Infinito Gold vs. Costa Rica: breve an\u00e1lisis del laudo arbitral del CIADI rechazando los principales alegatos de la empresa canadiense por la suspensi\u00f3n de su proyecto minero ubicado en Las Crucitas<\/b><\/p>\n
Este 4 de junio del 2021, fue dado a conocer el laudo arbitral que pone un punto final a la demanda interpuesta en febrero del 2014 por la empresa minera canadiense\u00a0Infinito Gold<\/i>\u00a0contra Costa Rica (v\u00e9ase\u00a0nota de prensa<\/b><\/a>\u00a0del Semanario Universidad).<\/p>\n Como se recordar\u00e1, este proyecto minero fue declarado sorpresivamente y sin consulta alguna de \u00abconveniencia nacional<\/i>\u00bb mediante un Decreto Ejecutivo del Poder Ejecutivo en octubre del 2008: ese mismo mes,\u00a0 la Universidad de Costa Rica (UCR) adopt\u00f3 un muy s\u00f3lido pronunciamiento de su Consejo Universitario exigiendo al Poder Ejecutivo la inmediata derogaci\u00f3n de este decreto (v\u00e9ase\u00a0texto<\/b><\/a>\u00a0de su pronunciamiento del 29 de octubre del 2008).<\/p>\n Luego de una ardua batalla legal contra la empresa minera y contra el Estado realizada por un peque\u00f1o grupo de valientes abogados y de entidades ecologistas, la justicia costarricense declar\u00f3 totalmente ilegal este proyecto en el mes de noviembre del 2010 (v\u00e9ase\u00a0texto completo<\/b><\/a>\u00a0de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo -TCA – del 14 de diciembre del 2010), una decisi\u00f3n que fue ratificada en todos su extremos por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en diciembre del 2011. Semanas antes, el borrador de sentencia de la Sala Primera circul\u00f3 en manos de los abogados de la empresa minera sin que se logre sancionar a los responsables de este in\u00e9dito hecho en la historia de la justicia costarricense (v\u00e9ase\u00a0nota de prensa<\/b><\/a>\u00a0de noviembre del 2011 y esta\u00a0nota<\/b><\/a>\u00a0de CRHoy de noviembre del 2012 as\u00ed como esta\u00a0otra nota<\/b><\/a>\u00a0de diciembre del 2012 del mismo medio digital).<\/p>\n El documental \u00abEl Oro de los Tontos<\/i>\u00bb realizado en el 2011 desde la UCR (v\u00e9ase\u00a0enlace<\/b><\/a>\u00a0en You Tube) permite tener una idea del nivel de ocurrencias gubernamentales y de profunda indignaci\u00f3n que este proyecto minero suscit\u00f3 en Costa Rica a partir de octubre del 2008. En particular para qui\u00e9nes, desde fuera, asocian a Costa Rica con la imagen de un pa\u00eds ecol\u00f3gico y lo consideran como un l\u00edder indiscutible en materia ambiental: de alguna manera, Crucitas vino a delatar al mundo la faz oscura de la Costa Rica verde, al tiempo que sus tribunales detectaron anomal\u00edas proviniendo desde las m\u00e1s altas esferas del poder, que calificaron de\u00a0 \u00abconcurrencia u\u00a0orquestaci\u00f3n de voluntades\u00a0<\/i>para llevar adelante, de cualquier manera, este proyecto minero<\/i>\u00bb (Nota 1<\/b>).<\/p>\n La demanda de Infinito Gold: breve repaso<\/i><\/b><\/p>\n La empresa minera canadiense Infinito Gold decidi\u00f3 presentar formalmente la demanda contra Costa Rica en el a\u00f1o 2014: un a\u00f1o en el que, dicho sea de paso, la miner\u00eda canadiense fue objeto de un voluminoso informe presentado ante la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (Nota 2<\/b>).<\/p>\n El texto de la demanda inicial interpuesta por Infinito Gold contra Costa Rica del 6 de febrero del 2014 ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado<\/i>, tambi\u00e9n conocido por sus siglas en ingl\u00e9s ICSID) est\u00e1 disponible en este\u00a0enlace<\/a>.