{"id":1061199,"date":"2020-03-19T16:06:12","date_gmt":"2020-03-19T16:06:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pressenza.com\/?p=1061199"},"modified":"2020-03-20T14:29:27","modified_gmt":"2020-03-20T14:29:27","slug":"militares-que-asesinaron-a-seis-ninos-en-pueblorrico-podrian-ser-juzgados-por-la-jep-colombia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/2020\/03\/militares-que-asesinaron-a-seis-ninos-en-pueblorrico-podrian-ser-juzgados-por-la-jep-colombia\/","title":{"rendered":"Militares que asesinaron a seis ni\u00f1os en Pueblorrico podr\u00edan ser juzgados por la JEP (Colombia)."},"content":{"rendered":"<p><em>24 exmilitares comprometidos en el asesinato de seis ni\u00f1os en Pueblorrico, Antioquia, en agosto del 2000, fueron presentados por la Fiscal\u00eda ante Jurisdicci\u00f3n Especial de Paz. Con esta acci\u00f3n, que qued\u00f3 radicada en la JEP con el n\u00famero 20191510641612, se abre una oportunidad para la reparaci\u00f3n integral a las v\u00edctimas en un caso que tiene d\u00e9ficits de verdad y justicia.<\/em><\/p>\n<p><em><strong>Por Juan Camilo Casta\u00f1eda Arboleda<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Han pasado casi veinte a\u00f1os desde que un pelot\u00f3n del Batall\u00f3n de Infanter\u00eda N\u00ba 32 Pedro Justo Berr\u00edo atac\u00f3 a un grupo de 48 ni\u00f1os y cuatro adultos que participaban en un paseo escolar en la vereda La Pica de Pueblorrico, Antioquia. En la acci\u00f3n asesinaron a seis de los menores e hirieron a otros cuatro. El caso no ha tenido una sanci\u00f3n penal, pero el 2 de abril de 2003, Carlos Arturo G\u00f3mez, entonces viceprocurador general de la naci\u00f3n, sancion\u00f3 disciplinariamente con noventa d\u00edas de suspensi\u00f3n del cargo a los tres militares que lideraban a esa unidad del Ej\u00e9rcito: el sargento segundo, Jorge Enrique Mina Gonz\u00e1lez; el cabo primero, Anc\u00edzar L\u00f3pez y el cabo segundo, Avilio Pe\u00f1a Tovar.<\/p>\n<p>La decisi\u00f3n del Viceprocurador G\u00f3mez se sustent\u00f3 en testimonios de las v\u00edctimas y de los militares, pruebas t\u00e9cnicas recogidas por el Cuerpo T\u00e9cnico de Investigaci\u00f3n (CTI) de la Fiscal\u00eda y Medicina Legal e informes del Ej\u00e9rcito, material probatorio que le permiti\u00f3 a G\u00f3mez construir un relato que describe el hecho. Adem\u00e1s de la sanci\u00f3n disciplinaria,\u00a0<a href=\"http:\/\/hacemosmemoria.org\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/Documento-4_Fallo-Consejo-de-Estado_La-Pica.pdf\">el Consejo de Estado declar\u00f3 responsable al Ej\u00e9rcito en un fallo administrativo que se emiti\u00f3 el 28 de octubre de 2019<\/a>\u00a0y que obliga a la naci\u00f3n a pagar 30 salarios m\u00ednimos mensuales a cuatro de los sobrevivientes, es decir 24.840.000 pesos para cada uno.<\/p>\n<p>Hoy, veinte a\u00f1os despu\u00e9s del hecho, con la implementaci\u00f3n del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparaci\u00f3n, derivado del acuerdo de paz entre el Estado y las FARC, el caso vuelve a los escenarios judiciales, debido a que los exmilitares que participaron en el ataque son comparecientes obligatorios ante la Jurisdicci\u00f3n Especial de Paz (JEP) porque, seg\u00fan una funcionaria del Estado experta en justicia transicional, cometieron la acci\u00f3n punible antes del 1 de diciembre de 2016, mientras se encontraban en servicio y en medio de una operaci\u00f3n que realizaban contra el ELN. La presentaci\u00f3n de los exmilitares implicados a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinaci\u00f3n de Hechos y Conductas puede conducir a que el tribunal transicional reclame la jurisdicci\u00f3n y, posteriormente, decida si prioriza el proceso, hecho que abrir\u00eda una oportunidad para el juzgamiento y que podr\u00eda ayudar a satisfacer el derecho a la verdad y a la justicia que demandan las v\u00edctimas.<\/p>\n<p>Los eventos que se reconstruyen a continuaci\u00f3n dan cuenta de los hechos y la victimizaci\u00f3n, en un ataque ataque afect\u00f3 a ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes indefensos, habitantes de una zona rural de bajos recursos, y en el que los soldados tienen una responsabilidad directa y determinante en una conducta valorada por la Procuradur\u00eda como una grave violaci\u00f3n al DIH.