{"id":1426962,"date":"2021-09-09T00:58:45","date_gmt":"2021-09-08T23:58:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pressenza.com\/?p=1426962"},"modified":"2021-09-09T00:58:45","modified_gmt":"2021-09-08T23:58:45","slug":"la-expoliacion-de-empresas-publicas-durante-dictadura-civico-militar-chilena","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/2021\/09\/la-expoliacion-de-empresas-publicas-durante-dictadura-civico-militar-chilena\/","title":{"rendered":"La expoliaci\u00f3n de empresas p\u00fablicas durante dictadura c\u00edvico-militar chilena"},"content":{"rendered":"<p>Por Jorge Molina y Patricio Mery Bell<\/p>\n<p>Durante la d\u00e9cada de 1970 en Chile, como en muchos pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina, la lucha por cambiar el sistema de ra\u00edz y establecer como principio rector la justicia social, estaba a la orden del d\u00eda y las grandes mayor\u00edas la ve\u00edan como una posibilidad al alcance de la mano. La dictadura de Pinochet derrot\u00f3 ese proceso. Para eso cont\u00f3 con el apoyo del empresariado, dispuesto a los peores cr\u00edmenes ante la amenaza de perder sus privilegios de clase. Las dictaduras en Latinoam\u00e9rica fueron tuteladas por Estados Unidos, que a trav\u00e9s de la CIA controlaba el plan represivo a nivel continental (Plan C\u00f3ndor), incluso desde antes que los golpes militares fuesen instaurados en los distintos pa\u00edses.<\/p>\n<p>Muchos de los empresarios chilenos que fueron parte del golpe contin\u00faan haciendo negocios al d\u00eda de hoy. Son parte de una clase parasitaria que, mientras por un lado manifiestan odiar la injerencia del Estado en la econom\u00eda y tienen como programa la baja constante del gasto p\u00fablico, es decir, menos salud, menos educaci\u00f3n, menos vivienda, por otro lado se dedicaron a meterse de lleno en las instituciones estatales para, a trav\u00e9s de pol\u00edticas neoliberales, trasladar infinidad de recursos p\u00fablicos a sus propias arcas.<\/p>\n<p>La privatizaci\u00f3n de la econom\u00eda constituy\u00f3 uno de los procesos m\u00e1s oscuros de la dictadura, sin Congreso Nacional ni fiscalizaci\u00f3n alguna, con falta de independencia de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica y de los tribunales de justicia. En su desarrollo se distinguieron cuatro etapas:<\/p>\n<p>-La primera fase (1973-1975) comenz\u00f3 con la devoluci\u00f3n de fundos y empresas ocupadas por los campesinos y obreros o intervenidos y requisados por el gobierno popular para impedir la paralizaci\u00f3n y el boicot de sus due\u00f1os, en su campa\u00f1a por derrocar a Allende. En esta fase, se restituyeron 258 empresas antes de diciembre de 1973 y se privatizaron otras 350. En esta etapa se pagaron tambi\u00e9n cuantiosas indemnizaciones a los consorcios norteamericanos, a los cuales se les hab\u00eda expropiado (gran miner\u00eda del cobre, ITT y otras). Las indemnizaciones alcanzaron a 1.315,2 millones de d\u00f3lares (moneda de 1988) desde 1974 a 1988. Por razones desconocidas, se les pag\u00f3 cantidades superiores a las que estas compa\u00f1\u00edas reclamaban al gobierno de Allende, particularmente en el caso de las empresas del cobre y de la ITT. Ello sin considerar que la expropiaci\u00f3n de la gran miner\u00eda del cobre se hab\u00eda hecho de acuerdo a la reforma constitucional aprobada un\u00e1nimemente por el Congreso Nacional.