<\/p>\n La suma solicitada en un primer momento (2014) por la empresa minera canadiense fue de 94 millones, aumentando con el paso del tiempo a 321 millones de US$ (v\u00e9ase\u00a0nota<\/b><\/a>\u00a0de CRHoy del 2017) sin que se tenga mayor claridad sobre los motivos de esta sustancial variaci\u00f3n.\u00a0 Antes de presentar formalmente la demanda ante el CIADI, la empresa canadiense Infinito Gold hab\u00eda amenazado con presentar una demanda por 1.092 millones de US$ contra Costa Rica (v\u00e9ase\u00a0nota<\/a><\/b>\u00a0de La Naci\u00f3n de octubre 2013), sin que tampoco se tuviera idea de c\u00f3mo justificar esta cuantiosa suma a t\u00edtulo de compensaci\u00f3n o indemnizaci\u00f3n.<\/p>\n A la fecha, se mantiene como una verdadera inc\u00f3gnita en Costa Rica la identidad de las personas que integraron una \u00abcomisi\u00f3n de alto nivel<\/i>\u00bb gubernamental que llev\u00f3 al Vice Presidente de Costa Rica a indicar, en julio del 2010, que si Costa Rica derogaba el decreto de conveniencia nacional, deber\u00eda de compensarle a la empresa minera la suma (fantasiosa) de 1.700 millones de US$ (v\u00e9ase\u00a0declaraciones<\/b><\/a>\u00a0de Alfio Piva del 27 de julio del 2010 y\u00a0art\u00edculo<\/b><\/a>\u00a0del ge\u00f3logo Allan Astorga – publicado en medios digitales – de agosto del 2010 exigiendo explicaciones): la n\u00f3mina de los integrantes de esta \u00abcomisi\u00f3n<\/i>\u00bb constituye posiblemente uno de los secretos mejores guardados en Costa Rica.<\/p>\n En este\u00a0enlace oficial<\/b><\/a>\u00a0del CIADI se detallan las diversas etapas procesales de este largo juicio, en la que intervino un organizaci\u00f3n no gubernamental costarricense (APREFLOFLAS) as\u00ed como Canad\u00e1 como Estado, en agosto del 2018.\u00a0 En julio del 2015 Costa Rica intent\u00f3 solicitar el archivo de la demanda ante los atrasos de la empresa para presentar sus alegatos escritos en los plazos acordados, una maniobra procesal que no fructific\u00f3 (Nota 3<\/b>).<\/p>\n Al investigarse sobre el punto de saber a qu\u00e9 podr\u00eda responder el repentino inter\u00e9s de las autoridades canadienses en el 2018 en esta demanda contra Costa Rica planteada desde el 2014, las autoridades canadienses respondieron a un parlamentario canadiense que Canad\u00e1 intervino a solicitud de Costa Rica (Nota 4<\/b>).<\/p>\n La decisi\u00f3n del tribunal arbitral en breve<\/i><\/b><\/p>\n En diciembre del 2017, los tres integrantes del tribunal del CIADI decidieron en una etapa previa considerarse competente pese a las diversas objeciones presentadas por Costa Rica, aduciendo la incompetencia del CIADI (v\u00e9ase laudo arbitral<\/b><\/a>\u00a0sobre su jurisdicci\u00f3n con fecha del 4 de diciembre del 2017).<\/p>\n En su laudo arbitral sobre el fondo con fecha del 3 de junio del 2021 (v\u00e9ase textos en\u00a0espa\u00f1ol<\/b><\/a>\u00a0y en\u00a0ingl\u00e9s<\/a>\u00a0<\/b>en el sitio de SurcosDigital), el tribunal del CIADI en el p\u00e1rrafo concluye 799 que:<\/p>\n 799. Por las razones expuestas anteriormente, el Tribunal:<\/i><\/p>\n a. DECLARA que tiene jurisdicci\u00f3n sobre las reclamaciones ante \u00e9l y que, salvo la\u00a0<\/i>excepci\u00f3n establecida en el p\u00e1rrafo (b) siguiente, las reclamaciones son\u00a0<\/i>admisibles;<\/i><\/p>\n b. DECLARA que la reclamaci\u00f3n relacionada con la reiniciaci\u00f3n en 2019 del\u00a0<\/i>procedimiento de perjuicios del TCA es prematura y por lo tanto es inadmisible en\u00a0<\/i>la presente instancia;<\/i><\/p>\n c. DECLARA que, al sancionar la Prohibici\u00f3n Legislativa de la Miner\u00eda de 2011 e\u00a0<\/i>implementarla por medio de la