{"id":1400137,"date":"2021-07-16T16:47:01","date_gmt":"2021-07-16T15:47:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pressenza.com\/?p=1400137"},"modified":"2021-07-17T20:32:46","modified_gmt":"2021-07-17T19:32:46","slug":"colombia-jep-imputa-crimenes-de-guerra-y-de-lesa-humanidad-a-otros-15-miembros-del-ejercito","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/2021\/07\/colombia-jep-imputa-crimenes-de-guerra-y-de-lesa-humanidad-a-otros-15-miembros-del-ejercito\/","title":{"rendered":"Colombia: JEP imputa cr\u00edmenes de guerra y de lesa humanidad a otros 15 miembros del Ej\u00e9rcito"},"content":{"rendered":"

– Estos hechos no hubieran ocurrido sin alianzas con los paramilitares y sin un conjunto de incentivos, amenazas y presiones que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos \u201cen combate\u00bb.<\/em><\/p><\/blockquote>\n

–\u00a0 La Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz (JEP) continuar\u00e1 indagando la eventual participaci\u00f3n de niveles superiores por acci\u00f3n u omisi\u00f3n en el patr\u00f3n macrocriminal determinado.<\/em><\/p><\/blockquote>\n

– Los pueblos ind\u00edgenas Wiwa y Kankuamo sufrieron particularmente un da\u00f1o grave, diferenciado y desproporcionado por las acciones de esta unidad militar.<\/em><\/p><\/blockquote>\n

\u200b<\/strong><\/em><\/p>\n

La Sala de Reconocimiento de la JEP<\/abbr>\u00a0les imput\u00f3 cr\u00edmenes de guerra y de lesa humanidad a 15 miembros del Ej\u00e9rcito que hicieron parte del Batall\u00f3n de Artiller\u00eda No.2 La Popa (BAPOP) entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, dentro del subcaso Costa Caribe, una de las seis zonas priorizadas del caso 03, denominado\u00a0‘Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado’.<\/em><\/p>\n

\u200bLos 15 miembros del Ej\u00e9rcito (dos tenientes coroneles, tres mayores, un teniente, dos subtenientes, dos sargentos primero, un sargento viceprimero, un cabo tercero y tres soldados profesionales) fueron declarados m\u00e1ximos responsables por su participaci\u00f3n determinante en el asesinato de 127 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira.<\/p>\n

Al contrastar la informaci\u00f3n que hace parte del acervo probatorio, la JEP<\/abbr> determin\u00f3 que cada uno de los imputados tuvo un rol esencial en la configuraci\u00f3n de los patrones criminales y particip\u00f3 en conductas especialmente graves y representativas, sin las cuales no se hubiera desarrollado y perpetuado el plan criminal. Por eso la Sala de Reconocimiento les imput\u00f3 los delitos de homicidio en persona protegida y desaparici\u00f3n forzada, contemplados en el C\u00f3digo Penal colombiano, as\u00ed como los cr\u00edmenes de lesa humanidad de asesinato y desaparici\u00f3n forzada de personas, y el crimen de guerra de homicidio. La Sala determin\u00f3 que existi\u00f3 un ataque generalizado y sistem\u00e1tico contra la poblaci\u00f3n civil en relaci\u00f3n con estos hechos.<\/p>\n

Los imputados, en calidad de autores mediatos, son los tenientes coroneles Publio Hern\u00e1n Mej\u00eda Guti\u00e9rrez, comandante del Batall\u00f3n de Artiller\u00eda No.2 La Popa (BAPOP) entre 2002 y 2003, y Juan Carlos Figueroa Su\u00e1rez, quien lo sucedi\u00f3 entre 2004 y 2005. Del total de cr\u00edmenes, 75 ocurrieron bajo el mando de Mej\u00eda Guti\u00e9rrez y 52 bajo el mando de Figueroa Su\u00e1rez. En un gran n\u00famero de los hechos ocurri\u00f3 desaparici\u00f3n forzada. Los pueblos ind\u00edgenas Wiwa y Kankuamo, especialmente, fueron\u00a0v\u00edctimas<\/abbr>\u00a0de un da\u00f1o grave, diferenciado y desproporcionado por parte de algunos integrantes de esta unidad militar.<\/p>\n

A t\u00edtulo de coautores fueron imputados el mayor Jos\u00e9 Pastor Ruiz Mahecha, oficial de inteligencia y de operaciones; el mayor Guillermo Guti\u00e9rrez Riveros, comandante de bater\u00eda y oficial de operaciones; el mayor Heber Hern\u00e1n G\u00f3mez Naranjo, responsable de la secci\u00f3n de operaciones y jefe de estado mayor; el sargento primero Efra\u00edn Andrade Perea, responsable de la secci\u00f3n segunda; el sargento primer Manuel Valent\u00edn Padilla Espitia, agente de inteligencia externa de la secci\u00f3n de inteligencia; y el teniente Carlos Andr\u00e9s Lora Cabrales, comandante de bater\u00eda y comandante del grupo especial Trueno.<\/p>\n

