{"id":1167802,"date":"2020-07-28T03:32:57","date_gmt":"2020-07-28T02:32:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pressenza.com\/?p=1167802"},"modified":"2020-07-28T03:32:57","modified_gmt":"2020-07-28T02:32:57","slug":"comision-interamericana-de-derechos-humanos-admite-peticion-de-comunidad-indigena-terraba-contra-costa-rica-breve-puesta-en-perspectiva","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/2020\/07\/comision-interamericana-de-derechos-humanos-admite-peticion-de-comunidad-indigena-terraba-contra-costa-rica-breve-puesta-en-perspectiva\/","title":{"rendered":"Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos admite petici\u00f3n de comunidad ind\u00edgena Terraba contra Costa Rica: breve puesta en perspectiva"},"content":{"rendered":"

En estos d\u00edas se inform\u00f3 en algunos medios de prensa que la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) admiti\u00f3 para examen sobre el fondo una petici\u00f3n contra Costa Rica relativa a los derechos de la comunidad ind\u00edgena Terraba ubicada en el Sur del territorio costarricense, la cual fue presentada en el 2012 (v\u00e9ase nota de prensa<\/a> del medio digital Delfino.cr y nota <\/a>de Informa-tico).<\/p>\n

El texto completo del informe de admisibilidad 167\/20 de la CIDH est\u00e1 disponible en este enlace oficial<\/a> de la CIDH, y lleva la fecha del 2 de julio del 2020.<\/p>\n

Desde el punto de vista procesal, cabe precisar que en esta primera etapa preliminar, la CIDH se limita a verificar si se cumplen (o no) los diversos requisitos de competencia y de admisibilidad vigentes (Nota 1<\/b>). En la regi\u00f3n mesoamericana, se puede referir a otro informe de admisibilidad de la CIDH del mes de abril del 2020 relativo a Panam\u00e1, en el caso de las comunidades Kunas de Gardi, Comarca Kuna Yala de la regi\u00f3n de Nurdargana-Playa Colorada (v\u00e9ase texto completo<\/a>).<\/p>\n

La defensa del Estado costarricense: un abanico de argumentos jur\u00eddicos poco convincentes <\/i> <\/i><\/b><\/p>\n

Para el caso concreto contra Costa Rica, la CIDH debi\u00f3 escuchar a ambas partes, y proceder a valorar la bater\u00eda de argumentos dados por el Estado costarricense para considerar inadmisible esta petici\u00f3n: estos van desde cuestionar la legitimidad de los peticionarios hasta aducir que no se han agotado los recursos internos, pasando por alegar que se viol\u00f3 el derecho a defenderse y otras razones de peso relativo (v\u00e9ase los p\u00e1rrafos 11 a 17 del precitado informe).<\/p>\n

Como se ver\u00e1 a continuaci\u00f3n, ninguno de estos argumentos presentados por los delegados de Costa Rica surti\u00f3 mayor efecto en los integrantes de la CIDH.<\/p>\n

En una audiencia p\u00fablica de la CIDH realizada en el 2013 (v\u00e9ase video<\/a> en YouTube), se puede escuchar el tipo de argumentos esgrimidos por los representantes de Costa Rica para restarle validez a las denuncias presentadas por comunidades ind\u00edgenas (a partir del minuto 24:00, y su reiteraci\u00f3n a partir del minuto 54:21, incluyendo una descripci\u00f3n bastante peculiar sobre el mal funcionamiento del parlamento costarricense – minuto 55:30).<\/p>\n

La decisi\u00f3n de la CIDH en breve<\/b><\/i><\/p>\n

En el informe de la CIDH (v\u00e9ase texto completo<\/a>) se puede leer que:<\/p>\n

\u00bb 17<\/b>. La Comisi\u00f3n nota que los hechos denunciados en el presente caso incluyen, pero no se limitan a la falta de reconocimiento adecuado del territorio ancestral, al proyecto de gran escala El Diqu\u00eds as\u00ed como a la imposici\u00f3n de la figura de las Asociaciones de Desarrollo Integral<\/i>\u00ab.<\/p>\n