Resoluci\u00f3n del MINAET de 2012, la Demandada\u00a0<\/i>ha incumplido su obligaci\u00f3n en virtud del Art\u00edculo II(2)(a) del TBI de otorgar a las\u00a0<\/i>inversiones de la Demandante un trato justo y equitativo;<\/i><\/p>\n d. DETERMINA que no puede otorgar compensaci\u00f3n por da\u00f1os por este\u00a0<\/i>incumplimiento;<\/i><\/p>\n e. ORDENA que cada una de las Partes sufrague el 50% de los Costos del\u00a0<\/i>Procedimiento y sus respectivos honorarios legales y dem\u00e1s costos;<\/i>\u00bb<\/p>\n La conclusi\u00f3n a la que llegan los tres integrantes del tribunal arbitral es precedida de un detallado an\u00e1lisis (798 p\u00e1rrafos para ser exactos) de gran inter\u00e9s para diversas disciplinas: desde especialistas en derecho internacional, arbitraje de inversiones, derecho administrativo, derecho constitucional, pasando por polit\u00f3logos, analistas e incluyendo a especialistas en actos de corrupci\u00f3n, en donaciones sospechosas a fundaciones privadas, en groseras omisiones estatales en algunas investigaciones\u00a0 y en falsedades de diversa \u00edndole presentadas por un inversionista extranjero.<\/p>\n La lectura del laudo, si bien se puede volver compleja, retrata un per\u00edodo pol\u00edtico en Costa Rica en el que se observ\u00f3 a un aparato estatal muy vulnerable ante las constantes arremetidas, y maniobras de la empresa canadiense Infinito Gold. Ante la desvergonzada simbiosis existente entre la empresa y el Estado, y ante la actitud extra\u00f1amente pasiva de cinco integrantes de la Sala Constitucional (de los siete magistrados que la integran) al emitir una cuestionable decisi\u00f3n en abril del 2010, el fallo de los\u00a0tres jueces del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) cuyo \u00abpor tanto<\/i>\u00bb fue dado a conocer a finales de noviembre del 2010 fue celebrado por gran parte de la sociedad costarricense como un verdadero triunfo nacional (y as\u00ed\u00a0 registrado por medios internacionales: v\u00e9ase por ejemplo\u00a0nota<\/b><\/a>\u00a0de la BBC de aquella emotiva tarde del 24 de noviembre del 2010).<\/p>\n Esta entrevista publicada en el Semanario Universidad (v\u00e9ase\u00a0texto completo<\/b><\/a>) en enero del 2009, titulada \u00abSETENA es una entidad vulnerable ante presiones pol\u00edticas<\/i>\u00bb ilustra la intensa presi\u00f3n pol\u00edtica a la que se someti\u00f3 a \u00f3rganos t\u00e9cnicos en materia ambiental en el per\u00edodo 2006-2010 en Costa Rica.<\/p>\n En el p\u00e1rrafo 782 y siguientes del laudo arbitral dado a conocer este 4 de junio, se lee que la empresa pidi\u00f3 que Costa Rica fuera adem\u00e1s condenada a pagarle los m\u00e1s de 3,5 millones de US$ en los que incurri\u00f3 para presentar y tramitar esta demanda; en el p\u00e1rrafo 790, se lee que por su parte, Costa Rica solicit\u00f3 el pago de un poco m\u00e1s de 3 millones de US$ a la empresa por los gastos sufragados durante este proceso legal. Se trata de pretensiones que rechaz\u00f3 finalmente el tribunal (p\u00e1rrafo 798).<\/p>\n En una interesante entrevista publicada por el Semanario Universidad y cuya lectura recomendamos (v\u00e9ase\u00a0texto completo<\/b><\/a>), se lee por parte del abogado de APREFLOFAS que el Estado costarricense omiti\u00f3 algunas cosas en su defensa, al se\u00f1alar el jurista que:<\/p>\n \u00abPero nuestro alegato principal, el m\u00e1s fuerte -y as\u00ed lo reconoci\u00f3 el tribunal \u2013 es que la inversi\u00f3n de Industrias Infinito hab\u00eda sido hecha en contra de las leyes costarricenses, que hubo indicios de actos indebidos de parte de diversos funcionarios