El abandono del rigor científico
El diseño original del plan piloto elaborado entre la Oficina y el Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas (Ivalua) durante un año era pionero en Europa: una muestra de cerca de 5.000 personas, incluyendo dos municipios enteros en los que todos los residentes recibirían una asignación incondicional. El objetivo no era sólo evaluar el impacto económico, sino analizar los efectos en la salud mental, el mercado laboral y la cohesión social, con un rigor metodológico que había recibido el visto bueno del consejo asesor y del comité científico internacional.
Sin embargo, hoy estos órganos de asesoramiento se encuentran en la «pasividad pública más absoluta». El Gobierno no ha convocado al Consejo Asesor ni al Comité Científico Internacional en todo este tiempo, e incluso se ha llegado a eliminar la cuenta de difusión del proyecto en las redes sociales.
En lugar de experimentar con políticas del siglo XXI, el ejecutivo actual parece preferir reincidir en fórmulas que se han demostrado insuficientes, como los subsidios condicionados (Renta Garantizada de Ciudadanía o el Ingreso Mínimo Vital), que no logran erradicar la pobreza estructural ni atender a la precariedad de la nueva economía. Se prioriza gastar el dinero haciendo programas piloto y contratando a docenas de profesionales para que las personas que viven en la pobreza “puedan mejorar” el acceso a las prestaciones.
El miedo a las políticas que funcionan
Renunciar a la experimentación es, en el fondo, un acto de conservadurismo político. Los experimentos internacionales, como Finlandia y otros, han demostrado que la renta básica no reduce la participación laboral y mejora significativamente el bienestar físico y mental. El miedo de ciertos sectores actuales de la clase política y económica no es que la RBU falle, sino que funcione y ponga en evidencia las limitaciones de los sistemas de ayudas actuales. Ésta es, seguramente, la razón principal de tanta oposición.
El aplazamiento de la implementación del plan hasta la «próxima legislatura» (2028-2031) podría ser interpretado como un juego de palabras y de marear la perdiz para evitar el cumplimiento de los acuerdos firmados.
Un gobierno responsable no debería tener miedo a debatir nuevas ideas con datos y rigor. En su lugar, el actual Gobierno de la Generalitat ha optado por la vía de la burocratización, convirtiendo un proyecto de transformación social en un mero trámite administrativo sin alma ni presupuesto real.
Cataluña estuvo a punto de convertirse en un laboratorio referente en Europa para las políticas sociales del futuro. Sin embargo, hoy la falta de voluntad política y el tacticismo electoral han cerrado las puertas a la investigación, condenando al país a seguir aplicando recetas del pasado para problemas que ya no se pueden ignorar y que exigen respuestas políticas contundentes. Como hemos afirmado en otras ocasiones, si una política puede ayudar a reducir la pobreza y la inseguridad, lo mínimo que debería hacer un país es tomársela en serio y estudiarla con rigor. Lamentablemente, en la actual legislatura, esta investigación en renta básica sigue esperando sine die, y en un mundo en transformación y con un aumento de las fuerzas políticas de derecha y de extrema derecha, seguir haciendo las mismas políticas cobardes de siempre, es más que un problema de falta de voluntad política, es ser directamente negligente y responsable de lo que ocurre.
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