Tambi\u00e9n se puede leer que:<\/p>\n

\u00ab21. <\/b>La Comisi\u00f3n observa que la presente petici\u00f3n incluye alegaciones con respecto a la falta de reconocimiento adecuado sobre el territorio ancestral del pueblo Teribe, la limitaci\u00f3n a la participaci\u00f3n efectiva y razonable en la toma de decisiones y administraci\u00f3n del territorio tradicional y en particular con relaci\u00f3n a los proyectos desarrollados en el mismo, el desconocimiento de sus propias instituciones y autoridades ind\u00edgenas en virtud de la imposici\u00f3n de la Asociaci\u00f3n de Desarrollo Integral, la formulaci\u00f3n y el inicio de actividades por parte del ICE en conexi\u00f3n a la represa El Diqu\u00eds sin haber realizado garantizado el acceso oportuno y adecuado a la informaci\u00f3n y una consulta previa, libre e informada, y la ausencia de recursos judiciales efectivos y adecuados. En atenci\u00f3n a estas consideraciones y tras examinar los elementos de hecho y de derecho expuestos por las partes la Comisi\u00f3n estima que las alegaciones de la parte peticionaria no resultan manifiestamente infundadas y requieren un estudio de fondo pues los hechos alegados, de corroborarse como ciertos podr\u00edan caracterizar violaciones a los art\u00edculos 3 (derecho al reconocimiento a la personalidad jur\u00eddica), 8 (garant\u00edas judiciales), 13 (libertad de expresi\u00f3n), 21 (derecho a la propiedad), 23 (derechos pol\u00edticos) y 25 (protecci\u00f3n judicial) de la Convenci\u00f3n Americana en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 1.1 y 2 de dicho tratado, respecto de los miembros del pueblo ind\u00edgena Teribe <\/i>\u00ab.<\/p>\n

Con relaci\u00f3n a la legitimidad de los peticionarios, la CIDH le recuerda a Costa Rica algunos aspectos que al parecer pasaron por alto sus representantes:<\/p>\n

\u00ab22.<\/b> Asimismo, la Comisi\u00f3n observa el argumento del Estado en relaci\u00f3n a la legitimidad de los peticionarios para presentar la presente petici\u00f3n. Al respecto se\u00f1ala que de acuerdo a informaci\u00f3n disponible, 14 personas ind\u00edgenas \u201cmiembros y l\u00edderes\u201d del pueblo Teribe as\u00ed como dos organizaciones ind\u00edgenas presentan la petici\u00f3n inicial. En este sentido, la Comisi\u00f3n ha concluido que la legitimaci\u00f3n activa en el caso de denuncias ante la Comisi\u00f3n se caracteriza por su amplitud y flexibilidad en tanto el art\u00edculo 44 de la Convenci\u00f3n permite a cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o m\u00e1s Estados miembros de la Organizaci\u00f3n, presentar denuncias de alegadas violaciones de la Convenci\u00f3n sin exigir que tengan autorizaci\u00f3n de las presuntas v\u00edctimas o que presenten poderes de representaci\u00f3n legal de las mismas<\/i>\u00ab.<\/p>\n

Con esta decisi\u00f3n sobre admisibilidad de la petici\u00f3n de la comunidad ind\u00edgena Terraba (denominada Teribe por la CIDH), la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos concluye una primera etapa y se abre una segunda en la que se examinar\u00e1n los diversos aspectos de fondo presentados por las v\u00edctimas.<\/p>\n

Megaproyecto y derechos de comunidades ind\u00edgenas: el PHDiquis<\/i><\/b><\/p>\n

Cabe recordar que la actitud del Estado costarricense con relaci\u00f3n al Proyecto Hidroel\u00e9ctrico El Diquis (PHDiquis) motiv\u00f3 en el 2011 la visita in situ<\/i>, a solicitud de organizaciones ind\u00edgenas, del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Pueblos Ind\u00edgenas, James Anaya (v\u00e9ase texto completo<\/a> de su informe de julio del 2011 titulado \u00abLa situaci\u00f3n de los pueblos ind\u00edgenas afectados por el proyecto hidroel\u00e9ctrico El Diqu\u00eds en Costa Rica<\/i>\u00ab). En este informe, cuya lectura completa se recomienda, se puede leer, adem\u00e1s de la serie de valoraciones en torno al PHDiquis como tal, que:<\/p>\n