<\/p>\n<p>Los hechos que se narran se sustentan en la informaci\u00f3n que ofrece el fallo de la Procuradur\u00eda. Para contrastar el relato, se citan testimonios y documentos recogidos por el periodista en la vereda La Pica, en las cabeceras municipales de Pueblorrico y de Jeric\u00f3, y en la ciudad de Medell\u00edn en diciembre de 2019.<\/p>\n<p><strong>Masacre en el cerro Nochebuena<\/strong><\/p>\n<div id=\"attachment_1061233\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-1061233\" class=\"size-large wp-image-1061233\" src=\"https:\/\/www.pressenza.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/Screen-Shot-2020-03-19-at-10.41.00-AM-720x482.png\" alt=\"En la parte superior de la imagen se observa la cima del cerro Nochebuena donde se apostaron los soldados. En la parte baja se ve el pinar donde ocurri\u00f3 la masacre de los ni\u00f1os. Para ese momento los \u00e1rboles no superaban los 20 cent\u00edmetros de altura. Foto: Camilo Casta\u00f1eda.\" width=\"720\" height=\"482\" srcset=\"https:\/\/www.pressenza.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/Screen-Shot-2020-03-19-at-10.41.00-AM-720x482.png 720w, https:\/\/www.pressenza.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/Screen-Shot-2020-03-19-at-10.41.00-AM-300x201.png 300w, https:\/\/www.pressenza.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/Screen-Shot-2020-03-19-at-10.41.00-AM-768x515.png 768w, https:\/\/www.pressenza.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/Screen-Shot-2020-03-19-at-10.41.00-AM.png 1806w\" sizes=\"auto, (max-width: 720px) 100vw, 720px\" \/><p id=\"caption-attachment-1061233\" class=\"wp-caption-text\">En la parte superior de la imagen se observa la cima del cerro Nochebuena donde se apostaron los soldados. En la parte baja se ve el pinar donde ocurri\u00f3 la masacre de los ni\u00f1os. Para ese momento los \u00e1rboles no superaban los 20 cent\u00edmetros de altura. Foto: Camilo Casta\u00f1eda.<\/p><\/div>\n<p>A las 8:30 de la ma\u00f1ana del 15 de agosto del a\u00f1o 2000, 48 estudiantes de primaria de la escuela de la vereda La Pica, acompa\u00f1ados por la profesora Lucy V\u00e9lez Vel\u00e1squez, su esposo Hernando Ernesto Higuita y dos madres de algunos de los ni\u00f1os de la escuela, iniciaron una caminata que ten\u00eda como destino final un charco en el r\u00edo Mulaticos. El paseo escolar, seg\u00fan cont\u00f3 el 14 de diciembre de 2019 en Jeric\u00f3 la entonces rectora Martha Alzate Garc\u00eda, se hab\u00eda programado con tres semanas de anticipaci\u00f3n.<\/p>\n<p>La escuela se encuentra en la base del cerro Nochebuena, ubicado en la vertiente oriental de la cordillera occidental. Los estudiantes deb\u00edan cruzarlo para luego salir al ca\u00f1\u00f3n del r\u00edo, que es afluente del Cauca.<\/p>\n<p>Desde las seis de la ma\u00f1ana de ese martes de agosto, un pelot\u00f3n del Batall\u00f3n de Infanter\u00eda N\u00ba 32 Pedro Justo Berr\u00edo, comandado por el sargento segundo, Jorge Enrique Mina, se hab\u00eda apostado en las faldas del cerro, sobre terrenos de la finca La Tolda. Este era uno de los 12 pelotones desplegados por el Ej\u00e9rcito Nacional que realizaba la operaci\u00f3n Halc\u00f3n, cuyo objetivo era capturar o, en caso de resistencia, combatir a una cuadrilla de 15 guerrilleros del ELN que transitaba por la zona rural de Jeric\u00f3, Pueblorrico, T\u00e1mesis y Andes.<\/p>\n<p>La operaci\u00f3n fue planeada por el estado mayor conjunto de la IV Brigada encabeza de su comandante, en aquel entonces, el general Eduardo Herrera Berbel. Seg\u00fan el fallo, la acci\u00f3n militar respond\u00eda \u201ca los constantes comunicados de las autoridades de Jeric\u00f3 (Antioquia) sobre la presencia de grupos armados en la regi\u00f3n\u201d. En el art\u00edculo \u201cPaso a paso\u201d de la revista Semana, publicado el 28 de agosto del a\u00f1o 2000, se se\u00f1al\u00f3 que miembros de inteligencia del Ej\u00e9rcito hab\u00edan constatado el accionar del grupo insurgente en la regi\u00f3n: \u201clas informaciones daban cuenta del secuestro de una hacendada, el asesinato de un comerciante, la quema de un veh\u00edculo y de la extorsi\u00f3n a varios comerciantes y finqueros del municipio de Jeric\u00f3\u201d.