{"id":102952,"date":"2014-04-24T16:38:07","date_gmt":"2014-04-24T15:38:07","guid":{"rendered":"http:\/\/www.pressenza.com\/?p=102952"},"modified":"2014-04-24T16:39:44","modified_gmt":"2014-04-24T15:39:44","slug":"el-derecho-protestar-esta-en-peligro-en-espana-alerta-amnistia-internacional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/2014\/04\/el-derecho-protestar-esta-en-peligro-en-espana-alerta-amnistia-internacional\/","title":{"rendered":"El derecho a protestar est\u00e1 en peligro en Espa\u00f1a, alerta Amnist\u00eda Internacional"},"content":{"rendered":"
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El inicio de la crisis en Espa\u00f1a en 2008 trajo consigo la imposici\u00f3n de medidas de austeridad que desembocaron en una oleada de protestas. La respuesta del Gobierno a las protestas ha sido, en gran parte, represiva: abuso de las sanciones administrativas impuestas a los manifestantes y uso excesivo de la fuerza que la polic\u00eda ha empleado contra ellos. <\/em><\/p>\n

De ese modo, el Estado espa\u00f1ol en vez de cumplir con las obligaciones contra\u00eddas en tratados internacionales y salvaguardar el derecho a la libertad de reuni\u00f3n, expresi\u00f3n y asociaci\u00f3n, ha optado por presentar propuestas legislativas que ampliar\u00edan el \u00e1mbito para sancionar a quienes organizan manifestaciones y participan en ellas.<\/em><\/p>\n

Por Rebeca Mateos Herraiz para Periodismo Humano<\/a><\/em><\/strong><\/p>\n

Manuel Bustamante, de 20 a\u00f1os, recibi\u00f3 un fuerte golpe en la cabeza durante las cargas policiales del 25 de septiembre de 2012 en Madrid. \u201cCuando ca\u00ed varios agentes me patearon por todo el cuerpo. Me cubr\u00ed la cabeza y les ped\u00ed que parasen\u201d. En la comisaria de Moratalaz comenz\u00f3 a sentirse mareado y con n\u00e1useas. Lejos de ofrecerle asistencia m\u00e9dica, los agentes le increparon por sus quejas, no permiti\u00e9ndole ni tan siquiera ir al ba\u00f1o. No recuerda el momento en el que perdi\u00f3 el conocimiento, solo que al despertar se encontraba en el hospital Gregorio Mara\u00f1\u00f3n. El m\u00e9dico le diagnostic\u00f3 traumatismo craneoencef\u00e1lico. Manuel est\u00e1 acusado de cargos penales por agresi\u00f3n a un agente y alteraci\u00f3n del orden. Su causa a\u00fan sigue pendiente.<\/p>\n

Mar\u00eda (nombre ficticio), estudiante de 21 a\u00f1os, iba con unos amigos a coger su coche para volver a casa tras su participaci\u00f3n en la \u201cMarcha Ciudadana\u201d del 23 de febrero de 2013 en Madrid, cuando se encontraron con gente que corr\u00eda huyendo de las cargas policiales. Se asustaron y echaron a correr. \u201cUn antidisturbio me acorral\u00f3 contra la puerta del restaurante y me presion\u00f3 el cuello contra su brazo mientras me gritaba: asquerosa, que te he visto tirar piedras, a pocos cent\u00edmetros de mi cara\u201d. En Moratalaz permaneci\u00f3 un largo rato de pie frente a una pared. \u201cYa no pod\u00eda ver, hice un esfuerzo, me di la vuelta, apoy\u00e9 la cabeza en la pared, mir\u00e9 al polic\u00eda y le dije: me voy a caer, a lo que me contest\u00f3: \u00bfqu\u00e9 quieres? \u00bfagua o sexo?\u201d.<\/p>\n

El uso abusivo de la fuerza que ejerce la polic\u00eda al practicar las detenciones y el trato violento y humillante recibido por parte de algunos manifestantes bajo custodia policial es muy preocupante, al igual que la falta de investigaci\u00f3n exhaustiva e imparcial sobre los hechos.<\/p>\n

En 2013, el Gobierno inici\u00f3 un procedimiento para reformar el C\u00f3digo Penal e introducir un anteproyecto de Ley Org\u00e1nica para la Protecci\u00f3n de la Seguridad Ciudadana. Ambos textos afectan directamente al derecho de reuni\u00f3n pac\u00edfica en Espa\u00f1a.<\/p>\n

Aunque el Gobierno justifica la reforma del C\u00f3digo Penal por \u201cla necesidad de fortalecer la confianza en la administraci\u00f3n de justicia\u201d, este proyecto de ley no ha analizado adecuadamente el impacto sobre el sistema penal o penitenciario que pueden tener algunas de sus disposiciones, ni se justifica desde un punto de vista de necesitad p\u00fablica. En una encuesta realizada en octubre de 2013 por el Centro de Investigaciones Sociol\u00f3gicas (CIS)<\/a>, \u00f3rgano vinculado al Ministerio de la Presidencia, solo el 0,2 % de la poblaci\u00f3n espa\u00f1ola expres\u00f3 preocupaci\u00f3n por el mantenimiento del orden p\u00fablico en Espa\u00f1a. Sin embargo, varias de las modificaciones propuestas tendr\u00e1n como efecto ampliar el abanico de conductas punibles en el contexto de manifestaciones, incrementando la severidad de las penas que pueden imponerse y reduciendo las garant\u00edas procesales a disposici\u00f3n de los acusados.<\/p>\n