<\/p>\n<p>Bajo la conducci\u00f3n de la Corporaci\u00f3n de Fomento de la Producci\u00f3n (Corfo) le vendieron empresas que ella administraba, en licitaciones abiertas y decisiones reservadas a su vicepresidente ejecutivo. Las devoluciones fueron discrecionales y solo en algunos casos rechazadas por sus primitivos due\u00f1os, encarg\u00e1ndose entonces la misma Corfo de su liquidaci\u00f3n o venta. Esta entidad, una vez concluida la transferencia de sus empresas, redefini\u00f3 sus funciones s\u00f3lo como banco de fomento con los recursos originados en dichas enajenaciones, abandonando las amplias funciones de planificaci\u00f3n y gesti\u00f3n de las empresas del \u00e1rea social que tuvo en el gobierno presidido por Salvador Allende.<\/p>\n<p>La Empresa Nacional de Miner\u00eda (Enami) emple\u00f3 procedimientos similares a los definidos por Corfo. Las ventas comprendieron peque\u00f1as y medianas empresas de explotaci\u00f3n y procesamiento de minerales. Solo conserv\u00f3 un porcentaje de la planta de procesamiento (fundici\u00f3n y refiner\u00eda de cobre) de Las Ventanas, con lo que la mencionada empresa nacional volvi\u00f3 a constituirse en un poder de compra sin operaciones de explotaci\u00f3n directa.<\/p>\n<p>La Compa\u00f1\u00eda de Aceros del Pac\u00edfico (Cap) vendi\u00f3 sociedades o participaciones en ellas, de acuerdo a la idea de centrar sus operaciones en la fabricaci\u00f3n de acero y no en su procesamiento.<\/p>\n<p>La Corporaci\u00f3n de la Reforma Agraria (Cora) y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) transfirieron el dominio de todas las propiedades agr\u00edcolas bajo su control. En este caso se utilizaron tambi\u00e9n diferentes modalidades, como restituciones parciales, que consistieron en devoluciones o formaciones de reservas dentro de predios expropiados; revocaciones, expresadas en devoluciones totales de terrenos expropiados; asignaciones de unidades reformadas (cooperativas y parcelas individuales) y ventas de activos de la Cora, la que termin\u00f3 por disolverse. El Indap se mantuvo, pero con una considerable reducci\u00f3n de sus actividades.<\/p>\n<p>Con este desmantelamiento de los activos p\u00fablicos, la dictadura se propuso que el Estado no interfiriera en las actividades econ\u00f3micas a no ser que se considerara necesario desde el punto de vista estrat\u00e9gico. Sobre esta base, la privatizaci\u00f3n de la econom\u00eda deriv\u00f3, por sobre todas las cosas, en la centralizaci\u00f3n del poder econ\u00f3mico de ciertos grupos y en el consiguiente oligopolio de algunas industrias. M\u00e1s que en la extensi\u00f3n y expansi\u00f3n del sector empresarial, esta centralizaci\u00f3n del poder econ\u00f3mico se tradujo en el desplazamiento de sectores peque\u00f1os y de medianos empresarios. Las operaciones de transferencia se hicieron con sigilo, sin fiscalizaci\u00f3n p\u00fablica y en un ambiente de irregularidades, algunas de las cuales salieron a la luz p\u00fablica. Al rev\u00e9s de la expropiaci\u00f3n de las empresas de la gran miner\u00eda por el gobierno de Allende, que se hizo al valor libro, con la cr\u00edtica de la derecha, ahora ella vendi\u00f3 las empresas p\u00fablicas por lo general por debajo de dicho valor.<\/p>\n<p>La extensi\u00f3n y acentuaci\u00f3n extrema del proceso centralizador y concentrador de la econom\u00eda aparece demostrada por la evidencia del control sobre sociedades an\u00f3nimas y dem\u00e1s empresas. El simple cruzamiento de informaci\u00f3n de las empresas licitadas con las empresas controladas por los principales grupos, sugiere que el desmantelamiento del Estado, la privatizaci\u00f3n de la econom\u00eda y la acentuaci\u00f3n extraordinaria del poder oligop\u00f3lico son facetas de un mismo proceso. Las interrelaciones entre estas tres facetas se convirtieron, a partir de entonces, en elementos centrales de todo an\u00e1lisis de la econom\u00eda nacional.