<\/p>\n<p>En la madrugada del 15 de agosto, se\u00f1ala el Viceprocurador G\u00f3mez en el fallo, hubo un enfrentamiento en la vereda La Aguada, de Jeric\u00f3, entre el Ej\u00e9rcito y los guerrilleros. All\u00ed fallecieron cuatro insurgentes, otros cinco resultaron heridos y fueron capturados Olga Stella Ospina y Hugo Tabares Vel\u00e1squez, se\u00f1alados de pertenecer al ELN. Por tal situaci\u00f3n el objetivo del pelot\u00f3n, comandado por el sargento segundo, Jorge Enrique Mina, era evitar la huida de los dem\u00e1s.<\/p>\n<p>En el fallo disciplinario se estima que la distancia entre el lugar del combate y el cerro Nochebuena, donde murieron los ni\u00f1os, es de cinco kil\u00f3metros en l\u00ednea recta, en una topograf\u00eda monta\u00f1osa. La rectora de la escuela y los padres de familia entrevistados en diciembre de 2019 dijeron que no escucharon los disparos producidos en el enfrentamiento y que tampoco fueron advertidos del operativo militar que se realizaba en la zona. \u201cSi hubi\u00e9ramos sabido tal situaci\u00f3n, habr\u00edamos cancelado la actividad\u201d, dijo la rectora Martha Alzate Garc\u00eda.<\/p>\n<p>El pelot\u00f3n que dirig\u00eda el sargento segundo Mina se dividi\u00f3 en tres escuadras para cubrir una superficie m\u00e1s amplia en las zonas aleda\u00f1as a la cima del cerro Nochebuena, para ello los soldados se ubicaron en tres lugares estrat\u00e9gicos, desde donde se divisan las veredas La Pica, Lourdes, Castalia, La Berr\u00edo y la cabecera municipal de Pueblorrico.<\/p>\n<p>Desde la posici\u00f3n de los ni\u00f1os, a la izquierda en la parte alta de la monta\u00f1a estaba la primera escuadra comandada por el cabo segundo, Avilio Pe\u00f1a Tovar; tambi\u00e9n en la parte alta, pero cortando trayectoria del camino por el que ascend\u00edan los menores, se ubic\u00f3 la segunda escuadra dirigida por Mina; y a la derecha de los infantes, casi en la cima del cerro Nochebuena, se apost\u00f3 la tercera escuadra liderada por el cabo primero, Anc\u00edsar L\u00f3pez.<\/p>\n<p>Media hora despu\u00e9s de que iniciara la caminata \u2014reza el documento de la Procuradur\u00eda y adem\u00e1s confirman los testigos entrevistados en diciembre de 2019\u2014 los caminantes de la escuela se hab\u00edan dividido en tres grupos: encabezaban la caminata los ni\u00f1os m\u00e1s grandes, entre ellos David, de 11 a\u00f1os, y Bibiana Ram\u00edrez L\u00f3pez, de 9; les acompa\u00f1aban los tambi\u00e9n hermanos Alejandro (10 a\u00f1os), Paola (7 a\u00f1os) y Jorge Arboleda R\u00faa (6 a\u00f1os); Gustavo Adolfo (9 a\u00f1os) y Cristian Danilo Isaza Carmona (7 a\u00f1os); adem\u00e1s de C\u00e9sar Arboleda V\u00e1squez (8 a\u00f1os), Oswaldo Mu\u00f1oz Madrid (9 a\u00f1os) y Jarol Tavares Tamayo (7 a\u00f1os). Este grupo sufrir\u00eda la peor parte del ataque. En el segundo grupo caminaban las hermanas Marcela (6 a\u00f1os) y Andrea S\u00e1nchez Marulanda (15 a\u00f1os). Y en el tercero, cerrando el paseo, estaban los adultos y otros menores de edad.<\/p>\n<p>Varios soldados de la escuadra de Mina aseguraron a la Procuradur\u00eda que el sargento segundo observ\u00f3, con unos binoculares marca Tasco, los movimientos de las personas que ascend\u00edan por la monta\u00f1a. Cuando Mina las avist\u00f3 en un potrero, en el que dos semanas antes se hab\u00eda sembrado un pinar para explotar madera \u2014en el cual seg\u00fan el fallo de la Procuradur\u00eda, reafirmado por testigos entrevistados para esta investigaci\u00f3n, los \u00e1rboles no superaban los 20 cent\u00edmetros de altura\u2014, dijo a su tropa que ven\u00edan los guerrilleros y le orden\u00f3 al soldado Diego Cardona Cardona accionar la ametralladora M249. \u201cDisparen a lo que vean y a lo que se mueva\u201d, fue la orden que imparti\u00f3 Mina, seg\u00fan los uniformados Arley Agudelo y Luis Caro, citados en la sentencia.<\/p>\n<p>Desde la escuadra que lideraba el cabo Anc\u00edsar L\u00f3pez tambi\u00e9n se realizaron disparos, este grupo igualmente ten\u00eda visibilidad sobre el terreno donde murieron los menores. L\u00f3pez, adem\u00e1s, orden\u00f3 lanzar dos granadas de mortero. \u201cSe determin\u00f3 que la distancia que exist\u00eda entre los integrantes del Ej\u00e9rcito Nacional y los menores de edad [que fueron lesionados], oscilaba entre 300 a 500 metros\u201d, describi\u00f3 el fallo disciplinario.