El 9 de diciembre de este a\u00f1o, la Organizaci\u00f3n Human Rights Watch public\u00f3 un informe sobre la violencia sexual sufrida por ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes en instituciones educativas de Ecuador desde 2014. Esta investigaci\u00f3n evidencia, entre otras realidades, la revictimizaci\u00f3n a la que se les somete. El informe da cuenta de la violencia sexual que sufren ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes desde la educaci\u00f3n preescolar hasta el bachillerato, y cu\u00e1les son los obst\u00e1culos que han tenido para la consecuci\u00f3n de justicia. Uno de los datos que causa alerta es que 4221 estudiantes sufrieron violencia sexual entre el 2014 y mayo del 2020. Entre las vulneraciones se cuenta la falta de personal capacitado para tratar estos casos, produciendo m\u00e1s violencias y en muchos casos dificultando el acceso a justicia. Por estas y otras razones, algunos perpetradores siguen impunes.<\/p>\n
Estas violencias sexuales no solo se producen de docentes a estudiantes, tambi\u00e9n de estudiantes a estudiantes. Sobre esto, las dificultades de las v\u00edctimas parten tambi\u00e9n de docentes de las instituciones educativas que no gu\u00edan adecuadamente o no dan respuestas que protejan a la v\u00edctima. Esto se ha dado por falta de conocimiento, apoyo al victimario o protecci\u00f3n de la imagen institucional, razones por las cuales amenazan y disminuyen el delito cometido. Esto da cuenta de un problema estructural y cultural.<\/p>\n
Es necesario generar medidas de acompa\u00f1amiento de diversas instituciones a estos casos. Sin duda, la falta de conocimiento de lo qu\u00e9 es una violaci\u00f3n, o que las v\u00edctimas no tengan claro que no es su culpa, son temas que se deben trabajar desde la educaci\u00f3n. La falta de conocimiento dificulta el acceso a justicia, ya que las v\u00edctimas no denuncian porque no se piensan v\u00edctimas.<\/p>\n
Entre los casos que analiz\u00f3 la organizaci\u00f3n, uno de ellos es la Academia Aeron\u00e1utica Mayor Pedro Traversari (AAMPETRA) del a\u00f1o 2010, donde a pesar de existir una sentencia desde el 2016, la instituci\u00f3n educativa privada no acogi\u00f3 todas las medidas. De acuerdo con el informe, algunos de los sobrevivientes en los diversos casos refieren que, a pesar de haber ido a juicio, sienten que no recibieron justicia.<\/p>\n
Por otra parte, el informe reconoce que el pa\u00eds ha implantado importantes medidas a trav\u00e9s de la Fiscal\u00eda y el Poder Judicial, instituciones que han permitido desde el a\u00f1o 2017 un mejor acceso a la justicia y reconoce tambi\u00e9n habido avances por la lucha de la sociedad civil y los diversos familiares de las v\u00edctimas, como es el caso de Paola Guzm\u00e1n Albarrac\u00edn, el cual lleg\u00f3 a la Corte Interamericano de Derechos Humanos en este a\u00f1o. Esto fue posible por la lucha constante de su madre Petita Albarrac\u00edn. En la sentencia de declar\u00f3 al pa\u00eds como responsable de los abusos contra Paola, estudiante que fue violada por el vicerrector de la escuela y se suicid\u00f3.<\/p>\n
Entre las reparaciones solicitadas se encuentra el aumento de recursos para prevenir la violencia sexual en instituciones educativas, as\u00ed como pol\u00edticas nacionales que trabajen desde la prevenci\u00f3n otros temas relacionados como el embarazo adolescente y la violencia de g\u00e9nero. De igual forma, se insiste en el aumento de departamentos de Consejer\u00eda Estudiantil, y el cumplimiento de la obligaci\u00f3n de denunciar estos casos.<\/p>\n
Sin duda, si cumple el Estado, esto favorecer\u00e1 a que los sobrevivientes de estos casos puedan acceder a justicia, y se pueda prevenir la sucesi\u00f3n de estas y otras violencias contra ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes.<\/p>\n