{"id":1223517,"date":"2020-10-23T13:48:33","date_gmt":"2020-10-23T12:48:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pressenza.com\/?p=1223517"},"modified":"2020-10-23T13:58:17","modified_gmt":"2020-10-23T12:58:17","slug":"colombia-la-ley-del-incumplimiento-a-los-pueblos-indigenas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/2020\/10\/colombia-la-ley-del-incumplimiento-a-los-pueblos-indigenas\/","title":{"rendered":"Colombia: La ley del incumplimiento a los pueblos ind\u00edgenas"},"content":{"rendered":"

A prop\u00f3sito de lo ocurrido esta semana con la presencia de la Minga Ind\u00edgena en la ciudad de Bogot\u00e1, presentamos el informe n\u00famero 13 del especial period\u00edstico sobre la crisis humanitaria de los pueblos ind\u00edgenas en Colombia, que realiz\u00f3 nuestro medio aliado Hacemos Memoria. <\/strong>Lo hacemos en el marco del convenio entre Pressenza y Hacemos Memoria, que nos hace part\u00edcipes de la\u00a0Red de Periodismo y Memoria<\/strong>, con el fin de acercar al p\u00fablico internacional los hechos de violencia pol\u00edtica que han afectando hist\u00f3ricamente a las comunidades m\u00e1s vulnerables en el pa\u00eds suramericano, por causa del conflicto armado interno y la marcada exclusi\u00f3n social y pol\u00edtica.<\/p>\n

Aunque diferentes leyes obligan al Estado a proteger a los pueblos ancestrales en Colombia, su omisi\u00f3n o incumplimiento se han vuelto constantes. Este art\u00edculo enuncia algunas de las normas que, seg\u00fan varios l\u00edderes nativos, hoy son incumplidas. Decimotercera entrega de una serie period\u00edstica sobre la crisis de los ind\u00edgenas.<\/em><\/p>\n

 <\/p>\n

Por Adri\u00e1n Atehort\u00faa<\/strong><\/p>\n

Ilustraci\u00f3n: Didier Pulgar\u00edn<\/strong><\/p>\n

En diciembre de 2019, fue noticia en los titulares de prensa el desplante que le hizo el presidente de Colombia, Iv\u00e1n Duque M\u00e1rquez, al pueblo Way\u00fau, luego que el mandatario no acudiera a una audiencia p\u00fablica a la que fue citado por el Tribunal Superior de la Guajira, el d\u00eda 6 de diciembre, como parte de un incidente de desacato a la sentencia de la Corte Constitucional T-302 de 2017,\u00a0 que declar\u00f3 el estado de cosas inconstitucionales en ese departamento. Esta situaci\u00f3n retrata la realidad que viven los pueblos ind\u00edgenas en el pa\u00eds en relaci\u00f3n con la desatenci\u00f3n de los gobernantes al cumplimiento de las leyes, decretos, autos y sentencias que protegen sus derechos.<\/p>\n

De hecho, la citaci\u00f3n al primer mandatario se dio a partir de una acci\u00f3n de tutela interpuesta por miembros de la comunidad que exigieron al Estado garant\u00edas para el goce efectivo de los derechos fundamentales a la salud, el agua potable, la alimentaci\u00f3n y la seguridad alimentaria de los ni\u00f1os y ni\u00f1as del pueblo Way\u00fau en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Urib\u00eda. De ah\u00ed, que en su decisi\u00f3n la Corte le exigiera al Gobierno la definici\u00f3n de un plan de acci\u00f3n para satisfacer las necesidades b\u00e1sicas de las comunidades en ese departamento, y que citara tambi\u00e9n a los Ministros de Educaci\u00f3n, Vivienda, Ambiente, Agricultura, Salud, Transporte, Hacienda e Interior, quienes tampoco asistieron a la audiencia y, al igual que el presidente, delegaron asesores jur\u00eddicos.<\/p>\n

