Hay un error de fondo, dramático y estructural, en las reconstrucciones burocráticas que siguen circulando sobre las matanzas en el mar. La principal es la idea de que una decisión, política o administrativa, pueda condicionar el deber y obligación de realizar un rescate en el mar.

Oír a alguien justificar la inacción hablando de «decisiones de política», de «operaciones policiales» (law enforcement) o de la buena «flotabilidad» de un cayuco evidentemente cargado hasta los topes de migrantes, significa ignorar deliberadamente el pilar fundamental de la civilización humana y jurídica. No es y no debe volver a ser nunca el poder, la política, quien decide cuándo salvar una vida, sino que es la Ley la que establece cuándo surge una situación de peligro y cuándo se debe actuar.

Pero la ética de cada uno, sobre la base de la experiencia y la competencia, alerta al funcionario responsable incluso antes, para que se prepare a actuar.

El deber de socorro en el mar, en efecto, no es una concesión y no puede ser neciamente confundido con miserables estrategias electorales. No es una opción discrecional dejada en manos de los burócratas, sino una necesidad de los hombres, una obligación del mar, establecida también por convenciones internacionales (Hamburgo, SOLAS, UNCLOS), las cuales son normas que constituyen solo la codificación jurídica del antiguo código del mar. Es decir, de un principio ético ancestral que otorga prioridad a la fragilidad del hombre.

Una fragilidad que no se consume solo en medio del mar, sino que es connatural a la propia condición humana. Igual ante las guerras, la miseria e incluso la indiferencia de los sistemas violentamente burocráticos. Respecto a la fragilidad, el mar es solo el paradigma más dramático e inmediato de esta vulnerabilidad universal. Si el Estado, las instituciones y las leyes no sirven para proteger al hombre precisamente en el momento de su máxima fragilidad, dondequiera que ésta se manifieste, entonces pierden su propia razón de ser. Ceder a la retórica de las «fronteras que defender», abandonando o rechazando en el mar a quien está en peligro significa renegar y desconocer el vínculo humano fundamental.

En peligro se encuentra toda embarcación sobrecargada, sin dotaciones de seguridad o conducida por personas inexpertas. Son clarísimos los manuales internacionales de búsqueda y salvamento aeromarítimo y los reglamentos europeos. No cabe hacer ninguna interpretación adicional en el momento operativo, ¡hay que actuar!

Clasificar una situación así caracterizada como «operación policial», tampoco es legítimo. Es un auténtico cortocircuito que pisotea la ética y cuesta dolor y vidas humanas.

Ninguna directiva política, ninguna circular ministerial puede cambiar el nombre de las cosas; cada eslabón de la cadena de mando sigue siendo responsable y tiene el deber de observar los tratados internacionales, además de responder a su propia conciencia, y ambas tienen rango superior a cualquier arrogancia en el cargo pro tempore.

No se abdica a la propia responsabilidad arrodillándose ante el poder. En el mar, como en tierra, la Ley de la vida, el respeto a la fragilidad y el deber de humanidad están por encima de cualquier dinámica de poder o policial. Siempre.

Los servidores del Estado, en todos los niveles de la cadena de mando, juran fidelidad a la Constitución y a sus leyes; no a los intereses electorales de nadie. Ningún uniformado ni ningún cargo público podrá jamás justificarse, ni siquiera ante sí mismo, con un —«Yo solo cumplía órdenes», —cuando lo que naufraga es nuestra propia civilización.

N.d.T.: Cutro es un municipio de la región italiana de Calabria. Su nombre quedó asociado al naufragio ocurrido frente a la playa de Steccato di Cutro el 26 de febrero de 2023, una de las mayores tragedias migratorias del Mediterráneo en los últimos años, en la que murieron al menos 94 personas, entre ellas numerosos niños y un bebé. Desde entonces, «Cutro» se ha convertido en un símbolo del debate sobre el deber de socorro en el mar.