\u00ab47. <\/b>Durante su visita, casi todos los representantes ind\u00edgenas con quienes se reuni\u00f3 el Relator Especial alegaban que las ADI no representan adecuadamente a los pueblos ind\u00edgenas, y a su vez manifestaron que los pueblos ind\u00edgenas perciben la presencia de las ADI en sus territorios como una negaci\u00f3n de sus derechos al autogobierno y sus derechos de tomar decisiones respecto a sus tierras y comunidades. Seg\u00fan se informa, las ADI son percibidas como partes de la institucionalidad estatal que regularmente toman decisiones sin informar o consultar con las bases de comunidades ind\u00edgenas que supuestamente representan. Mientras que en algunos casos los territorios ind\u00edgenas han adaptado sus estructuras de representatividad a las estructuras de la ADI, en varios otros, incluyendo en el caso del pueblo teribe, la presencia de las ADI ha tenido como resultado la degeneraci\u00f3n de las estructuras tradicionales de representaci\u00f3n de los pueblos ind\u00edgenas<\/i>\u00ab.<\/p>\n

Si bien el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunci\u00f3 en el 2018 que \u00abcierra<\/i>\u00bb el PHDiquis (v\u00e9ase nota<\/a> del Semanario Universidad), nunca se procedi\u00f3 a realizar ninguna consulta a las comunidades ind\u00edgenas impactadas por este megaproyecto. Tampoco se registra un reconocimiento p\u00fablico de responsabilidad del Estado por irrespeto a los derechos de comunidades ind\u00edgenas. El hecho que el ICE haya desistido de este proyecto por razones ajenas a la reivindicaciones de las poblaciones ind\u00edgenas no significa que en a\u00f1os previos al 2018 no se haya causado un da\u00f1o a estas comunidades, al entorno natural en el que se inscribe su cultura, al valor espiritual que para ellas poseen algunos espacios naturales, los cuales pueden ahora entrar a ser valorados por la CIDH.<\/p>\n

Entorno y cultura ind\u00edgena en la jurisprudencia reciente del juez interamericano<\/b><\/i><\/p>\n

Sobre este punto particular, en una reciente decisi\u00f3n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Argentina (v\u00e9ase texto completo<\/a>), se reafirm\u00f3 el derecho de las comunidades ind\u00edgenas de la regi\u00f3n de Salta sobre sus territorios ancestrales – caso de la comunidad Lhaka Hhonat (Nota 2<\/b>). Entre varios puntos de inter\u00e9s desarrollados por el juez interamericano en esta sentencia (cuya lectura se recomienda), explic\u00f3 de manera sumamente rigurosa la serie de derechos que se infringen al permitir actividades como la ganader\u00eda, la tala ilegal o el alambrado, llegando a concluir que:<\/p>\n

\u00abEn las circunstancias del caso, los cambios en la forma de vida de las comunidades, advertidos tanto por el Estado como por los representantes, han estado relacionados con la interferencia, en su territorio, de pobladores no ind\u00edgenas y actividades ajenas a sus costumbres tradicionales. Esta interferencia, que nunca fue consentida por las comunidades, sino que se enmarc\u00f3 en una lesi\u00f3n al libre disfrute de su territorio ancestral, afect\u00f3 bienes naturales o ambientales de dicho territorio, incidiendo en el modo tradicional de alimentaci\u00f3n de las comunidades ind\u00edgenas y en su acceso al agua. En este marco, las alteraciones a la forma de vida ind\u00edgena no pueden ser vistas, como pretende el Estado, como introducidas por las propias comunidades, como si hubiera sido el resultado de una determinaci\u00f3n deliberada y voluntaria. Por ello, ha existido una lesi\u00f3n a la identidad cultural relacionada con recursos naturales y alimentarios<\/i>\u00bb (p\u00e1rrafo 284).<\/p>\n

