{"id":1219028,"date":"2020-10-17T16:22:03","date_gmt":"2020-10-17T15:22:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pressenza.com\/?p=1219028"},"modified":"2020-10-17T16:24:40","modified_gmt":"2020-10-17T15:24:40","slug":"ojos-sobre-chile-violencia-policial-y-responsabilidad-de-mando-durante-el-estallido-social","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/2020\/10\/ojos-sobre-chile-violencia-policial-y-responsabilidad-de-mando-durante-el-estallido-social\/","title":{"rendered":"Ojos sobre Chile: violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social"},"content":{"rendered":"

Resumen Ejecutivo<\/strong><\/p>\n

A partir de mediados de octubre de 2019, Chile comenz\u00f3 a vivir uno de los episodios m\u00e1s tr\u00e1gicos y a la vez m\u00e1s transformadores de su historia reciente.<\/p>\n

Lo que comenz\u00f3 con protestas, principalmente de estudiantes, a ra\u00edz de la subida de la tarifa del transporte p\u00fablico en la Regi\u00f3n Metropolitana, deton\u00f3 una ola de manifestaciones, la cual se fue propagando r\u00e1pidamente por casi todo el pa\u00eds. Esta expresi\u00f3n multitudinaria de inconformidad demandaba una mayor igualdad social y exig\u00eda el reconocimiento y la garant\u00eda de los derechos sociales y econ\u00f3micos, tales como el derecho a una pensi\u00f3n digna, a una vivienda y a la educaci\u00f3n y a la salud p\u00fablica de calidad.<\/p>\n

Aunque la mayor\u00eda de las manifestaciones fueron pac\u00edficas, muchos de los actos de protesta supusieron el da\u00f1o de mobiliario urbano p\u00fablico y privado, como por ejemplo algunas estaciones del metro de la capital, da\u00f1os a edificios o la obstrucci\u00f3n de las v\u00edas p\u00fablicas a trav\u00e9s de la construcci\u00f3n de barricadas.<\/p>\n

Frente a ello, el Gobierno del presidente Sebasti\u00e1n Pi\u00f1era decret\u00f3 estado de emergencia constitucional y puso a las Fuerzas Armadas en las calles de algunas regiones del pa\u00eds durante diez d\u00edas, las cuales intervinieron en la gesti\u00f3n de control de las movilizaciones en conjunto con la polic\u00eda, Carabineros de Chile.<\/p>\n

Esta estrategia, lejos de calmar los \u00e1nimos, aviv\u00f3 las protestas. Las Fuerzas Armadas (cuyo rol no es el control p\u00fablico de manifestaciones), fueron acusadas de numerosos actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, utilizaron munici\u00f3n letal contra los manifestantes en varias ocasiones, y mataron a tres personas en contextos de protesta una de ellas por disparo de bala.<\/p>\n

Por otro lado, en numerosas ocasiones, Carabineros de Chile en lugar de garantizar las manifestaciones y gestionar adecuadamente los brotes violentos, lejos de restablecer el orden p\u00fablico, lesion\u00f3 a miles de personas, cientos de ellas de gravedad.<\/p>\n

Si bien, muchas de las violaciones de derechos humanos cometidas a manos de oficiales de Carabineros se hab\u00edan registrado en Chile anteriormente, los niveles de violencia estatal que ocurrieron a partir del 18 de octubre no ten\u00edan precedentes en tiempos de democracia.<\/p>\n

Amnist\u00eda Internacional presenta en este informe un an\u00e1lisis pormenorizado de la estrategia de uso de la fuerza por parte de Carabineros entre los d\u00edas del 18 de octubre al 30 de noviembre. La organizaci\u00f3n se centra en esta instituci\u00f3n debido a que la violaci\u00f3n del derecho a la integridad personal por parte de funcionarios de Carabineros fue generalizada (es decir, no fueron hechos aislados) y, al ser la instituci\u00f3n a cargo del control del orden p\u00fablico, se requiere un abordaje profundo y estructural para evitar que hechos como los analizados, vuelvan a ocurrir. Tambi\u00e9n debido a ello, la organizaci\u00f3n presta especial atenci\u00f3n a los mandos estrat\u00e9gicos o directivos de la instituci\u00f3n, as\u00ed como a ciertos mandos t\u00e1cticos u operativos de la Zona Metropolitana, ya que se toma esta regi\u00f3n como muestra para esta investigaci\u00f3n.<\/p>\n

