A un a\u00f1o del inicio de la revuelta social en Chile, la Comisi\u00f3n Chilena de Derechos Humanos, se hace un deber puntualizar lo siguiente:<\/p>\n
Las justas y leg\u00edtimas demandas del pueblo chileno que dieron origen al denominado \u201cestallido social\u201d, siguen plenamente vigentes, y por tanto, el conflicto social a\u00fan no ha concluido. En efecto, la grosera desigualdad, el abuso institucionalizado, el descr\u00e9dito y falta de legitimidad de las instituciones pol\u00edticas y la mantenci\u00f3n de un modelo de sociedad impuesto y administrado durante 30 a\u00f1os, que niega los derechos humanos m\u00e1s elementales como la salud, la educaci\u00f3n, la seguridad social, el trabajo digno y una remuneraci\u00f3n justa, entre otros, son condiciones objetivas del descontento social que no han sido resueltas y encaradas debidamente por el sistema pol\u00edtico actual.<\/p>\n
En efecto, el Gobierno, en vez de atender y escuchar la exigencia mayoritaria de los chilenos expresada a trav\u00e9s del leg\u00edtimo ejercicio de la protesta social, de un modo pac\u00edfico y multitudinario, ha optado por defender el statu quo a trav\u00e9s de la aplicaci\u00f3n de una pol\u00edtica de violaci\u00f3n masiva, grave y sistem\u00e1tica de los derechos humanos, que ha provocado muertes, torturas, lesionados, muchas de ellas constitutivas de cr\u00edmenes contra la Humanidad, descritos y sancionados en la Ley20.357, normativa fundante de nuestras querellas.<\/p>\n
Cabe tener presente que hasta el 15 de junio del presente a\u00f1o, seg\u00fan el Ministerio P\u00fablico, las denuncias por violaciones de DDHH ascend\u00edan a 8.510, pero s\u00f3lo 800 se han traducido en querellas. Sumado a esto, la Fiscal\u00eda ha registrado m\u00e1s de 1.100 denuncias por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes adem\u00e1s de, al menos, 70 delitos de car\u00e1cter sexual cometidos por agentes del Estado.<\/p>\n
El gobierno, en tanto, ha presentado 1.914 acciones judiciales contra 3.274 personas detenidas en el marco de las manifestaciones.<\/p>\n
La mantenci\u00f3n de 497 presos pol\u00edticos, privados de libertad con dudosas pruebas y con clara vulneraci\u00f3n de sus derechos y garant\u00edas procesales como la presunci\u00f3n de inocencia y el principio de derechos humanos referido a que la prisi\u00f3n preventiva no debe ser la regla general, aparece como otra forma de inhibir y neutralizar la protesta social. Especial incumplimiento de estos derechos se ha tenido con los presos pol\u00edticos mapuche.<\/p>\n
La aprobaci\u00f3n de ley N\u00b0 21.208 \u201cantibarricadas\u201d y la decisi\u00f3n del Gobierno de poner suma urgencia a la Ley de Inteligencia y sobre Infraestructura Critica, que incorporan a las Fuerzas Armadas en el control del orden p\u00fablico, y la compra de m\u00e1s y modernos equipos para las fuerzas policiales, confirman la voluntad del Gobierno de enfrentar la grave crisis social aumentando la represi\u00f3n, desoyendo las recomendaciones de los organismos internacionales.<\/p>\n
Por su parte, la pandemia, no hizo sino develar con toda su crudeza la incapacidad del sistema y la falta de voluntad del Gobierno de satisfacer las necesidades m\u00ednimas de la poblaci\u00f3n, tal como lo demandaron los organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos que convoc\u00f3 a los Estados a \u201cvelar porque se preserven las fuentes de trabajo y se respeten los derechos laborales de todos los trabajadores y trabajadoras. Asimismo, se deben adoptar e impulsar medidas para mitigar el posible impacto sobre las fuentes de trabajo e ingresos de todos los trabajadores y trabajadoras y asegurar el ingreso necesario para la subsistencia en condiciones de dignidad humana<\/em>\u201d. Agrava lo anterior, la aplicaci\u00f3n de una estrategia sanitaria negligente y err\u00e1tica, que ha puesto en grave riesgo el derecho humano a la vida y a la salud de los habitantes de nuestro pa\u00eds,lo que nos oblig\u00f3 a querellarnos en contra de las autoridades.<\/p>\n En consecuencia, el conflicto social no ha terminado y la paz a la que anhelan los chilenos y chilenas mayoritariamente, s\u00f3lo se podr\u00e1 alcanzar con el t\u00e9rmino de la represi\u00f3n y con la adopci\u00f3n de pol\u00edticas concretas que apunten a enfrentarlas profundas causas de la crisis social. La Paz es obra de la Justicia y no se puede imponer por decreto.<\/p>\n La Impunidad de los graves cr\u00edmenes cometidos agrava el descontento social, a la vez que importa un grave incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado chileno. A la lentitud de las investigaciones judiciales y la formalizaci\u00f3n de s\u00f3lo 66 agentes del Estado y menos de 10 imputados privados de libertad, se agrega la grave situaci\u00f3n de amedrentamiento y hostigamiento que han sufrido aquellas fiscalas y fiscales que s\u00f3lo han intentado cumplir con su deber, como la Fiscal Ximena Chong y los fiscales Marcelo Carrasco y Xavier Armend\u00e1riz, estos \u00faltimos denostados y descalificados por los querellados, Sebasti\u00e1n Pi\u00f1era y Jaime Ma\u00f1alich, a trav\u00e9s de sus abogados.