defenderse en libertad.<\/p>\n

Peque\u00f1as pero importantes se\u00f1ales. Victorias populares que marcan la necesidad de seguir organizando y articulando esfuerzos y acciones, de hacer alianzas a nivel nacional e internacional, promoviendo e impulsando procesos de demandas colectivas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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