{"id":1171617,"date":"2020-08-03T17:14:02","date_gmt":"2020-08-03T16:14:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pressenza.com\/?p=1171617"},"modified":"2020-08-04T02:19:37","modified_gmt":"2020-08-04T01:19:37","slug":"ivan-duque-y-el-autoritarismo-via-decreto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/2020\/08\/ivan-duque-y-el-autoritarismo-via-decreto\/","title":{"rendered":"Iv\u00e1n Duque y el autoritarismo v\u00eda decreto"},"content":{"rendered":"<p><strong><em>Un an\u00e1lisis en clave de Estado de Derecho de los decretos emitidos por el Ejecutivo nacional durante el primer estado de emergencia declarado para enfrentar el Covid-19. Adelantamos desde Viva la Ciudadan\u00eda un an\u00e1lisis de 107 Decretos expedidos por el presidente Iv\u00e1n Duque (Decreto 417 de 2020). Aqu\u00ed las principales alertas.<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>David Fl\u00f3rez.\u00a0<\/em><\/strong><strong><em>Abogado especialista en Gobierno, asesor incidencia pol\u00edtica Corporaci\u00f3n Viva La Ciudadan\u00eda\u00a0<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Tomado del <a href=\"http:\/\/viva.org.co\/cajavirtual\/svc0693\/articulo01.html\">Semanario Virtual<\/a><\/p>\n<table id=\"principal\">\n<tbody>\n<tr>\n<td id=\"contenido\" colspan=\"12\">Las medidas de distanciamiento social, confinamiento y la declaratoria de estado de emergencia en la que se les dan especiales poderes y prerrogativas al poder ejecutivo que se han decretado en un n\u00famero importante de pa\u00edses constituyen un desaf\u00edo y un riesgo enorme para el Estado Social de Derecho, las libertades civiles y la democracia, pues estas medidas pueden derivar en un desbalance grave de la divisi\u00f3n de poderes, el ejercicio del poder pol\u00edtico de forma omn\u00edmoda sin mayores controles legales y pol\u00edticos, en la malversaci\u00f3n de importantes fondos p\u00fablicos y lastimosamente en el auge de discursos y medidas autoritarias ejercidas desde el Estado y desde la ciudadan\u00eda.<\/p>\n<p>Colombia por supuesto no escapa a dicho riesgo. Nos hemos encontrado con un Ejecutivo Nacional que gobierna por decreto hace casi tres meses, un Congreso con serias limitaciones en su funcionamiento y con un poder judicial desbordado en su funci\u00f3n de control constitucional.<\/p>\n<p>Precisamente en el marco de estos riesgos y de una clara preocupaci\u00f3n por la ya d\u00e9bil democracia colombiana, adelantamos desde Viva la Ciudadan\u00eda un an\u00e1lisis de 107 Decretos expedidos por el presidente Iv\u00e1n Duque en el marco de la vigencia del primer estado de emergencia (Decreto 417 de 2020). Aqu\u00ed las principales alertas.<\/p>\n<p><strong>107 decretos: hacer de todo menos fortalecer al sistema de salud<\/strong><\/p>\n<p>De los 107 Decretos analizados en t\u00e9rminos tem\u00e1ticos, 40 est\u00e1n relacionados con aspectos de hacienda p\u00fablica y finanzas, 26 versan sobre medidas de alivio social, 19 son sobre el funcionamiento del Estado de Derecho, 10 sobre Derechos Humanos y tan solo 11 est\u00e1n relacionados directamente con el sistema de salud.<\/p>\n<p>Esta enorme disparidad llama la atenci\u00f3n y sin duda amerita activar las alertas sobre un posible uso por parte del ejecutivo nacional de los poderes extraordinarios para tomar medidas que no solo no vayan dirigidas a uno de los aspectos esenciales sobre las cuales se fundament\u00f3 y motiv\u00f3 la declaratoria del estado de emergencia: la necesidad de fortalecer el sistema de salud con miras a hacerle frente al Covid-19, sino tambi\u00e9n, el uso de dichas facultades para tomar decisiones en las que su relaci\u00f3n con la pandemia no es clara y afectan Derechos.