Bajo esta misma forma de intervenci\u00f3n delictiva fueron imputados el subteniente Eduart Gustavo \u00c1lvarez Mej\u00eda, comandante de pelot\u00f3n; el sargento viceprimero Jos\u00e9 de Jes\u00fas Rueda Quintero, comandante de pelot\u00f3n; el subteniente Elkin Leonardo Burgos Su\u00e1rez, comandante de pelot\u00f3n; el cabo tercero Elkin Rojas, comandante de escuadra; el soldado profesional Juan Carlos Soto Sep\u00falveda quien hizo parte del pelot\u00f3n Albard\u00f3n 3 y los soldados profesionales Yeris Andr\u00e9s G\u00f3mez Coronel y Alex Jos\u00e9 Mercado Sierra, que conformaron pelotones del BAPOP, en particular, el grupo especial Zarpazo.<\/p>\n

La\u00a0JEP<\/abbr> determin\u00f3 que los 15 imputados hicieron parte de una organizaci\u00f3n criminal que se conform\u00f3 dentro de la unidad militar y a trav\u00e9s de la cual se despleg\u00f3 una conducta extendida, y a gran escala, para presentar resultados operacionales ficticios en los que presentaron como \u201cbajas en combate\u00bb a personas asesinadas en estado de indefensi\u00f3n por miembros del Ej\u00e9rcito o por paramilitares. Actuaron, adem\u00e1s, con pleno conocimiento de su ilegalidad pues encubrieron sus actos para hacerlos ver como legales, separ\u00e1ndose de las normas constitucionales y reglamentarias de las operaciones militares, con el fin de mejorar la percepci\u00f3n de seguridad y mostrar avances en la guerra contra la insurgencia.<\/p>\n

METODOLOG\u00cdA DEL CASO 03<\/strong><\/p>\n

Con esta decisi\u00f3n judicial, que permite determinar los hechos y conductas atribuibles a estos 15 comparecientes vinculados al subcaso Costa Caribe, se conoce la segunda imputaci\u00f3n asociada con los seis territorios priorizados por la Sala en el caso 03. Seg\u00fan la metodolog\u00eda que hizo p\u00fablica la\u00a0JEP<\/abbr>\u00a0en febrero de 2021, Catatumbo, Antioquia, Huila, Casanare y Meta son las otras cinco zonas priorizadas, luego de establecer el universo provisional de hechos a partir de la contrastaci\u00f3n judicial de las bases de datos oficiales de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Centro Nacional de Memoria Hist\u00f3rica y de las Organizaciones No Gubernamentales de derechos humanos y\u00a0v\u00edctimas<\/abbr>. Este auto es el primero que se relaciona con el subcaso Costa Caribe y se espera la emisi\u00f3n de otra decisi\u00f3n sobre estos hechos. En Antioquia, la Sala tambi\u00e9n expedir\u00e1 un auto de determinaci\u00f3n sobre el caso emblem\u00e1tico del cementerio Las Mercedes<\/a>, del municipio de Dabeiba, en la regi\u00f3n accidente de este departamento. Estos hechos tambi\u00e9n se investigan en el caso de Urab\u00e1.<\/p>\n

En este segundo Auto de Determinaci\u00f3n de Hechos y Conductoras dentro del caso 03, la Sala determin\u00f3 que, de 71 resultados operacionales, en los que 127 personas fueron presentadas ileg\u00edtimamente como bajas en combate, 58 fueron investigados en la\u00a0justicia<\/abbr>\u00a0penal ordinaria y 13 permanecieron en la\u00a0Justicia<\/abbr>\u00a0Penal Militar. En esas investigaciones se vincul\u00f3 a alrededor de 280 integrantes del Ej\u00e9rcito, mayoritariamente soldados y suboficiales. Sin embargo, solo frente a cinco de estos hechos se profirieron 14 sentencias condenatorias, siete ejecutoriadas, que dan cuenta de las ilegalidades cometidas; apenas 37 del total de asesinatos documentados por la\u00a0JEP<\/abbr>\u00a0hab\u00edan sido reconocidos como homicidios agravados u homicidios en persona protegida por distintas autoridades.<\/p>\n

Durante el proceso de contrastaci\u00f3n judicial, dentro del subcaso Costa Caribe, la Sala tuvo en cuenta: a) 8 informes de entidades p\u00fablicas, organizaciones de derechos humanos y\u00a0v\u00edctimas<\/abbr>; b) 61 versiones de comparecientes; c) 13 escritos de observaciones a las versiones que presentaron las\u00a0v\u00edctimas<\/abbr>, sus representantes y la Procuradur\u00eda; d) las observaciones orales de los pueblos Kankuamo y Wiwa y e) 20 inspecciones judiciales a m\u00e1s de 50 expedientes de la\u00a0justicia<\/abbr>\u00a0ordinaria, la\u00a0justicia<\/abbr>\u00a0penal militar e internos, as\u00ed como a los archivos operacionales de la I Divisi\u00f3n, la X Brigada Blindada y el BAPOP.<\/p>\n