<\/p>\n<p>-La segunda etapa (1975-1982) comprende el lapso entre la recesi\u00f3n del primero de estos a\u00f1os y la crisis del segundo, per\u00edodo en el cual la Corfo vendi\u00f3 a trav\u00e9s de subasta o propuesta p\u00fablica sus acciones y derechos en 135 sociedades, de las cuales en 91 de ellas era socio mayoritario. De la misma manera, transfiri\u00f3 al sector privado su participaci\u00f3n en 16 bancos comerciales. Adem\u00e1s la dictadura realiz\u00f3 m\u00e1s de 600 operaciones por ventas de plantas agroindustriales, pertenencias mineras, bienes ra\u00edces as\u00ed como m\u00e1s de tres mil operaciones por ventas de bienes inmuebles.<\/p>\n<p>Las privatizaciones continuaron extendi\u00e9ndose hasta abarcar diversos sectores de la vida econ\u00f3mica y social. La legislaci\u00f3n minera, la reorganizaci\u00f3n de las municipalidades, la modificaci\u00f3n de los sistemas de educaci\u00f3n, de salud, de previsi\u00f3n social y el plan laboral abrieron paso a la m\u00e1s generalizada privatizaci\u00f3n de la sociedad.<\/p>\n<p>-La tercera etapa (1983-1985) comprende los reacomodos al interior de la clase dominante, remecida por la crisis de 1982. Durante esta crisis se sucedieron hechos de tanta importancia como la intervenci\u00f3n estatal en el sistema financiero, el derrumbe de los m\u00e1s destacados grupos econ\u00f3micos, la oposici\u00f3n de algunos empresarios a las pol\u00edticas impuestas por la dictadura, el desplazamiento transitorio de los Chicago boys del gabinete, la devaluaci\u00f3n de la moneda nacional, el ingreso de un hombre del grupo de Javier Vial, RolfL\u00fcders, como biministro de Hacienda y Econom\u00eda -y luego la prisi\u00f3n de ambos por sus \u201cirregularidades\u201d- la constituci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Fiscalizadora de las empresas y bancos del grupo Cruzat-Larra\u00edn, etc. La crisis desarticul\u00f3 el sistema generado en las dos etapas anteriores, desencadenando un triple proceso: a) combinaci\u00f3n de nueva estatizaci\u00f3n y posterior privatizaci\u00f3n de las actividades econ\u00f3micas, intervenci\u00f3n del sistema financiero quebrado por su endeudamiento, estatizaci\u00f3n de la deuda externa privada, mediante el aval del Estado, al proceder a su negociaci\u00f3n, administraci\u00f3n de bancos y empresas; b) nueva privatizaci\u00f3n y transnacionalizaci\u00f3n del sistema financiero cambiando los bancos de due\u00f1os, con incorporaci\u00f3n de inversionistas extranjeros y, c) privatizaci\u00f3n de las fuentes externas e internas de ahorro e inversi\u00f3n.<\/p>\n<p>-La cuarta etapa (1985-1989) marca la reanudaci\u00f3n de las privatizaciones y la conversi\u00f3n de deudas en enajenaci\u00f3n de activos nacionales, de acuerdo a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Comit\u00e9 de Bancos Acreedores, trayendo consigo una mayor desnacionalizaci\u00f3n econ\u00f3mica y pol\u00edtica. Superado el lapso de administraci\u00f3n de la crisis de 1982 y resuelto el conflicto al interior de las clases dominantes, los neoliberales volvieron a tomar el control de la pol\u00edtica econ\u00f3mica y se realiz\u00f3 el \u00faltimo reparto del bot\u00edn de guerra entre los grupos existentes y nuevos grupos emergentes en el interior del gobierno. En esta cuarta etapas se emplearon diversos mecanismos:<\/p>\n<p>1. La privatizaci\u00f3n del \u00e1rea denominada por los t\u00e9cnicos de la dictadura