<\/p>\n<p>Es evidente que la principal motivaci\u00f3n tanto de la declaratoria del estado de emergencia, como de la creaci\u00f3n del fondo para la mitigaci\u00f3n de la emergencia (FOME \u2013 Decreto 444 de 2020), as\u00ed como de los Decretos que ordenaron el aislamiento social y el confinamiento, es la necesidad de fortalecer el sistema de salud y mitigar el contagio, sin embargo, todo indica que ocurri\u00f3 lo contrario, tal y como se puede evidenciar no solo en el escaso n\u00famero de Decretos relacionados con la salud, sino tambi\u00e9n con las medidas espec\u00edficas de fortalecimiento, como en la creaci\u00f3n de fondos y asignaci\u00f3n efectiva de recursos en el marco de esta primer emergencia.<\/p>\n<p>La creaci\u00f3n del FOME es una clara muestra de esto, ya que no se incluye de forma expl\u00edcita el fortalecimiento del sistema de salud como uno de los usos que se le dar\u00e1n a los recursos del fondo, pero si se enuncia de forma clara el uso de los dineros del fondo para apoyar operaciones de liquidez al sector financiero<a title=\"\" href=\"http:\/\/viva.org.co\/cajavirtual\/svc0693\/articulo01.html#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">1<\/a>. Tal y como lo han planteado, entre otros, el observatorio fiscal de la Universidad Javeriana, de los recursos del fondo tan solo han sido dirigidos al Ministerio de Salud y al Instituto Nacional de Salud 0, 96 billones de pesos, mientras que en garant\u00edas de cr\u00e9dito para el sistema financiero se tienen apropiados 60 billones para usarse cuando no se presenten los pagos por parte de los acreedores<a title=\"\" href=\"http:\/\/viva.org.co\/cajavirtual\/svc0693\/articulo01.html#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">2<\/a>.<\/p>\n<p>Tampoco es suficientemente clara la relaci\u00f3n de la pandemia con la necesidad de crear el holding financiero.<\/p>\n<p><strong>Afectaci\u00f3n a la descentralizaci\u00f3n y enfoque de orden p\u00fablico<\/strong><\/p>\n<p>Otro aspecto importante para evaluar y sobre el que es necesario prender las alertas, es la afectaci\u00f3n por parte del ejecutivo nacional a la descentralizaci\u00f3n pol\u00edtica consagrada en la Constituci\u00f3n del 91, as\u00ed como a los recursos y competencias con las que cuentan las autoridades territoriales para enfrentar la crisis, de igual forma a la tendencia de asumir el Covid-19 m\u00e1s como una amenaza de orden p\u00fablico que como una emergencia sanitaria.<\/p>\n<p>En este sentido resulta muy claro, luego de la revisi\u00f3n de los Decretos, que la decisi\u00f3n del presidente Duque consiste en supeditar a los ejecutivos territoriales a las decisiones del gobierno nacional y tomar, sin ning\u00fan tipo de concertaci\u00f3n recursos de las entidades territoriales para la constituci\u00f3n de los fondos nacionales para enfrentar el Covid-19.<\/p>\n<p>Es as\u00ed como, por ejemplo, el Decreto 418 de 2020, plantea la centralizaci\u00f3n de la direcci\u00f3n total de las definiciones de orden p\u00fablico en cabeza del presidente de la Rep\u00fablica, afirmando no s\u00f3lo la prevalencia de las decisiones del ejecutivo nacional sobre las tomadas por los mandatarios de las entidades territoriales sino tambi\u00e9n la obligaci\u00f3n de que\u00a0<em>\u201cLas instrucciones, actos y \u00f3rdenes emitidas por gobernadores, alcaldes distritales y municipales, deber\u00e1n ser coordinados previamente con la fuerza p\u00fablica en la respectiva jurisdicci\u00f3n\u201d<\/em>. Esto constituye una clara sujeci\u00f3n de la autoridad civil a la autoridad militar, violando postulados democr\u00e1ticos e institucionales y que hace que en la pr\u00e1ctica Gobernadores y alcaldes pasen a un tercer nivel en materia de orden p\u00fablico en el marco de la duraci\u00f3n del estado de emergencia.