p\u00fablicos, que incluso se abrieron procesos penales al respecto. Nosotros fuimos los \u00fanicos que tocamos ese tema frente al tribunal; ni siquiera el Estado costarricense lo toc\u00f3, por una estrategia procesal que mantuvieron. Pero nosotros s\u00ed informamos al tribunal de arbitraje sobre esa situaci\u00f3n. Se le estuvo constantemente informando sobre el estado de los procesos penales aqu\u00ed, incluso el m\u00e1ximo que es el del expresidente \u00d3scar Arias S\u00e1nchez. Y esas manifestaciones algo de impacto tuvieron porque se mantuvieron como v\u00e1lidas y se tramitaron hasta el final<\/i>\u00ab.<\/p>\n A modo de conclusi\u00f3n<\/i><\/b><\/p>\n M\u00e1s all\u00e1 de las convenientes omisiones de unos y de las maniobras de otros, esta decisi\u00f3n dada a conocer este 4 de junio del 2021 en Costa Rica constituye una nueva victoria en favor del ambiente, de las regulaciones para protegerlo, as\u00ed como en favor de las sentencias de tribunales nacionales para hacer valer la normativa ambiental cuando las incumple un inversionista extranjero.<\/p>\n Es muy probable que los tres \u00e1rbitros y la Secretar\u00eda del CIADI coordinaron\u00a0 el cronograma de manera a notificar la decisi\u00f3n a Costa Rica y a Infinito Gold en la v\u00edspera del D\u00eda Mundial del Ambiente (5 de junio).<\/p>\n No obstante la celebraci\u00f3n generada en Costa Rica y el entendible j\u00fabilo de sus m\u00e1ximas autoridades observado este 4 de junio, esta decisi\u00f3n plantea nuevamente la urgente necesidad para Costa Rica de reconsiderar su adhesi\u00f3n al CIADI;\u00a0 o al menos, la de renegociar sus tratados bilaterales de inversi\u00f3n (TBI), un tema que se plantea tambi\u00e9n para muchos otros Estados de Am\u00e9rica Latina que se ven inmersos en numerosas demandas en su contra ante el CIADI (Nota 5<\/b>).<\/p>\n En efecto, no tiene mayor sentido el permitir a un inversionista extranjero de mala fe recurrir ante el CIADI contra decisiones de la justicia nacional que declaran ilegal su proyecto y mucho menos el tener que esperar 7 largos a\u00f1os de costosos procedimientos ante el CIADI para escuchar a tres \u00e1rbitros confortar las decisiones judiciales antes mencionadas. Ello sin hablar del riesgo, inherente a este tipo de demandas millonarias, de ver a dos (de los tres \u00e1rbitros) acoger, por alguna raz\u00f3n, algunas de las pretensiones econ\u00f3micas del inversionista. Esta preocupaci\u00f3n ya se extern\u00f3 en el 2013 (v\u00e9ase\u00a0entrevista<\/b><\/a>\u00a0en el Semanario Universidad) sin provocar cambio alguno por parte de las autoridades a cargo del comercio exterior en Costa Rica.<\/p>\n En un breve an\u00e1lisis publicado en el 2019 sobre este preciso caso de Infinito Gold contra Costa Rica (Nota 6<\/b>), nos permitimos concluir que:<\/p>\n \u00abSi este y varios otros datos no ventilados por el CIADI pueden generar alg\u00fan tipo de frustraci\u00f3n en algunos de nuestros estimables lectores, ello les permite entender un poco mejor las cr\u00edticas recurrentes que se le han hecho al CIADI en cuanto a la opacidad y a la falta de transparencia de su funcionamiento. Y comprender las razones por las cuales Bolivia (2007), Ecuador (2009) y Venezuela (2012) denunciaron la convenci\u00f3n que crea el CIADI suscrita en 1965, al tiempo que Indonesia y Sud\u00e1frica han renegociado todos su TBIs, en aras de limitar sustancialmente los riesgos de ser objeto de demandas abusivas por parte de inversionistas extranjeros\u00bb.