{"id":1291357,"date":"2021-02-04T17:17:19","date_gmt":"2021-02-04T17:17:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pressenza.com\/?p=1291357"},"modified":"2021-02-04T17:17:19","modified_gmt":"2021-02-04T17:17:19","slug":"comunidad-ocloya-resiste-al-desalojo-y-al-proyecto-extractivista-en-jujuy","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/2021\/02\/comunidad-ocloya-resiste-al-desalojo-y-al-proyecto-extractivista-en-jujuy\/","title":{"rendered":"Comunidad ocloya resiste al desalojo y al proyecto extractivista en Jujuy"},"content":{"rendered":"

Por Mari\u00e1ngeles Guerrero\/ Agencia Tierra Viva<\/strong><\/em><\/p>\n

 <\/p>\n

Pese a contar con personer\u00eda jur\u00eddica y a que la protege la Ley 26.160, la comunidad originaria recibi\u00f3 el rev\u00e9s del Poder Judicial, que fall\u00f3 a favor de Piuquenes S.A. La empresa pretende explotar uranio en esa zona.<\/em><\/p>\n

 <\/p>\n

En la localidad juje\u00f1a de Las Capillas \u201322 kil\u00f3metros al este de San Salvador de Jujuy\u2013 la comunidad Ocloya<\/strong> intenta frenar el desalojo orquestado por intereses econ\u00f3micos y convalidado por el Poder Judicial. Habitan esas tierras de forma \u201cactual, tradicional y p\u00fablica\u201d, tal como prescribe la Ley 26.160 que declara la emergencia en materia de posesi\u00f3n y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades ind\u00edgenas originarias del pa\u00eds.<\/p>\n

Adem\u00e1s, la comunidad cuenta con personer\u00eda jur\u00eddica certificada por la Secretar\u00eda de Pueblos Ind\u00edgenas de la provincia. Pero no bastaron esos papeles \u2013el reconocimiento oficial\u2013 para que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Jujuy<\/strong>, Sala Penal II \u2013 Vocal\u00eda 3, resolviera fallar a favor de la minera Piuquenes S.A. <\/strong>y ordenar el desalojo del la comunidad ocloya. La sentencia, fechada en noviembre pasado, supone una nueva instancia de la violencia institucionalizada pero tambi\u00e9n de la resistencia organizada.<\/p>\n

En defensa del territorio ancestral<\/h4>\n

Tras la pretensi\u00f3n del desalojo est\u00e1n \u2013nuevamente\u2013 la mirada extractivista y la intenci\u00f3n de instalar un proyecto minero en el lugar. Puntualmente se busca generar una nueva explotaci\u00f3n de uranio, dice el cacique ocloya N\u00e9stor Jerez<\/strong> a Tierra Viva<\/strong>. Y prosigue: \u201cEstamos en total desacuerdo por el peligro que eso implica, no solamente para el pueblo ind\u00edgena sino para toda la humanidad por el da\u00f1o que provoca a la Madre Tierra\u201d.<\/p>\n

En Las Capillas 15 familias ocloyas viven la tierra y la trabajan<\/strong>. \u201cPara los pueblos ind\u00edgenas el territorio no es solamente una cuesti\u00f3n material, sino que tiene que ver con lo espiritual y lo cultural\u201d, dice Jerez. El cacique contin\u00faa la explicaci\u00f3n: \u201cSobrevivimos a trav\u00e9s de la agricultura y la ganader\u00eda en peque\u00f1a escala, de autoconsumo para la mesa familiar. Es una forma de vida diferente, en la cual le damos valor al territorio, a la Pachamama y a los lugares sagrados donde realmente nos renovamos espiritualmente y convivimos en armon\u00eda y en equilibrio con la Madre Tierra\u201d.<\/p>\n

Esa forma de vida es lo que la mina amenaza. \u201cHabr\u00eda un despojo hacia la comunidad, vulneraci\u00f3n de derechos y el incumplimiento del Estado a diferentes leyes y a tratados internacionales que ha asumido\u201d, manifiesta Jerez. \u201cTambi\u00e9n se da\u00f1ar\u00eda la Madre Tierra y se pondr\u00eda en riesgo la vida de la humanidad, porque esa contaminaci\u00f3n va por aire y por agua\u201d, reflexiona. Lo describe con una imagen geogr\u00e1fica: \u201cAqu\u00ed est\u00e1n las nacientes de los r\u00edos que van a las grandes ciudades, y nosotros como poseedores ancestrales y guardianes naturales del territorio hemos sabido protegerlo con la plena conciencia de que esos elementos son la garant\u00eda de vida de las generaciones venideras\u201d.<\/p>\n

Luchar para quedarse<\/h4>\n

\u201cEn diferentes oportunidades padecimos atropellos, amenazas e intentos de despojos, como en este caso\u201d, manifiesta el cacique Jerez. Cuestiona, adem\u00e1s, que el Poder Judicial los tome \u201ccomo usurpadores, cuando en verdad somos poseedores ancestrales y as\u00ed lo ha reconocido el propio Estado\u201d. Tras la decisi\u00f3n de la Corte provincial, el pueblo Ocloya avanza hacia la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n, mientras sostiene la lucha en el territorio. \u201cEn esa l\u00ednea convocamos a una asamblea abierta de pueblos ind\u00edgenas, el 28 de diciembre y el 23 de enero, donde conformamos el Equipo de Prevenci\u00f3n e Intervenci\u00f3n de Conflictos<\/strong>\u201d, relat\u00f3.<\/p>\n