Para la elaboraci\u00f3n de este informe se analizaron a profundidad 12 casos de violaciones de derechos humanos, y se revisaron m\u00e1s de 200 piezas videogr\u00e1ficas, as\u00ed como informaci\u00f3n oficial entregada por el Ministerio del Interior y Seguridad P\u00fablica a Amnist\u00eda Internacional, datos obtenidos a trav\u00e9s de 14 solicitudes de informaci\u00f3n al del sistema p\u00fablico de transparencia y documentaci\u00f3n obtenida de expedientes judiciales.<\/p>\n

EL USO DE LA FUERZA PARA CAUSAR DOLOR<\/p>\n

Los est\u00e1ndares internacionales de derechos humanos son contundentes en exigir que el uso de la fuerza por parte de la polic\u00eda en el manejo de manifestaciones debe ser un \u00faltimo recurso y guiarse por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendici\u00f3n de cuentas. El uso de la fuerza letal o potencialmente letal para mantener el orden frente a situaciones que no supongan una amenaza concreta a la vida o integridad f\u00edsica de terceros, se considera uso desproporcionado de la fuerza. La fuerza debe usarse de forma proporcional al objetivo leg\u00edtimo que se persigue y en base a los principios anteriormente mencionados.<\/p>\n

El an\u00e1lisis de la evidencia a la cual Amnist\u00eda Internacional tuvo acceso sugiere que durante un mes y medio funcionarios de Carabineros no solo hicieron uso excesivo de la fuerza, sino que habr\u00edan infligido dolores o sufrimientos deliberados a las personas manifestantes, con la intenci\u00f3n de causar sufrimiento o sabiendo que pod\u00edan causarlo. Este da\u00f1o generalizado, que en muchos casos ocasion\u00f3 graves secuelas f\u00edsicas y psicol\u00f3gicas en las personas sobrevivientes, habr\u00eda sido la consecuencia de una pr\u00e1ctica premeditada de uso de la fuerza con el fin de castigar a las personas manifestantes y dispersarlas a toda costa.<\/p>\n

Durante el mes y medio que se analiza en este informe, las cifras de personas agredidas y lesionadas fue un claro indicador de que la fuerza se estaba usando indebidamente y de forma mantenida, a diario:<\/p>\n

\u2771 M\u00e1s de 12.500 personas que requirieron atenci\u00f3n de urgencias en un hospital p\u00fablico por incidentes sucedidos en el marco de las protestas, de acuerdo con el Ministerio de Salud. En ese mismo lapso, 2.300 funcionarios de Carabineros fueron lesionados.<\/p>\n

\u2771 Al menos 347 personas resultaron con lesi\u00f3n ocular, en su mayor\u00eda por el impacto de balines, de acuerdo con el INDH.<\/p>\n

\u2771 La Fiscal\u00eda Nacional contabiliz\u00f3 5.558 v\u00edctimas de violencia institucional, de las cuales 1.938 eran personas lesionadas por armas de fuego y 674 por lesiones graves, de las que 285 eran lesiones oculares. Entre las v\u00edctimas, 834 eran ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes. Del total de las denuncias, 4.170 eran contra personal de Carabineros.<\/p>\n

\u2771 La Fiscal\u00eda Nacional registr\u00f3 246 v\u00edctimas de violencia sexual, seis por penetraci\u00f3n sexual con un objeto y dos por violaci\u00f3n sexual, una de ellas, violaci\u00f3n m\u00faltiple, y exist\u00edan 134 investigaciones por tortura y 4.158 por apremios ileg\u00edtimos (equivalente a malos tratos).<\/p>\n

\u2771 Se registraron 1.946 delitos de amenazas y de maltrato contra Carabineros, de los cuales al menos 692 se refer\u00edan a delitos de maltrato contra oficiales de la instituci\u00f3n.<\/p>\n

Amnist\u00eda Internacional corrobor\u00f3 que en numerosas ocasiones oficiales de Carabineros ejercieron fuerza f\u00edsica deliberada, de forma desproporcionada y sin que hubiera necesidad de ello, a trav\u00e9s de bastones, pu\u00f1etazos o patadas, e incluso una vez que las personas se encontraban bajo la custodia del Estado. Adem\u00e1s, se llegaron a registrar varias escenas de atropellamientos, que lejos de ser involuntarios, fueron dirigidos deliberadamente en contra de las personas manifestantes. En el caso de Alex N\u00fa\u00f1ez, las lesiones provocadas por estos golpes terminaron con su vida, y en el caso de Josu\u00e9 Maureira, la violencia habr\u00eda configurado tortura sexual. Crist\u00f3bal Flen sufri\u00f3 m\u00faltiples lesiones producto de golpes en la cabeza y t\u00f3rax, as\u00ed como Mois\u00e9s \u00d3rdenes, que result\u00f3 con m\u00e1s de una decena de lesiones, varias de ellas de gravedad como neumot\u00f3rax y p\u00e9rdida ocular.<\/p>\n