<\/p>\n Pero sin lugar a dudas que el mayor obst\u00e1culo, ha sido el apoyo y respaldo permanente que el Presidente de la Rep\u00fablica le ha otorgado al Director General de Carabineros, ante el actuar il\u00edcito de sus subordinados y la cadena de mando que encabeza. Cabe tener presente que en abril de este a\u00f1o, la Direcci\u00f3n de Estudios de la Corte Suprema, se\u00f1alaba a la instituci\u00f3n de Carabineros como el principal recurrido en delitos de derechos humanos, perpetrados en el contexto del estallido social, con el 92,9% del total de los casos.<\/p>\n La conducta de la m\u00e1xima autoridad del pa\u00eds, sin lugar a dudas, avala la impunidad e inhibe y desalienta el actuar de los fiscales y fiscalas.<\/p>\n A su vez, el Gobierno ha tenido una actitud de completo desoimiento de las recomendaciones encaminadas al respeto y garant\u00eda de los derechos humanos incluidas en los Informes elaborados por los distintos organismos internacionales.<\/p>\n S\u00f3lo a t\u00edtulo ejemplar, es necesario recordar que el ACNUDH en su Informe de Diciembre de 2019, recomend\u00f3 al Estado desarrollar nuevos protocolos policiales para garantizar el uso adecuado de la fuerza, proteger el rol de los defensores de derechos humanos o crear un mecanismo de seguimiento integrado por la sociedad civil y expertos independientes, entre otras cuestiones.<\/p>\n Sin embargo, tres meses despu\u00e9s, en Marzo de este a\u00f1o, el representante regional del organismo, Jan Jarab, denunci\u00f3 que se segu\u00edan violando los derechos humanos de los manifestantes en Chile y que el Estado pr\u00e1cticamente no ha cumplido con ninguna de las 21 recomendaciones que el organismo le hizo al Gobierno.<\/p>\n Y durante la primera semana de octubre, con ocasi\u00f3n del joven manifestante lanzado al r\u00edo Mapocho por un uniformado, el representante regional de ACNUDH, expres\u00f3 su preocupaci\u00f3n por el continuo e incondicional respaldo a las fuerzas del orden y seguridad, por son conductas reiteradas,e hizo un llamado a que se identifiquen los patrones y analicen las causas que favorecen estas conductas\u201d, a la vez que instaba por \u201cuna reforma profunda de las fuerzas del orden y seguridad, que tenga como pilares la profesionalizaci\u00f3n de sus agentes, la formaci\u00f3n en Derechos Humanos, la subordinaci\u00f3n a la autoridad civil y especialmente, mecanismos de rendici\u00f3n de cuentas en todos los niveles.\u201d<\/p>\n La Comisi\u00f3n Chilena de Derechos Humanos, reitera su compromiso con la defensa de las v\u00edctimas y su decisi\u00f3n institucional de recurrir, si es necesario, a los diversos \u00f3rganos del sistema de protecci\u00f3n internacional de derechos humanos para evitar la Impunidad de los cr\u00edmenes contra la Humanidad cometidos en su contra, a objeto que los responsables, incluidas las autoridades pol\u00edticas y los jefes militares, obtengan la debida sanci\u00f3n seg\u00fan lo establece el Estatuto de Roma y el claro mandato de la Ley 20.357, que tipifica y sanciona dichos il\u00edcitos.<\/p>\n Al mismo tiempo, en la v\u00edspera de un nuevo 18 de Octubre, hacemos un llamado al Gobierno a terminar con la represi\u00f3n de la protesta social, y a los habitantes de nuestro pa\u00eds, a no caer en provocaciones que impidan la realizaci\u00f3n del plebiscito del 25 de octubre, hito con el que se da inicio al proceso constituyente. Estamos convencidos que, a pesar de todas las limitaciones y restricciones impuestas al pleno ejercicio del derecho de libre determinaci\u00f3n del pueblo chileno, si existe un masivo y activo protagonismo de la ciudadan\u00eda durante todo el proceso, ello permitir\u00e1 contar con un nuevo texto constitucional que, teniendo como marco referencial obligatorio el respeto y garant\u00eda de los Derechos Humanos, establezca normativamente los cimientos de una democracia verdadera y una genuina paz social.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" A un a\u00f1o del inicio de la revuelta social en Chile, la Comisi\u00f3n Chilena de Derechos Humanos, se hace un deber puntualizar lo siguiente: Las justas y leg\u00edtimas demandas del pueblo chileno que dieron origen al denominado \u201cestallido social\u201d, siguen…<\/p>\n","protected":false},"author":43,"featured_media":1219186,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[149,11389,79,67],"tags":[29,34749,394],"class_list":["post-1219162","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-comunicados-de-prensa","category-contenido-original","category-derechos-humanos","category-sudamerica","tag-chile","tag-comision-chilena-de-derechos-humanos","tag-protestas-sociales"],"yoast_head":"\n