{"id":1115313,"date":"2020-05-23T14:12:05","date_gmt":"2020-05-23T13:12:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pressenza.com\/?p=1115313"},"modified":"2020-05-23T14:12:05","modified_gmt":"2020-05-23T13:12:05","slug":"el-mar-menor-sujeto-de-derechos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/2020\/05\/el-mar-menor-sujeto-de-derechos\/","title":{"rendered":"El Mar Menor, sujeto de derechos"},"content":{"rendered":"

El presente texto es fruto de la actividad del grupo de trabajo de medio ambiente de la Cl\u00ednica Jur\u00eddica de la UMU, dirigido por la profesora de filosof\u00eda del derecho Teresa Vicente Gim\u00e9nez, y por los estudiantes Alfonso Manzano y Carmen Mart\u00ednez.<\/p><\/blockquote>\n

Por Teresa Vicente Gim\u00e9nez, Alfonso Manzano y Carmen Mart\u00ednez<\/strong><\/em><\/p>\n

El gran salto en la crisis que sufr\u00eda la mayor laguna de agua salada del Mediterr\u00e1neo, derivado de un modelo de desarrollo sin l\u00edmites al margen de la realidad ecol\u00f3gica de este ecosistema, se produjo en 2016 con la llamada sopa verde. Este episodio traum\u00e1tico llev\u00f3 al gobierno regional a promulgar el Decreto-Ley n.\u00ba 1\/2017, de\u00a04 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor<\/em>, que, tramitado como proyecto dio lugar a la posterior Ley\u00a01\/2018, de\u00a07 de febrero, de medias urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor<\/em>. Esta Ley ha quedado derogada ahora por el Decreto Ley 2\/2019 de Protecci\u00f3n Integral del Mar Menor<\/em>. El diagn\u00f3stico sobre el estado ecol\u00f3gico del Mar Menor que recoge el pre\u00e1mbulo del Decreto Ley de 2019, se basa en el informe elaborado por Comit\u00e9 de Asesoramiento Cient\u00edfico del Mar Menor<\/em>. Este que se hizo p\u00fablico por el Pleno del Comit\u00e9 en su reuni\u00f3n del d\u00eda\u00a013 de febrero de\u00a02017.<\/p>\n

La protecci\u00f3n jur\u00eddica de la laguna del Mar Menor tiene dos caracter\u00edsticas cr\u00edticas: su inoperatividad para resolver los problemas ecol\u00f3gicos y medioambientales; y su visi\u00f3n antropoc\u00e9ntrica del problema. Ante ello nos preguntamos \u00bfLa ciudadan\u00eda puede ejercitar alguna acci\u00f3n jur\u00eddica en defensa de nuestro ecosistema? \u00bfEs posible adoptar medidas de protecci\u00f3n desde otra \u00a0perspectiva ecol\u00f3gica, la ecoc\u00e9ntrica, \u00a0basada en la justicia ecol\u00f3gica y en\u00a0 los derechos\u00a0 del propio ecosistema?<\/p>\n

Analizados\u00a0 algunos precedentes legales de derecho comparado como contexto normativo fundamentador (R\u00edo Atrato y Amazon\u00eda en Colombia, R\u00edo Whanganui en Nueva Zelanda) se propone para el Mar Menor y toda su cuenca de influencia una soluci\u00f3n similar a la adoptada por otros pa\u00edses: la Declaraci\u00f3n de la personalidad jur\u00eddica de la Laguna. Ello permitir\u00e1 una gobernabilidad y protecci\u00f3n aut\u00f3nomas, independiente de los intereses de los poderes p\u00fablicos, que hasta ahora se han mostrado ineficaces para su conservaci\u00f3n, restauraci\u00f3n y defensa.<\/p>\n

En primer lugar, hemos desechado algunas v\u00edas jur\u00eddicas que, aunque id\u00f3neas en otros pa\u00edses, no son las m\u00e1s adecuadas en nuestro ordenamiento jur\u00eddico para alcanzar nuestro objetivo. As\u00ed, la Acci\u00f3n Popular y la Acci\u00f3n P\u00fablica.<\/p>\n

La Acci\u00f3n Popular, tal y como existe en Colombia, donde es utilizada para reconocer derechos a los ecosistemas, no es viable en nuestro ordenamiento jur\u00eddico, porque est\u00e1 reservada a determinadas personas jur\u00eddicas sin \u00e1nimo de lucro, y no existe para ello recurso de amparo.<\/p>\n

