{"id":1301001,"date":"2021-02-19T16:44:18","date_gmt":"2021-02-19T16:44:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pressenza.com\/?p=1301001"},"modified":"2021-02-19T16:59:02","modified_gmt":"2021-02-19T16:59:02","slug":"6-402-victimas-de-falsos-positivos-en-colombia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/2021\/02\/6-402-victimas-de-falsos-positivos-en-colombia\/","title":{"rendered":"6.402 v\u00edctimas de \u00abFalsos Positivos\u00bb en Colombia"},"content":{"rendered":"

La Jurisdicci\u00f3n Especial de Paz (JEP) estableci\u00f3 que, por lo menos, 6.402 personas fueron muertas ileg\u00edtimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008. Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta son los seis territorios cr\u00edticos priorizados por la Sala de Reconocimiento en la primera fase de la investigaci\u00f3n del Caso\u00a0\u00a0<\/em><\/p>\n

E<\/span><\/strong>n seis territorios del pa\u00eds se concentra la primera fase de investigaci\u00f3n del Caso 03 que lleva la JEP: Muertes ileg\u00edtimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado. As\u00ed lo dio a conocer, a trav\u00e9s del Auto 033 de 2021, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, cuando present\u00f3 a los sujetos procesales, intervinientes especiales, v\u00edctimas acreditadas ante la JEP y a la sociedad en general, como se aplicaron los criterios de priorizaci\u00f3n en ese proceso judicial.<\/p>\n

Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta son las regiones priorizadas. Esta decisi\u00f3n se tom\u00f3 tras un exhaustivo proceso de contrastaci\u00f3n de informaci\u00f3n que, entre otras cosas, incluy\u00f3 cuatro bases de datos que permitieron a la Jurisdicci\u00f3n determinar la dimensi\u00f3n del fen\u00f3meno macrocriminal.<\/p>\n

El proceso arroj\u00f3, entre otros resultados, que por lo menos 6.402 colombianas y colombianos fueron v\u00edctimas de muertes ileg\u00edtimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008. El 66% del total nacional de v\u00edctimas se concentr\u00f3 en 10 departamentos, incluidos todos los territorios priorizados durante dicho periodo.<\/p>\n

Las cifras del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), el Sistema de Informaci\u00f3n Judicial de la Fiscal\u00eda (SIJUF), el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Hist\u00f3rica (CNMH) y la Coordinaci\u00f3n Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), difieren con respecto a la magnitud del crimen investigado por la JEP. Sin embargo, las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor n\u00famero de v\u00edctimas. El resultado muestra que durante esta etapa se registr\u00f3 el 78% del total de la victimizaci\u00f3n hist\u00f3rica.<\/p>\n

Las fuentes tambi\u00e9n coinciden en que el fen\u00f3meno macrocriminal cay\u00f3 dr\u00e1sticamente en el 2009, al pasar de 792 v\u00edctimas en 2008 a 122 casos reportados en 2009.<\/p>\n

Con el universo de hechos y conductas que componen el Caso delimitado, se aplicaron los criterios de priorizaci\u00f3n que hoy permitieron establecer un orden razonable de atenci\u00f3n para los mismos y asignar recursos diferenciados para la instrucci\u00f3n de los subcasos. Dentro de la estrategia de investigaci\u00f3n del Caso 03, \u201cde abajo hacia arriba\u00bb, la Sala de Reconocimiento prioriz\u00f3 6 subcasos que le permitir\u00e1n esclarecer el fen\u00f3meno, primero, a nivel local, para despu\u00e9s subir al nivel regional y nacional de responsabilidad.\u00a0\u00a0Bajo esta l\u00f3gica, en la segunda fase de la investigaci\u00f3n del Caso la Sala abordar\u00e1 los hechos ocurridos en los departamentos de Arauca, Boyac\u00e1, Caquet\u00e1, Guain\u00eda, Guaviare, Sucre y Putumayo, entre otros.<\/p>\n

Aplicando los principios de m\u00e1xima publicidad y transparencia en la priorizaci\u00f3n, la Sala les concedi\u00f3 a las v\u00edctimas acreditadas en el Caso y a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, un plazo de 15 d\u00edas h\u00e1biles para presentar observaciones sobre las decisiones adoptadas por la magistratura en este Auto.
\n
\u00bfHAY DIFERENCIAS DE PRIORIZACION ENTRE LOS 7 MACROCASOS?<\/strong>\u00a0<\/span><\/p>\n