como \u201crara\u201d. Las empresas productivas, servicios y bancos mantenidos en esta \u00e1rea despu\u00e9s de la crisis en referencia fueron reprivatizados a partir de la Comisi\u00f3n Progresa y del equipo interventor de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, pudi\u00e9ndose distinguir las siguientes situaciones:<\/p>\n<p>a) Grandes empresas industriales (Copec y sus filiales, CCU y sus filiales, Inforsa, Indus, CTI, Compa\u00f1\u00eda General de Electricidad Industrial, etc.) Ellas pasaron a manos de grupos econ\u00f3micos locales, que hab\u00edan sobrevivido a la crisis, y de consorcios transnacionales a trav\u00e9s de la asociaci\u00f3n del grupo Angelini con el grupo neozeland\u00e9s Carter Holt Harvey (Copec); de la asociaci\u00f3n del grupo Luksic son el consorcio cervecero alem\u00e1n Paulaner (CCU) y de la asociaci\u00f3n del grupo Matte con FletcherChallenger de Nueva Zelandia (en el sector de la celulosa y el papel) optando el primero por controlar Inforsa. Otros consorcios transnacionales controlaron, sin asociaci\u00f3n, importantes empresas como Hucke, MacKay, Nestl\u00e9, Victric Vidrios y Aluminios Lirqu\u00e9n, etc.<\/p>\n<p>b) Las principales sociedades de servicios, como las AFP y las compa\u00f1\u00edas de seguros de vida fueron controladas por consorcios financieros norteamericanos, como Bankers Trust, Aetna y American International Group.<\/p>\n<p>c) Las grandes instituciones de cr\u00e9dito como el Banco de Chile y el Banco de Santiago, intervenidos en 1983, fueron a su vez reprivatizados, disemin\u00e1ndose su propiedad.<\/p>\n<p>2. La privatizaci\u00f3n de grandes empresas p\u00fablicas. En 1985 se privatizaron la Sociedad Qu\u00edmica Minera de Chile (Soquimich); Industria Azucarera Nacional (Iansa); Empresa Nacional de Explosivos (Enaex); Compa\u00f1\u00eda de Aceros del Pac\u00edfico (Cap); Laboratorios Chile; empresas el\u00e9cticas Metropolitana, Quinta Regi\u00f3n, Chilectra Generaci\u00f3n, de Melipilla y de Coquimbo; Empresa Nacional de Electricidad (Endesa); Compa\u00f1\u00eda de Tel\u00e9fonos de Chile (CTC); Telex Chile. Adem\u00e1s, Empresa Nacional de Comunicaciones (Ecom); empresas el\u00e9ctricas de Tarapac\u00e1, del Norte, de Ays\u00e9n, de Magallanes; hidroel\u00e9ctricas de Pilmaiqu\u00e9n, Pullinque, Colb\u00fan-Machicura, Pehuenche; L\u00ednea A\u00e9rea Nacional (Lan Chile); Instituto de Seguros del Estado; Empresa Nacional del Carb\u00f3n (Enacar); Carbon\u00edfera Schwager; Chile Films; Sociedad Chilena del Libro.<\/p>\n<p>3. Las privatizaciones posteriores al plebiscito de 1988. Los mecanismos utilizados para el traspaso fueron, en general, los mismos que se aplicaron anteriormente, aunque en algunos casos se disfrazaron con la modalidad de \u201ccapitalismo popular\u201d, con la cual se privatizaron algunas empresas energ\u00e9ticas en las regiones u otras en que particip\u00f3 personal de las Fuerzas Armadas, como la Compa\u00f1\u00eda de Tel\u00e9fonos de Chile y Endesa. En agosto de 1989, un balance de la progresi\u00f3n de este proceso referido a las 29 empresas p\u00fablicas privatizables a mediados de 1985, expresaba: a) al 30 de septiembre de 1988, trece de ellas estaban totalmente enajenadas, ocho se encontraban parcialmente privatizadas y ocho comenzaban su privatizaci\u00f3n; b) despu\u00e9s del plebiscito de octubre de 1988 se complet\u00f3 la privatizaci\u00f3n de las ocho parcialmente enajenadas y se privatizaron otras tres (Chile Films, Sociedad Chilena del Libro y Edelnor); c) en agosto de 1989, cuando se le acababa el tiempo a la dictadura, 24 de aquellas empresas se hab\u00edan traspasado al sector privado. Respecto a las otras empresas fueron desmanteladas, como Ferrocarriles del Estado -privatizada por partes (carga)- y otras que los asaltantes del poder no alcanzaron a vender, como Codelco o el Banco del Estado. Sin embargo, metieron mano en sus recursos financieros para favorecer a grupos y personas del r\u00e9gimen, tanto en aqu\u00e9llas como Enap, Correos, TVN y las que dependen del Ministerio de Defensa.