Como ocurri\u00f3 en La Guajira, los desplantes o incumplimientos del Gobierno son habituales para los pueblos ancestrales al momento de exigir los derechos que les fueron otorgados en la Constituci\u00f3n de 1991. Y es que a pesar de que la carta constitucional reconoci\u00f3 a Colombia como un pa\u00eds multicultural y pluri\u00e9tnico, algunos l\u00edderes ind\u00edgenas piensan que sus derechos se quedaron plasmados en el papel.<\/p>\n

\u201cEl gobierno ya nos firma todo: leyes, decretos y todo tipo de normatividad, pero el cumplimiento y la implementaci\u00f3n es casi que nula. Por normatividad no es el tema, porque tenemos toda la necesaria. El problema radica en la falta de voluntad para el cumplimiento como debe ser: con enfoque territorial, diferencial y hasta presupuestal\u201d, dijo \u00d3scar Montero de La Rosa, l\u00edder del pueblo Kankuamo.<\/p>\n

A continuaci\u00f3n se refieren algunas de las principales leyes, decretos, sentencias y autos cuyo cumplimiento es exigido por diferentes pueblos ind\u00edgenas del pa\u00eds, consultados para el especial period\u00edstico\u00a0La crisis humanitaria de los ind\u00edgenas en Colombia<\/em><\/a>\u00a0realizado por Hacemos Memoria.<\/p>\n

Ley 21 de 1991<\/a><\/strong><\/p>\n

Por medio de esta ley el Congreso de la Rep\u00fablica aprob\u00f3 la aplicaci\u00f3n en Colombia del Convenio 169 sobre pueblos ind\u00edgenas y tribales en pa\u00edses independientes, adoptado por la 76 Reuni\u00f3n de la Conferencia Internacional de la Organizaci\u00f3n Internacional de Trabajo realizada en Ginebra en 1989. El art\u00edculo n\u00famero 2 de dicha ley,\u00a0 establece que \u201clos gobiernos deber\u00e1n asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participaci\u00f3n de los pueblos interesados, una acci\u00f3n coordinada y sistem\u00e1tica con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad\u201d.<\/p>\n

Una de las principales acciones establecidas por el Gobierno para la implementaci\u00f3n y cumplimiento de esta ley es el desarrollo de consultas previas para proyectos, obras o actividades que afectan directamente a las comunidades \u00e9tnicas.<\/p>\n

Sin embargo, en regiones como Norte de Santander esta normativa no se viene cumpliendo seg\u00fan dijo Juan Titira, l\u00edder de la Asociaci\u00f3n de Autoridades Tradicionales del Pueblo Bar\u00ed, quien denunci\u00f3 que en la zona hay \u201c26 firmas mineras que ya tienen licencia para extraer carb\u00f3n en nuestro territorio, pero no han hecho las consultas previas; llegan y buscan a los campesinos, a las juntas de acci\u00f3n comunal para que ellos hagan ese trabajo y los derechos propios de los ind\u00edgenas no se ven reflejados, no hemos sido tenidos en cuenta\u201d.<\/p>\n

Decretos\u00a01396<\/a>\u00a0y\u00a01397 de 1996<\/a><\/strong><\/p>\n

Ambos decretos son de vital importancia para la conformaci\u00f3n de la estructura del gobierno propio de los pueblos \u00e9tnicos en Colombia. Por medio del\u00a0Decreto 1396 de 1996<\/a>\u00a0se cre\u00f3 la Comisi\u00f3n de Derechos Humanos de los Pueblos Ind\u00edgena y el Programa Especial de Atenci\u00f3n a los Pueblos Ind\u00edgenas que le orden\u00f3 al Estado crear planes y medidas preventivas de las violaciones a los derechos humanos en estas poblaciones.<\/p>\n