En relaci\u00f3n con los casos de lesiones provocadas por armas potencialmente letales, tales como las escopetas antidisturbios con munici\u00f3n de impacto cin\u00e9tico m\u00faltiple, fueron utilizadas como una herramienta t\u00e1ctica para el control de manifestaciones. Esta munici\u00f3n consisti\u00f3 en balines, cuyo material era una aleaci\u00f3n de goma y metal que result\u00f3 altamente da\u00f1ino porque penetraba la piel y se dispersaba al disparo. Dicha munici\u00f3n no se deber\u00eda haber utilizado, y deber\u00eda haberse prohibido debido a que no cumpl\u00eda con el est\u00e1ndar internacional sobre uso de la fuerza. A pesar de ello, funcionarios de Carabineros dispararon de manera pr\u00e1cticamente descontrolada e indiscriminada, sobre todo durante el mes de octubre, donde se detonaron m\u00e1s de 104 mil cartuchos. Adem\u00e1s, en numerosas intervenciones se us\u00f3 contra manifestantes que no presentaban un riesgo para la vida de los agentes o de terceros, como en el caso del observador del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Jorge Ortiz.<\/p>\n

Se identificaron agentes que dispararon hacia zonas de alta letalidad como la cabeza y el t\u00f3rax, lo cual, sumado al hecho de que se trataba de una munici\u00f3n notoriamente indiscriminada, produjo que cientos de personas sufrieran lesiones oculares. Este proceder doloso se reconoci\u00f3 al menos en los casos de Gustavo Gatica, Renzo Inostroza y la ni\u00f1a D.S.A.G. Por otro lado, tambi\u00e9n se identificaron oficiales que dispararon de forma indiscriminada o aleatoria, con el fin de dispersar y sin precisar un objetivo concreto, y que hirieron a personas como es el caso del camar\u00f3grafo Alejandro Torres o del ni\u00f1o M.I.V.Q. pues no tuvieron en cuenta la presencia de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes.<\/p>\n

El gas lacrim\u00f3geno fue utilizado de manera desproporcionada como herramienta de dispersi\u00f3n y tambi\u00e9n fue disparado con lanza granadas de gas donde, en m\u00faltiples ocasiones, la lata fue dirigida contra el cuerpo de las personas para causar da\u00f1o y no como una herramienta para dispersar. Fabiola Campillai perdi\u00f3 los sentidos de la vista, el olfato y el gusto, debido al impacto de una granada de gas en la cara. Asimismo, Natalia Aravena sufri\u00f3 estallido ocular por el impacto de una lata de gas directamente en el ojo.<\/p>\n

La falta de trazabilidad de las municiones empleadas como balines y latas de gas, (que, a diferencia de la munici\u00f3n letal, no dejan un sello espec\u00edfico en el arma) habr\u00eda favorecido la sensaci\u00f3n de impunidad al interior de la instituci\u00f3n.<\/p>\n

RESPONSABILIDAD DE LOS MANDOS POR VIOLACIONES REITERADAS<\/p>\n

Si bien es cierto que se reportaron cuantiosos da\u00f1os a la propiedad, as\u00ed como lesiones a personal de Carabineros, la desproporci\u00f3n de lesionados, as\u00ed como la evidencia casu\u00edstica y de im\u00e1genes con respecto al uso innecesario y desproporcionado de la fuerza de forma reiterada, sugieren que se pudo haber tratado de una pol\u00edtica de Carabineros, y no de la responsabilidad de oficiales que actuaron aisladamente quebrantando las \u00f3rdenes de sus superiores.<\/p>\n

Esta pol\u00edtica, que habr\u00eda venido desde los mandos superiores, habr\u00eda supuesto asumir el da\u00f1o a la integridad de las personas como un mal necesario para el restablecimiento del \u201corden p\u00fablico\u201d, castigar a quienes protestaban y cesar las protestas a como diera lugar.<\/p>\n