<\/p>\n<p>Asimismo, la disposici\u00f3n por parte del Gobierno Nacional de recursos para la constituci\u00f3n del FOME, provenientes de dineros a cargo de las entidades territoriales como los del FONPET tal y como lo establece el Decreto 444 significan un duro golpe a posibles fuentes de financiaci\u00f3n a los que hubiesen podido acudir las autoridades locales y la evidente falta de inter\u00e9s del Gobierno nacional de entablar un proceso de concertaci\u00f3n con Alcaldes y Gobernadores sobre el origen y la destinaci\u00f3n de los recursos para enfrentar la crisis, bien sea que estos provengan de fuentes locales o nacionales.<\/p>\n<p><strong>Negaci\u00f3n de la participaci\u00f3n, limitaci\u00f3n del acceso<br \/>\na la informaci\u00f3n y ausencia de justificaci\u00f3n de medidas dr\u00e1sticas<\/strong><\/p>\n<p>El Derecho a la participaci\u00f3n es un elemento sustancial en todo Estado democr\u00e1tico de Derecho y en particular en el r\u00e9gimen jur\u00eddico creado por la Constituci\u00f3n de 1991. De hecho encontramos diversos entendimientos de esta en nuestro texto constitucional: entre ellos la participaci\u00f3n como principio fundamental del Estado, como fin esencial del Estado, como elemento fundamental para el ejercicio de la soberan\u00eda popular, como Derecho Fundamental, como forma de inclusi\u00f3n, como forma de democratizaci\u00f3n del poder pol\u00edtico entre otras<a title=\"\" href=\"http:\/\/viva.org.co\/cajavirtual\/svc0693\/articulo01.html#_ftn3\" name=\"_ftnref3\">3<\/a>, es importante resaltar esto, en tanto nos permite evidenciar que una posible negaci\u00f3n de la participaci\u00f3n en sus diversas formas, aun en contextos de Estado de Emergencia, constituye una grave afectaci\u00f3n a la democracia y al Estado de Derecho.<\/p>\n<p>En el marco del contexto generado por la pandemia, tanto la ONU como la CIDH han sido enf\u00e1ticas en la obligaci\u00f3n que tienen los Estados en garantizar y promover la participaci\u00f3n de la ciudadan\u00eda en la elaboraci\u00f3n y definici\u00f3n de las medidas que afectan sus vidas y que regulan amplios aspectos de su cotidianidad y que, entre otras cosas, buscan garantizar su Derecho a la salud, asimismo estas instituciones han resaltado la importancia de que las diversas decisiones tomadas por el Estado brinden la informaci\u00f3n necesaria para que el conjunto de la ciudadan\u00eda conozca el enfoque dado por los ejecutivos, lo pueda criticar o respaldar, pero en todo caso incidir en \u00e9l.<\/p>\n<p>Es necesario prender las alertas sobre la gravosa afectaci\u00f3n y negaci\u00f3n de la participaci\u00f3n ciudadana evidenciada en los 107 decretos expedidos en el marco de la vigencia de la primera emergencia, as\u00ed como en la ausencia de justificaci\u00f3n e informaci\u00f3n sobre medidas dr\u00e1sticas y sus modificaciones, especialmente en aquellos que ordenan las medidas de confinamiento.