Toda aut\u00e9ntica democracia requiere de gobierno y oposici\u00f3n elegidos por el pueblo. El primero, conduciendo el Poder Ejecutivo; y el segundo, manteniendo un permanente ojo avizor de las pol\u00edticas que se desarrollan en funci\u00f3n del mejor logro del inter\u00e9s p\u00fablico y fiscalizando los errores e incluso eventuales corrupciones y violaciones de derechos humanos que se produzcan. Desgraciadamente, desde 1990, en nuestro pa\u00eds se ha producido una in\u00e9dita confluencia entre gobierno y oposici\u00f3n que se estructur\u00f3 gr\u00e1ficamente en la \u201cpol\u00edtica de los consensos\u201d, sobre la base pr\u00e1ctica de la consolidaci\u00f3n del modelo neoliberal impuesto por la dictadura; incluyendo las cuestionadas privatizaciones efectuadas en su per\u00edodo final; el Plan Laboral; las AFP; las Isapres; la ley minera; la LOCE-LGE; las universidades privadas con fines de lucro; el sistema de elusi\u00f3n tributaria; la minimizaci\u00f3n del poder de sindicatos, juntas de vecinos, cooperativas y colegios profesionales; etc.<\/p>\n
Lo anterior se fundament\u00f3 -de acuerdo al crudo reconocimiento efectuado por el principal art\u00edfice de la \u201ctransici\u00f3n\u201d, Edgardo Boeninger- en la \u201cconvergencia\u201d que experiment\u00f3 el liderazgo de la Concertaci\u00f3n con el pensamiento econ\u00f3mico de la derecha a fines de los 80, \u201cconvergencia que pol\u00edticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer\u201d (Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad; Edit. Andr\u00e9s Bello, 1997; p. 369). Para lograr que esto no se reconociese, fue clave el solapado regalo de la futura mayor\u00eda parlamentaria que le aguardaba a la Concertaci\u00f3n de haberse mantenido los t\u00e9rminos originales de la Constituci\u00f3n del 80; regalo efectuado a trav\u00e9s de una Reforma Constitucional concordada entre Pinochet y la Concertaci\u00f3n en 1989 (Ver mi libro: Chile: Una democracia tutelada; Cap\u00edtulo III, Sudamericana, 2000). As\u00ed, los gobiernos concertacionistas adujeron plausible, aunque enga\u00f1osamente, que no pod\u00edan llevar adelante sus programas porque carec\u00edan de mayor\u00eda parlamentaria\u2026<\/p>\n
Todo ello se agrav\u00f3 incluso con las tambi\u00e9n in\u00e9ditas pol\u00edticas activas para destruir los medios de comunicaci\u00f3n de centroizquierda llevadas a cabo por los sucesivos gobiernos de \u201ccentroizquierda\u201d. Pol\u00edticas consistentes en bloqueos de ayudas financieras externas; en la mantenci\u00f3n de la discriminaci\u00f3n del avisaje estatal que les hizo la dictadura; y en comprar algunos de dichos medios (por personeros concertacionistas) para luego cerrarlos. Esto redund\u00f3 en su generalizada desaparici\u00f3n (An\u00e1lisis, Apsi, P\u00e1gina Abierta, Hoy, Fort\u00edn Mapocho, La Epoca, Rocinante, Siete, Siete + Siete, Plan B, Punto Final\u2026) y en una concentraci\u00f3n de los medios en manos de los grandes grupos econ\u00f3micos \u00a1muy superior a la de la dictadura! De esta manera, ya no hubo medios que pudieran criticar siquiera el neoliberalismo concertacionista, cuando \u00e9ste comenz\u00f3 a hacerse evidente.<\/p>\n
Y su culminaci\u00f3n m\u00e1s vergonzosa se alcanz\u00f3 con la pol\u00edtica consensual respecto de la b\u00fasqueda de impunidad de violaciones de derechos humanos. As\u00ed, como lo reconoci\u00f3 con total claridad el mismo Boeninger: \u201cEn el marco de la estrategia del gobierno, una primera decisi\u00f3n fue no intentar la derogaci\u00f3n o nulidad de la Ley de Amnist\u00eda de 1978, pese a que tal prop\u00f3sito estuvo incluido en el programa de la Concertaci\u00f3n. Eso significaba aceptar que no habr\u00eda castigo por condena penal de los responsables de los cr\u00edmenes cometidos con anterioridad a su promulgaci\u00f3n, con la sola excepci\u00f3n del asesinato de Orlando Letelier, expl\u00edcitamente exceptuado de dicha ley por el propio gobierno de Pinochet\u201d (Ibid.; p. 400).<\/p>\n