El est\u00e1ndar internacional sobre responsabilidad de mando exige demostrar que los superiores sab\u00edan o deber\u00edan haber sabido, y que, a pesar de ello, omitieron tomar medidas para prevenir los actos de violencia o castigar a los perpetradores.<\/p>\n

Estas conclusiones se basan en los siguientes hechos documentados por Amnistia Internacional:<\/p>\n

\u2771 Tanto los mandos operativos como los mandos estrat\u00e9gicos de Carabineros de Chile habr\u00edan tenido conocimiento de la forma en la que sus subordinados estaban operando d\u00eda con d\u00eda, y el tipo de lesiones que estaban provocando a trav\u00e9s de canales externos.<\/p>\n

\u2771 Los mandos estrat\u00e9gicos, como el general director o el director de orden y seguridad (DIOSCAR), habr\u00edan tenido numerosa informaci\u00f3n interna que permit\u00eda conocer los detalles de las operaciones as\u00ed como identificar alertas sobre irregularidades cometidas por sus subordinados, entre ellos, ciertos mandos operativos de la Zona Metropolitana.<\/p>\n

\u2771 Se utilizaron armas cuya naturaleza era notoriamente indiscriminada y lesiva, y por ende era contraria al est\u00e1ndar internacional. El general director no limit\u00f3 el uso de balines de goma y metal hasta que se cuestion\u00f3 la composici\u00f3n de dicha munici\u00f3n y la cifra de lesionados oculares rebas\u00f3 los 250 casos.<\/p>\n

\u2771 Asimismo, ni la Plana Mayor Nacional (\u00f3rgano creado en el contexto de la crisis para asesorar al general director) ni el director de DIOSCAR incorporaron lecciones aprendidas desde una perspectiva de derechos humanos en la planificaci\u00f3n de la respuesta institucional a las protestas. En este sentido, los mandos t\u00e1cticos, al menos de la Zona Metropolitana, no modificaron sus planes operativos m\u00e1s all\u00e1 de lo log\u00edstico y mantuvieron un mismo modus operandi desde el inicio de la crisis. Esto tuvo como resultado, que los mismos oficiales que usaban la fuerza de manera innecesaria o excesiva, se mantuvieran en sus puestos operando a diario, como el Prefecto y Subprefectos de las Fuerzas Especiales en la Zona Metropolitana.<\/p>\n

\u2771 En lugar de dar instrucciones precisas que se adaptaran a la realidad con la intenci\u00f3n de reducir los da\u00f1os a la integridad de las personas, el general director y el director de DIOSCAR por un lado mantuvieron \u00f3rdenes vagas y repetitivas y por el otro lado no garantizaron que \u00e9stas se trasladaran a los mandos operativos con instrucciones precisas sobre aspectos operativos clave para proteger la integridad de las personas.<\/p>\n

\u2771 Lejos de sancionar los comportamientos violatorios, \u00e9stos fueron no s\u00f3lo permitidos, sino que habr\u00edan sido respaldados por el general director. Esto se evidenci\u00f3 tanto a trav\u00e9s de la filtraci\u00f3n de un audio en el que asentaba que no dar\u00eda de baja a ning\u00fan funcionario, independientemente de su conducta como tambi\u00e9n, en el n\u00famero de sanciones que fue m\u00ednimo en relaci\u00f3n con el n\u00famero de denuncias. Ni siquiera se sancionaron casos donde el funcionario acept\u00f3 su responsabilidad, se cometieron posibles actos de encubrimiento y las sanciones que se llevaron a cabo en los casos conocidos por Amnist\u00eda Internacional, como el de Gustavo Gatica o Fabiola Campillai, fueron tard\u00edas y por faltas conexas al hecho m\u00e1s grave. Es decir, justificaban que el uso de la fuerza que caus\u00f3 el da\u00f1o fue leg\u00edtimo.<\/p>\n

En definitiva, se identificaron omisiones en varias de las rutas institucionales que podr\u00edan haber puesto fin a las violaciones de derechos humanos: el uso de munici\u00f3n, protocolos, planificaci\u00f3n, \u00f3rdenes y sanciones disciplinarias, entre otras.<\/p>\n

De lo antes expuesto no resulta dif\u00edcil pensar que la cadena de omisiones de los mandos estrat\u00e9gicos, como el general director, el subdirector o el director de DIOSCAR, lejos de ser fortuita, fue deliberada o como m\u00ednimo culposa por negligencia reiterada, extremos que deber\u00e1n ser dilucidados por la justicia chilena.<\/p>\n