<\/p>\n<p>Por su parte, los uniformados de la escuadra del cabo Avilio Pe\u00f1a Tovar no ten\u00edan visibilidad sobre el lugar donde murieron los peque\u00f1os, pero s\u00ed abrieron fuego contra los infantes que corrieron por la monta\u00f1a cuando se desat\u00f3 la balacera.<\/p>\n<p>En el potrero fallecieron Alejandro Arboleda R\u00faa, de 10 a\u00f1os; David Ram\u00edrez L\u00f3pez, de 11; Harol Tabares Tamayo, de 8; y Marcela S\u00e1nchez Marulanda, de 6. Resultaron heridos Cristian Isaza Carmona, de 7 a\u00f1os; C\u00e9sar Arboleda V\u00e1squez, de 8; Oswaldo Mu\u00f1oz Madrid, de 9; Andrea S\u00e1nchez Marulanda, de 15; Paola Arboleda R\u00faa, de 8; y Gustavo Adolfo Isaza Carmona, de 9; los dos \u00faltimos fallecieron en el hospital de Pueblorrico.<\/p>\n<p>Jorge Arboleda R\u00faa \u2014uno de los ni\u00f1os que sobrevivi\u00f3 al ataque, quien en esa \u00e9poca ten\u00eda 7 a\u00f1os y hoy 26\u2014 recuerda que \u00e9l caminaba al lado de Alejandro y Paola, sus hermanos de 10 y 8 a\u00f1os de edad, quienes fueron de los primeros en ser alcanzados por las balas. Jorge corri\u00f3 y despu\u00e9s una de sus compa\u00f1eras lo tir\u00f3 al piso, all\u00ed sent\u00eda el silbido de los proyectiles cuando pasaban por encima de su cabeza. \u201cPaola y Alejandro cayeron junticos, pero cuando explot\u00f3 una de las granadas los cuerpos se distanciaron. Paola qued\u00f3 herida, cuando la vi estaba llorando\u201d, dijo Jorge en la casa de su padre en La Pica en diciembre de 2019.<\/p>\n<p>Sin que hubiese parado el ataque, Hernando Ernesto Higuita auxili\u00f3 y carg\u00f3 a los heridos. Tambi\u00e9n llegaron familiares y vecinos de los ni\u00f1os que viv\u00edan en la zona y trabajaban en fincas aleda\u00f1as. Estas personas socorrieron a los infantes en medio de las balas. Entre 20 y 30 minutos dur\u00f3 el tiroteo, seg\u00fan el fallo de la Procuradur\u00eda. Los militares bajaron a constatar los resultados, pero al ver a los lesionados dijeron: \u2018Lo que matamos fue a unos ni\u00f1os\u2019, seg\u00fan recordaron varias de las madres de los ni\u00f1os asesinados que estuvieron en el lugar de los hechos en entrevistas realizadas en diciembre de 2019.<\/p>\n<p>De acuerdo con los testimonios de estas madres hubo un intercambio fuerte de palabras entre los militares y las personas que llegaron a auxiliar a los menores, los adultos reclamaron en primer lugar por el ataque y en segundo lugar porque los uniformados no quisieron pedir auxilio para transportar a los heridos en helic\u00f3ptero, argumentando que la radio no funcionaba, informaci\u00f3n que refut\u00f3 la Procuradur\u00eda en la investigaci\u00f3n disciplinaria.<\/p>\n<p>Con estas evidencias, la Procuradur\u00eda concluy\u00f3 que Mina, L\u00f3pez y Pe\u00f1a son coautores del ataque \u201cporque el primero, Jorge Enrique Mina Gonz\u00e1lez, fue el encargado de fijar el blanco sobre la poblaci\u00f3n que se desplazaba hacia lo alto del cerro, para ello dispon\u00eda de unos binoculares, visibilidad y del dominio del terreno por su topograf\u00eda. Una vez estableci\u00f3 el blanco y hall\u00f3 las condiciones para un mejor impacto, sin que se estuvieran presentando combates en el sector, ordena disparar inicialmente la ametralladora que est\u00e1 bajo su custodia y lo mismo que dispara con su fusil, sobre los menores (\u2026). El segundo, el cabo segundo Anc\u00edzar L\u00f3pez, dispar\u00f3 y orden\u00f3 a las tropas lanzar granadas, sin que se estuvieran presentando combates (\u2026) y el cabo primero Avilio Pe\u00f1a por disparar contra los ni\u00f1os que intentaban huir (\u2026)\u201d.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, el fallo se\u00f1ala que los tres militares crearon confusi\u00f3n en su tropa por advertir la supuesta aparici\u00f3n de un grupo de insurgentes, \u201ccomo consecuencia de ello, se desata el desorden total ya que la mayor\u00eda de los militares siguieron las actuaciones de los superiores con los resultados nefastos ya conocidos\u201d, argument\u00f3 el Viceprocurador G\u00f3mez en el fallo disciplinario 009-45452-00 del 2 de abril del 2003.