Fueron analizadas 97 carpetas operacionales de bajas en combate con documentos como \u00f3rdenes de operaciones, misiones t\u00e1cticas, anexos de inteligencia, informes operacionales, informes de necropsia, informe de lecciones aprendidas, radiogramas operacionales, informes de patrullaje, actas de gastos de munici\u00f3n, anotaciones en los folios de vida, entre otra documentaci\u00f3n militar, de personal y administrativa.<\/p>\n

Tambi\u00e9n se analizaron alrededor de unas 100 carpetas de documentos militares obtenidos en las inspecciones a la D\u00e9cima Brigada y al Batall\u00f3n La Popa entre los que se encuentran revistas de personal, planes de campa\u00f1a, el libro diario del comandante, informes de capturas, correspondencia oficial y documentaci\u00f3n del Comando Operativo 7 del Ej\u00e9rcito. Tambi\u00e9n se analizaron manuales de plana mayor, entre documentaci\u00f3n asociada a las reglas operacionales de la \u00e9poca. M\u00e1s de 50 expedientes de la justicia<\/abbr>\u00a0penal ordinaria fueron estudiados.<\/p>\n

A partir de este acervo probatorio, la Sala determin\u00f3 hechos que no hab\u00edan sido investigados por la\u00a0justicia<\/abbr>\u00a0ordinaria y logr\u00f3 aportes a la verdad de algunos comparecientes que siempre hab\u00edan negado su responsabilidad. As\u00ed, la Jurisdicci\u00f3n avanza en el esclarecimiento y juzgamiento de estas graves violaciones a los derechos humanos y va m\u00e1s all\u00e1 de la\u00a0justicia<\/abbr>\u00a0ordinaria, determinando patrones e identificando\u00a0v\u00edctimas<\/abbr>\u00a0cuyos asesinatos fuera de combate no hab\u00edan sido aclarados.<\/p>\n

PATRONES DE MACROCRIMINALIDAD Y SUS MODALIDADES<\/strong><\/p>\n

Numerosos comparecientes del Batall\u00f3n de Artiller\u00eda No.2 La Popa -de diferentes rangos y funciones- identificaron ante la\u00a0JEP<\/abbr>\u00a0la presentaci\u00f3n de bajas en combate como un indicador de \u00e9xito militar. La contrastaci\u00f3n judicial, sin embargo, permiti\u00f3 a la Sala determinar que se trat\u00f3 de asesinatos ocurridos dentro de un plan criminal articulado por objetivos, recursos, roles y modos de operaci\u00f3n comunes que estuvo orientado a la consolidaci\u00f3n territorial, a mostrar avances en la guerra en contra de las guerrillas y las distintas formas de criminalidad que afectaban a la poblaci\u00f3n de la regi\u00f3n. Estos resultados operacionales ileg\u00edtimos, asociados a esta estructura militar, se inscriben en dos patrones macrocriminales:<\/p>\n

El primero<\/strong>\u00a0indica que asesinaron a personas se\u00f1aladas de pertenecer a grupos armados ilegales o de delincuencia com\u00fan sin contar con informaci\u00f3n que verificara dichos se\u00f1alamientos y sin que se hubiera presentado combate alguno. Estas acciones se dieron en el marco de una alianza entre algunos miembros del Ej\u00e9rcito y los paramilitares de la zona.\u00a0En el segundo\u00a0<\/strong>patr\u00f3n se seleccionaron\u00a0v\u00edctimas<\/abbr>\u00a0en condici\u00f3n de vulnerabilidad, incluyendo personas sin redes de apoyo o familiares que no los intentaran buscar al ocurrir su desaparici\u00f3n y a quienes enga\u00f1aron mediante promesas de presuntos trabajos legales o ilegales, para captarlas y asesinarlas. Los perpetradores escog\u00edan a estas personas porque presum\u00edan que la sociedad no reclamar\u00eda por su muerte, debido a su marginalidad.<\/p>\n

La\u00a0JEP<\/abbr> cuenta con suficiente evidencia que afirma que el primer patr\u00f3n de muertes se comenz\u00f3 a configurar cuando el coronel Publio Hern\u00e1n Mej\u00eda Guti\u00e9rrez lleg\u00f3 al BAPOP en 2002. Bajo una l\u00f3gica contrainsurgente, en la que se justific\u00f3 la muerte fuera de combate de personas se\u00f1aladas de pertenecer al que se denominaba ‘el enemigo’, se conform\u00f3 una alianza entre la comandancia del batall\u00f3n y los paramilitares del Frente M\u00e1rtires del Cacique de Upar, del Bloque Norte de las AUC, que termin\u00f3 por extenderse a otros niveles de la unidad militar. El 87% de los resultados operacionales reportados durante la comandancia del coronel Mej\u00eda Guti\u00e9rrez, fueron determinados por la Sala como asesinatos y desapariciones.<\/p>\n