<\/p>\n<p>Dicha afectaci\u00f3n se evidencia de diferentes formas. La primera de ellas es que el gobierno no desarroll\u00f3 ning\u00fan ejercicio de consulta con las y los destinatarios del conjunto de decretos, sac\u00e1ndolos de un elemento democr\u00e1tico y participativo fundamental, lo cual se manifiesta en la ausencia en todos los decretos, tanto en sus considerandos como en los articulados de medidas dirigidas a garantizar o a promover la participaci\u00f3n ciudadana en la elaboraci\u00f3n, modificaci\u00f3n o evaluaci\u00f3n de las medidas, bien sea sanitarias, econ\u00f3micas o sociales creadas para hacerle frente a la crisis generada y agudizada por el Covid-19.<\/p>\n<p>La segunda evidencia, es la ausencia total de instancias que permitan la participaci\u00f3n ciudadana en la administraci\u00f3n o veedur\u00eda de los diversas cuentas y fondos que han sido creados durante la pandemia y que concentran recursos multimillonarios, muchos de ellos provenientes de fuentes especialmente neur\u00e1lgicas como las pensiones o las empresas estatales. Esta ausencia genera mayor preocupaci\u00f3n sobre todo si se tienen en cuenta, los cada vez m\u00e1s numerosos cuestionamientos a la administraci\u00f3n y estado real de dichos fondos. Fueron nombrados adem\u00e1s del Gerente, 6 integrantes ad hoc por el presidente de la rep\u00fablica, ninguno de ellos proveniente de alguna instancia de participaci\u00f3n ciudadana formalmente reconocidas.<\/p>\n<p>Ning\u00fan decreto est\u00e1 dirigido a proveer a la ciudadan\u00eda las garant\u00edas necesarias, bien sean procedimentales, tecnol\u00f3gicas o de otra \u00edndole, para materializar su Derecho a la participaci\u00f3n, siendo esta la tercera forma en la que se evidencia la afectaci\u00f3n a este Derecho, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que las medidas de distanciamiento social y confinamiento, as\u00ed como la enorme brecha digital dificultan mucho m\u00e1s la participaci\u00f3n de la ciudadan\u00eda en la deliberaci\u00f3n p\u00fablica democr\u00e1tica.<\/p>\n<p>El Decreto 540 de 2020, mediante el cual se agilizan y flexibilizan tiempos y procedimientos para la ampliaci\u00f3n de la infraestructura de telecomunicaciones en el pa\u00eds, establece un tiempo de diez d\u00edas para el otorgamiento de licencias para la construcci\u00f3n de obras de infraestructura de telecomunicaciones, celeridad que si bien es entendible en el marco de las necesidades ampliadas de conectividad generadas por la cuarentena y el aislamiento, puede derivar en afectaci\u00f3n a la consulta previa y consulta a las comunidades sobre los lugares y posibles impactos de dichas instalaciones.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n se presenta una grave afectaci\u00f3n al Derecho que tienen los ciudadanos de acceder a informaci\u00f3n por parte de las autoridades p\u00fablicas y del Estado en su conjunto, toda vez que en el Decreto 491 de 2020, art\u00edculo 5, inciso 2, se faculta en la pr\u00e1ctica a dichas autoridades a no responder en tiempos razonables las peticiones de la ciudadan\u00eda pues\u00a0 adem\u00e1s de dar plazos de hasta de 35 d\u00edas para responder, establece que \u201cCuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petici\u00f3n en los plazos aqu\u00ed se\u00f1alados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del t\u00e9rmino se\u00f1alado en el presente art\u00edculo expresando los motivos de la demora y se\u00f1alando a la vez el plazo razonable en que se resolver\u00e1 o dar\u00e1 respuesta, que no podr\u00e1 exceder del doble del inicialmente previsto en este art\u00edculo\u201d,<a