<\/p>\n<p>Por lo general, el control definitivo de las empresas privatizadas lo obtuvieron los mismos ejecutivos nombrados por la dictadura, mediante \u201csociedades de papel\u201d como Pampa Calichera, en Soquimich y las Chispitas 1 y 2, de Chilectra. Para impedir la oposici\u00f3n de los sindicatos, se les vendi\u00f3 a los trabajadores de cada empresa una peque\u00f1a cantidad de acciones, operaci\u00f3n calificada de \u201ccapitalismo popular\u201d.<\/p>\n<p>La Cap fue fundada por Corfo en la d\u00e9cada de 1940. Aunque el Estado tuvo una determinaci\u00f3n decisiva tanto en la formulaci\u00f3n del proyecto como en el financiamiento, se le concedi\u00f3 mayor\u00eda al sector privado (53% contra 47%). Pero en 1968 el Estado pas\u00f3 a ser accionista mayoritario y en 1973, el 97,6% de su capital pertenec\u00eda a \u00e9l, a trav\u00e9s de Corfo. En el proceso de privatizaci\u00f3n se transfiri\u00f3 primero el 47% de la empresa al sector privado en 1986, por un valor de venta de 40 millones de d\u00f3lares en circunstancias que su valor real era de no menos de 200 millones de d\u00f3lares, subsidiando de esta manera a los compradores en 160 millones en dicha moneda, es decir, se despoj\u00f3 de esa enorme proporci\u00f3n al Estado. Estudios posteriores, entre otros del Programa de Econom\u00eda del Trabajo (PET), del Chase Manhattan Bank y el Appraisant Company, calcularon una p\u00e9rdida de 99 a 223 millones de d\u00f3lares. Como fue habitual en otros casos de privatizaciones de las grandes empresas del Estado, la de Cap favoreci\u00f3 a grupos de ejecutivos que usaron informaci\u00f3n privilegiada y se privatizaron a s\u00ed mismos con la empresa. El caso m\u00e1s destacado en esta privatizaci\u00f3n fue el de Roberto de Andraca, gerente general desde 1983, apoyado por los ministros de Hacienda Jorge Cauas, Sergio de Castro y Hern\u00e1n B\u00fcchi. La privatizaci\u00f3n se complet\u00f3 en 1987.<\/p>\n<p>La Sociedad Qu\u00edmica y Minera de Chile (Soquimich) fue creada en 1968 sobre la base de la industria del salitre, cuya propiedad era compartida por la Corfo y la Compa\u00f1\u00eda Salitrera Anglo Lautaro, S.A. En el gobierno de Salvador Allende esa sociedad se incorpor\u00f3 al \u00e1rea social y en la dictadura de Pinochet pas\u00f3 a manos de su yerno, Julio Ponce Lerou, un ingeniero forestal que no ten\u00eda capital alguno pero s\u00ed una audacia incre\u00edble. El proceso fue similar al de Cap. El suegro lo nombr\u00f3 presidente en 1980, despu\u00e9s de ejercer otros cargos tanto en Corfo como en diversos organismos p\u00fablicos, desempe\u00f1\u00e1ndose como vicepresidente ejecutivo su socio, de igual profesi\u00f3n, Patricio Contesse. El mismo Ponce Lerou form\u00f3 \u201csociedades de papel\u201d como Pampa Calichera y otras, que empezaron a comprar acciones de Soquimich hasta 1988, a\u00f1o en que estaba privatizada, siendo su principal accionista Pampa Calichera S.A.