Cuatro modus operandi caracterizan este primer patr\u00f3n: 1) Las\u00a0v\u00edctimas<\/abbr>\u00a0eran entregadas por las AUC a efectivos del batall\u00f3n luego de haber sido retenidas. Algunos de los cr\u00edmenes fueron cometidos directamente por paramilitares. 2) Las\u00a0v\u00edctimas<\/abbr>\u00a0fueron asesinadas tras ser se\u00f1aladas, por gu\u00edas o informantes, de pertenecer o auxiliar a la guerrilla. 3) Las\u00a0v\u00edctimas<\/abbr>\u00a0fueron asesinadas luego de ser se\u00f1aladas por integrantes de la comunidad o aprehendidas en la ejecuci\u00f3n de hechos que podr\u00edan resultar delictivos y 4) las\u00a0v\u00edctimas<\/abbr>\u00a0eran guerrilleros heridos o miembros de grupos armados que se entregaron a integrantes del batall\u00f3n.<\/p>\n

Aunque esta pr\u00e1ctica se extendi\u00f3 en el BAPOP, los pelotones especiales Trueno y Zarpazo, que eran presentados como ejemplo para los dem\u00e1s, fueron determinantes en la comisi\u00f3n de los cr\u00edmenes. Ambos fueron usados como unidades dirigidas a obtener resultados ileg\u00edtimos. De las 30 operaciones que los dos pelotones reportaron durante el periodo analizado, la\u00a0JEP<\/abbr>\u00a0determin\u00f3 que 26 fueron ileg\u00edtimas. Es decir, de 75 muertes ileg\u00edtimas que se presentaron entre 2002 y 2003, 50 fueron producidas por estos pelotones.<\/p>\n

La alianza con los paramilitares se mantuvo en diversos niveles hasta la desmovilizaci\u00f3n de estos grupos. La presi\u00f3n por resultados en medio del inicio de la desmovilizaci\u00f3n paramilitar fue esencial para que se adaptara el plan criminal con miras a continuar respondiendo a la necesidad de presentar bajas sin importar el origen de las\u00a0v\u00edctimas<\/abbr>. Todo esto llev\u00f3 a un punto de inflexi\u00f3n en el camino hacia la consolidaci\u00f3n del segundo patr\u00f3n criminal encontrado por esta Sala, v\u00eda la selecci\u00f3n de personas vulnerables como blanco de la pr\u00e1ctica. El fen\u00f3meno empez\u00f3 a responder especialmente a la presi\u00f3n por resultados, estimulada por un complejo dispositivo de incentivos y amenazas que se presentaban dentro de la instituci\u00f3n en diversos \u00e1mbitos.<\/p>\n

La\u00a0JEP<\/abbr>\u00a0identific\u00f3 que los reconocimientos y beneficios como permisos, viajes, descansos y pagos en dinero, acompa\u00f1ados de una permanente presi\u00f3n por bajas, fueron usados por la comandancia del batall\u00f3n, particularmente desde la llegada a la unidad del coronel Juan Carlos Figueroa Su\u00e1rez. El objetivo era obtener resultados a toda costa para mantener las cifras que ven\u00eda reportando el batall\u00f3n desde el a\u00f1o 2002.<\/p>\n

La Sala de Reconocimiento de la\u00a0JEP,<\/abbr>\u00a0document\u00f3 dos modalidades que caracterizaron este segundo patr\u00f3n. El primero consisti\u00f3 en retener y posteriormente asesinar a las\u00a0v\u00edctimas<\/abbr>\u00a0en puestos de control, en operaciones de registro y control del \u00e1rea, y la segunda, enga\u00f1ando y trasladando\u00a0v\u00edctimas<\/abbr>\u00a0en situaci\u00f3n de vulnerabilidad desde Barranquilla y Valledupar. Este \u00faltimo modus operandi fue el m\u00e1s sofisticado durante el periodo analizado. \u00bfLa raz\u00f3n? Las estrategias de enga\u00f1o, el traslado de personas y empleo de medios cada vez m\u00e1s complejos y detallados para simular los combates, constituyeron en palabras de los comparecientes \u201cuna sinergia\u00bb, un procedimiento para presentar bajas ileg\u00edtimas.<\/p>\n

C\u00d3MO OPERABAN LOS M\u00c1XIMOS RESPONSABLES<\/strong><\/p>\n

El funcionamiento de la organizaci\u00f3n criminal parti\u00f3 de una detallada divisi\u00f3n del trabajo que se ejecut\u00f3 de forma repetida y se adapt\u00f3 hasta permitir que, sin importar los cambios de personal y de circunstancias, el fen\u00f3meno persistiera y se consolidara. En algunos casos condujo a la especializaci\u00f3n de funciones como ejecutar a las\u00a0v\u00edctimas<\/abbr>, establecer los contactos con los paramilitares, participar en actos de simulaci\u00f3n de combate, preparar la documentaci\u00f3n falsa, conseguir las armas y uniformes o buscar a las\u00a0v\u00edctimas<\/abbr>\u00a0en otros lugares. Es decir, para producir los falsos resultados operacionales instrumentalizaron los procedimientos de toma de decisiones militares, tanto en su planeaci\u00f3n, ejecuci\u00f3n como en las actividades de encubrimiento.<\/p>\n

