Por Lic. W\u00edlliam Alberto M\u00e9ndez Garita*<\/p>\n
El Acuerdo de Escaz\u00fa molesta a quienes quieren opacidad ambiental en el pa\u00eds.<\/p>\n
Por opacidad se puede entender la falta de transparencia en las acciones de las instituciones p\u00fablicas y las decisiones de las y los funcionarios.<\/p>\n
Esta ausencia de transparencia resulta alarmante si tenemos en cuenta que a\u00fan quedan quienes impulsan la explotaci\u00f3n petrolera, el extractivismo agr\u00edcola, la pesca de arrastre y la miner\u00eda, entre otras, como opciones econ\u00f3micas sin considerar el da\u00f1o ambiental que ellas conllevan.<\/p>\n
Frente al peligro de la falta de claridad, arbitrariedad y negligencia en las decisiones y acciones de las instituciones y las y los funcionarios, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Informaci\u00f3n, la Participaci\u00f3n P\u00fablica y el Acceso a la Justicia en los Asuntos Ambientales en Am\u00e9rica Latina y el Caribe (adoptado en Escaz\u00fa, Costa Rica, en marzo de 2018) incorpora y ampl\u00eda el derecho ambiental constitucional, como se puede apreciar relacionando los Art\u00edculos 11, 30, 46 y 50 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.<\/p>\n
Con respecto al Art\u00edculo 11 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica -que desarrolla el principio de \u201crendici\u00f3n de cuentas\u201d- la Sala Constitucional interpreta que \u201cuno de los conceptos \u00edntimamente vinculados con la transparencia es la rendici\u00f3n de cuentas en tanto la transparencia es una condici\u00f3n necesaria para que los gobiernos sean imputados por sus acciones, es decir, que la responsabilidad p\u00fablica les pueda ser atribuida\u201d. (SC- 11750 \u2013 2020)<\/p>\n
El principio de rendici\u00f3n de cuentas constitucional no solo es incorporado en el Acuerdo, sino que, adem\u00e1s, junto al concepto de transparencia, reciben ambos la categor\u00eda de principios.<\/p>\n
\u00bfQu\u00e9 aporta el Acuerdo? M\u00e1s all\u00e1 de lo que conocemos como rendici\u00f3n de cuentas y transparencia, el Acuerdo propone crear mecanismos de revisi\u00f3n independientes de las acciones del Estado, por medio de \u201cuno o m\u00e1s \u00f3rganos o instituciones imparciales y con autonom\u00eda e independencia, con el objeto de promover la transparencia en el acceso a la informaci\u00f3n ambiental, fiscalizar el cumplimiento de las normas, as\u00ed como vigilar, evaluar y garantizar el derecho de acceso a la informaci\u00f3n. Cada Parte podr\u00e1 incluir o fortalecer, seg\u00fan corresponda, las potestades sancionatorias de los \u00f3rganos o instituciones mencionados en el marco de sus competencias\u201d.<\/p>\n
Surge una duda: \u00bfExiste ese engranaje institucional y marco legal para vigilar, fiscalizar evaluar y sancionar las violaciones en materia ambiental? Una primera conclusi\u00f3n es que no existe plenamente y, si es cierta esta afirmaci\u00f3n, deber\u00e1 el Estado costarricense dedicar esfuerzos para lograr ese objetivo.<\/p>\n
En forma concatenada, el Acuerdo tambi\u00e9n mejora el entendimiento del tema de acceso a la justicia en los asuntos ambientales, instando a los Estados a crear \u201cprocedimientos efectivos, oportunos, p\u00fablicos, transparentes, imparciales y sin costos prohibitivos\u201d de acceso a la justicia precisamente para poder exigir la rendici\u00f3n de cuentas y las responsabilidades de las instituciones y las y los funcionarios p\u00fablicos.<\/p>\n
Por su parte, el Art\u00edculo 30 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con prop\u00f3sitos de informaci\u00f3n sobre asuntos de inter\u00e9s p\u00fablico.<\/p>\n
Sobre este tema la Sala Constitucional explica que debe verse el \u00a0derecho\u00a0de\u00a0acceso\u00a0a\u00a0la informaci\u00f3n administrativa como \u00a0\u201cun mecanismo\u00a0de\u00a0control en manos\u00a0de\u00a0los\u00a0administrados, puesto que permite ejercer un control \u00f3ptimo\u00a0de\u00a0la legalidad y\u00a0de\u00a0la oportunidad, conveniencia o m\u00e9rito y, en general,\u00a0de\u00a0la eficacia y eficiencia\u00a0de\u00a0la funci\u00f3n administrativa desplegada por\u00a0los\u00a0diversos entes p\u00fablicos.\u00a0De\u00a0este modo -dice la Sala Constitucional- se puede establecer un encadenamiento l\u00f3gico entre\u00a0acceso\u00a0a\u00a0la informaci\u00f3n administrativa, conocimiento y manejo\u00a0de\u00a0\u00e9sta, control ciudadano efectivo u oportuno y administraciones p\u00fablicas eficientes, siendo que es un instrumento indispensable para la vigencia plena\u00a0de\u00a0los\u00a0principios\u00a0de\u00a0transparencia y publicidad administrativas\u201d. (SC 18270 \u2013 2018)<\/p>\n