<\/p>\n<p><strong>\u00bfError militar?<\/strong><\/p>\n<p>El 16 de agosto del 2000, en el art\u00edculo \u201cAcribillada inocencia en Pueblorrico\u201d publicado por el peri\u00f3dico El Espectador, el general Jorge Enrique Mora, entonces comandante del Ej\u00e9rcito, sostuvo que \u201cse present\u00f3 un intercambio de disparos, los guerrilleros ven\u00edan adelante y se mezclaron con los ni\u00f1os, el Ej\u00e9rcito no los vio y ah\u00ed murieron\u201d. La misma versi\u00f3n fue sostenida por el entonces ministro de Defensa, Luis Fernando Ram\u00edrez; el comandante de las Fuerzas Armadas, general Fernando Tapias Stahelin; el gobernador (e) de Antioquia, \u00d3scar Arboleda; y el comandante de la IV Brigada, general Eduardo Herrera Berbel. Sus versiones quedaron registradas en los diarios El Tiempo y El Colombiano del 16 de agosto del 2000.<\/p>\n<p>El crimen produjo revuelo nacional. Ocurri\u00f3 en medio de la negociaci\u00f3n que adelantaba el Gobierno de Andr\u00e9s Pastrana Arango con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en San Vicente del Cagu\u00e1n y que finaliz\u00f3 sin acuerdo de paz el 20 de febrero del a\u00f1o 2002. El Ejecutivo tambi\u00e9n realizaba un acercamiento con los insurgentes del ELN, proceso que termin\u00f3 en agosto de 2002 cuando \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez asumi\u00f3 como presidente.<\/p>\n<p>La masacre de los ni\u00f1os de La Pica coincidi\u00f3, adem\u00e1s, con una reuni\u00f3n en Cartagena, a finales de agosto 2000, en la que el presidente Andr\u00e9s Pastrana y su hom\u00f3logo de Estados Unidos, Bill Clinton, formalizaron el Plan Colombia, cuyo principal obst\u00e1culo para ser aprobado en el Congreso del pa\u00eds norteamericano eran los cuestionamientos al Ej\u00e9rcito por sus alianzas con el paramilitarismo y por violaciones al DIH. El mismo gobierno estadounidense, la Organizaci\u00f3n de Naciones Unidas (ONU) y diferentes colectivos de la sociedad civil exigieron una investigaci\u00f3n que aclarara los hechos de Pueblorrico.<\/p>\n<p>Alfonso G\u00f3mez M\u00e9ndez, fiscal general de la \u00e9poca, reconoci\u00f3 a menos de un mes del ataque, el 7 de septiembre del 2000, que no hubo combate. A pesar de ello, manifest\u00f3 en rueda prensa que los hechos hab\u00edan transcurrido mientras que los militares se encontraban en servicio, que era inconcebible pensar que se trat\u00f3 de una acci\u00f3n dolosa, es decir que para el fiscal los uniformados realizaron la acci\u00f3n sin la voluntad de afectar a los menores, y que, por lo tanto, la Justicia Penal Militar ten\u00eda la jurisdicci\u00f3n sobre el caso.<\/p>\n<p>Posturas como las de G\u00f3mez M\u00e9ndez, suscitaron cuestionamientos de la Corporaci\u00f3n Jur\u00eddica Libertad; el Colectivo de Abogados Jos\u00e9 Alvear Restrepo; Humanidad Vigente Corporaci\u00f3n Jur\u00eddica; Comunidades Eclesiales de Base, Regional Antioquia; la Fundaci\u00f3n Comit\u00e9 de Solidaridad con los Presos Pol\u00edticos, Seccional Antioquia; el \u00a0Comit\u00e9 Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos H\u00e9ctor Abad G\u00f3mez; la Comisi\u00f3n Intercongregacional de Justicia y Paz, seccional Medell\u00edn; la Asociaci\u00f3n de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ASFADES \u2013 Medell\u00edn; y la Fundaci\u00f3n Sumapaz; organizaciones no gubernamentales que conformaron la Misi\u00f3n Pueblorrico, Antioquia, la cual present\u00f3 el\u00a0<em>Informe de organismos de Derechos Humanos sobre el crimen contra ni\u00f1os de Pueblorrico<\/em>\u00a0en enero de 2001.<\/p>\n<p>Adriana Arboleda, en ese entonces abogada de la Corporaci\u00f3n Jur\u00eddica Libertad \u2014y quien en la actualidad dirige esa misma organizaci\u00f3n\u2014, fue una de las responsables de este texto. Ella estuvo desde el mismo d\u00eda de los hechos en la vereda, hizo veedur\u00eda a los procedimientos judiciales. \u201cNosotros denunciamos p\u00fablicamente que el Fiscal hab\u00eda prejuzgado. No pele\u00f3 que el caso llegara a la justicia ordinaria porque ya se hab\u00eda amarrado con el Ej\u00e9rcito para asumirlo como un simple error militar\u201d, explic\u00f3 Arboleda en diciembre de 2019.