Por su parte, el\u00a0Decreto 1397 de 1996<\/a>\u00a0cre\u00f3 la Comisi\u00f3n Nacional de Territorios Ind\u00edgenas y la Mesa Permanente de Concertaci\u00f3n, dot\u00e1ndolas con la facultad de velar, entre otras cosas, por la integridad, el ordenamiento territorial, la conservaci\u00f3n de la diversidad \u00e9tnica y cultural de los pueblos ind\u00edgenas de Colombia, por medio de herramientas como la preparaci\u00f3n de planes y presupuestos anuales y la representaci\u00f3n activa dentro del Ministerio de Agricultura.<\/p>\n

Sentencia T \u2013 025 de 2004<\/a><\/strong><\/p>\n

Por medio de esta sentencia la Corte Constitucional declar\u00f3 la existencia de un estado de cosas inconstitucional en la situaci\u00f3n del desplazamiento forzado en Colombia a causa del conflicto armado. En dicha sentencia, se orden\u00f3 al Consejo Nacional para la Atenci\u00f3n Integral a la Poblaci\u00f3n Desplazada por la Violencia el dise\u00f1o e implementaci\u00f3n de un plan de acci\u00f3n tendiente a superar la problem\u00e1tica dando prioridad a la ayuda humanitaria para la poblaci\u00f3n desplazada.<\/p>\n

En dicha sentencia, se legitim\u00f3 a las asociaciones de desplazados para que pudieran interponer acciones de tutela para la protecci\u00f3n de los derechos de sus asociados, teniendo en cuenta la situaci\u00f3n de vulnerabilidad de las v\u00edctimas de desplazamiento para ejercer su propia defensa o contratar un abogado. Al respecto, la p\u00e1gina 26 del apartado\u00a0consideraciones y fundamentos<\/em>\u00a0de la Setencia T-025 de 2004 dice: \u201cdada la condici\u00f3n de extrema vulnerabilidad de la poblaci\u00f3n desplazada, no s\u00f3lo por el hecho mismo del desplazamiento, sino tambi\u00e9n porque en la mayor parte de los casos se trata de personas especialmente protegidas por la Constituci\u00f3n \u2013tales como mujeres cabeza de familia, menores de edad, minor\u00edas \u00e9tnicas y personas de la tercera edad-, la exigencia de presentar directamente o a trav\u00e9s de abogado las acciones de tutela para la protecci\u00f3n de sus derechos, resulta excesivamente onerosa para estas personas\u201d.<\/p>\n

Sin embargo, acerca de la implementaci\u00f3n de esta sentencia, Alexis Espitia, docente y consejero de la Organizaci\u00f3n Ind\u00edgena de Antioquia, manifest\u00f3 que la Corte Constitucional \u201cle orden\u00f3 al Estado la formulaci\u00f3n de los planes de salvaguarda a 34 pueblos ind\u00edgenas, entre ellos, a los cinco\u00a0 pueblos que habitamos Antioquia, pero a la hora de la implementaci\u00f3n eso no ha sido efectivo. Cada d\u00eda que pasa, los pueblos ind\u00edgenas nos vamos extinguiendo tanto f\u00edsica como culturalmente, m\u00e1s en este momento en que el conflicto armado se agudiz\u00f3 en Antioquia\u201d.<\/p>\n

Decreto 1500 de 2018<\/a><\/strong><\/p>\n

Por medio de este decreto \u00abse redefine el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, expresado en el sistema de espacios sagrados de la \u2018L\u00ednea Negra\u2019, como \u00e1mbito tradicional, de especial protecci\u00f3n, valor espiritual, cultural y ambiental, conforme los principios y fundamentos de la Ley de Origen, y la Ley 21 de 1991, y se dictan otras disposiciones\u00bb.<\/p>\n