<\/p>\n<p>Como en el caso de Cap, la Contralor\u00eda emiti\u00f3 un informe sobre la enajenaci\u00f3n de aquella empresa qu\u00edmica y minera, en el que establece las p\u00e9rdidas de Corfo, la que \u201cobtuvo un precio por acci\u00f3n inferior a los valores estimados ya que s\u00f3lo registr\u00f3 ingresos equivalentes al 29%, 53% y 59% de la proyecci\u00f3n de los a\u00f1os 1986, 1987 y 1988 respectivamente\u201d. Este despojo del patrimonio p\u00fablico fue espectacular. De acuerdo a Mar\u00eda Olivia Monckeberg: \u201cLa Contralor\u00eda agreg\u00f3 que Corfo vendi\u00f3 en los a\u00f1os 1983 a 1988 el total de su inversi\u00f3n en esta empresa (123.490.000 acciones) en un monto de 119.982.594 d\u00f3lares. De mantenerse las utilidades de la sociedad en el nivel del \u00faltimo a\u00f1o, obtendr\u00eda por concepto de dividendos en 2,5 per\u00edodos aproximadamente ese valor\u201d. El subsidio p\u00fablico para Ponce Lerou y su grupo fue de 76,4% apoder\u00e1ndose adem\u00e1s de la totalidad de las reservas de nitrato, yodo y litio del pa\u00eds y del mundo.<\/p>\n<p>La Industria Azucarera Nacional (Iansa) fue creada por la Corfo en 1952, con plantas en Los \u00c1ngeles, Llanquihue, Linares, Temuco, Chill\u00e1n, Rapaco y Curic\u00f3. la privatizaci\u00f3n adolece de irregularidades similares al caso anterior. En 1986 se vendieron acciones sin licitaci\u00f3n p\u00fablica, a un precio 21% inferior al valor de la Bolsa. En 1988 se acord\u00f3 vender en dicho organismo el 90% de las acciones que todav\u00eda pose\u00eda la Corfo y en seguida, directamente, el saldo de 12,67%. Monckeberg afirma: \u201cDe acuerdo a un informe realizado posteriormente por la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, las ventas directas de acciones de Iansa sumaron 33.659.106 d\u00f3lares, lo que signific\u00f3 p\u00e9rdidas netas que alcanzaron a un monto de 47.628.514 d\u00f3lares\u201d. La misma autora agrega que, seg\u00fan un estudio de un grupo de profesionales, realizado en 1988, entre 1986 y 1988, se vendieron 2.606.947 acciones, es decir, el 80,6% de la empresa, con un enorme subsidio impl\u00edcito en favor de quienes se quedaron con la empresa.<\/p>\n<p>La Empresa Nacional de Electricidad (Endesa) fue fundada por la Corfo en 1943, para impulsar la producci\u00f3n de energ\u00eda, tan necesaria para el desarrollo del pa\u00eds. Esta era una de las empresas que escapaba a la voracidad de los privados hasta la derrota de Pinochet en el plebiscito de 1988. En el a\u00f1o siguiente comenz\u00f3 el saqueo. Al momento de su privatizaci\u00f3n, Endesa controlaba el 60% de la generaci\u00f3n el\u00e9ctrica del pa\u00eds, el 55% de la distribuci\u00f3n y la casi totalidad de las mercedes de aguas aprovechables para el sector hidroel\u00e9ctrico. Su privatizaci\u00f3n implic\u00f3, adem\u00e1s, el traspaso a los nuevos due\u00f1os de los derechos de agua que pertenec\u00edan a la empresa estatal. \u00bfCu\u00e1nto signific\u00f3 este robo? Un informe de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, que se conoci\u00f3 en 1991, se\u00f1al\u00f3 que la privatizaci\u00f3n de la m\u00e1s importante empresa el\u00e9ctrica del pa\u00eds le habr\u00eda significado al Estado alrededor de mil millones de d\u00f3lares de p\u00e9rdidas. Pero otro estudio ha representado que esta operaci\u00f3n signific\u00f3 un subsidio impl\u00edcito de US$44.089.544 del a\u00f1o 2000, el que benefici\u00f3 directamente a los nuevos due\u00f1os, con Yuraszeck y su grupo a la cabeza. Un negocio parecido fue el de las filiales (Pullinque, Pilmaiqu\u00e9n y Pehuenche).