Lo que la Ley 27\/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la informaci\u00f3n, de participaci\u00f3n p\u00fablica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente<\/em> reconoce como Acci\u00f3n Popular en sus art\u00edculos 22 y 23 presenta importantes limitaciones. Ciertamente es una habilitaci\u00f3n para litigar que se concede a determinadas personas jur\u00eddicas sin \u00e1nimo de lucro con fines de defensa ambiental, contradiciendo el Convenio de Aarhus, que reconoce tal posibilidad a cualquier ciudadano.<\/p>\n

Lo que s\u00ed reconoce en nuestro ordenamiento jur\u00eddico es la Acci\u00f3n P\u00fablica (artc. 124 <\/em>y 125 CE<\/em>) representada bien por el Ministerio Fiscal o por cualquier ciudadano. Ello permitir\u00eda estimular una eventual tutela penal y, para los que ostentan legitimaci\u00f3n, una tutela contencioso-administrativa. Como muestra, la Ley 26\/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental<\/em>, reconoce expresamente la legitimaci\u00f3n del Ministerio Fiscal y de determinadas asociaciones de defensa ambiental. Sin embargo, consideramos que no tiene recorrido procesal para los ciudadanos ni experiencia adquirida para el Ministerio Fiscal para poder crear una nueva figura jur\u00eddica como la que proponemos.<\/p>\n

En segundo lugar, hay que estudiar qui\u00e9n puede otorgar al Mar Menor personalidad jur\u00eddica. En Espa\u00f1a las competencias en materia de protecci\u00f3n del medio ambiente est\u00e1n repartidas entre el Estado y las Comunidades Aut\u00f3nomas, a tenor de los art\u00edculos 148 y 149 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola<\/em> y, en nuestro caso, el Estatuto de Autonom\u00eda de la Regi\u00f3n de Murcia<\/em>.<\/p>\n

\"Contaminaci\u00f3n

Contaminaci\u00f3n en el Mar Menor. IVAN J. URQUIZAR<\/em><\/p><\/div>\n

A nuestro juicio, dentro del marco jur\u00eddico de la Comunidad Aut\u00f3noma de la Regi\u00f3n de Murcia, la aprobaci\u00f3n de una Ley es la v\u00eda m\u00e1s operativa en estos momentos. Esta idea deber\u00eda ser impulsada por una conciencia ambiental del pueblo, que exija a sus representantes hacer valer el reconocimiento del Mar Menor como sujeto de derechos.\u00a0<\/strong><\/p>\n

La Ley 9\/1984, de 22 de noviembre de 1984<\/em> abre dos posibles v\u00edas: 10.000 electores de la Regi\u00f3n de Murcia pueden presentar una proposici\u00f3n de Ley ante la Asamblea Regional; pero tambi\u00e9n uno o varios municipios cuya poblaci\u00f3n conjunta represente como m\u00ednimo un censo de 10.000 habitantes.<\/p>\n

La propuesta de reconocer los derechos del Mar Menor deber\u00eda partir de la participaci\u00f3n activa de la ciudadan\u00eda creando un movimiento reivindicativo a trav\u00e9s de sus representantes municipales para que impulsen este proceso. Esta Iniciativa Legislativa, que ha de contar con la aprobaci\u00f3n de la mayor\u00eda absoluta de los respectivos plenos, se deber\u00e1 presentar a la Mesa de la Asamblea Regional, que deber\u00e1 tramitar la proposici\u00f3n de Ley de reconocimiento del ecosistema del Mar Menor como sujeto de derechos una vez comprobado que esta decisi\u00f3n entra dentro de sus competencias.<\/p>\n

La Mesa de la Asamblea Regional entonces recordar\u00e1 que, entre las Resoluciones aprobadas en el Debate Monogr\u00e1fico del Mar Menor, se encontraba el acuerdo de promover el reconocimiento de la laguna del Mar Menor como una entidad sujeto de derecho (resoluci\u00f3n n\u00ba14 del PSOE). En el caso de que la Asamblea considere que no es competente para aprobar la correspondiente Ley, la soluci\u00f3n es muy sencilla: trasladar la iniciativa a las Cortes Generales en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 147 del Reglamento de la Asamblea.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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