Dicha instancia organizativa est\u00e1 integrada por el Instituto Nacional de Asuntos Ind\u00edgenas<\/strong> (INAI), la Secretar\u00eda de Pueblos Ind\u00edgenas<\/strong>, el Centro de Acceso a la Justicia<\/strong>, la Secretar\u00eda de Derechos Humanos de la Naci\u00f3n<\/strong>, la Administraci\u00f3n de Parques Nacionales<\/strong>, la Secretar\u00eda de Agricultura Familiar, Campesina e Ind\u00edgena<\/strong>, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos<\/strong> (APDH) y Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales<\/strong> (Andhes).<\/p>\n

En ese marco, se consensu\u00f3 solicitar una audiencia para el 9 de febrero al Fiscal General, Lello S\u00e1nchez, y al fiscal interviniente, Aldo Lozano. \u201cEllos tienen la facultad de retrotraerse, entendiendo que no se aplic\u00f3 la ley 26.160 que hoy est\u00e1 vigente a trav\u00e9s de la pr\u00f3rroga 26400\u201d, explic\u00f3 Jerez. \u201cEsperamos ser recibidos y tener resultados favorables\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n

El referente ocloya aludi\u00f3 a situaciones similares en que la misma fiscal\u00eda se retrotrajo \u201casumiendo que no hab\u00eda tenido conocimiento de que hab\u00eda una comunidad en el lugar\u201d. \u201cAs\u00ed que esperamos que en esta oportunidad sea de la misma manera\u201d, dice Jerez.<\/p>\n

Historia que se repite<\/h4>\n

Lo que ocurre en Jujuy se repite en otras latitudes. \u201cEstamos viendo lo que est\u00e1 ocurriendo a nivel pa\u00eds en Mendoza, en Chubut, en diferentes lugares con respecto a estas explotaciones mineras, donde vemos que la poblaci\u00f3n en masa est\u00e1 reaccionando porque toma conciencia del da\u00f1o que se provocar\u00eda si se avanza en estas explotaciones\u201d, afirma Jerez. \u201cDe la misma manera nosotros las rechazamos y solicitamos que se garanticen y se respeten los derechos y los tratados internacionales asumidos\u201d, enfatiza.<\/p>\n

La Compa\u00f1\u00eda Minera Piuquenes S.A<\/strong>. \u2013que reclama las tierras que pertenecen al pueblo ocloya\u2013 lleva adelante otros proyectos metal\u00edferos en San Juan, como el Taguas y Yunque<\/strong> para el extractivismo a cielo abierto de oro y plata.<\/p>\n

La ley incumplida<\/h4>\n

La norma que ampara a las comunidades originarias es la Ley 26.160, que declara \u201cla emergencia en materia de posesi\u00f3n y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades ind\u00edgenas originarias del pa\u00eds\u201d. En su art\u00edculo 2\u00b0 suspende, por el plazo de la emergencia declarada, la ejecuci\u00f3n de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupaci\u00f3n de las tierras reconocidas oficialmente como ocupadas de forma tradicional, actual y p\u00fablica por los pueblos originarios. Tal es el caso de la comunidad ocloya en Las Capillas.<\/p>\n

Desde 2016 esa comunidad lleva adelante una causa judicial en defensa del territorio comunitario, en contra de las empresas Piuquenes S.A., Argentina Maderas y Derivados S.R.L y un particular. Ese a\u00f1o, la comunidad interpuso un amparo solicitando que se hagan efectivos sus derechos a la consulta libre, previa e informada y a la participaci\u00f3n ciudadana en relaci\u00f3n a los Planes de Ordenamiento Predial y Planes de Manejo Forestal Sustentable.<\/p>\n

Tambi\u00e9n present\u00f3 su propio protocolo de consulta, ejerciendo su derecho a la autodeterminaci\u00f3n, y proponiendo soluciones acordes dentro del Estado de Derecho. Sin embargo, la herramienta propuesta fue ignorada por el Estado provincial. Cuatro a\u00f1os despu\u00e9s, en febrero de 2020 el Juzgado Ambiental dict\u00f3 sentencia al respecto, haciendo lugar parcialmente al planteo, levantando una medida cautelar de prohibici\u00f3n de innovar sobre los territorios de la comunidad. Pero la sentencia tambi\u00e9n argument\u00f3 que el conflicto territorial no era de su competencia, haciendo caso omiso a la Ley 26.160. A fines del a\u00f1o pasado, la Corte ignor\u00f3 la ley vigente y el amparo que esta provee a las comunidades que habitan los territorios ancestrales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Por Mari\u00e1ngeles Guerrero\/ Agencia Tierra Viva   Pese a contar con personer\u00eda jur\u00eddica y a que la protege la Ley 26.160, la comunidad originaria recibi\u00f3 el rev\u00e9s del Poder Judicial, que fall\u00f3 a favor de Piuquenes S.A. 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