Por Mynul Hasan Sohel (oficina de Daca)

Ante la intensa presión de las protestas ciudadanas, los movimientos sociales anticorrupción y la presión masiva de los Organismos internacionales de financiación, el Gobierno de Bangladesh se ha visto finalmente obligado a dar marcha atrás. El Ministerio de Finanzas y el Banco Central han tomado la decisión para derogar una disposición legal altamente controvertida. Esta que habría permitido a los antiguos dueños corruptores recuperar el control de bancos en quiebra o en situación crítica. La medida es aclamada como una importante victoria moral para la ciudadanía y los defensores de los derechos humanos en todo el país.

Aprobada apresuradamente el 10 de abril, dicha Ley derogada, introdujo en silencio una cláusula polémica, en el artículo 18(A), en la recién promulgada Ley de Resolución Bancaria. El objetivo principal de esta disposición oculta era proporcionar una vía legal para que los antiguos propietarios de bancos —responsables del blanqueo y la malversación de miles de millones de fondos públicos recuperasen, pese a todo, el control de esas entidades de nuevo. Aunque la decisión de derogar esta «ley negra» ha traído un alivio temporal a la ciudadanía consciente, la vigilancia pública contra la colusión entre intereses empresariales y poder político sigue siendo alta.

Tras la crisis: los depósitos de la ciudadanía, rehenes de unos pocos conglomerados

En el epicentro de este cambio legislativo se encuentran cinco de los principales bancos islámicos del país: Exim Bank, Social Islami Bank, First Security Islami Bank, Union Bank y Global Islami Bank. Operando bajo la sombra del depuesto régimen de la Liga Awami, un consorcio empresarial concreto conocido como «Grupo S Alam», que saqueó estas instituciones a su antojo, según las denuncias. El pasado diciembre, esos cinco bancos en situación de colapso se fusionaron mediante intervención estatal para formar el Combined Islami Bank.

Los datos del proceso de reestructuración revelan una imagen desgarradora de cómo los ahorros ganados con tanto esfuerzo por la ciudadanía acabaron en los bolsillos de unos pocos, como muestra la siguiente tabla.

La carga total de préstamos en mora de estos cinco bancos asciende aproximadamente a 1,47 billones de takas (12.500 millones de dólares), lo que representa cerca del 79% del total de créditos desembolsados. En otras palabras, por cada 100 takas depositadas por la ciudadanía, los saqueadores se llevaron 79 takas.

Resistencia noviolenta y movimientos sociales

La cláusula estaba redactada de manera astuta: si los accionistas originales «prometían» devolver los fondos públicos de rescate inyectados durante el proceso de salvamento, podían solicitar la devolución de sus acciones, activos y derechos de propiedad. En cuanto se conoció esta argucia, la sociedad civil y las organizaciones sociales de Bangladesh estallaron de indignación.

Foros de derechos civiles, incluido Transparency International Bangladesh (TIB), lanzaron advertencias tajantes, en el : aplicar esa cláusula equivalía a recompensar a delincuentes y convertir el sector bancario del país en un santuario permanente para los saqueadores. La indignación pública creció en torno a una cuestión fundamental: ¿por qué deberían utilizarse fondos del Estado para rehabilitar a los mismos oligarcas financieros cuya avaricia ha impedido que la ciudadanía pueda retirar su propio dinero de los bancos?

Presión internacional y postura del Banco Mundial

Las protestas internas resonaron con fuerza en el Sistema financiero internacional. El Banco Mundial adoptó una postura firme contra esa cláusula favorable a los saqueadores, advirtiendo explícitamente que, si la disposición se mantenía, se suspenderían de inmediato 1.650 millones de dólares en ayudas presupuestarias, así como los préstamos para la reforma del sector financiero previstos para Bangladesh.

Esta financiación internacional es crucial en estos momentos para que Bangladesh estabilice sus reservas de divisas, frene la escalada de préstamos morosos y financie importaciones vitales de fertilizantes y combustible. Subrayando la necesidad de integridad estructural y moral, Jean Pesme, director del Banco Mundial para Bangladesh y Bután, declaró en un comunicado de prensa:

—«El marco legal para la resolución bancaria debe ajustarse a las mejores prácticas internacionales. Esto sigue siendo esencial para abordar de manera efectiva los bancos débiles y mal capitalizados, garantizar la estabilidad del sector financiero y fomentar la creación de empleo liderada por el sector privado».

Retos futuros: sombras de inquietud persistentes

Inicialmente, el ministro de Finanzas, Amir Khasru Mahmud Chowdhury, defendió la argucia legal. Argumentó que las arcas del Estado carecían de la capacidad independiente para absorber pérdidas financieras tan monumentales sin la participación del capital privado. Actualmente, el rescate respaldado por el Estado para el Combined Islami Bank requiere una inyección de capital masiva de 350 mil millones de takas, una parte significativa de la cual (200 mil millones) procederá directamente del dinero de los contribuyentes.

Aunque el Gobierno avanza ahora hacia la derogación de la cláusula, economistas y defensores de los derechos humanos siguen profundamente preocupados. Advierten de que los lobistas empresariales y los oligarcas influyentes podrían seguir operando entre bastidores, durante las revisiones parlamentarias, para diseñar otras «lagunas o fórmulas legales» solo que bajo distintos nombres. En consecuencia, la sociedad civil debe mantener una vigilancia constante y una resistencia noviolenta.

Poner fin a la cultura de llenar los bolsillos de los delincuentes con dinero público sigue siendo la principal demanda económica y social del pueblo de Bangladesh.

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