Como la JEP aborda fen\u00f3menos delictivos distintos, hay particularidades. En el Caso 03, conocido como el de los falsos positivos, por ejemplo, la estrategia de investigaci\u00f3n adoptada por la magistratura consiste en ir de \u201cabajo hacia arriba\u00bb. De esta forma, primero se identifican los part\u00edcipes determinantes y m\u00e1ximos responsables a nivel local. Posteriormente y, con base en la construcci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica realizada en esos primeros pelda\u00f1os, se determinar\u00e1 si hay y qui\u00e9nes son los m\u00e1ximos responsables a nivel regional y nacional.
\n
\u00bfCU\u00c1LES SON LOS SEIS SUBCASOS?<\/strong>\u00a0<\/span><\/p>\n

La aplicaci\u00f3n de los criterios se hizo a partir de la informaci\u00f3n recibida, recaudada y analizada por la Sala. Esto hace que hace que cada subcaso cuente con elementos particulares de an\u00e1lisis. No existe entre los seis subcasos un orden de prioridad adicional y el avance de estos, en cada una de las etapas, corresponde al avance propio de la investigaci\u00f3n que depende de la disponibilidad de informaci\u00f3n y recursos.<\/p>\n

Subcaso Antioquia<\/strong>:\u00a0<\/strong>r<\/span>egistr\u00f3 el 25% del total de v\u00edctimas ocurridas a nivel nacional entre 2002 y 2008, es decir, una cuarta parte del total. El a\u00f1o de mayor victimizaci\u00f3n de la regi\u00f3n fue 2004. La IV Brigada, con jurisdicci\u00f3n en la zona, podr\u00eda ser la responsable del 73% de las muertes identificadas en el departamento entre los a\u00f1os 2000 y 2013. Se priorizar\u00e1n los hechos ocurridos entre enero de 2003 y diciembre de 2005 en el oriente antioque\u00f1o. Uno de los casos emblem\u00e1ticos es el del cementerio Las Mercedes en Dabeiba del que han entregado informaci\u00f3n ante la JEP 14 miembros de la fuerza p\u00fablica, de distinto rango. La mayor\u00eda de ellos no hab\u00edan sido investigados por la\u00a0justicia\u00a0ordinaria y quienes s\u00ed lo fueron, confesaron ante la JEP la comisi\u00f3n de cr\u00edmenes nunca antes judicializados.<\/p>\n

\u00a0<\/span>Subcaso Costa Caribe:<\/strong>\u00a0el 7,3% del universo de v\u00edctimas, para el periodo comprendido entre 2002 y 2008, se encuentra en el departamento del Cesar, el tercer departamento con mayor nivel de victimizaci\u00f3n en el pa\u00eds. La Guajira reporta el noveno lugar de incidencia en la victimizaci\u00f3n del pa\u00eds con 90 muertes, equivalentes a un 4%. La Sala priorizar\u00e1 en un primer momento la investigaci\u00f3n de los hechos ocurridos entre enero de 2002 y julio de 2005 en el norte del Cesar y el sur de la Guajira que correspondieron a muertes ileg\u00edtimamente presentadas como bajas en combate por miembros del Batall\u00f3n de Artiller\u00eda No. 2 \u201cLa Popa\u00bb.<\/p>\n

Subcaso Norte de Santander:\u00a0<\/strong>Dentro de la informaci\u00f3n con la que cuenta la\u00a0JEP<\/abbr>, se tiene conocimiento de 420\u00a0v\u00edctimas<\/abbr>\u00a0reportadas en el per\u00edodo 1985-2016. Norte de Santander ocupa el sexto lugar a nivel nacional. El 82% de las\u00a0v\u00edctimas<\/abbr>\u00a0se concentran entre 1999 y 2008. La mayor cantidad de\u00a0v\u00edctimas<\/abbr>\u00a0reportadas se concentra en El Catatumbo. La Segunda Divisi\u00f3n, con jurisdicci\u00f3n en el Norte de Santander y Boyac\u00e1, se encuentra dentro de las cuatro divisiones del Ej\u00e9rcito Nacional que concentran cerca del 60% de los casos. Con base en este panorama cuantitativo, la\u00a0JEP<\/abbr>\u00a0decidi\u00f3 concentrarse en el esclarecimiento detallado de los casos que ocurrieron entre 2007 y 2008 en El Catatumbo. All\u00ed la\u00a0JEP<\/abbr>\u00a0ha identificado por lo menos dos patrones representativos del Caso 03.<\/p>\n