En los dos patrones determinados por la Sala se documentaron circunstancias que impidieron a las\u00a0v\u00edctimas<\/abbr>\u00a0acceder a la\u00a0justicia<\/abbr>\u00a0y generaron la idea entre los involucrados de que sus acciones quedar\u00edan en la impunidad. Entre ellas: 1) Los documentos operacionales eran elaborados con posterioridad a los hechos e inclu\u00edan informaci\u00f3n que permitiera darle un manto de legalidad los asesinatos. 2) Las\u00a0v\u00edctimas<\/abbr> eran reportadas como no identificadas, con el fin de obstaculizar la judicializaci\u00f3n de la conducta criminal y 3) los cad\u00e1veres, sin importar el sitio de su muerte, eran trasladados por los militares sin presencia de autoridades de polic\u00eda judicial, lo que impidi\u00f3 una adecuada investigaci\u00f3n de lo ocurrido.<\/p>\n

Asimismo: 4) las\u00a0v\u00edctimas<\/abbr> eran equipadas con armas, munici\u00f3n, uniformes y material de guerra para simular que pertenec\u00edan a un grupo ilegal y para justificar la existencia de supuestos combate, lo que luego se conoci\u00f3 como el ‘kit de legalizaci\u00f3n’. 5) Las muertes estuvieron acompa\u00f1adas de la simulaci\u00f3n de combates dirigida a encubrir la conducta, hacerle creer a la comunidad que estaban combatiendo a los grupos armados y darle visos de legalidad a estas actuaciones que la Justicia Penal Militar no investig\u00f3 adecuadamente estas muertes contribuyendo a la perpetuaci\u00f3n de la conducta que ven\u00eda siendo replicada.<\/p>\n

En el auto la Sala de Reconocimiento, llama la atenci\u00f3n sobre un hecho particular, en el BAPOP se utilizaron recursos p\u00fablicos para asegurar la presentaci\u00f3n de asesinatos y desapariciones forzadas como bajas en combate. Adem\u00e1s del costo regular que implica mantener una tropa con el fin de garantizar la seguridad, la JEP<\/abbr>\u00a0resalta que bienes p\u00fablicos fueron desviados para presentar civiles y personas protegidas como resultados operacionales efectivos. Los dineros de la unidad fueron conscientemente utilizados para hacer pagos irregulares en efectivo a los soldados que presentaran muertos y el valor variaba seg\u00fan el tipo de armamento reportado.<\/p>\n

Al analizar los documentos oficiales, las piezas procesales y las versiones rendidas por los comparecientes, la\u00a0JEP<\/abbr>\u00a0estableci\u00f3 que la contribuci\u00f3n de cada uno de los imputados al fen\u00f3meno depend\u00eda de las funciones propias del cargo y del rango. Mientras que unos de los imputados se aprovecharon de su capacidad legal de dar \u00f3rdenes (comandantes de batall\u00f3n, oficiales de operaciones, comandantes de pelot\u00f3n), otros ten\u00edan la obligaci\u00f3n legal de cumplirlas (los subordinados) y pese a que eran conscientes de su ilegalidad las ejecutaron sin negarse. En ese sentido, el ejercicio del mando y control fue utilizado para garantizar los resultados del plan criminal que tambi\u00e9n estuvo motivado por un sistema de est\u00edmulos \u2014reconocimiento, dinero, permisos de descanso\u2014 al personal que reportaba tales resultados. La jerarqu\u00eda fue instrumentalizada para garantizar la ejecuci\u00f3n de los hechos.<\/p>\n

Los medios de presi\u00f3n en el BAPOP fueron directos a trav\u00e9s de solicitudes expresas de bajas por medio de programas radiales, la suscripci\u00f3n de actas en las que se compromet\u00edan a dar un n\u00famero determinado de bajas, las amenazas de ser retirados del servicio, impedir sus ascensos o acusarlos de delitos. Tambi\u00e9n fueron indirectos cuando se supedit\u00f3 la concesi\u00f3n de permisos a la obtenci\u00f3n de bajas, lo que llev\u00f3 a algunas tropas a preferir presentar resultados ileg\u00edtimos que continuar en el \u00e1rea de operaciones de manera indefinida. Estas presiones ven\u00edan del comandante de la unidad y de los integrantes de la plana mayor, como los oficiales de operaciones, quienes presionaban a los comandantes de compa\u00f1\u00edas y pelotones por resultados.<\/p>\n