Y que por lo tanto:<\/p>\n

\u00abArgentina viol\u00f3, en perjuicio de las comunidades ind\u00edgenas v\u00edctimas del presente caso, sus derechos, relacionados entre s\u00ed, a participar en la vida cultural, en lo atinente a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentaci\u00f3n adecuada, y al agua, contenidos en el art\u00edculo 26 de la Convenci\u00f3n Americana, en relaci\u00f3n con la obligaci\u00f3n de garantizar los derechos prevista en el art\u00edculo 1.1 del mismo instrumento<\/i>\u00bb (p\u00e1rrafo 289).<\/p>\n

Esta decisi\u00f3n del juez interamericano que reconoce la relaci\u00f3n intr\u00ednseca que mantiene la cultura de una comunidad ind\u00edgena con su entorno natural posiblemente llegue a interesar a muchas otras comunidades ind\u00edgenas en Am\u00e9rica Latina que sufren a diario atropellos de todo tipo por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del Estado: en efecto, estos \u00faltimos perfectamente califican, en la mayor\u00eda de los casos, como una \u00ablesi\u00f3n a su identidad cultural relacionada con recursos naturales y alimentarios<\/i>\u00ab.<\/p>\n

Como bien se sabe, pese al poco inter\u00e9s de los aparatos estatales por actualizar su accionar en lo relacionado a los derechos de las comunidades ind\u00edgenas, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las interpretaciones que haga sobre el alcance de ciertas disposiciones normativas constituyen mucho m\u00e1s que una gu\u00eda para los Estados. La jurista Karine Rinaldi es enf\u00e1tica al se\u00f1alar que:<\/p>\n

\u00abesta interpretaci\u00f3n evolutiva debe de ser entendida como parte del derecho interamericano, vinculante para los Estados de la OEA que ratificaron la Convenci\u00f3n y reconocieron la competencia de la Corte. En este sentido, en palabras del Juez Ferrer Mac-Gregor Poisot, \u201c[l]as interpretaciones que realiza la Corte IDH se proyectan hacia dos dimensiones: (i) en lograr su eficacia en el caso particular con efectos subjetivos, y (ii) en establecer la eficacia general con efectos de norma interpretada\u201d\/\u2026\/ Paralelamente, la interpretaci\u00f3n formulada por la Corte Interamericana va a tener de hecho el mismo valor que la letra del Pacto, e incluso ser\u00e1 superior a la redacci\u00f3n de \u00e9ste, porque como int\u00e9rprete final del mismo fija la superficie y el alcance de sus cl\u00e1usulas escritas<\/i>\u201d (Nota 3<\/b>).<\/p>\n

En lo personal, al haber tenido la oportunidad de impartir charlas a funcionarios estatales, incluyendo a personas que trabajan en el aparato de administraci\u00f3n de justicia en Costa Rica, resulta evidente el gran desconocimiento que se tiene sobre los alcances precisos de la jurisprudencia interamericana en materia de derechos de poblaciones ind\u00edgenas.<\/p>\n

Finalmente, podemos indicar que las reiteradas demandas que han llegado a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relaci\u00f3n a derechos culturales y territoriales de comunidades ind\u00edgenas (Nota 4<\/b>) no hacen sino reflejar la recurrente ausencia de reconocimiento de estos derechos a nivel interno y la persistente ineficacia de los mecanismos previstos para garantizarlos en el ordenamiento jur\u00eddico interno de los Estados.<\/p>\n

El derecho a la tierra de las comunidades ind\u00edgenas ante un Estado inoperante<\/b><\/i><\/p>\n

Cabe se\u00f1alar que la inacci\u00f3n del Estado costarricense – que tambi\u00e9n se evidencia en otras partes de Am\u00e9rica Latina (Nota 5<\/b>) – en materia de demarcaci\u00f3n de territorios ind\u00edgenas, y la invasi\u00f3n de personas no ind\u00edgenas en ellos ha llevado a las mismas comunidades ind\u00edgenas costarricenses a proceder a la recuperaci\u00f3n de sus territorios. En esta nota de prensa<\/a> reciente titulada \u00abGuerreras ind\u00edgenas<\/i>\u00bb (Semanario Universidad, edici\u00f3n del 14\/07\/2020), se lee que:<\/p>\n