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES<\/p>\n

Amnist\u00eda Internacional concluye que agentes de Carabineros de Chile violaron de forma generalizada los derechos humanos de los manifestantes por lo menos durante el primer mes y medio de protestas de 2019, periodo que se analiza en este informe. Ello porque durante las operaciones infligieron dolores y sufrimientos graves a la poblaci\u00f3n manifestante, con la intenci\u00f3n de castigarla, dispersarla y con ello desarticular las manifestaciones. Para restablecer el orden p\u00fablico se asumi\u00f3 como coste necesario el da\u00f1o a la integridad de las personas.<\/p>\n

Amnist\u00eda Internacional considera que casos como el de Gustavo Gatica o Fabiola Campillai se habr\u00edan evitado, si los mandos estrat\u00e9gicos y operativos analizados, hubieran actuado con la debida diligencia en el marco de sus responsabilidades, tomando todas las medidas necesarias para prevenir violaciones del derecho a la integridad personal, entre otras.<\/p>\n

En este sentido, la organizaci\u00f3n hace un llamado a la Fiscal\u00eda Nacional a continuar con las investigaciones, y a prestar especial atenci\u00f3n a la responsabilidad de los mandos operativos y estrat\u00e9gicos, quienes estando en una posici\u00f3n de garante, habr\u00edan ordenado t\u00e1citamente o permitido la comisi\u00f3n reiterada de violaciones de derechos humanos. Igualmente hace un llamado al Poder Judicial para procesar a todas las personas que pudieran ser responsables y en su caso juzgarlas con el fin de garantizar el acceso a la justicia de las v\u00edctimas y sus familias.<\/p>\n

Si bien Amnist\u00eda Internacional no analiza en este informe de manera detallada las posibles responsabilidades de otros actores m\u00e1s all\u00e1 de Carabineros, considera que la falta de control ejercida sobre Carabineros por parte de la administraci\u00f3n del presidente Sebasti\u00e1n Pi\u00f1era, exige que sean tambi\u00e9n deslindadas todas las responsabilidades pol\u00edticas, administrativas o incluso penales hasta el m\u00e1ximo nivel posible, de todas aquellas personas que en su posici\u00f3n de garantes conoc\u00edan o debieron conocer, si hubieran obrado con diligencia, la magnitud de las violaciones de derechos humanos, y que ten\u00edan la capacidad de evitarlas, y no obstante, no lo hicieron.<\/p>\n

De igual manera, la organizaci\u00f3n recomienda una reforma estructural a la instituci\u00f3n de Carabineros, debido a las limitaciones que presenta su naturaleza militar y su estructura org\u00e1nica, en la l\u00ednea de la propuesta realizada por la Comisi\u00f3n de Seguridad del Senado chileno a finales de 2019. Este informe evidencia la necesidad de un mayor control de la instituci\u00f3n por parte del poder civil, as\u00ed como cambios urgentes que aseguren el apego irrestricto al derecho internacional de los derechos humanos.<\/p>\n

Por \u00faltimo, Amnist\u00eda Internacional considera que el proceso para elaborar una nueva Constituci\u00f3n acordado en noviembre de 2019 es una oportunidad hist\u00f3rica para abordar las demandas en temas claves de derechos sociales, que fueron la causa de las protestas. La Constituci\u00f3n de Chile no protege adecuadamente los derechos humanos, en especial los derechos sociales. Sin estos cambios estructurales para garantizar derechos y superar las brechas de desigualdad en el acceso a derechos como la salud, la educaci\u00f3n, la seguridad social y la vivienda, la crisis de derechos humanos en Chile continuar\u00e1.<\/p>\n

La futura Convenci\u00f3n Constitucional sea esta 100 por cien electa o mixta (50 por cien electa y 50 por cien compuesta por representantes parlamentarios) debe garantizar una participaci\u00f3n representativa e inclusiva de los actores sociales y la ciudadan\u00eda, incluidos los municipios, las organizaciones de sociedad civil, las asambleas territoriales y las personas defensoras de derechos humanos. Las autoridades ejecutivas y legislativas deben considerar con detenimiento el uso de cuotas de grupos hist\u00f3ricamente marginados, excluidos y discriminados.<\/p>\n

Ac\u00e1 puede verse el informe completo.<\/a><\/p>\n

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