La modificaci\u00f3n de los art\u00edculos relativos a los delitos de atentado a la autoridad y desorden p\u00fablico en la reforma del C\u00f3digo Penal tipifican como una forma de desorden p\u00fablico ocupar instalaciones o establecimientos alterando su actividad normal, aunque no se produzcan actos de violencia. La nueva reforma considera adem\u00e1s, que la resistencia pasiva a la autoridad pueda ser castigada de igual manera que una agresi\u00f3n y los des\u00f3rdenes p\u00fablicos tendr\u00e1n penas m\u00e1s graves, de entre 1 y 6 a\u00f1os de prisi\u00f3n, si se producen en el contexto de manifestaciones y reuniones numerosas sin justificaci\u00f3n alguna.<\/p>\n

Asimismo, con esta reforma se crean nuevos delitos como el de difusi\u00f3n de mensajes o consignas, que pueden resultar de tal ambig\u00fcedad que se corre el riesgo de que la difusi\u00f3n de cualquier opini\u00f3n o cr\u00edtica se pueda convertir en un comportamiento punible, tal y como ya alert\u00f3 el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa.<\/a><\/p>\n

Actualmente si en un acto p\u00fablico se produce una alteraci\u00f3n leve del orden es considerado como falta, al igual que la falta de respeto a la autoridad o la desobediencia civil. El proyecto de ley elimina estas faltas del C\u00f3digo Penal y pretende transferirlas al anteproyecto de Ley sobre Protecci\u00f3n de la Seguridad Ciudadana. Este traspaso significa que estar\u00edan sujetas a sanciones m\u00e1s severas. Adem\u00e1s, en los procedimientos de la Ley de Seguridad Ciudadana se presume la veracidad de la declaraci\u00f3n policial y corresponde a la persona que se enfrenta a la multa rebatirla.<\/p>\n

Las reuniones o manifestaciones que no se hayan notificado y se celebren en \u201cinfraestructuras cr\u00edticas\u201d o sus cercan\u00edas (el anteproyecto de Ley de Protecci\u00f3n de Seguridad Ciudadana no incluye una lista definida de cu\u00e1les son esos lugares) tambi\u00e9n se sancionar\u00edan como infracci\u00f3n grave, incluso aunque no alteren el orden p\u00fablico. Cuando las autoridades consideren que esas manifestaciones interfieren con el funcionamiento normal de esas infraestructuras cr\u00edticas, la infracci\u00f3n se tratar\u00e1 como muy grave, y se sancionar\u00e1 con una multa que podr\u00eda ascender a entre 30.000 y 600.000 euros.<\/p>\n

El uso de im\u00e1genes de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que atenten contra su honor, ser\u00e1 castigado con 1.000 euros de sanci\u00f3n. Aunque el director general de la Polic\u00eda ha manifestado que esta disposici\u00f3n propuesta va dirigida a los ciudadanos particulares m\u00e1s que a los medios de comunicaci\u00f3n, el derecho a la libertad de expresi\u00f3n, que incluye el derecho a recibir y difundir informaci\u00f3n, no corresponde \u00fanicamente a los periodistas profesionales, sino a todas las personas y a veces se convierten en pruebas esenciales de cara a las investigaciones.<\/p>\n

<\/p>\n

Un ejemplo de ello fueron las im\u00e1genes grabadas por TVE, determinantes para mostrar como <\/span>Jorge, auxiliar de enfermer\u00eda de un centro de salud de Madrid y miembro activo de la Marea Blanca<\/a>, no intent\u00f3 agredir al consejero de Sanidad durante un acto de protesta de apoyo de la sanidad p\u00fablica el 25 de marzo de 2013, de lo que se hab\u00eda sido acusado. Debido a estas im\u00e1genes, la jueza de instrucci\u00f3n desestim\u00f3 la acusaci\u00f3n contra \u00e9l. En este caso fue un medio de comunicaci\u00f3n, pero una reciente sentencia del Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00famero 11 de Madrid ha avalado que los ciudadanos puedan filmar a los polic\u00edas durante sus actuaciones p\u00fablicas y que \u00e9stos pierden sus garant\u00edas como agente de la autoridad cuando se extralimitan en sus funciones.<\/span><\/p>\n

En lugar de presentar a los movimientos sociales que promueven muchas de las protestas actuales como una amenaza contra la sociedad y llevar a cabo propuestas legislativas que ampliar\u00edan el \u00e1mbito para sancionarlos, el Gobierno espa\u00f1ol debe garantizar que se respete su derecho a la libertad de reuni\u00f3n, expresi\u00f3n y asociaci\u00f3n, derechos consagrados en tratados de derechos humanos de los que Espa\u00f1a es parte, y por lo tanto, tiene la obligaci\u00f3n de respetar, proteger y garantizar.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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