\u00abDe los veinticuatro territorios ind\u00edgenas que hay en Costa Rica, se estima que el 40% de la tierra est\u00e1 en manos de no ind\u00edgenas, seg\u00fan el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo<\/i>\u00ab.<\/p>\n

El clima de violencia que se vive en la regi\u00f3n de Salitre es particularmente grave: en menos de 12 meses, dos l\u00edderes ind\u00edgenas de Salitre fueron asesinados, sin que a la fecha las autoridades hayan logrado identificar a los autores de estos hechos, motivando recientemente a varios relatores de Naciones Unidas a alzar la voz ante el clima de impunidad que se vive en Salitre (v\u00e9ase al respecto nuestra breve nota<\/a> titulada \u00abEl reciente llamado de mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas se\u00f1alando la impunidad campante con relaci\u00f3n a asesinatos de l\u00edderes ind\u00edgenas en Costa Rica: breves apuntes<\/i>\u00ab).<\/p>\n

Con relaci\u00f3n al asesinato de Sergio Rojas ocurrido el 18 de marzo del 2019, tuvimos la ocasi\u00f3n de examinar las cartas hechas p\u00fablicas por Naciones Unidas con respecto a los requerimientos espec\u00edficos solicitados a las autoridades costarricenses sobre el asesinato de Sergio Rojas (v\u00e9ase nuestra nota<\/a> al respecto publicado en el portal de la Universidad de Costa Rica – UCR). Varios de estos requerimientos de Naciones Unidas (hechos en el mes de marzo del 2019) buscaban que hechos similares no se repitieran m\u00e1s en Costa Rica (v\u00e9ase documento<\/a> de Naciones Unidas, p\u00e1gina 5): el 24 de febrero del 2020 fue asesinado otro l\u00edder ind\u00edgena, Jerhy Rivera.<\/p>\n

Esta situaci\u00f3n, que lamentablemente se da muy a menudo en otras latitudes en Am\u00e9rica Latina, es sumamente nueva para Costa Rica y no deja de sorprender a muchos observadores internacionales. En una reciente nota de prensa<\/a> divulgada por la DW (Alemania) titulada \u00abDar la vida por el planeta: en un 13% de los conflictos medioambientales se asesina a alg\u00fan activista<\/i>\u00ab, el coordinador de la plataforma a cargo de elaborar el Atlas Mundial de Justicia Ambiental (v\u00e9ase sitio oficial<\/a>), el profesor Joan Mart\u00ednez-Alier (Barcelona), record\u00f3 que:<\/p>\n

\u00abIncluso Costa Rica mantiene a\u00fan impune el asesinato de dos ind\u00edgenas defensores de su territorio ancestral<\/i>\u00ab.<\/p>\n

En el dram\u00e1tico caso de Colombia, recientemente se dio a conocer el \u00abMapa de la verg\u00fcenza<\/i>\u00bb al registrase en tres meses, la muerte de 120 l\u00edderes sociales, incluyendo la de l\u00edderes ind\u00edgenas (v\u00e9ase nota<\/a> de El Tiempo).<\/p>\n

Resulta oportuno se\u00f1alar que en el connotado caso de la l\u00edder ind\u00edgena hondure\u00f1a Berta C\u00e1ceres asesinada en marzo el 2016, la grotesca trama pol\u00edtico-empresarial y la total ineficiencia del aparato estatal hondure\u00f1o para investigar debidamente este hecho fueron tales, que se constituy\u00f3 un \u00abGrupo Asesor Internacional de Personas Expertas<\/i>\u00bb (GAIPE) para dilucidar este caso, incluyendo la identificaci\u00f3n de los autores materiales y de los comanditarios (v\u00e9ase sitio oficial<\/a> e informe<\/a> del 2017 titulado \u00abJusticia para Berta C\u00e1ceres Flores<\/i>\u00ab, con el Anexo 2 conteniendo el detalle de las amenazas recibidas por Berta C\u00e1ceres). En este informe de finales del 2017 (v\u00e9ase texto completo<\/a>), el GAIPE concluye que:<\/p>\n

