La derogatoria de las Leyes Procrimen, que fue presentada por la bancada de Juntos por el Perú (JP) y la diputada Catherin Palomino, mediante el Proyecto de Ley N° 00001/2026-CR, podría convertirse en la principal herramienta para el combate al crimen organizado; sobre todo en momentos en que el Ejecutivo anuncia el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles y en el transporte público, como medida extrema para la seguridad ciudadana.
El proyecto de ley presentado por la diputada Palomino busca dejar sin efecto un paquete de reformas aprobadas por el anterior Congreso, que debilitaron las facultades del Ministerio Público y la Policía Nacional (PN) y que favorecieron a la delincuencia común y a los investigados por delitos de corrupción, permitiendo su expansión.
“Entre 2023 y 2024 se aprobaron diversas reformas que modificaron el régimen de prescripción penal, la colaboración eficaz, la definición de organización criminal, las reglas aplicables a los allanamientos y las competencias correspondientes al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú. Algunas de estas normas fueron aprobadas pese a las observaciones formuladas por el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior” señala el proyecto de ley.
Hoy, el proyecto pide anular las siguientes leyes:
- Ley N° 31751, que modifica la suspensión del plazo de prescripción,
- Ley N° 32104, modifica el régimen de prescripción de la acción penal.
- Ley N° 31989, modifica medidas de intervención e incautación contra la minería ilegal.
- Ley N° 31990, regula el proceso especial de colaboración eficaz.
- Ley N° 32054, excluye a organizaciones políticas del régimen de responsabilidad administrativa.
- Ley N° 32108, modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley contra el Crimen Organizado.
- Ley N° 32130, modifica el Código Procesal Penal respecto a las diligencias preliminares.
Cabe señalar que, en el anterior Congreso, la derogatoria de las Leyes Procrimen fue presentada mediante el Proyecto de Ley N° 12158/2025-CAL que proponía la derogatoria de similares normas legislativas, además de otras como: la exclusión de delitos como minería ilegal y corrupción (Ley 31925), restricciones para considerar “organización criminal” (Ley 32107), reducción de las facultades de la Fiscalía (Ley 32138), modificación al delito de prevaricato y sanciones al personal fiscal y judicial (Ley 32096) y; la reforma al procedimiento de flagrancia (Ley 31955). Sin embargo, este proyecto de ley no pasó al debate congresal.
Hoy, la figura de la derogatoria de las leyes procrimen, toma relevancia, ya que se convierte en una importante herramienta que restablecería el marco legal idóneo para combatir el crimen organizado, basado en la independencia de poderes y la articulación de las instituciones tutelares.
Fuerzas Armadas en las calles “es un error”
El uso de las Fuerzas Armadas en las calles del Perú ha sido anunciado por el actual gobierno. Sin embargo, expertos en seguridad como el exministro del Interior, Rubén Vargas, señalan que “es un error” considerar que éstas resolverán el problema de la inseguridad, debido a que su despliegue es restringido y, otras medidas como los “estados de emergencia” ya han sido probados, y sus resultados fueron ineficaces.
De otro lado, de ejecutarse esta iniciativa del Ejecutivo, el ciudadano de a pie tendrá que convivir en un contexto de miedo y con la probable limitación de sus derechos fundamentales; con la intervención de personal preparado para la defensa nacional, pero con limitado conocimiento de la seguridad ciudadana interna.
El actual contexto nacional demanda una cultura humanizadora y de paz, bajo el respeto irrestricto al Estado de derecho. Una cultura de paz es posible, mediante la noviolencia activa, la resolución pacífica de los conflictos y la atención a las raíces sociales de la violencia. La búsqueda de soluciones “eficaces” puede llevarnos por un camino diferente, donde “el remedio puede ser peor que la enfermedad”.