<\/p>\n<p>Que el caso quedara en la jurisdicci\u00f3n militar tambi\u00e9n provoc\u00f3 la reacci\u00f3n de Mary Robinson, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos quien, en un\u00a0<a href=\"http:\/\/hacemosmemoria.org\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/Documento-3_Informe-ONU_La-Pica.pdf\">informe presentado el 20 de marzo de 2001 a la Comisi\u00f3n de Derechos Humanos de la ONU<\/a>, critic\u00f3 el hecho de que tribunales castrenses en Colombia juzgaran los cr\u00edmenes de guerra cometidos por integrantes de la Fuerza P\u00fablica: \u201cUn factor neur\u00e1lgico de impunidad ha continuado siendo (sic) el funcionamiento de la Justicia Penal Militar en relaci\u00f3n con investigaciones de violaciones de derechos humanos o de DIH\u201d. La funcionaria se refiri\u00f3 a los casos de Pueblorrico y a uno m\u00e1s en Santo Domingo, Arauca, donde el 13 de diciembre de 1998 en un bombardeo de la Fuerza A\u00e9rea murieron 17 civiles, entre ellos varios ni\u00f1os.<\/p>\n<p><strong>Cerco a las v\u00edctimas<\/strong><\/p>\n<p>En la primera visita que realiz\u00f3 la abogada Adriana Arboleda, el mismo d\u00eda de los hechos, acord\u00f3 con varias de las familias la representaci\u00f3n jur\u00eddica del caso. En cuanto fueron sepultados los ni\u00f1os regres\u00f3 a Medell\u00edn \u201ccon la intenci\u00f3n de respetar el duelo de los familiares\u201d, expres\u00f3 Arboleda. Al regresar, una semana despu\u00e9s, se encontr\u00f3 con que las v\u00edctimas estaban asediadas por los militares, quienes llevaron hasta la vereda a grupos de abogados que insist\u00edan en representarlas en el proceso judicial y administrativo, lo que condujo a que la mayor\u00eda de padres rechazaran a los integrantes de la Corporaci\u00f3n Jur\u00eddica Libertad, organizaci\u00f3n que solo represent\u00f3 a la profesora Lucy V\u00e9lez Vel\u00e1squez y a su esposo Hernando Ernesto Higuita.<\/p>\n<p>Martha Alzate Garc\u00eda, rectora de la escuela, record\u00f3 en entrevista concedida en Jeric\u00f3, Antioquia, que durante dos meses, entre el d\u00eda de los hechos y octubre del a\u00f1o 2000, no se dictaron clases porque los uniformados se tomaron las instalaciones del plantel educativo, donde convocaban a los padres de los ni\u00f1os asesinados y a la comunidad para realizar desde actividades l\u00fadicas hasta reuniones.<\/p>\n<p>De acuerdo con las familias, debido a la intervenci\u00f3n de tantos abogados y en medio de la confusi\u00f3n por la presencia de los uniformados en la vereda y la presi\u00f3n para negociar una indemnizaci\u00f3n, decidieron confiar su representaci\u00f3n a la Defensor\u00eda del Pueblo. \u201cNos dec\u00edan que era mejor negociar a adelantar un proceso largo con la justicia en el que, incluso, pod\u00edan negar la indemnizaci\u00f3n\u201d, record\u00f3 Argemira Carmona, madre Gustavo Adolfo Isaza, ni\u00f1o que fue asesinado en el hecho.<\/p>\n<p>Para Adriana Arboleda, no hay duda de que esas presiones fueron determinantes para que hoy los hechos sigan impunes, pues evitaron que abogados especialistas en casos de violaciones al DIH asumieran la defensa de las v\u00edctimas.<\/p>\n<div id=\"attachment_1061223\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-1061223\" class=\"size-large wp-image-1061223\" src=\"https:\/\/www.pressenza.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/Screen-Shot-2020-03-19-at-10.39.57-AM-720x486.png\" alt=\"Jorge Arboleda R\u00faa, sobreviviente al ataque, junto a su hermano Wilson y su sobrina Ana Bel\u00e9n, en el lugar donde ocurrieron los hechos en los que fallecieron sus hermanos. 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Foto: Camilo Casta\u00f1eda.<\/p><\/div>\n<p>El 16 de abril de 2002, veinte meses despu\u00e9s del ataque, el Ministerio de Defensa y los familiares de los ni\u00f1os muertos y heridos formalizaron un acuerdo de reparaci\u00f3n directa ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. En total, el Estado pag\u00f3 1.070 millones de pesos como indemnizaci\u00f3n. El dinero se distribuy\u00f3 de acuerdo con las afectaciones f\u00edsicas y morales entre padres, hermanos y abuelos de los menores asesinados, e igualmente se repar\u00f3 a los ni\u00f1os que resultaron heridos y a sus familias. En total, fueron reparadas econ\u00f3micamente 48 personas. Este acuerdo no fue firmado por la profesora Lucy y su esposo Hernando, quienes tramitaron la indemnizaci\u00f3n a trav\u00e9s de un pleito en los juzgados administrativos.