Un pediatra torturado en una cárcel israelí, una abstención chilena que rompe treinta años de historia, y una pregunta que en La Moneda nadie quiere responder: cuándo dejamos de ser el país del nunca más.
Se llama Hussam Abu Safiya. Es pediatra. Dirigía el Hospital Kamal Adwan, en el norte de Gaza, y siguió atendiendo pacientes incluso después de que un dron israelí matara a su hijo. El 27 de diciembre de 2024, las fuerzas israelíes asaltaron el hospital y se lo llevaron. Desde entonces está preso sin cargos, sin juicio, sin condena, bajo una figura llamada Ley de Combatientes Ilegales que permite encerrar a un ser humano de manera indefinida sobre la base de pruebas que nadie ve. El 16 de junio de 2026, la Corte Suprema de Israel rechazó su apelación. El 2 de julio, su abogado salió de visitarlo y describió lo que había visto: un hombre casi irreconocible por las golpizas, con dificultad para respirar, al borde de perder el conocimiento. Advirtió que su vida corre peligro inminente. Es decir: mientras usted lee esto, hay un médico agonizando en una celda por el delito de no haber abandonado a sus enfermos.
Y la pregunta, incómoda, chilena, es esta: ¿nos vamos a sentar a esperar la noticia de su muerte? ¿Así, sin más, porque a un pelotudo como el que hoy ocupa La Moneda el asunto le importa un carajo, y con él a toda la casta que juega a hacer política sin la menor idea de lo que representa?
Porque Chile tuvo algo que decir sobre esto y eligió no decirlo. El 22 de mayo de 2026, en la 79.ª Asamblea Mundial de la Salud, la decisión WHA79(9) —aprobada por ochenta y nueve votos a favor, cinco en contra y treinta y una abstenciones— pidió a la Organización Mundial de la Salud informar y actuar frente a la destrucción del sistema sanitario palestino: los ataques a hospitales, ambulancias y personal médico, el bloqueo de la ayuda, la hambruna impuesta. Chile se abstuvo. No votó en contra: hizo algo peor, se corrió. Entre 1990 y 2025 el país había respaldado ese texto todos los años, con una sola ausencia en 2009. La abstención de 2026 quiebra una línea de Estado de más de tres décadas, sostenida por gobiernos de derecha y de izquierda por igual. Y ocurrió pocas semanas después de que el propio Chile votara, en el Consejo de Derechos Humanos, contra los asentamientos ilegales y a favor de la libre determinación palestina. La contradicción no es un descuido. Es la radiografía de un gobierno que ya no sabe —o ya no quiere— sostener lo que representaba.
No es casualidad. Ya en 2018, al visitar el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, José Antonio Kast —hoy en La Moneda— lo describió como un memorial impresionante, pero que tiene «un problema de origen». Que quien hoy gobierna hable de «problema de origen» frente al lugar que documenta la tortura de Estado no es una observación museográfica: es una declaración de principios sobre qué memoria vale y cuál sobra. Y una política exterior es, al final, la proyección de esa misma jerarquía hacia el mundo.
Lo que Chile se abstuvo de condenar tiene nombre técnico y no es un exabrupto: medicidio. Así lo llamaron las relatoras de la ONU Tlaleng Mofokeng —médica sudafricana, relatora especial sobre el derecho a la salud— y Francesca Albanese —jurista italiana, relatora especial sobre la situación de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados—: la destrucción deliberada del sistema de salud como método para volver invivible la vida de un pueblo, componente calculado del genocidio. Las cifras de la propia OMS lo sostienen: más de setecientos ataques a la atención de salud en Gaza entre octubre de 2023 y junio de 2025, cerca de mil muertos entre el personal sanitario y los pacientes, hospitales arrasados, más de mil quinientos trabajadores de la salud asesinados. Abu Safiya no es una excepción trágica: es la cara de una política. Y frente a esa política, Chile levantó la mano para no comprometerse.
Aquí hay que detenerse, porque lo que se rompe no es un voto: es una herencia. La política exterior chilena posterior a 1990 no fue una diplomacia cualquiera. Nació del nunca más. Se construyó sobre la memoria de nuestros propios desaparecidos, nuestros propios torturados, nuestros propios ejecutados. Los informes Rettig (1991) y Valech (2004) no fueron solo un ajuste de cuentas interno: fueron el fundamento moral que le permitió a Chile hablarle al mundo de derechos humanos con autoridad. La memoria de nuestras víctimas fue la base para defender a las ajenas. Sobre esa base ratificamos el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (2009), reconocimos al Estado de Palestina en 2011, y albergamos a la mayor comunidad palestina fuera del mundo árabe, que hizo de esta causa algo transversal y no de un solo bando.
Y hay un nodo que vuelve todo esto casi insoportablemente irónico. En octubre de 1998, Augusto Pinochet fue detenido en Londres bajo una orden del juez español Baltasar Garzón que invocaba la jurisdicción universal por tortura. Ese caso es piedra angular del derecho penal internacional: fijó que ni un exdictador está a salvo de responder por la tortura. La experiencia chilena ayudó a construir el andamiaje global contra la impunidad de la tortura. Y hoy un gobierno chileno se abstiene ante resoluciones que documentan tortura. El informe de Albanese de marzo de 2026 se titula, sin rodeos, Tortura y genocidio. El país que le enseñó al mundo que la tortura no prescribe, mira hacia otro lado cuando la tortura ocurre. No es amnesia. Es renuncia.