La Sala de Reconocimiento seguir\u00e1 analizando la eventual participaci\u00f3n de niveles superiores por acci\u00f3n u omisi\u00f3n en el patr\u00f3n macrocriminal determinado. En el subcaso Costa Caribe continuar\u00e1 la investigaci\u00f3n en torno a diversas unidades pertenecientes a la D\u00e9cima Brigada Blindada y las Divisiones involucradas con hechos en esa zona del pa\u00eds, atendiendo la estrategia de investigaci\u00f3n adoptada \u201cde abajo hacia arriba\u00bb. Tambi\u00e9n la Sala investigar\u00e1 si el patr\u00f3n macrocriminal se repite en los dem\u00e1s territorios priorizados y si este tipo de organizaciones criminales aparecieron en otras unidades militares de esas zonas. Ahondar\u00e1 en cu\u00e1l podr\u00eda ser su relaci\u00f3n con pol\u00edticas institucionales expl\u00edcitas o impl\u00edcitas, \u00f3rdenes, directrices o instrucciones de los m\u00e1ximos niveles y su transmisi\u00f3n a lo largo de la cadena de mando.<\/p>\n

\u00bfCU\u00c1LES SON LOS CR\u00cdMENES IMPUTADOS?<\/strong><\/p>\n

Con base en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los cr\u00edmenes descritos en el auto fueron identificados a partir del C\u00f3digo Penal Colombiano y del Derecho Penal Internacional, incluyendo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.<\/strong>\u00a0La Sala de Reconocimiento calific\u00f3 los asesinatos y desapariciones forzadas determinadas como cr\u00edmenes de lesa humanidad, ya que en la legislaci\u00f3n penal colombiana no existe una definici\u00f3n de esta clase de cr\u00edmenes y el Estado colombiano tiene la obligaci\u00f3n de investigarlos, juzgarlos y sancionarlos.<\/p>\n

Para la\u00a0JEP<\/abbr>\u00a0\u201cexisten bases suficientes para entender que la conducta existi\u00f3, que la persona particip\u00f3 y que la conducta pertenece a tipos penales no amnistiables\u00bb. Las muertes ileg\u00edtimamente presentadas como bajas en combate por algunos integrantes del Batall\u00f3n de Artiller\u00eda No. 2 La Popa, entre 2002 y 2005, corresponden a delitos de homicidio en persona protegida y desaparici\u00f3n forzada contemplados en el C\u00f3digo Penal Colombiano. Ambas conductas, adem\u00e1s, constituyen cr\u00edmenes de lesa humanidad de asesinato y desaparici\u00f3n forzada de personas, y el crimen de guerra de homicidio.<\/p>\n

En l\u00f3gica de construcci\u00f3n de macroprocesos, el universo de hechos va m\u00e1s all\u00e1 de la identificaci\u00f3n del caso a caso. Esto permiti\u00f3 a la\u00a0JEP<\/abbr>\u00a0determinar que segu\u00edan una misma l\u00ednea de conducta promovida por la comandancia del BAPOP, que no eran hechos aislados o cometidos de manera espont\u00e1nea por sus integrantes. Por el contrario, los imputados ocasionaron la muerte de 127 personas que fueron presentadas de manera ileg\u00edtima como bajas en combate en desarrollo del conflicto armado que se viv\u00eda en Cesar. Los hechos est\u00e1n interrelacionados en el marco de cr\u00edmenes de sistema y fueron cometidos como parte de un ataque generalizado y sistem\u00e1tico contra la poblaci\u00f3n civil, es decir, son cr\u00edmenes de lesa humanidad<\/p>\n

Los m\u00e1ximos responsables identificados por la Sala cometieron delitos de homicidios en persona protegida. \u00bfLa raz\u00f3n? En su mayor\u00eda las\u00a0v\u00edctimas<\/abbr>\u00a0eran miembros de la poblaci\u00f3n civil que nunca hab\u00edan participado en las hostilidades y, aunque hay algunas que fueron se\u00f1aladas como guerrilleros, milicianos, auxiliadores de la guerrilla y en algunos casos puntuales como delincuentes o integrantes de los paramilitares, estas no se encontraban participando directamente en las hostilidades por lo que el uso de la fuerza letal no estaba justificado.\u00a0Adem\u00e1s, no exist\u00eda informaci\u00f3n ver\u00eddica para afirmar que hab\u00edan perdido la protecci\u00f3n que el Derecho Internacional Humanitario otorga a los civiles en contextos de conflicto armado.<\/strong><\/p>\n