title=\"\" href=\"http:\/\/viva.org.co\/cajavirtual\/svc0693\/articulo01.html#_ftn4\" name=\"_ftnref4\">4<\/a>\u00a0lo que significa, entre otras cosas, que un ciudadano no podr\u00e1 acceder a informaci\u00f3n por ejemplo, sobre las medidas tomadas por una autoridad en el marco del estado de emergencia hasta 70 d\u00edas despu\u00e9s, buena parte de la duraci\u00f3n misma de dicho estado y de varias de la medidas consagradas en los decretos, lo que dificulta en extremo el ejercicio de control y veedur\u00eda ciudadana sobre las medidas tomadas y el accionar estatal.<\/p>\n<p>No se observa un esfuerzo suficiente por parte del Ejecutivo por evidenciar el fundamento espec\u00edfico de cada una de las medidas tomadas y su relaci\u00f3n directa con la pandemia o sus consecuencias, muy por el contrario, lo que se encuentra es la misma enunciaci\u00f3n general sobre el curso de la pandemia y sobre la importancia de adoptar medidas, brillan por su ausencia la justificaci\u00f3n espec\u00edfica, los resultados que espera obtener y los mecanismos de evaluaci\u00f3n de estas.<\/p>\n<p>El Decreto 417 de 2020, que declara el estado de emergencia y los Decretos 457, 531, 593 y 636 sobre las medidas de aislamiento y confinamiento obligatorio, en clave de participaci\u00f3n y de acceso a la informaci\u00f3n, no brindan informaci\u00f3n suficiente sobre cu\u00e1l es el modelo epidemiol\u00f3gico y la estrategia para enfrentar la pandemia, ni la relaci\u00f3n que tienen el conjunto de medidas con el modelo o estrategia adoptada, tampoco un balance sobre la efectividad o no de las medidas de confinamiento, ni mucho menos sobre el porqu\u00e9 reactivar algunas actividades econ\u00f3micas y otras no, ni qu\u00e9 relaci\u00f3n guardan estas decisiones con el comportamiento de la pandemia. Tampoco se evidencia un esfuerzo suficiente por someter dichas medidas a alg\u00fan tipo de consulta o participaci\u00f3n colegiada, m\u00e1s all\u00e1 de los integrantes del Gobierno Nacional, falta claridad e informaci\u00f3n oficial sobre qui\u00e9nes son los expertos que asesoran al Gobierno en el manejo de la pandemia y como si ha ocurrido en otros pa\u00edses en los que se han creado comit\u00e9s cient\u00edficos plurales y p\u00fablicos o comit\u00e9s de balance con integrantes de la oposici\u00f3n pol\u00edtica.<\/p>\n<p><strong>Derechos Humanos: debido proceso, prolongaci\u00f3n<br \/>\ndel servicio militar obligatorio, derecho a la Intimidad y el Habeas Data<\/strong><\/p>\n<p>Encontramos tambi\u00e9n decretos que generan preocupaci\u00f3n en torno al respeto por los derechos humanos, entre ellos los Decretos 487 y 599 de 2020 mediante los cuales se suspenden los t\u00e9rminos establecidos en la ley para los procesos de extradici\u00f3n, toda vez que pueden derivar en una afectaci\u00f3n excesiva del Derecho a la libertad y el debido proceso, m\u00e1xime cuando la suspensi\u00f3n de dichos t\u00e9rminos est\u00e1 asociada a la duraci\u00f3n de todo el Estado de emergencia, el cual de acuerdo con nuestro ordenamiento jur\u00eddico puede tener una duraci\u00f3n de hasta noventa d\u00edas.<\/p>\n<p>De igual forma, el Decreto 541 de 2020 que prorroga durante tres meses el servicio militar obligatorio, no explica sobre la base de evidencia cient\u00edfica la relaci\u00f3n entre la emergencia sanitaria y la necesidad de este pie de fuerza no profesional y con limitaciones claras en sus posibles competencias, sino tambi\u00e9n por el llamado que hizo el Secretario General de las Naciones Unidas a avanzar en un cese de fuegos mundial y a un desescalamiento del accionar militar en \u00e9pocas de la pandemia.