Sin embargo, en la actualidad este decreto est\u00e1 siendo incumplido \u201cpor una presi\u00f3n de grupos empresariales y de personas que tienen intereses de explotaci\u00f3n y exploraci\u00f3n en los territorios de la Sierra\u201d para actividades econ\u00f3micas de ganader\u00eda, turismo y construcci\u00f3n inmobiliaria, expres\u00f3 el l\u00edder ind\u00edgena \u00d3scar Montero de la Rosa.<\/p>\n

Auto 004 de 2009<\/a><\/strong><\/p>\n

Creado como herramienta para hacer cumplir lo estipulado en la sentencia T-025 de 2004, este auto profundiz\u00f3 en la protecci\u00f3n de la poblaci\u00f3n ind\u00edgena v\u00edctima o en riesgo de desplazamiento. La providencia estipul\u00f3 la obligaci\u00f3n del Estado para dar una soluci\u00f3n que haga frente a las dimensiones y consecuencias de estas vulneraciones por medio de herramientas como los planes de salvaguarda.<\/p>\n

Seg\u00fan Arbey Ga\u00f1\u00e1n, l\u00edder Ember\u00e1 del Consejo Regional Ind\u00edgena de Caldas, \u201cla Corte Constitucional a trav\u00e9s del Auto 004 de 2009, expres\u00f3 que hay pueblos en v\u00eda de exterminio f\u00edsico y cultural por culpa del conflicto social y armado. Y entre esos est\u00e1 el pueblo Ember\u00e1. Pero desde ese momento hasta la fecha solo hemos recibido, por parte del gobierno, peque\u00f1os micro proyectos que no suplen las necesidades ni la salvaguarda de los pueblos ind\u00edgenas. Eso mismo es lo que contin\u00faan ofreciendo a poblaciones que siguen siendo v\u00edctimas del conflicto social y armado\u201d.<\/p>\n

Decreto 4633 de 2011<\/a><\/strong><\/p>\n

Por medio de \u00e9ste decreto el Ministerio del Interior dict\u00f3 las medidas de asistencia, atenci\u00f3n, reparaci\u00f3n integral y restituci\u00f3n de derechos territoriales a las v\u00edctimas pertenecientes a comunidades y pueblos ind\u00edgenas. Para la generaci\u00f3n de este marco legal e institucional se tuvieron en cuenta los principios y derechos de los pueblos ind\u00edgenas consignados en la Constituci\u00f3n de 1991, la Ley de Origen, la Ley Natural, el Derecho Mayor o el Derecho Propio.<\/p>\n

No obstante, Elizabeth Apolinar, l\u00edder ind\u00edgena de la Orinoqu\u00eda y abogada de la Organizaci\u00f3n Ind\u00edgena de Colombia (ONIC), dijo que la aplicaci\u00f3n de este decreto ha sido incipiente en regiones como los Llanos Orientales, \u201cuno de los territorios donde ha habido m\u00e1s despojo para los pueblos ind\u00edgenas. Hasta hace muy poco se dio la primera sentencia de restituci\u00f3n de derechos territoriales de la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras, que fue el caso de Kanalitojo en Vichada. Pero de ah\u00ed no hay m\u00e1s avances. Desde que est\u00e1 el decreto 4633 de 2011 han pasado ya nueve a\u00f1os y solo hay una sentencia de restituci\u00f3n de derechos, eso habla mucho del apoyo institucional\u201d.<\/p>\n

Decreto 2333 de 2014<\/a><\/strong><\/p>\n

Este decreto estableci\u00f3 los mecanismos para la protecci\u00f3n y seguridad jur\u00eddica de las zonas ocupadas o pose\u00eddas ancestral o tradicionalmente por los pueblos ind\u00edgenas bas\u00e1ndose en sus costumbres y relaciones con el espacio. En sus principios, esta normativa protege la identidad que los pueblos ind\u00edgenas mantienen con sus territorios ancestrales en los que desarrollan integralmente su vida, cosmovisi\u00f3n, sabidur\u00eda, conocimientos, costumbres y pr\u00e1cticas tradicionales.<\/p>\n