La desaparici\u00f3n forzada tambi\u00e9n form\u00f3 parte integral del plan criminal -en este caso, integrado en el Estado- lo suficientemente estructurado como para garantizar que los hechos presentados ante la\u00a0Justicia<\/abbr>\u00a0Penal Militar y la jurisdicci\u00f3n ordinaria fueran cre\u00edbles. Del total de cr\u00edmenes documentados, en 121 casos se ocult\u00f3 el paradero de las\u00a0v\u00edctimas<\/abbr>\u00a0que se presentaron como \u201cbajas en combate\u00bb sin identificaci\u00f3n. Es decir, adem\u00e1s de la privaci\u00f3n de la libertad, se configur\u00f3 el crimen de desaparici\u00f3n forzada. En la medida en que los familiares de las\u00a0v\u00edctimas<\/abbr>\u00a0desconoc\u00edan las circunstancias de su desaparici\u00f3n y muerte, se limitaba su capacidad de acudir a la\u00a0justicia<\/abbr>\u00a0y oponerse a la versi\u00f3n oficial sobre la condici\u00f3n en que muri\u00f3 su ser querido.<\/p>\n

\u00a0<\/strong>LOS DA\u00d1OS SUFRIDOS POR LAS\u00a0V\u00cdCTIMAS<\/abbr><\/strong><\/p>\n

En t\u00e9rminos generales, de los testimonios aportados por las\u00a0v\u00edctimas<\/abbr>, se evidencia que la materializaci\u00f3n m\u00e1s evidente de esos da\u00f1os a nivel individual y familiar se expresa en la afectaci\u00f3n a sus proyectos de vida. En muchos casos, algunos de los familiares vivieron una profunda angustia por no conocer el paradero de sus seres queridos, quienes hab\u00edan sido enterrados como personas sin identificar y sufrieron amenazas e intimidaciones para no continuar busc\u00e1ndolos o reclamando\u00a0justicia<\/abbr>.<\/p>\n

Se les impuso una sensaci\u00f3n de impunidad, agravada por la estigmatizaci\u00f3n. En algunos casos, las v\u00edctimas<\/abbr>\u00a0eran quienes proporcionaban medios materiales y cuidados a sus familiares, por lo que su p\u00e9rdida alter\u00f3 las condiciones de vida, din\u00e1micas y relaciones que se viv\u00edan en el seno de las familias. Muchas mujeres debieron continuar con sus labores de crianza de sus hijos solas y otros hijos perdieron a sus padres o madres, sin contar con su acompa\u00f1amiento y cuidado. En otros casos, el asesinato o desaparici\u00f3n de los seres queridos ocasion\u00f3 que su n\u00facleo familiar tuviera que desplazarse, por miedo o por la b\u00fasqueda de nuevas oportunidades de subsistencia.<\/p>\n

La\u00a0JEP<\/abbr>\u00a0document\u00f3 un da\u00f1o grave, diferenciado y desproporcionado del que fueron\u00a0v\u00edctimas<\/abbr>\u00a0los pueblos ind\u00edgenas Wiwa y Kankuamo. Esto llev\u00f3 a una ruptura del sistema de creencias, la ruptura de la confianza colectiva, la imposibilidad de realizar los duelos, el miedo cr\u00f3nico que afect\u00f3 las relaciones comunitarias, la polarizaci\u00f3n social y el descr\u00e9dito de las instituciones. El material probatorio documentado por la Sala indica que, entre los 127 casos, 12 corresponden a miembros de las dos etnias. De ellos, tres eran j\u00f3venes Wiwa, entre estos una ni\u00f1a ind\u00edgena Wiwa de 13 a\u00f1os que se encontraba en estado de embarazo, y nueve hombres Kankuamos.<\/p>\n

La Sala de Reconocimiento consider\u00f3 que la afectaci\u00f3n a los pueblos ind\u00edgenas en el marco del caso 03 constituye un da\u00f1o de car\u00e1cter multidimensional que impacta sus modos de vida y formas de ver el mundo, as\u00ed como las relaciones inescindibles y rec\u00edprocas que dichas comunidades tienen con su territorio. La aproximaci\u00f3n a estas afectaciones, adem\u00e1s de observar el enfoque diferencial y de interseccionalidad, se realiz\u00f3 desde el enfoque de mujer, familia y generaci\u00f3n, que implica observar principios como la unidad cultural e integralidad con el territorio, ley de origen, cosmovisi\u00f3n, espiritualidad, conocimiento, saberes y pr\u00e1cticas ancestrales, as\u00ed como de armon\u00eda, equilibrio, complementariedad y equidad.<\/p>\n

Al documentar los da\u00f1os, la Sala aplica el enfoque diferencial para analizar el impacto diferenciado de los hechos, pero tambi\u00e9n se retoma la forma como la vulnerabilidad de las\u00a0v\u00edctimas<\/abbr>\u00a0fue tenida en consideraci\u00f3n por los perpetradores para cometer los hechos.<\/p>\n

