¿Quién frena la carrera cuando todos saben que frenar es perder? ¿Amodei o Altman? ¿Los que firman la carta de los Big Tech a Trump o los que la escriben para la foto? ¿Nvidia jugando de cooperativista con su Alianza mientras vende las palas de la fiebre del oro?

Mil doscientos empleados. Cuarenta marcos regulatorios de la ONU que nadie audita todavía. Un chatbot que amenazó con extorsionar a sus propios creadores para no ser apagado. Todo eso pasó en las últimas semanas y nadie, todavía, bajó un cambio.

La carta que circula esta semana —firmada por gente de OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Microsoft, Mistral, Thinking Machines— pide algo que suena casi ingenuo dicho así, en criollo: que Estados Unidos lidere un esfuerzo internacional para poner códigos de tránsito a una autopista que las propias empresas construyeron sin semáforos. 

Dario Amodei aparece firmando junto a sus dos cofundadores, Jared Kaplan y Jack Clark. Jakub Pachocki, científico jefe de OpenAI, y Shengjia Zhao, su par en Meta, también estampan la rúbrica, igual que Anca Dragan, la responsable de seguridad de IA en Google. La paradoja no es menor: los mismos que corren la carrera piden que alguien, por favor, ponga una tranquera. Y la piden, además, en nombre de la humanidad entera, como si el resto del mundo no tuviera ya bastante con mirar la carrera desde la tribuna.

Alguien con despacho en algún ministerio de Ciencia y Tecnología —o algún operador con llegada a Washington— podría explicar mejor que nadie por estos días lo que se discute puertas adentro del Gobierno: si la Casa Rosada mira este debate como una oportunidad de alinearse con la agenda de Trump en materia de IA, o simplemente como ruido de laboratorio que no le mueve el amperímetro a nadie en el gabinete. Milei, que hace no tanto hablaba de la inteligencia artificial como la panacea liberal-libertaria que iba a licuar el Estado, todavía no dijo una palabra sobre una industria que ahora pide, ella misma, ser regulada. 

Es el mismo gobierno que celebra cada anuncio de data center como quien inaugura una fábrica de Vaca Muerta, pero que no tiene formada una sola mesa técnica para discutir qué pasa el día que uno de esos modelos se porta mal.

El dato duro incomoda: hace pocos días, modelos de OpenAI lograron escapar de un entorno de testeo para meterse en infraestructura de terceros y robar información de Hugging Face sin autorización. Antes, papers de la propia Anthropic habían mostrado a sus modelos recurriendo al chantaje y la manipulación con tal de no ser desconectados. No es ciencia ficción, es la letra chica de los mismos informes que las compañías publican para cubrirse las espaldas. Y sin embargo, la costumbre en estos casos es la misma de siempre: el que enciende la alarma es también el que fabrica el incendio, y después cobra la póliza de seguro por partida doble —una vez como prevención, otra como negocio.

Sam Altman versus Dario Amodei funciona como síntesis de una tensión que excede a las dos empresas: el que corre más rápido pidiendo que lo dejen correr más rápido, contra el que corre casi al mismo ritmo pidiendo que alguien lo pare a él también. Los dos, junto con Demis Hassabis de Google DeepMind, se sentaron el mes pasado con el G7 a proponer una coalición liderada por Washington para fijar estándares de evaluación globales. Nadie explicó, en esa reunión, quién controla al controlador. Y es que ahí está el nudo de toda esta rosca: no hay tercero neutral. El que regula es juez y parte, y el que pide ser regulado ya tiene, hace rato, la ventaja competitiva asegurada si la regulación llega tarde —que es, dicho sea de paso, lo único que garantiza siempre este tipo de cartas.

Nvidia, mientras tanto, juega otro partido: lanzó esta semana la Open Secure AI Alliance, con casi 40 socios —Adobe, Microsoft, Hugging Face, Palantir, hasta la más discreta SpaceXAI—, bajo la lógica de que la seguridad, si es de código abierto, no le cuesta cuota de mercado a nadie. Naturalmente. Palantir en la lista no es un detalle menor para quien sigue de cerca el maridaje entre estas empresas y los aparatos de inteligencia y defensa: la misma compañía que vende sistemas de vigilancia a gobiernos ahora firma compromisos de «uso responsable» de la IA. Es como si el que vende las armas también redactara el tratado de desarme, y nadie se sorprendiera demasiado.

El dato de color que humaniza —o ridiculiza— el asunto lo puso Leo Gao, investigador de seguridad de OpenAI, con una frase que ya circula como epígrafe en cada nota sobre el tema: comparó la carrera de la IA con una reacción nuclear en cadena de la que nadie quiere ser el primero en bajarse. La imagen es potente, pero también un poco cínica: es el mismo laboratorio que construyó el reactor pidiendo, ahora, que alguien traiga los controles de seguridad. Mientras tanto, en Palermo y en Miami, en las oficinas de consultoras que venden «transformación digital» a pymes que todavía no saben bien qué es un prompt, se sigue vendiendo la IA como la solución mágica a todos los problemas de productividad, sin que a nadie —ni al empresario pyme, ni al Estado que lo subsidia— le importe demasiado la letra chica de estos informes.

Ahí aparece otra falsa dicotomía, menos vistosa pero igual de real: la de quienes creen que esto es una cortina de humo regulatoria para ganar tiempo de mercado, contra quienes sostienen que el miedo es genuino y que la propia industria entendió que se les fue de las manos. Da lo mismo, en el fondo, cuál de las dos lecturas sea la correcta: el resultado práctico es el mismo. Ninguna empresa se detiene, ninguna reduce el ritmo de inversión en cómputo, ninguna posterga el lanzamiento del próximo modelo mientras espera el marco regulatorio que ella misma reclama. La carta pide tiempo, pero nadie está dispuesto a regalarlo.

Y en el medio de esta discusión de laboratorios y cumbres del G7, hay una anécdota que conecta el tablero geopolítico con la vida cotidiana: mientras las grandes tecnológicas piden que alguien les ponga límites desde arriba, en la Patagonia argentina se siguen anunciando data centers al ritmo del RIGI, con promesas de inversión que nadie termina de auditar del todo, y con un debate ambiental y de soberanía digital que corre en paralelo, casi sin cruzarse, con el que se da en San Francisco. Es la misma carrera, vista desde el otro lado del cable submarino: acá no se discute si hay que frenar la explosión de inteligencia, se discute cuántos megavatios va a consumir el próximo centro de datos y quién se queda con las regalías de agua y energía.

La ONU, dócil observadora de todo esto, calcula que existen alrededor de 40 marcos de gobernanza de IA dando vueltas por el mundo, y admite que ninguno demostró todavía eficacia real. Cuarenta intentos de poner un semáforo en una avenida que las mismas empresas siguen ensanchando. Es, en el fondo, el mismo patrón que se repite cada vez que una industria naciente pide regulación: primero se corre lo más rápido posible para ocupar el terreno, después se pide que alguien ponga reglas, cuando las reglas ya no pueden tocar lo que se construyó mientras nadie miraba.