Subcaso Huila<\/strong>:\u00a0<\/strong>la Quinta Divisi\u00f3n del Ej\u00e9rcito, que tiene jurisdicci\u00f3n sobre los departamentos de Boyac\u00e1, Cundinamarca, Tolima y Huila, se caracteriz\u00f3 por un incremento sustancial de casos de muertes ileg\u00edtimamente presentadas como bajas en combate entre 2005 y 2008, en comparaci\u00f3n con el n\u00famero de casos que se registran antes y despu\u00e9s de ese lapso. De un total de 327 muertes reportadas como resultados operacionales se tiene que la mayor\u00eda se concentraron en el sur y el centro del departamento del Huila, particularmente en el municipio de Pitalito con 39\u00a0v\u00edctimas<\/abbr>, correspondiente al 26.9% del total de las muertes, seguido del municipio de Garz\u00f3n en donde se registraron 19\u00a0v\u00edctimas<\/abbr>, es decir el 13.1% del total presentado.<\/p>\n

\u00a0<\/strong>Subcaso Casanare:\u00a0<\/strong>la Cuarta Divisi\u00f3n ocup\u00f3 el segundo puesto en resultados operacionales de todo el pa\u00eds y en 2007 alcanz\u00f3 el primer puesto. Con el an\u00e1lisis de muertes ileg\u00edtimamente presentadas como bajas en combate por 100.000 habitantes, se pudo determinar que, para el periodo entre 2002 y 2008, la tasa para este departamento fue la m\u00e1s alta en todo el pa\u00eds con casi 12 por 100.000 habitantes. En esta zona la\u00a0JEP<\/abbr>\u00a0priorizar\u00e1 la investigaci\u00f3n por los hechos ocurridos entre enero de 2005 y diciembre de 2008 que correspondieron a muertes ileg\u00edtimamente presentadas como bajas en combate por miembros de la Brigada XVI.<\/p>\n

\u00a0<\/strong>Subcaso Meta<\/strong>:<\/span>\u00a0el Batall\u00f3n de Infanter\u00eda no. 21 \u201cBatalla Pantano de Vargas\u00bb (BIVAR) present\u00f3 el incremento m\u00e1s significativo en la cantidad de muertes ileg\u00edtimamente presentadas como bajas en combate entre los a\u00f1os 2002 y 2005. En consecuencia, se priorizar\u00e1 el esclarecimiento de los hechos ocurridos en este periodo.<\/p>\n

LA VOZ DE LAS V\u00cdCTIMAS<\/strong><\/p>\n

Para el Movimiento Nacional de V\u00edctimas de Cr\u00edmenes de Estado (MOVICE), \u00abla cifra revelada y el aumento de la misma habla de la generalizaci\u00f3n y sistematicidad de estos cr\u00edmenes de Estado, factor que, a su vez, es un elemento para calificarlos como de lesa humanidad. Pero m\u00e1s all\u00e1 de establecer el n\u00famero de cr\u00edmenes, la satisfacci\u00f3n de los derechos de las v\u00edctimas requerir\u00e1 que la JEP despliegue todos sus medios para obtener informaci\u00f3n relevante sobre la pervivencia de estructuras y doctrinas que en la fuerza p\u00fablica han permitido la existencia del fen\u00f3meno criminal, adem\u00e1s del contraste de tal informaci\u00f3n con las versiones de los victimarios\u00bb.<\/p>\n

Igualmente, a trav\u00e9s del comunicado de prensa publicado el pasado 18 de febrero, hicieron un llamado a la JEP \u00absobre la necesidad de revisar cuidadosamente la metodolog\u00eda \u201cde abajo hacia arriba<\/em>\u201d en la investigaci\u00f3n de la cadena de responsables, a la luz del principio de temporalidad, atendiendo a que en este caso los altos mandos han demostrado no tener mayor intenci\u00f3n de reconocer responsabilidad. Por tanto, es muy probable que estos casos sean conocidos por\u00a0 la Unidad de Investigaci\u00f3n y Acusaci\u00f3n -UIA-, la cual \u00fanicamente tiene la\u00a0 facultad de presentar acusaciones durante diez a\u00f1os de los cuales ya han transcurrido tres. Siendo as\u00ed, \u00bfCu\u00e1nto tiempo tomar\u00e1 llegar a quienes dieron la orden? Es necesario que la UIA empiece sus actuaciones de forma inmediata, de lo contrario se corre el riesgo de que los m\u00e1ximos responsables no lleguen a ser juzgados\u00bb.<\/p>\n

Ver el comunicado completo<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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