Detr\u00e1s de todos los hechos de muertes ileg\u00edtimamente presentadas como bajas en combate se encuentra un da\u00f1o ocasionado sistem\u00e1ticamente a las\u00a0v\u00edctimas<\/abbr>\u00a0de los pueblos ind\u00edgenas que podr\u00eda reunirse en una categor\u00eda del da\u00f1o a la memoria y buen nombre. Para varias de las familias este ha sido uno de los aspectos m\u00e1s frustrantes que tiene efectos en las demandas de verdad. Aunque estos hechos no constituyen todas las afectaciones sufridas por el pueblo Kankuamo y el pueblo Wiwa durante el conflicto armado, s\u00ed hicieron parte de la victimizaci\u00f3n del territorio. Por ello, el territorio debe entenderse como v\u00edctima en el sentido que le atribuyen las comunidades ind\u00edgenas, esto es, como interlocutor, sujeto de derechos, de consulta, de bienestar y de medidas de reparaci\u00f3n<\/p>\n

Los da\u00f1os asociados a la ejecuci\u00f3n de una ni\u00f1a Wiwa fueron analizados por la\u00a0JEP<\/abbr>\u00a0desde el enfoque de mujer, familia y generaci\u00f3n. En este sentido, la violencia en contra de las mujeres ind\u00edgenas no debe entenderse solo como actos que las afecten de manera directa, sino que comprende acciones desarrolladas en contra de sus colectivos y de su territorio. Por ello la muerte violenta de la ni\u00f1a Nohem\u00ed tuvo un impacto diferenciado, no solo asociado con la supervivencia de la comunidad Wiwa, sino con su funci\u00f3n como portadoras de la cultura, veh\u00edculo y v\u00ednculo cultural del pueblo.<\/p>\n

Respecto al asesinato de adolescentes, la Sala concluy\u00f3 que son una muestra clara de la afectaci\u00f3n que para los derechos de la ni\u00f1ez ha implicado el conflicto armado. De otro lado, la Sala resalt\u00f3 que una de las peores formas que adquiri\u00f3 la pr\u00e1ctica de asesinatos y desapariciones presentadas como bajas en combate fue la deliberada manipulaci\u00f3n o instrumentalizaci\u00f3n de las personas con discapacidades cognitivas. Esta forma de instrumentalizaci\u00f3n de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad pone de manifiesto el da\u00f1o asociado a la idea de que las personas en condiciones de discapacidad son prescindibles en la sociedad, una constante que ha llevado a perpetuar conductas de marginaci\u00f3n, que se concentran en pr\u00e1cticas deleznables como la \u201climpieza social\u00bb y que, a su vez da\u00f1an a la sociedad en tanto le impiden reconocerse como diversa.<\/p>\n

\u00bfQU\u00c9 SIGUE?<\/strong><\/p>\n

Tras ser notificados, los imputados tienen 30 d\u00edas h\u00e1biles para reconocer los hechos y su responsabilidad o rechazarlos. Tambi\u00e9n pueden reaccionar, aportando argumentos o evidencia adicional. Las\u00a0v\u00edctimas<\/abbr>\u00a0acreditadas y el Ministerio P\u00fablico tienen el mismo plazo para reaccionar frente a lo determinado en el Auto.<\/p>\n

Al terminar el periodo de 30 d\u00edas h\u00e1biles, y recibir la respuesta de los comparecientes, la\u00a0JEP<\/abbr>\u00a0decidir\u00e1 si fija una fecha para una Audiencia p\u00fablica de Reconocimiento, si considera que hay reconocimiento y aporte a la verdad plena. Esta audiencia o audiencias ser\u00e1n preparadas y desarrolladas con participaci\u00f3n de las\u00a0v\u00edctimas<\/abbr>. Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitir\u00e1 el caso a la Unidad de Investigaci\u00f3n y Acusaci\u00f3n (UIA<\/abbr>) de la\u00a0JEP<\/abbr>.<\/p>\n

Si hay reconocimiento, una vez realizada la Audiencia de Reconocimiento, la Sala adoptar\u00e1 una resoluci\u00f3n de conclusiones que remitir\u00e1 al Tribunal para la Paz para que este imponga una sanci\u00f3n propia, si es el caso. Esta sanci\u00f3n debe ser consultada con las\u00a0v\u00edctimas<\/abbr>, debe tener un prop\u00f3sito reparador y puede incluir restricciones efectivas de la libertad y otros derechos. Los comparecientes que nieguen su responsabilidad y sean vencidos en juicio, podr\u00e1n ser condenados hasta con 20 a\u00f1os de c\u00e1rcel.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

– Estos hechos no hubieran ocurrido sin alianzas con los paramilitares y sin un conjunto de incentivos, amenazas y presiones que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos \u201cen combate\u00bb. –\u00a0 La Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz (JEP)…<\/p>\n","protected":false},"author":1053,"featured_media":1400368,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11389,79,67],"tags":[30,88524,29799,93101,58301],"class_list":["post-1400137","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-contenido-original","category-derechos-humanos","category-sudamerica","tag-colombia","tag-ejecuciones-extrajudiciales","tag-falsos-positivos","tag-imputacion","tag-jep"],"yoast_head":"\nColombia: JEP imputa cr\u00edmenes de guerra y de lesa humanidad a otros 15 miembros del Ej\u00e9rcito<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"JEP 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