Nada de esto es un voto aislado. Con Kast en el poder desde marzo de 2026, la abstención de Ginebra se inscribe en un patrón: la abstención en la OEA ante una declaración de protección de derechos, con el argumento de que el lenguaje generaba división; y el retiro de Chile como miembro pleno del Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino de la ONU —ingreso gestionado por la administración saliente—, rebajado ahora a simple observador. Tres gestos, una sola dirección: el vaciamiento del componente de derechos humanos. El gobierno lo llamará tecnicismo. Pero un tecnicismo repetido en la misma dirección deja de ser un accidente de procedimiento y se vuelve doctrina.
De dónde viene tanta pelotudez.
Digámoslo con todas las letras, porque no hay palabra que describa mejor la mezcla de ignorancia envalentonada, irresponsabilidad y desprecio que define al fenómeno. Pero ojo: la pelotudez de la que hablamos no es tontera individual, no es un funcionario torpe que apretó el botón equivocado. Es un método. Y para entenderla hay que subir la mirada, porque lo que pasa en La Moneda es apenas la versión provinciana de algo mucho más grande.
Los estudiosos contemporáneos de la deshumanización coinciden en una idea incómoda: deshumanizar al otro no es la barbarie que asalta a Occidente desde afuera, sino una de sus operaciones internas, el reverso del mismo proyecto que proclamó los derechos del hombre. David Livingstone Smith —filósofo estadounidense de la Universidad de Nueva Inglaterra, especializado en la teoría de la deshumanización— recuerda en Menos que humano (2011) que quienes deshumanizan no son monstruos, sino nosotros, y que ese mecanismo funciona como un lubricante psicológico que disuelve las inhibiciones y hace pensable lo impensable. El psicólogo social Herbert Kelman, de Harvard, ya lo había mostrado en 1973: deshumanizar a la víctima suspende el freno moral del victimario. El filósofo camerunés Achille Mbembe lo nombró necropolítica (2003): el poder soberano de decidir quién vive y quién muere, que no es la excepción sino la cara oculta de la soberanía moderna. El antropólogo libanés-australiano Ghassan Hage —separado en 2024 del Instituto Max Planck de Antropología Social por sus posiciones sobre Gaza— habla de culturas de exterminabilidad, gramáticas que Occidente administra en vez de padecer. La jurista y feminista palestina Nadera Shalhoub-Kevorkian describe, con su concepto de unchilding (2019), cómo el poder colonial expulsa a los niños del dominio mismo de la infancia para poder matarlos sin culpa. Y no es casual que a varios de ellos se los haya castigado por nombrar lo que nombran: a Hage lo desvincularon en Alemania; a Shalhoub-Kevorkian la suspendió su universidad y la policía israelí la detuvo. La deshumanización también se ejerce sobre quien la denuncia.
Lo que estos autores describen como estructura, el presente lo exhibe como estilo. Y ahí está la novedad de la época: la contradicción siempre existió, pero antes se disfrazaba. Durante décadas el orden liberal necesitó la coartada —los derechos humanos como liturgia, la hipocresía como el homenaje que el vicio le rinde a la virtud—, y ese disfraz era, a su modo, un reconocimiento de la norma. Lo que encarnan Trump, Milei, Netanyahu, y en su escala de provincia Kast, es el abandono del disfraz: la transgresión a cara descubierta como exhibición de poder, la impunidad ostentada como método. Y ese descaro no es fuerza: es el último recurso del que ya no puede legitimarse por los hechos y reemplaza la legitimidad por el cinismo. No es que no sepan que está mal. Es que en un sistema que solo cotiza lo mensurable, lo que no se puede medir se destruye, y el derecho, la norma y la víctima han perdido precio. El cinismo no es ceguera moral: es la moral vaciada de valor de cambio. Actúan sabiendo, y les importa un carajo que lo sepamos.
Chile ya vio ese desenmascaramiento de cerca, en su propia casa. La Iglesia que hizo de la moral su bandera pública protegió durante décadas a los suyos: el caso Karadima —el sacerdote hallado culpable por el Vaticano en 2011 de abusar de menores, cuya red de encubrimiento arrastró en 2018 la renuncia en bloque de todo el episcopado chileno ante el Papa— es el emblema doméstico de la disociación entre el signo piadoso y el referente criminal. No se trata de imputarle ese caso a nadie en particular, sino de nombrar la estructura: un poder que se persigna en público y, en el mismo gesto, ampara al victimario de ayer y desampara a la víctima de hoy. Karadima fue el ensayo local de una lógica que hoy opera a escala global y sin máscara. La misma disociación que en lo eclesiástico blindó al abusador, en lo diplomático se abstiene ante el medicidio.
Por eso el desplome no es técnico. La política exterior que Chile construyó contra los crímenes de la dictadura la desmantela hoy la corriente heredera de esa misma dictadura. El gobierno que se abstiene ante la tortura desciende del proyecto cuyo terrorismo de Estado engendró, sin quererlo, el precedente mismo de la jurisdicción universal contra la tortura. Esto no es una desviación ni un error de cálculo: es una restauración. El regreso de una mirada del mundo en la que ciertas vidas —las de las víctimas— no cuentan como sujeto.
Y así volvemos a la celda. Mientras discutimos tecnicismos de votación, Hussam Abu Safiya se apaga en una prisión israelí, sin cargos, sin juicio, sin nadie que responda por él. A su abogado, en la última visita, le dijo que creía que esa sería la última vez que se verían. Chile pudo poner su nombre del lado de los que exigen su liberación, y prefirió correrse. La pregunta del principio, entonces, no era retórica: ¿vamos a esperar sentados la noticia de su muerte? Porque si un pediatra que se negó a abandonar a sus pacientes muere torturado mientras el país del nunca más mira hacia otro lado, no será solo Abu Safiya el que se apague en esa celda. Será también lo poco que nos quedaba de aquello que alguna vez dijimos que jamás permitiríamos que volviera a ocurrir. Ni aquí, ni allá, ni a nadie.
Referencias
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