Mucho m\u00e1s que candidatos o partidos triunfantes, en las recientes elecciones chilenas para elegir a los gobernadores regionales lo que se impuso fue el fracaso de la democracia representativa con ese 80 por ciento de abstenci\u00f3n ciudadana. Ninguno de los que se asumen como triunfantes podr\u00e1n desconocer su ilegitimidad al ser elegidos con menos, muchas veces, del 10 por ciento de los electores. Situaci\u00f3n parecida, por lo dem\u00e1s, a la de los cientos de parlamentarios, alcaldes y concejales proclamados por el Servicio Electoral en todos los \u00faltimos a\u00f1os en que la concurrencia a las urnas no ha llegado a la mitad de los chilenos inscritos para ejercer el sufragio.<\/p>\n
A lo anterior se suma el apoyo obtenido en las urnas por algunos candidatos de parte de quienes en nada o muy poco concuerdan con sus ideas y que se vieron forzados a votar por el \u201cmal menor\u201d; una situaci\u00f3n muy recurrente en cada uno de nuestros procesos electorales. No est\u00e1 dem\u00e1s advertir que el propio Sebasti\u00e1n Pi\u00f1era result\u00f3 elegido como mandatario en segunda vuelta, con una abstenci\u00f3n que super\u00f3 en 50 por ciento y con el voto de muchos que lo hicieron \u201ccon asco\u201d, como tanto se repet\u00eda entonces.<\/p>\n
Ser\u00e1 una excelente oportunidad para la Convenci\u00f3n Constitucional alterar profundamente nuestro sistema electoral cuanto definir el n\u00famero de autoridades que realmente necesita el Estado para funcionar expeditamente. Adem\u00e1s de la restituci\u00f3n del voto obligatorio, se hace propicio fijar normas para que los ciudadanos puedan efectivamente participar en los eventos electorales. Es sabido que el actual sistema inhibe la concurrencia a las urnas de los sectores m\u00e1s pobres o apartados, al mismo tiempo que facilita el sufragio de quienes viven en los barrios y comunas m\u00e1s pudientes. Ello se demostr\u00f3 claramente en el \u00faltimo proceso electoral y explic\u00f3, por ejemplo, la elecci\u00f3n del gobernador de la Regi\u00f3n Metropolitana.<\/p>\n
A lo anterior, se hace indispensable legislar sobre el rol, atribuciones y obligaciones de los partidos pol\u00edticos, convertidos hoy en guaridas de un pu\u00f1ado de operadores que se rigen y toman decisiones desde su cupularidad, desafiando los m\u00e1s elementales procesos democr\u00e1ticos internos, y mucho m\u00e1s orientados a considerar lo que dictan los dudosos sondeos de opini\u00f3n p\u00fablica antes que el deseo de los militantes y el pueblo. Con ello, se debe garantizar, tambi\u00e9n, la participaci\u00f3n de los independientes, de los que se resisten a formar parte de estas colectividades, entre otras razones por su alto nivel de desprestigio. Tampoco basta con la paridad de g\u00e9nero ya alcanzada: las organizaciones sociales deben tener acceso tambi\u00e9n a quienes sean sus mandatarios en La Moneda, el Parlamento y los municipios. As\u00ed como en todos los niveles de la administraci\u00f3n p\u00fablica se debe facilitar la participaci\u00f3n de nuestros pueblos originarios.<\/p>\n
Algo que debe ser esencial toca, adem\u00e1s, a los llamados servidores p\u00fablicos. Legisladores y autoridades municipales deben reducirse y ser solventados con sueldos dignos, pero no millonarios, como ocurre actualmente. La alternancia en el poder debe estar garantizada por la limitaci\u00f3n de las reelecciones, pero tambi\u00e9n desincentivados por los ingresos moderados de quienes forman parte de la administraci\u00f3n p\u00fablica. Al menos en el Poder Ejecutivo y Legislativo. Aunque tambi\u00e9n es inaceptable que las Fuerzas Armadas contin\u00faen con remuneraciones y prebendas que resultan irritantes para el nivel de vida de la poblaci\u00f3n. Desde luego, ya muchos concuerdan en la necesidad de tener solo una c\u00e1mara legislativa y reducir los contingentes armados y el gasto militar, hoy completamente desproporcionados con la realidad del pa\u00eds y sus objetivos de Defensa. Todo esto mientras el combate del crimen organizado, la delincuencia com\u00fan y el narcotr\u00e1fico exigen m\u00e1s y mejores polic\u00edas.<\/p>\n
El pueblo debe tener efectivamente iniciativa de ley y la posibilidad de cambiar las estructuras y disposiciones que lo oprimen. La buena pr\u00e1ctica de los plebiscitos habr\u00eda impedido la existencia de un sistema previsional tan injusto, as\u00ed como el sistema de salud excluyente administrado por las isapres. En un sistema de democracia participativa no habr\u00edan sido posibles, tampoco, los horrores de la educaci\u00f3n. La elitizaci\u00f3n y el lucro de la ense\u00f1anza.<\/p>\n
La soberan\u00eda popular no puede amarrarse de manos respecto de lo convenido espuriamente por los sucesivos gobiernos y legisladores. El cobre y otros recursos estrat\u00e9gicos deben estar en manos del Estado y los trabajadores; as\u00ed como el agua y los servicios b\u00e1sicos hoy controlados por empresas extranjeras. Nada debiera impedir, adem\u00e1s, el libre tr\u00e1nsito por todo el pa\u00eds, lo que hoy est\u00e1 vedado por las carreteras concesionadas que cobran abusivos peajes para trasladarse entre una regi\u00f3n y otra.<\/p>\n
La democracia participativa requiere con urgencia de diversidad informativa. No puede tolerar el actual control ideol\u00f3gico de los grandes canales de la televisi\u00f3n, situaci\u00f3n que ya se ha hecho repugnante en el trato que se le da a la informaci\u00f3n internacional y a los sesgos que imponen los medios en lo pol\u00edtico, econ\u00f3mico y cultural. El Estado no debe \u201cdejar hacer\u201d al respecto sino intervenir a favor de un pueblo y de un ciudadano informado que ejerza el voto conscientemente. El libre mercado, en este sentido, solo ha favorecido la concentraci\u00f3n informativa, como a los monopolios y el colonialismo de la comunicaci\u00f3n. Fen\u00f3meno que hoy se reconoce universalmente.<\/p>\n
Para el prop\u00f3sito de construir un nuevo Chile, la Convenci\u00f3n Constituyente debe actuar con independencia y sacudirse de las trampas que se le impuso antes de su instalaci\u00f3n. La legitimidad alcanzada por sus miembros democr\u00e1ticamente elegidos debe darle autoridad frente al Congreso Nacional y el propio Gobierno. Se debe asumir como una entidad fundacional, justamente en oposici\u00f3n al llamado \u201corden establecido\u201d o \u201cestado de derecho\u201d que se busca reemplazar con una nueva Constituci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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