<\/p>\n<p>La Compa\u00f1\u00eda Chilena de Electricidad (Chilectra) fue creada en 1921 y nacionalizada por el gobierno de Salvador Allende en 1970. Ten\u00eda como funci\u00f3n distribuir y comercializar la energ\u00eda el\u00e9ctrica en la Regi\u00f3n Metropolitana y en Valpara\u00edso. En el a\u00f1o 1981, la dictadura la dividi\u00f3 en Chilectra Metropolitana o Chilmetro (despu\u00e9s denominada Enersis), Chilectra Generaci\u00f3n o Chilgener y Chilectra Quinta Regi\u00f3n o Chilquinta, para ser privatizadas despu\u00e9s de 1985. Los administradores de estas empresas estatales se encargaron de las privatizaciones, encabezados por Jos\u00e9 Yuraszeck. Para eso, 19 ejecutivos de Chilmetro formaron dos sociedades de inversiones: Inversiones Civiles Chispitas Uno e Inversiones Civiles Chispitas Dos, correspondiendo el uso de la raz\u00f3n social a seis de los socios, con plenos poderes de administraci\u00f3n. Con este control, dichos ejecutivos invitaron a otros accionistas a incorporarse. Este fue el \u201cPlan Chispazos\u201d. Si irregulares hab\u00edan sido las anteriores privatizaciones, \u00e9sta bati\u00f3 todos los r\u00e9cords. Con un capital equivalente al 2% de las acciones de Chilmetro, representado por los aportes de los fundadores de las Chispitas m\u00e1s las acciones de los trabajadores, obtuvieron un pr\u00e9stamo en el Banco del Estado por un monto de diez veces la garant\u00eda y compraron el 20% de las acciones de la misma empresa a un precio inferior al valor de la Bolsa. As\u00ed, por un juego de artilugio, se apoderaron de grandes inversiones del Estado en materia de electricidad. Con la misma plata del Estado, recibida en pr\u00e9stamo, le pagaron al Estado las acciones de aquella empresa.<\/p>\n<p>La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) fue fundada por la Corfo en los comienzos de la d\u00e9cada de los sesenta. Como las el\u00e9ctricas ya mencionadas, Entel era considerada como una empresa estrat\u00e9gica que deb\u00eda ser controlada por el Estado. No obstante, los privatizadores la enajenaron como en los otros casos, a un precio absolutamente inferior a su valor real, a tal punto que un estudio posterior determin\u00f3 que se hab\u00eda concedido un subsidio inmenso para los \u201ccompradores\u201d. Entre estos, el ej\u00e9rcito adquiri\u00f3 el 10%, a trav\u00e9s de Famae. El resto pas\u00f3 a manos del Grupo Telef\u00f3nica Espa\u00f1a y otros privatizadores chilenos que despu\u00e9s vendieron, pasando su control al grupo de Hurtado Vicu\u00f1a y Eduardo Fern\u00e1ndez Le\u00f3n.<\/p>\n<p>Finalmente, Mar\u00eda Olivia Monckeberg siempre ha manifestado que se enriquecieron conjuntamente con Pinochet, los ministros y altos ejecutivos, civiles y militares, y los \u201ccompradores\u201d. Entre los ministros que se proyectaron al mundo de los negocios a trav\u00e9s de las privatizaciones destacan Jorge Cauas, Sergio de Castro, Pablo Barahona, Hern\u00e1n B\u00fcchi, Carlos C\u00e1ceres, Juan Antonio Guzm\u00e1n, Jos\u00e9 Pi\u00f1era, Miguel \u00c1ngel Poduje, Sergio Melnick, M\u00e1ximo Silva Bafalluy, \u00c1lvaro Donoso, Luis Larra\u00edn y otros. Tampoco puede olvidarse a Bruno Phillippi, Juan Hurtado Vicu\u00f1a, Julio Ponce Lerou,\u00a0 \u00c1lvaro Saieh, Jos\u00e9 Yuraszeck, Patricio Contesse, Guillermo Arthur, Carlos Alberto D\u00e9lano,\u00a0 \u00c1lvaro Bard\u00f3n y otros.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Jorge Molina y Patricio Mery Bell Durante la d\u00e9cada de 1970 en Chile, como en muchos pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina, la lucha por cambiar el sistema de ra\u00edz y establecer como principio rector la justicia social, estaba a 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