\u00ab6.<\/b> El asesinato de Berta Isabel C\u00e1ceres Flores ejecutado el 2 de marzo de 2016, respondi\u00f3, como m\u00ednimo, a un plan concebido, por altos directivos de DESA, al menos desde el mes de noviembre de 2015, habi\u00e9ndose delegado en uno de los procesados la ejecuci\u00f3n del operativo y la articulaci\u00f3n con agentes estatales y no estatales para lograrlo<\/i>\u00ab.<\/p>\n

Tanto Berta C\u00e1ceres en Honduras como Sergio Rojas y Jerhy Rivera en Costa Rica beneficiaban de medidas cautelares ordenadas por la misma Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos a\u00f1os antes de su muerte (Nota 6<\/b>): en el caso de Costa Rica es la primera vez que son asesinadas personas objeto de medidas de protecci\u00f3n ordenadas al Estado por la CIDH.<\/p>\n

Recientemente, se inform\u00f3 de acciones de recuperaci\u00f3n de tierras llevadas a cabo por integrantes de la comunidad ind\u00edgena Maleku en la Zona Norte de Costa Rica (v\u00e9ase nota<\/a> de CRHoy titulada \u00abAnte inacci\u00f3n del Gobierno, puebo ind\u00edgena Malek\u00fa inicia recuperaci\u00f3n de tierras<\/i>\u00ab, edici\u00f3n del 10\/07\/2020): ser\u00eda deseable que las autoridades costarricenses tomen acciones para prevenir cualquier acci\u00f3n violenta contra los representantes de estas comunidades Malekus. En efecto, un nuevo acto violento podr\u00eda dar lugar a un nuevo llamado de atenci\u00f3n por parte de entidades internacionales que monitorean la situaci\u00f3n de las poblaciones ind\u00edgenas en Costa Rica.<\/p>\n

A modo de conclusi\u00f3n<\/i><\/b><\/p>\n

Admitida la petici\u00f3n de los representantes de la comunidad ind\u00edgena Terraba, la CIDH proceder\u00e1 en adelante a examinar los diversos aspectos de fondo presentados por las v\u00edctimas: en esta etapa, deber\u00e1 tambi\u00e9n convocar al Estado costarricense y escuchar sus alegatos, antes de decidirse.<\/p>\n

De considerar que las garant\u00edas dadas por el Estado son insuficientes y que los aspectos de fondo ameritan ser examinados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es factible que sea este tribunal el que ordene, en una futura sentencia al Estado costarricense, remediar de manera urgente la situaci\u00f3n de irrespeto a sus derechos, de indefensi\u00f3n de sus l\u00edderes y de despojo de sus recursos que denuncian desde varios a\u00f1os diversas comunidades ind\u00edgenas en Costa Rica y algunas organizaciones sociales.<\/p>\n

Es de se\u00f1alar que esta decisi\u00f3n de la CIDH se da en un momento en que los derechos de las poblaciones ind\u00edgenas son objeto de una preocupaci\u00f3n mucho mayor debido a los efectos del COVID-19 en comunidades ind\u00edgenas aisladas, y con un acceso muy limitado a servicios b\u00e1sicos de salud: incluso cuando los hay, la falta de preparaci\u00f3n en el abordaje cultural por parte del personal m\u00e9dico desplegado puede llevar a reducir el alcance de las medidas sanitarias. La desatenci\u00f3n a la ya cr\u00edtica situaci\u00f3n por parte de las autoridades estatales es latente en diversas latitudes: en mayo del 2020, fue la misma CIDH la que advirti\u00f3 sobre la situaci\u00f3n en un comunicado de prensa titulado \u00abLa CIDH alerta sobre la especial vulnerabilidad de los pueblos ind\u00edgenas frente a la pandemia de COVID-19 y llama a los Estados a tomar medidas espec\u00edficas y acordes con su cultura y respeto a sus territorios<\/i>\u00bb (v\u00e9ase texto completo<\/a>).<\/p>\n