<\/p>\n<p>Se ha hecho mucho \u00e9nfasis tanto por la ONU, la CIDH como por distintas organizaciones internacionales defensoras de Derechos Humanos en el grave riesgo que genera para la democracia y el Derecho a la intimidad la creaci\u00f3n y utilizaci\u00f3n masiva de aplicaciones que recopilan datos de la poblaci\u00f3n como herramientas para hacerle frente al Covid-19 sin los suficientes controles y l\u00edmites respectivos, sin embargo, todo indica que dicho riesgo en Colombia es muy grande ya que el Decreto 614 que crea \u201cCorona App\u201d no se ajusta a los est\u00e1ndares internacionales al no establecer un l\u00edmite de tiempo de existencia de la aplicaci\u00f3n, ni la especificidad de cu\u00e1l ser\u00e1 la informaci\u00f3n recopilada, ni el posible uso de la informaci\u00f3n recopilada, abriendo la posibilidad a que esta se utilizada con fines no necesariamente relacionados con el manejo del Covid-19.<\/p>\n<p>En s\u00edntesis luego de la revisi\u00f3n de los Decretos emitidos por el presidente Iv\u00e1n Duque durante la vigencia del primer estado de emergencia, podemos afirmar que existen razones suficientes para que el conjunto de la sociedad Colombiana y de la instituciones pertinentes prenden las alertas en defensa de la democracia y evitar serios da\u00f1os al funcionamiento del Estado de Derecho, al sistema de divisi\u00f3n de poderes y pesos y contra pesos, as\u00ed como a libertades y Derechos civiles de importante val\u00eda y evitar que florezca y prospere el virus del autoritarismo.<\/p>\n<p><strong>Edici\u00f3n 693 \u2013 Semana del 1\u00ba al 7 de agosto de 2020<\/strong><\/p>\n<div>\n<div id=\"ftn2\">\n<p><a title=\"\" href=\"http:\/\/viva.org.co\/cajavirtual\/svc0693\/articulo01.html#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">1<\/a>\u00a0Inciso 3, Art\u00edculo 4, Decreto 444 de 2020.<\/p>\n<\/div>\n<div id=\"ftn3\">\n<p><a title=\"\" href=\"http:\/\/viva.org.co\/cajavirtual\/svc0693\/articulo01.html#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">2<\/a>\u00a0<a href=\"https:\/\/www.portafolio.co\/economia\/sin-claridad-sobre-recursos-para-atender-la-pandemia-542029\">\u201cSin claridad sobre recursos para atender la pandemia\u201d<\/a>. Portafolio, junio 23 de 2020.<\/p>\n<\/div>\n<div id=\"ftn5\">\n<p><a title=\"\" href=\"http:\/\/viva.org.co\/cajavirtual\/svc0693\/articulo01.html#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">3<\/a>\u00a0<a href=\"https:\/\/revistas.unal.edu.co\/index.php\/peju\/article\/view\/36714\/39502\">\u201cLa participaci\u00f3n ciudadana en la Constituci\u00f3n del 91\u201d<\/a>. Revistas Unal.<\/p>\n<\/div>\n<div id=\"ftn6\">\n<p><a title=\"\" href=\"http:\/\/viva.org.co\/cajavirtual\/svc0693\/articulo01.html#_ftnref4\" name=\"_ftn4\">4<\/a>\u00a0<a href=\"https:\/\/dapre.presidencia.gov.co\/normativa\/normativa\/Decreto-491-28-marzo-2020.pdf\">Decreto 491 de 2020<\/a>. Presidencia de la Rep\u00fablica.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"28\"><\/td>\n<td width=\"19\"><\/td>\n<td width=\"37\"><\/td>\n<td width=\"79\"><\/td>\n<td width=\"6\"><\/td>\n<td width=\"82\"><\/td>\n<td width=\"82\"><\/td>\n<td width=\"19\"><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un an\u00e1lisis en clave de Estado de Derecho de los decretos emitidos por el Ejecutivo nacional durante el primer estado de emergencia declarado para enfrentar el Covid-19. 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