El decreto 2333 de 2014 reconoce los territorios ancestrales y, de manera preventiva, dice que se deben generar garant\u00edas para poder protegerlos mientras se hace su titulaci\u00f3n, record\u00f3 Elizabeth Apolinar, l\u00edder ind\u00edgena de la Orinoqu\u00eda y abogada de la Organizaci\u00f3n Ind\u00edgena de Colombia (ONIC), al agregar que \u201cese decreto fue inspirado en la Orinoqu\u00eda colombiana porque nuestros territorios son aparentemente bald\u00edos, pero para nosotros la palabra \u201cbald\u00edo\u201d no existe. Para nosotros no son bald\u00edos, son territorios ancestrales. Y bueno, esta es la hora en la que han pasado seis a\u00f1os y a\u00fan no tenemos la primera resoluci\u00f3n de medida de protecci\u00f3n del territorio ancestral.<\/p>\n

Decreto 632 de 2018<\/a><\/strong><\/p>\n

Por medio de este decreto, la Presidencia de la Rep\u00fablica dict\u00f3 las normas fiscales necesarias para poner en funcionamiento los territorios ind\u00edgenas ubicados en \u00e1reas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guain\u00eda y Vaup\u00e9s. Para su aplicaci\u00f3n, el marco normativo prioriza principios como el desarrollo propio de los pueblos ind\u00edgenas, la diversidad cultural y ambiental, la gobernabilidad y econom\u00eda sostenible, la autodeterminaci\u00f3n, entre otros.<\/p>\n

En relaci\u00f3n con la implementaci\u00f3n de esta normativa, R\u00f3binson L\u00f3pez, l\u00edder ind\u00edgena de la\u00a0Organizaci\u00f3n de Pueblos Ind\u00edgenas de la Amazon\u00eda Colombiana (Opiac), cont\u00f3 que las comunidades ancestrales de esta regi\u00f3n le presentaron al Ministerio del Interior la Agenda Ambiental de la Amazon\u00eda, la cual detalla \u201clas principales problem\u00e1ticas estructurales de la regi\u00f3n y el rezago social y ambiental que hist\u00f3ricamente ha tenido. En esa agenda hay trece puntos estructurales entre los cuales est\u00e1 el Decreto 632 de 2018. La idea es que con el decreto se les d\u00e9 la autonom\u00eda y el gobierno a las autoridades ind\u00edgenas, y que no se creen municipios en esos territorios. Pero a pesar de los ocho a\u00f1os de gesti\u00f3n de la Opiac y de los l\u00edderes en la Mesa Permanente de Concertaci\u00f3n Nacional, ese decreto no se ha cumplido. Todo lo contrario, hace poco el presidente Iv\u00e1n Duque estuvo all\u00e1 y cre\u00f3 un municipio dentro de esas \u00e1reas no municipalizadas, violando las leyes que protegen a los pueblos ind\u00edgenas. Y lo hizo eligiendo a dedo a una ind\u00edgena que se prest\u00f3 para eso\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

A prop\u00f3sito de lo ocurrido esta semana con la presencia de la Minga Ind\u00edgena en la ciudad de Bogot\u00e1, presentamos el informe n\u00famero 13 del especial period\u00edstico sobre la crisis humanitaria de los pueblos ind\u00edgenas en Colombia, que realiz\u00f3 nuestro…<\/p>\n","protected":false},"author":1750,"featured_media":1223519,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80,67],"tags":[30,441,83062,54082,18023,66279,20815,11815],"class_list":["post-1223517","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-pueblos-originarios","category-sudamerica","tag-colombia","tag-derechos-humanos","tag-incumplimientos","tag-indigenas-es","tag-leyes","tag-lideres","tag-proteccion","tag-pueblos-indigenas"],"yoast_head":"\nColombia: La ley del incumplimiento a los pueblos ind\u00edgenas<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"A prop\u00f3sito 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