El Acuerdo da un paso adelante en esta materia al explicar que \u201cpor \u201cinformaci\u00f3n ambiental\u201d se entiende cualquier informaci\u00f3n \u201cescrita, visual, sonora, electr\u00f3nica o registrada en cualquier otro formato, relativa al medio ambiente y sus elementos y a los recursos naturales, incluyendo aquella que est\u00e9 relacionada con los riesgos ambientales y los posibles impactos adversos asociados que afecten o puedan afectar el medio ambiente y la salud, as\u00ed como la relacionada con la protecci\u00f3n y la gesti\u00f3n ambientales\u201d.<\/p>\n
\u00bfSer\u00e1 esto suficiente como para prevenir el riesgo de acciones de las instituciones del Estado o intervenciones de las y los funcionarios p\u00fablicos contrarios a la buena gobernanza ambiental?<\/p>\n
Su efectividad est\u00e1 determinada por la calidad -tambi\u00e9n si se recibe oportunamente- de la informaci\u00f3n a la que se tenga acceso y, a partir de ello, poder activar los mecanismos legales existentes, uno de los cuales, es la tramitaci\u00f3n de medidas cautelares, las cuales, siempre existen en la primera l\u00ednea de defensa en aplicaci\u00f3n del principio \u201cin dubio pro natura\u201d, tema que tambi\u00e9n se encuentra establecido en el Art\u00edculo 50 de la Constituci\u00f3n, que dice que los ciudadanos est\u00e1n legitimados para \u201cdenunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparaci\u00f3n del da\u00f1o causado.\u201d<\/p>\n
Con respecto al Art\u00edculo 46 constitucional se pueden derivar dos ideas.<\/p>\n
Primero, en esta norma constitucional se consagra el inter\u00e9s del Estado de protecci\u00f3n de la salud y el ambiente de los consumidores -como se coment\u00f3 antes- y, adem\u00e1s, cuando indica el Acuerdo que \u201ccada Parte asegurar\u00e1 que los consumidores y usuarios cuenten con informaci\u00f3n oficial, pertinente y clara sobre las cualidades ambientales de bienes y servicios y sus efectos en la salud, favoreciendo patrones de consumo y producci\u00f3n sostenibles.\u201d Segundo, destaca el inter\u00e9s p\u00fablico en la creaci\u00f3n de organismos de defensa de esos derechos. Al respecto reconoce la figura de \u201cdefensores de los derechos humanos en asuntos ambientales\u201d aplicable a organizaciones y personas a las cuales el Estado deber\u00e1 darles \u201creconocimiento, protecci\u00f3n, entorno seguro para actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad\u201d.<\/p>\n
En este punto espec\u00edfico, la Ley de Protecci\u00f3n de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor deber\u00e1 ajustarse para cumplir con el Acuerdo, m\u00e1s all\u00e1 de lo resuelto en el pasado por la Comisi\u00f3n del Consumidor.<\/p>\n
Finalmente, con relaci\u00f3n con el Art\u00edculo 50 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica que establece que \u201ctoda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecol\u00f3gicamente equilibrado\u201d la Sala Constitucional interpreta que \u201cal igual que el\u00a0derecho\u00a0de propiedad, el objeto sobre el que recae el\u00a0derecho\u00a0al\u00a0ambiente\u00a0es externo\u00a0a\u00a0la integridad de la persona humana (a\u00a0diferencia por ejemplo del\u00a0derecho\u00a0a\u00a0la vida), pero tambi\u00e9n\u00a0a\u00a0diferencia con el objeto del\u00a0derecho\u00a0de propiedad, la persona forma parte del\u00a0ambiente, lo integra, de all\u00ed que su protecci\u00f3n, supone la conservaci\u00f3n del contexto esencial para la vida humana, una conducta con efectos negativos sobre \u00e9l, supone\u00a0un\u00a0peligro para la propia existencia humana\u00a0y\u00a0una reducci\u00f3n o p\u00e9rdida del \u00abmayor bienestar\u00bb de todos. La vida depende del\u00a0ambiente, por tanto, debe velar para que esas condiciones que garantizan la vida se mantengan en el tiempo.\u201d (SC 10630 \u2013 2020)<\/p>\n
En forma coincidente, el Acuerdo se\u00f1ala que \u201ceste tratado tiene por objeto luchar contra la desigualdad y la discriminaci\u00f3n y garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atenci\u00f3n a las personas y grupos en situaci\u00f3n de vulnerabilidad y colocando la igualdad en el centro del desarrollo sostenible\u201d.<\/p>\n
El Acuerdo de Escaz\u00fa es un instrumento jur\u00eddico que permite la progresividad de los derechos humanos y es contempor\u00e1neo con la tendencia de protecci\u00f3n al ambiente constitucional y la jurisprudencia de la Sala Constitucional.<\/p>\n
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*Abogado y polit\u00f3logo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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