Ello explica los reiterados intentos de gobierno y oposici\u00f3n por legitimar a trav\u00e9s de proyectos de leyes la vigencia de dicha amnist\u00eda o de disminuir sustancialmente las penas de los violadores de derechos humanos: El Acuerdo-Marco de 1990; el proyecto de ley Aylwin de 1993; el proyecto de ley Frei de 1995 y el Acuerdo Figueroa-Otero del mismo a\u00f1o; el proyecto de la Comisi\u00f3n de DD. HH. del Senado de 1999; el proyecto de Lagos de ley de inmunidad de 2003; el proyecto de ley de senadores concertacionistas y aliancistas de 2005; y su reflotamiento por el gobierno de Bachelet en 2007. Afortunadamente todos esos intentos fracasaron debido fundamentalmente a la frontal oposici\u00f3n de las ONG de DD. HH. nacionales e internacionales; y, particularmente, de las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados pol\u00edticos.<\/p>\n
Y explica tambi\u00e9n el extremo \u2013de dif\u00edcil parang\u00f3n \u00e9tico en la historia- de la defensa conjunta que hicieron de la impunidad de Pinochet para lograr su \u201cexitosa\u201d liberaci\u00f3n de la segura condena que le esperaba en Europa; y, luego, para lograr la impunidad del ex dictador en Chile presionando al Poder Judicial. En ambos casos, adem\u00e1s, se adujeron manifiestamente falsas razones de salud mental.<\/p>\n
Estos gobiernos, sin real oposici\u00f3n, pudieron entonces consolidar sin problemas el \u201cmodelo chileno\u201d hasta que a partir de 2011 surgieron fuertes movimientos sociales que empezaron a cuestionar aspectos importantes, pero sectoriales del modelo. Estos fueron sobrellevados a trav\u00e9s de reformas muy acotadas en el plano educacional, reformas que ni siquiera alcanzaron a modificar los elementos b\u00e1sicos del modelo en ese \u00e1mbito. Hasta que lleg\u00f3 el \u201cestallido\u201d o \u201crebeli\u00f3n\u201d social de octubre pasado que revel\u00f3 una profunda oposici\u00f3n mayoritaria a la continuaci\u00f3n del neoliberalismo explotador y abusivo.<\/p>\n
Sin embargo, continuando con la l\u00f3gica consensual de la mantenci\u00f3n del modelo, \u201clas dos derechas\u201d (como atinadamente las denomin\u00f3 Sergio Aguil\u00f3 hace ya muchos a\u00f1os), llegaron a un nuevo consenso en torno a la idea de establecer una Constituci\u00f3n -que sustituyese a la Constituci\u00f3n del 80; suscrita por Ricardo Lagos y todos sus ministros en 2005, luego de algunas reformas importantes pero que no alteraron su esencia autoritaria y neoliberal- que contara con el consenso (valga la redundancia) de ambas, al establecer \u00a1un qu\u00f3rum de 2\/3 para su aprobaci\u00f3n! Algo que, adem\u00e1s, repugna la regla esencial democr\u00e1tica de las mayor\u00edas; y que, por cierto, impedir\u00eda -incluso, aunque se diese una muy improbable vuelta a las ra\u00edces centroizquierdistas del liderazgo de la ex Concertaci\u00f3n- una sustituci\u00f3n del actual \u201cmodelo chileno\u201d.<\/p>\n
Y, finalmente, una vez que lleg\u00f3 a Chile la terrible pandemia del covid-19, el gobierno \u2013con el t\u00e1cito silencio de la oposici\u00f3n- se embarc\u00f3 en marzo en una pol\u00edtica b\u00e1sicamente reactiva y no preventiva para luchar contra ella; pol\u00edtica que fue fuertemente cuestionada por el Colegio M\u00e9dico, bajo la direcci\u00f3n de Izkia Siches; y por la Asociaci\u00f3n Chilena de Municipalidades (ACHM), dirigida por el acalde RN de Puente Alto, Germ\u00e1n Codina. Y en esa lucha de los alcaldes \u2013que se hizo acre por la actitud excluyente del ministro Ma\u00f1alich, incluso de negarles informaci\u00f3n del impacto que estaba teniendo la epidemia en cada comuna- ha resaltado la d\u00e9bil actitud adoptada por los alcaldes de la ex Concertaci\u00f3n. Quienes se han destacado han sido alcaldes de la derecha tradicional como \u2013adem\u00e1s de Codina- Kathy Barriga, Rodolfo Carter y Karen Rojo; y de izquierda, como Gonzalo Dur\u00e1n, Daniel Jadue y Jorge Sharp.<\/p>\n
Y ahora, en que est\u00e1 quedando en completa evidencia el tremendo fracaso de las estrategias gubernamentales reactivas -con el incremento explosivo de infectados y el atochamiento creciente de los hospitales y cl\u00ednicas para atender a los enfermos graves- ha surgido una nueva iniciativa \u201ctransversal\u201d \u2013denominada \u201cPacto Social\u201d- auspiciada por destacados l\u00edderes de las dos derechas como el presidente de RN, Mario Desbordes y el senador PS, Jos\u00e9 Miguel Insulza; en que se pretende abordar los aspectos m\u00e1s agudos de la grave crisis sin, por cierto, alterar las bases esenciales del \u201cmodelo chileno\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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