\u00a0<\/i><\/p>\n Notas:<\/i><\/p>\n Nota 1<\/b>: Seg\u00fan los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), en el p\u00e1rrafo XL de su\u00a0sentencia<\/b><\/a>\u00a0del 14 de diciembre del 2010, se lee que:<\/p>\n \u00abEn relaci\u00f3n con este punto, es necesario indicar que en el presente caso ocurre algo excepcional y es que las distintas ilegalidades detectadas y las nulidades declaradas, son todas coincidentes en el sentido de que tend\u00edan a la aprobaci\u00f3n del proyecto minero Crucitas y varias de ellas se dictaron estando vigente un decreto ejecutivo de moratoria de la miner\u00eda met\u00e1lica de oro a cielo abierto, todo lo cual hace viable pensar como posible una eventual concurrencia u orquestaci\u00f3n de voluntades para llevar adelante, de cualquier manera, este proyecto minero<\/i>\u00bb<\/p>\n Nota 2<\/b>:\u00a0 V\u00e9ase el informe presentado a la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, \u00abEl impacto de la miner\u00eda canadiense en Am\u00e9rica Latina y la responsabilidad de Canad\u00e1<\/i>\u00ab, Washington DC, 2014, cuyo texto est\u00e1 disponible\u00a0aqu\u00ed<\/b><\/a>.\u00a0 De igual forma el impacto de actividades extractivas en las poblaciones aut\u00f3ctonas presentado en el 2015 fue objeto de un informe por parte esta vez de la misma Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (texto completo disponible\u00a0aqu\u00ed<\/b><\/a>).<\/p>\n Nota 3<\/b>: V\u00e9ase al respecto nuestra breve nota BOEGLIN N.<\/b>, \u00abLa solicitud de Costa Rica de poner t\u00e9rmino al procedimiento de arbitraje \u00a0interpuesto por Infinito Gold ante el CIADI: breves reflexiones<\/i>\u00ab, publicada en Derechoaldia, edici\u00f3n del 7.08.2015 y\u00a0disponible en este\u00a0enlace<\/b><\/a>.<\/p>\n Nota 4<\/b>: En efecto, se\u00a0le contest\u00f3 formalmente a un congresista canadiense que la solicitud hecha a Canad\u00e1 para intervenir provino oficialmente de Costa Rica: ello se desprende de la respuesta oficial con fecha del 24.1.2019 dada por las autoridades canadienses de comercio exterior a las preguntas formuladas por el diputado Peter Julian el 18.03.2018. Al respecto v\u00e9ase texto en\u00a0\u00a0ingl\u00e9s<\/strong><\/a>\u00a0 y en \u00a0franc\u00e9s<\/strong><\/a>\u00a0\u00a0de las preguntas formuladas y respuesta oficial brindada disponible en ingl\u00e9s en este\u00a0\u00a0enlace<\/strong><\/a>\u00a0\u00a0y en franc\u00e9s en este otro\u00a0\u00a0enlace<\/strong><\/a>.<\/p>\n Nota 5<\/b>: Al momento de redactar estas l\u00edneas (5 de junio del 2021), ante la Secretar\u00eda del CIADI est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n 18 demandas contra Per\u00fa, 15 contra Venezuela, 13 demandas contra Colombia, 13 contra M\u00e9xico, 8 contra Argentina, 7 contra Panam\u00e1, 3 contra Guatemala, 2 contra Costa Rica, 2 contra Rep\u00fablica Dominicana, y una contra Chile as\u00ed como contra Bolivia,\u00a0 Honduras, Nicaragua y Uruguay. Ecuador ya no registra ninguna demanda pendiente en su contra en el CIADI. En cuanto a Brasil, principal receptor de inversi\u00f3n extranjera en Am\u00e9rica Latina, no ha tan siquiera firmado la Convenci\u00f3n de Washington de 1965 que crea el CIADI (v\u00e9ase\u00a0estado oficia<\/b><\/a>l de firmas y ratificaciones), por lo que no puede ser objeto de una demanda antes este peculiar procedimiento arbitral adscrito al Banco Mundial: un argumento para desestimar la idea seg\u00fan la cual, retirarse del CIADI ahuyentar\u00eda a la inversi\u00f3n extranjera (y que se ve confirmado por los buenos resultados de la econom\u00eda boliviana y ecuatoriana desde que ambos Estados denunciaron la Convenci\u00f3n de Washington en el 2007 y 2009 respectivamente).<\/p>\n