<\/p>\n<p>A dos d\u00e9cadas de esa reparaci\u00f3n, las familias de los seis ni\u00f1os asesinados, que fueron entrevistadas para esta investigaci\u00f3n, se sienten enga\u00f1adas porque la negociaci\u00f3n transcurri\u00f3 en los meses posteriores al ataque, en medio de la presi\u00f3n de los militares, del duelo familiar y de las afectaciones a la salud mental que la mayor\u00eda de ellas soportaron con medicamentos psiqui\u00e1tricos.<\/p>\n<p><strong>Impunidad<\/strong><\/p>\n<p>Despu\u00e9s de las declaraciones de Alfonso G\u00f3mez M\u00e9ndez, Fiscal General de la Naci\u00f3n, del 7 de septiembre del a\u00f1o 2000, el caso entr\u00f3 a la jurisdicci\u00f3n castrense. El 28 de septiembre, un mes y medio despu\u00e9s de los hechos, el Juzgado 25 de Instrucci\u00f3n Penal Militar tom\u00f3 las primeras decisiones: vincul\u00f3 formalmente a 16 de los 39 uniformados que compon\u00edan el pelot\u00f3n, entre estos Mina, Pe\u00f1a y Tovar, pero no profiri\u00f3 contra ellos medida de aseguramiento. Sobre los otros 23 ces\u00f3 cualquier tipo de procedimiento judicial.<\/p>\n<p>El 12 de diciembre del a\u00f1o 2002, el Juez 11 Penal Militar dispuso el cierre de la investigaci\u00f3n, seis meses despu\u00e9s el mismo despacho resolvi\u00f3 la cesaci\u00f3n de toda investigaci\u00f3n contra los uniformados implicados en los hechos. El Juez consider\u00f3 que los sindicados actuaron dentro de los par\u00e1metros del art\u00edculo 35 del C\u00f3digo Penal Militar, el cual expresa que un miembro de la fuerza p\u00fablica no es culpable de una acci\u00f3n punible cometida en servicio cuando: \u201crealiza el hecho con la convicci\u00f3n errada e invencible de que su acci\u00f3n u omisi\u00f3n es l\u00edcita\u201d. La decisi\u00f3n fue apelada por el procurador judicial y el representante de las v\u00edctimas.<\/p>\n<p>Dos a\u00f1os despu\u00e9s, en marzo de 2004, el Tribunal Superior Militar, en atenci\u00f3n a la apelaci\u00f3n del procurador judicial, reabri\u00f3 el caso, pues consider\u00f3 que no hubo \u201cuna valoraci\u00f3n objetiva de las pruebas\u201d y oblig\u00f3 al Fiscal 11 Penal Militar a recolectar nuevo material probatorio.<\/p>\n<p>Los militares fueron acusados en noviembre de 2005 por homicidio culposo y lesiones personales culposas, decisi\u00f3n refutada por el procurador judicial que insisti\u00f3 en que los uniformados sab\u00edan que con el ataque pod\u00edan afectar a la poblaci\u00f3n civil. Finalmente, fue el Juzgado Octavo de Brigadas el encargado de llevar a cabo el Juicio Verbal de Guerra que concluy\u00f3 con la absoluci\u00f3n de los uniformados el 1 de diciembre del 2006.<\/p>\n<p>Ante tal decisi\u00f3n, la Procuradur\u00eda pidi\u00f3 al Tribunal Superior Militar revocar el fallo e investigar a la Jueza Octava de Brigadas por prevaricato por acci\u00f3n. La representaci\u00f3n de las v\u00edctimas exigi\u00f3 la nulidad de la sentencia argumentando que los militares deb\u00edan ser juzgados en tribunales civiles. Posteriormente, la Fiscal\u00eda 19 de Derechos Humanos y DIH reclam\u00f3 jurisdicci\u00f3n sobre el caso.<\/p>\n<p>Finalmente, en mayo de 2008, el Consejo Superior de la Judicatura resolvi\u00f3 el conflicto y facult\u00f3 a la Fiscal\u00eda 19 para que custodiara el proceso, entidad que tom\u00f3 como primera medida en enero de 2009 anular el fallo emitido por el tribunal castrense, pues desde ese momento el caso empezaba tr\u00e1mite en la justicia ordinaria.<\/p>\n<p>Mar\u00eda Cecilia Jaimes Amado, fiscal 49 de\u00a0<a href=\"http:\/\/hacemosmemoria.org\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/Documento-5-RESPUESTA-DERECHO-DE-PETICION_La-Pica.pdf\">la Direcci\u00f3n Especializada Contra Violaciones a los Derechos Humanos, inform\u00f3 \u2014en respuesta a un derecho de petici\u00f3n presentado por Hacemos Memoria\u2014<\/a>\u00a0que cuando el caso entr\u00f3 a la jurisdicci\u00f3n ordinaria en mayo de 2008 la Fiscal\u00eda emiti\u00f3 orden captura contra los exmilitares, quienes no fueron ubicados. De acuerdo con la Jaimes Amado tambi\u00e9n se ampliaron indagatorias, se recogieron declaraciones y se realizaron estudios en el lugar de los hechos. Seg\u00fan la fiscal en el proceso \u201cse encontraron frente a la dificultad de determinar elementos probatorios para probar la responsabilidad penal individual\u201d, en la que el ente investigador deb\u00eda probar que los uniformados actuaron con dolo, es decir, con la voluntad deliberada de afectar a los menores. Sin embargo, entre enero de 2009 y diciembre de 2019, no se registr\u00f3 rese\u00f1a alguna.