–Notas–<\/p>\n

Nota 1<\/b>: Sobre los informes de admisibilidad, v\u00e9ase una reciente compilaci\u00f3n hecha por la misma CIDH: CIDH<\/b>, Digesto de decisiones sobre admisibilidad y competencia de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos<\/i>, OEA, Washington DC, 2020. Texto integral disponible aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n

Nota 2<\/b>: Sobre la larga lucha emprendida por la comunidad Lhaka Hhohat, referimos al lector a la siguiente monograf\u00eda: CELS \/ IWGIA<\/b>, Informe IGWIA: el caso Lhaka Hhohat<\/i>, Buenos Aires, Ennio Ayosa Impresores, 2006. Texto completo integral disponible en este enlace<\/a>.<\/p>\n

Nota 3<\/b>: V\u00e9ase RINALDI K.<\/b>, \u201cSistema Interamericano de Derechos Humanos. Principio de no regresi\u00f3n ambiental y los derechos de los pueblos ind\u00edgenas y tribales. Ense\u00f1anzas de la jurisprudencia Interamericana<\/i>\u201c, in PE\u00d1A CHAC\u00d3N M.<\/b> (Ed), El principio de no regresi\u00f3n en el derecho comparado latinoamericano, PNUD\/Maestr\u00eda en Derecho Ambiental, UCR, 2013, pp. 356-384, p.363. Obra completa cuyo texto est\u00e1 disponible aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n

Nota 4<\/b>: V\u00e9ase al respecto: Corte IDH<\/b>, Cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos N\u00ba 11: Pueblos ind\u00edgenas y tribales<\/i>, San Jos\u00e9, Corte IDH, 2018. Texto completo disponible aqu\u00ed<\/a>. Podemos a la vez referir a una interesante compilaci\u00f3n realizada esta vez por la Comisi\u00f3n Interamericana en el 2015 con relaci\u00f3n a ciertas actividades que generan un significativo impacto socioambiental: CIDH<\/b>, Pueblos ind\u00edgenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protecci\u00f3n de derechos humanos en el contexto de actividades de extracci\u00f3n<\/i>, explotaci\u00f3n y desarrollo<\/i>, Washington DC, OEA, 2015. El texto completo de este informe est\u00e1 disponible aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n

Nota 5<\/b>: V\u00e9ase por ejemplo un muy reciente informe (texto completo<\/a>) de la Comisi\u00f3n Econ\u00f3mica para Am\u00e9rica Latina de Naciones Unidas (CEPAL) titulado \u00abLos pueblos ind\u00edgenas de Am\u00e9rica Latina \u2013 Abya Yala y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible Tensiones y desaf\u00edos desde una perspectiva territorial<\/i>\u00ab, publicado en el mes de julio del 2020, en el que se hace ver las serias deficiencias de los Estados de Am\u00e9rica Latina en atender y en resolver el derecho a la tierra de las comunidades ind\u00edgenas.<\/p>\n

Nota 6<\/b>: Con relaci\u00f3n a las medidas ordenadas a Costa Rica en abril del 2015 para resguardar la vida y la integridad f\u00edsica de l\u00edderes ind\u00edgenas en la regi\u00f3n de Salitre, v\u00e9ase BOEGLIN N.<\/b>, \u00abPueblos ind\u00edgenas en Salitre: las medidas cautelares solicitadas a Costa Rica por la CIDH<\/i>\u00ab, Maestr\u00eda en Derecho Ambiental, Universidad de Costa Rica (UCR), junio del 2015. Texto integral disponible aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

En estos d\u00edas se inform\u00f3 en algunos medios de prensa que la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) admiti\u00f3 para examen sobre el fondo una petici\u00f3n contra Costa Rica relativa a los derechos de la comunidad ind\u00edgena Terraba…<\/p>\n","protected":false},"author":1329,"featured_media":1167803,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69,79,161,80],"tags":[79399,15609,54082],"class_list":["post-1167802","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-america-central","category-derechos-humanos","category-opiniones","category-pueblos-originarios","tag-comunidad-indigena-terraba","tag-costa-rica-es","tag-indigenas-es"],"yoast_head":"\nComisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos admite petici\u00f3n de comunidad ind\u00edgena Terraba contra Costa Rica: breve puesta en perspectiva<\/title>\n<meta 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