<\/p>\n<p>La \u00faltima noticia judicial sobre el caso fue el 15 de diciembre de 2019, fecha en que la Fiscal\u00eda 49 de la Direcci\u00f3n Especializada Contra Violaciones a los Derechos Humanos present\u00f3 ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinaci\u00f3n de Hechos y Conductas de la JEP, a los exmiembros del Ej\u00e9rcito implicados en la investigaci\u00f3n. \u201cSe observa que los relacionados tanto por factor temporal como personal son comparecientes obligatorios ante la JEP\u201d, comunic\u00f3 la fiscal del despacho, Mar\u00eda Cecilia Jaimes Amado.<\/p>\n<p>Si los exmilitares son admitidos en el sistema de justicia transicional que se cre\u00f3 con la firma del Acuerdo Paz entre la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano en noviembre de 2016, y cumplen con el compromiso de asumir su responsabilidad y aportar la verdad que permita esclarecer el hecho, podr\u00edan evitar penas que implican la privaci\u00f3n de la libertad.<\/p>\n<p><strong>La justicia esquiva<\/strong><\/p>\n<p>El 21 de noviembre de 2019, Jorge Arboleda R\u00faa dio su testimonio en Medell\u00edn en el Tercer Encuentro por la Verdad, organizado por la Comisi\u00f3n de la Verdad cuya tem\u00e1tica era las afectaciones ocasionadas a los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes en el conflicto armado: \u201cEstamos aqu\u00ed para pedirle al Estado que, por favor, ya no siga negando lo que pas\u00f3, que se haga justicia, que los nombres de nuestros ni\u00f1os queden limpios y que el caso no siga m\u00e1s en la impunidad\u201d, dijo Jorge ante cerca 500 personas.<\/p>\n<p>Ese mismo d\u00eda se hizo p\u00fablico un fallo del Consejo de Estado que conden\u00f3 al Ej\u00e9rcito por el caso. Los familiares de los ni\u00f1os, entre ellos Jorge, creyeron que finalmente habr\u00eda una sanci\u00f3n penal para los militares; sin embargo, su esperanza se matiz\u00f3 cuando comprendieron que dicha sentencia solo implicaba la reparaci\u00f3n administrativa para la familia de la profesora Lucy V\u00e9lez Vel\u00e1zquez, su esposo Hernando Higuita y dos de sus hijos, a quienes el Estado debe pagar 30 salarios m\u00ednimos vigentes por los da\u00f1os morales.<\/p>\n<p>Los d\u00edas de Jorge transcurren en la finca cafetera donde trabaja con su pap\u00e1, Hernando Arboleda. Todav\u00eda los acompa\u00f1a la tristeza por los asesinatos de Paola y de Alejandro. Se preguntan con frecuencia qu\u00e9 ser\u00eda de sus vidas hoy y por qu\u00e9 dispararon los soldados. Una respuesta que durante dos d\u00e9cadas han esperado de la justicia.<\/p>\n<p>Para Hernando Arboleda, en este caso, lo justo ser\u00eda una pena de c\u00e1rcel para los militares, especialmente para quienes dieron las \u00f3rdenes. \u201cTambi\u00e9n qu\u00e9 bueno ser\u00eda que vinieran a La Pica y nos pidieran perd\u00f3n, que nos cuenten: hicimos esto y esto, como ha hecho la guerrilla con otras v\u00edctimas\u201d, sugiri\u00f3.<\/p>\n<p>Jorge, por su parte, se debate entre el deseo de un castigo y la compasi\u00f3n por las implicaciones que la prisi\u00f3n traer\u00eda para las familias de los militares. Le sorprende la noticia de que el caso pueda ser tramitado en la JEP: \u201cLos militares ser\u00edan muy pendejos si no aprovechan ah\u00ed, donde a cambio de la verdad evitan la c\u00e1rcel. A ellos les conviene, a nosotros tambi\u00e9n porque por fin sabr\u00edamos toda la verdad de lo que ocurri\u00f3\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>24 exmilitares comprometidos en el asesinato de seis ni\u00f1os en Pueblorrico, Antioquia, en agosto del 2000, fueron presentados por la Fiscal\u00eda ante Jurisdicci\u00f3n Especial de Paz. 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